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LEY 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos
 LEY 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos LEY 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos Mis Leyes
 LEY 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos Estado :
 7/1990 Boletín Oficial :
 BOE 173/1990 Fecha Disposición :
 19/07/1990 Fecha Publicación :
 20/07/1990 Órgano Emisor :
 JEFATURA DEL ESTADO PREÁMBULO Artículo único. «CAPITULO III De la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo Artículo 30. Artículo 31. Artículo 32. Artículo 33. Artículo 34. Artículo 35. Artículo 36. Artículo 37. Artículo 38.
 El Gobierno y las Centrales Sindicales más representativas a nivel estatal iniciaron, al comienzo de la presente Legislatura, un proceso de diálogo social que culminó en la firma de un importante conjunto de acuerdos. Entre ellos se encuentra el firmado en el seno de la Mesa General de Negociación, prevista en la Ley 9/1987, que contiene el establecimiento de una importante capacidad de negociación de las condiciones de trabajo para funcionarios y personal estatutario de la Seguridad Social.
 En dicho acuerdo se pactó también que, dada la naturaleza de la materia abordada, el Gobierno transformaría lo pactado en un Proyecto de Ley.
 Por último, el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias, consecuencia de recursos de amparo en cuestiones sindicales, ha venido a incidir en la composición de los órganos de seguimiento y control de las elecciones sindicales.
 Nueva redacción del Capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio.
 El Capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, queda redactado de la siguiente forma:
 «CAPITULO III De la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo
 A este efecto, se constituirán Mesas de negociación en las que estarán presentes los representantes de la Administración Pública correspondiente y las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal.
 [ilegible] Para el personal docente en los centros públicos no universitarios.
 [ilegible] Para el personal de los servicios de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros.
 [ilegible] Para el personal al servicio de las Instituciones sanitarias públicas.
 [ilegible] Para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
 [ilegible] Para el personal funcionario de las Universidades.
 [ilegible] Para el personal de la Administración Central e Institucional y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
 Por decisión de la Mesa General podrán constituirse otras Mesas sectoriales, en atención al número y peculiaridades de sectores conciertos de funcionarios públicos.
 k) Las materias de índole económica, de prestación de servicio sindical, asistencial, y en general cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de los funcionarios públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración.
 El proceso de negociación se abrirá, con carácter anual, en la fecha que en común acuerdo fijen el Gobierno u órganos de gobierno de las restantes Administraciones Públicas y los Sindicatos más representativos a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y comprenderá, de entre las materias relacionadas en el artículo anterior, las que ambas partes estimen oportuno.
 1. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, en su caso, las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio del derecho de los ciudadanos ante los funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativos.
 2. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente Ley.
 Los Acuerdos versarán sobre materias competencia del Consejo de Ministros, Consejos de Gobierno de Comunidades Autónomas u órganos correspondientes de las Entidades Locales. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo.
 Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y serán de inmediato publicados en el "Boletín Oficial del Estado" o diarios oficiales correspondientes.
 2. Corresponderá al Gobierno, en los términos del artículo 3.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y a los órganos de gobierno de las demás Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos, establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos en los casos en que no se produzca acuerdo en su negociación o no se alcance la aprobación expresa y formal a que alude el artículo 35.
 3. Las propuestas del mediador y la oposición de las partes, en su caso, deberán hacerse públicas de inmediato.»
 La composición y funcionamiento de los órganos electorales contemplados en la Ley 9/1987, de 12 de junio, con excepción de las Mesas electorales, se establecerá reglamentariamente, previa negociación con los Sindicatos con derecho a estar presentes en la Mesa General a tenor del artículo 31.2. El funcionamiento de dichos órganos electorales se regirá, para todo aquello no regulado expresamente, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de la Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.
 Dicha regulación se acomodará, sin perjuicio de las especificidades derivadas de la relación estatutaria, a lo establecido para la composición de los órganos electorales en el caso de las elecciones celebradas al amparo de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores.
 Promovidas las elecciones sindicales ante el Consejo Superior de la Función Pública, en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley 9/1987, su Presidente dará traslado de la iniciativa a la Junta Electoral General, que habrá de constituirse, y a la que pasan a corresponder el resto de las competencias electorales que la citada Ley atribuía al Consejo.
 Las referencias a la oficina pública en los artículos 20.4 y 27.5 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, se entenderán realizadas a la oficina pública a que se refiere la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
 El artículo 5 de la Ley 9/1987 quedará redactado en la formal siguiente:
 «La representación de los funcionarios en aquellas Entidades Locales que cuenten al menos con diez funcionarios y no alcancen el de 50, corresponderá a los Delegados de Personal. Igualmente, podrá haber un Delegado de Personal en aquellos centros que cuenten entre seis y diez funcionarios si así lo decidieran éstos por mayoría.
 De 31 a 49 funcionarios, tres, que ejercerán su representación mancomunadamente.»
 Quedan derogados los artículos siguientes de la Ley 9/1987; Artículos 23.2; 24, párrafos segundo y tercero, y 25.2, en lo que se refiere a la composición de los órganos electorales en ellos citados; el artículo 13, párrafos segundo y tercero, y el artículo 25.1 en lo que respecta a la ubicación de la Junta Electoral General en el seno del Consejo Superior de la Función Pública.
 Madrid, 19 de julio de 1990.
 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos LaboralesREAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de eneroRESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del EstadoLEY 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden socialRESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el suscrito entre la Administración Sanitaria-INGESA y las organizaciones sindicales sobre la aplicación al personal de los Centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del contenido del artículo 21.cuatro de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el suscrito entre la Administración Sanitaria-INGESA y las organizaciones sindicales, por el que se define e implanta la carrera profesional del personal licenciado y diplomado sanitario que presta sus servicios en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y por el que se establece el marco de negociación de la carrera profesional para el resto de los profesionales de los artículos 6.2.b) y 7 del Estatuto MarcoResolución de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ( personal laboral) (Código número 2811872) Pacto en desarrollo de los derechos y condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 2007-2010ORDEN de 27 de junio de 2007, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente al Servicio Andaluz de EmpleoResolución y pacto funcionarios del Ayuntamiento de Breña Alta. Ref.: A. P. F. 21Acuerdo Marco sobre condiciones de trabajo: Ayuntamiento de Águilas y su personal funcionario, para los años 2008 a 2011Pacto para el personal funcionario del ayuntamiento de nava de la asuncionResolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las Organizaciones Sindicales que se citan, el 18 de mayo de 2010, sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de SaludRESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, so bre registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (personal laboral) (código número 2811872)Acuerdo Colectivo para el Personal Funcionario al servicio del
 Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón Derecho.com
 LEY 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos Trámites


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RS 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir)
 510.512 Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir)
 (Ordonnance sur les installations de tir)
 du 15 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2005)
 vu l'art. 133, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1,
 1 La présente ordonnance fixe les exigences concernant l'emplacement, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service.
 2 Elle veille ainsi à:
 créer les conditions nécessaires à une organisation disciplinée du tir;
 assurer la sécurité nécessaire;
 limiter au mieux les atteintes à l'environnement.
 3 Elle règle les contrôles.
 Art. 2 Installations de tir à 300 m
 1 L'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance) relèvent de la compétence des communes en vertu de l'art. 133, al. 1, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
 2 Le DDPS peut exceptionnellement autoriser des installations de plus courte distance si la distance de 300 m ne peut être respectée en raison des conditions topographiques ou des régimes de propriété. L'expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences techniques concernant la construction et la sécurité.
 Art. 3 Installations de tir collectives et utilisation en commun
 1 Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s'efforcer d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation1 règle une expropriation éventuelle.
 2 Il faut encourager vivement l'utilisation commune d'installations existantes.
 Art. 4 Exigences techniques
 Le Groupement Défense édicte des directives concernant les exigences techniques en matière de construction d'installations servant au tir hors du service. Il définit notamment les détails concernant:
 les zones réputées dangereuses pour des raisons de sécurité;
 les équipements d'avertissement et de barrage;
 le stand de tir;
 les mesures de protection contre le bruit à l'intérieur du stand de tir;
 la ciblerie;
 la butte pare-balles;
 les pare-balles.
 Les installations de tir doivent s'insérer dans les plans existants d'aménagement du territoire et répondre aux prescriptions sur la protection de l'environnement. Avant la mise en chantier de nouvelles constructions ou l'ouverture de travaux de transformation, d'agrandissement ou d'assainissement, il faut prendre contact suffisamment tôt avec l'officier fédéral de tir et les services spécialisés compétents, c'est-à-dire dès la phase d'avant-projet ou de projet.
 Art. 6 Interdiction de tirer en rafales
 Le tir en rafales est interdit sur les installations de tir, qu'elles soient dévolues en tout ou partie au tir hors du service.
 Section 2 Prestations des communes et des sociétés de tir
 1 Dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'une installation de tir à 300 m, les communes ont à charge, notamment:
 l'acquisition des terrains par:
 achat, location de terrains ou justification de droits de construction pour l'établissement d'une installation de tir adaptée aux conditions, avec les voies d'accès et les places de parc nécessaires;
 établissement des servitudes nécessaires avec inscription au registre foncier;
 la construction d'installations de tir avec tous les équipements utiles, tels que:
 le stand de tir avec l'espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations sanitaires et le magasin de munitions;
 les équipements nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1;
 la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec tous les équipements annexes;
 les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques;
 la butte pare-balles arrière et celle devant les cibles équipée de la plaque blindée réglementaire;
 les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux réalisés selon les prescriptions et l'aménagement dans le stand d'installations permettant la même hauteur d'épaulement pour toutes les positions de tir lorsque des pare-balles ou des équipements d'isolation acoustique l'exigent;
 les dispositifs de barrage et d'avertissement;
 les coûts d'entretien et de renouvellement des équipements énumérés sous la let. b.
 2 Si le terrain accueillant l'installation de tir et les zones dangereuses n'est pas la propriété de la commune ou de la société de tir, la commune conclut les contrats de servitude nécessaires et les inscrit au registre foncier. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation2 règle une expropriation éventuelle.
 Art. 8 Contribution des communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m
 Les communes ne possédant pas d'installation de tir et ne pouvant pas assumer sur leur territoire leurs obligations en vertu de l'art. 133, al. 1, de la loi sur l'armée et l'administration militaire doivent faire l'acquisition proportionnelle des installations de tir assignées ou utilisées par leurs habitants. Elles participent équitablement aux frais d'entretien et de rénovation. L'art. 29 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service1 règle l'assignation d'installations de tir.
 Art. 9 Obligations des sociétés de tir
 1 La mise en place et l'entretien d'équipements non cités à l'art. 7, al. 1, let. b, sont à la charge des sociétés de tir.
 2 Les sociétés de tir contrôlent l'ensemble des équipements du point du vue de la sécurité d'exploitation et de la mise en place des dispositifs de barrage durant les tirs.
 3 Les sociétés de tir ont la responsabilité d'afficher les avis de tir à temps et aux endroits désignés à cet effet par la commune, de les communiquer aux propriétaires fonciers et aux fermiers et, si nécessaire, de les notifier dans l'organe officiel de publication de la commune.
 Section 3 Tirs sur les installations de tir des places d'armes
 Art. 10 Utilisation des installations de tir des places d'armes
 1 Les sociétés de tir et autres organisations reconnues peuvent utiliser les installations de tir d'une place d'armes, l'équipement et le matériel dont celle-ci est dotée, pourvu que le déroulement des tirs de la troupe n'en soit pas perturbé.
 2 L'autorisation d'utiliser les installations de tir d'une place d'armes est délivrée par armasuisse.
 3 Armasuisse fixe, d'entente avec le commandement de la place d'armes responsable, avec l'expert fédéral des installations de tir, avec l'autorité militaire cantonale, avec la commune et avec la société de tir, les conditions financières et d'exploitation pour l'utilisation des installations et des équipements.
 4 Pour l'utilisation non réglée par contrat d'installations de tir d'une place d'armes ou pour le recours au personnel responsable des installations, les indemnités fixées dans l'ordonnance du 9 décembre 1998 concernant les taxes et les émoluments perçus en échange de prestations du DDPS1 sont à verser.
 5 Les installations de tir d'une place d'armes sont mises gratuitement à disposition pour:
 le tir en campagne;
 les cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de jeunes tireurs;
 le concours de tir des jeunes tireurs;
 les cours pour tireurs restés;
 les tirs des équipes CISM (Conseil International du Sport Militaire) des forces terrestres;
 l'instruction au tir de performance de la Fédération sportive suisse de tir.
 Les sociétés de tir répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence aux installations de tir d'une place d'armes.
 Section 4 Expertise des installations de tir
 Art. 12 Officiers fédéraux de tir
 1 Les officiers fédéraux de tir expertisent des installations de tir du point de vue de la conformité, de la sécurité et des exigences techniques. Ils fournissent aux propriétaires et aux exploitants toutes les indications nécessaires à la construction et à l'exploitation d'une installation de tir.
 2 Ils mettent à contribution, en cas de besoin, l'expert fédéral des installations de tir dans l'accomplissement de leur tâche.
 3 Ils peuvent exceptionnellement déléguer au président de la commission cantonale de tir le contrôle des mesures qu'ils ont prescrites.
 4 Les frais d'expertises menées par les officiers fédéraux de tir sont à la charge de la Confédération.
 Art. 13 Expert fédéral des installations de tir
 1 L'expert fédéral des installations de tir est responsable en matière de construction et de sécurité d'exploitation des installations de tir. Il est subordonné au chef du domaine Sport et activités hors du service (SAHS) du commandement de l'Instruction des Forces terrestres.
 2 L'expert fédéral de tir doit être consulté le plus tôt possible, c'est-à-dire dès la phase d'avant-projet ou de projet lors de la planification de nouvelles installations et lorsque des conditions particulières de sécurité l'imposent, notamment pour les constructions de protection de tout type.
 3 En outre, il assume les charges de l'officier fédéral de tir dans le domaine technique pour les installations de tir des places d'armes.
 4 L'expert fédéral des installations de tir procède, en collaboration avec armasuisse, à l'expertise des nouveautés techniques et en autorise le montage. A cette fin, il consulte le chef SAHS et l'Assurance-accidents des sociétés suisses de tir (AAST).
 5 Il aide les officiers fédéraux de tir à prendre leurs fonctions et les informe périodiquement de ses expériences en matière de construction d'installations de tir, notamment de l'évolution de la technique et de la construction.
 Section 5 Procédure d'homologation
 1 Toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d'installations de tir à 300, 25 et 50 m nécessite un permis de construire délivré par les autorités cantonales compétentes.
 2 Le permis de construire ne peut être accordé qu'après approbation des plans par l'expert fédéral des installations de tir ou par l'officier fédéral de tir responsable.
 Art. 15 Étude de projet
 Lors de l'étude du projet d'une installation de tir, les travaux suivants doivent être exécutés à la charge du maître de l'ouvrage:
 l'examen des divers emplacements retenus, compte tenu des intérêts privés et publics;
 la définition de l'ampleur du projet (nombre de cibles);
 la visite d'installations de tir modèles;
 le choix du système de cibles;
 l'établissement à l'échelle 1:100 des plans de construction du stand et de la ciblerie;
 le report des zones dangereuses sur la carte nationale à l'échelle 1:25 000;
 l'établissement d'un profil du terrain, du stand jusqu'à la limite maximale de la zone dangereuse, à l'échelle 1:10 000 pour les installations de tir à 300 m ou à l'échelle 1:5000 pour les installations de tir à 25 et 50 m;
 l'établissement à l'échelle 1:1000 d'un plan de situation des zones dangereuses se trouvant dans le secteur de l'installation de tir;
 l'établissement du devis à l'intention de l'autorité communale responsable;
 la détermination et l'appréciation de l'exposition au bruit des zones voisines de la future installation de tir, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1. Dans des cas particuliers, la détermination de l'exposition au bruit s'effectue selon les directives du service cantonal compétent.
 Art. 16 Approbation des plans
 1 Les plans de construction sont remis pour approbation, en double exemplaire, à l'officier fédéral de tir responsable avant que ne débutent les travaux de construction, de transformation ou d'agrandissement d'une installation de tir.
 2 L'expert fédéral des installations de tir approuve les plans des nouvelles installations. L'officier fédéral de tir responsable approuve les plans de transformation ou d'agrandissement.
 3 L'officier fédéral de tir responsable doit être consulté avant toute modification des plans de construction approuvés ou du tracé de routes ou de chemins dans les zones dangereuses.
 Art. 17 Réception d'une installation de tir
 1 Une fois terminés les travaux de construction, de transformation, d'agrandissement, d'assainissement ou d'adaptation en tout ou partie d'une installation de tir, l'officier fédéral de tir responsable procède à la réception de l'installation.
 2 La réception de nouvelles constructions ou d'installations présentant des problèmes particuliers de sécurité, notamment des constructions de protection de tout type, doit s'effectuer en présence de l'expert fédéral des installations de tir.
 Art. 18 Procès-verbal de réception
 1 L'officier fédéral de tir responsable établit un procès-verbal de réception à l'intention de l'autorité militaire cantonale compétente.
 2 Ce procès-verbal est aussi transmis aux instances et aux responsables suivants:
 l'autorité communale concernée;
 le maître de l'ouvrage et la société de tir concernée, par l'entremise de l'autorité communale;
 l'expert fédéral des installations de tir;
 le président de la commission cantonale de tir intéressée;
 l'AAST pour les installations de tir combinées (art. 23, al. 3).
 Art. 19 Autorisation d'exploiter
 1 L'autorité militaire cantonale compétente délivre l'autorisation d'exploiter l'installation de tir dans la mesure où le procès-verbal de réception atteste de sa conformité, de sa sécurité et du respect des exigences techniques.
 2 L'officier fédéral de tir peut accorder une autorisation provisoire.
 Art. 20 Notification à l'Office fédéral de la topographie
 Les officiers fédéraux de tir annoncent à l'Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern-Berne, les emplacements des nouvelles installations et, sitôt la décision prise, la suppression d'installations existantes. L'endroit est indiqué avec ses coordonnées sur une carte nationale à l'échelle 1:25 000.
 Art. 21 Fermeture ou suppression d'une installation de tir
 1 L'officier fédéral de tir peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture provisoire d'une installation de tir jusqu'à la décision de l'autorité militaire cantonale compétente.
 2 L'autorité militaire cantonale compétente peut, pour des raisons de sécurité, décréter la fermeture totale ou partielle d'une installation de tir ou sa suppression. La fermeture peut être ordonnée soit à la demande du propriétaire, soit d'autorité.
 3 Des installations de tir ne peuvent être supprimées que lorsqu'il existe une installation de remplacement prête à fonctionner.
 Section 6 Cas particuliers de tirs et d'installations de tir
 Art. 22 Tir de nuit
 L'officier fédéral de tir responsable rédige des recommandations en matière de sécurité avant que le tir de nuit prévu sur une installation de tir ne soit effectué.
 Art. 23 Installations destinées à d'autres genres de tir
 1 L'approbation et le contrôle d'installations n'accueillant pas d'activités de tir hors du service (installations pour le tir avec armes se chargeant par la bouche, petits calibres, arbalètes, armes à air comprimé, armes de tir dynamique et armes de chasse) relèvent de la compétence des cantons.
 2 L'autorité responsable peut demander l'expertise de l'AAST, à la charge du maître de l'ouvrage.
 3 L'officier fédéral de tir doit procéder à la réception d'installations destinées à d'autres genres de tir si elles sont intégrées dans une installation de tir mentionnée à l'art. 1, al. 1.
 4 L'expertise de la sécurité des installations destinées à d'autres genres de tir s'effectue conformément aux directives émises par l'AAST.
 Art. 24 Installations de tir en campagne
 Si des tirs sont effectués avec des armes d'ordonnance et des munitions d'ordonnance en dehors des installations reconnues, l'officier fédéral de tir responsable qui expertise, autorise l'utilisation du terrain de tir et réceptionne les équipements doit être consulté. Les frais qui en découlent sont à la charge de la Confédération.
 Art. 25 Installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes et souterraines
 1 L'expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences de sécurité et de construction pour les installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes ainsi que pour celles souterraines.
 2 Lorsque les exigences en matière de sécurité sont respectées et que la société de tir ne dispose raisonnablement pas d'autre installation de tir, le Groupement Défense peut, sur présentation d'une demande, autoriser la tenue d'exercices fédéraux sur de telles installations.
 Art. 26 Emplacement des cibles pour des distances de tir plus courtes
 L'autorisation de l'officier fédéral de tir responsable est nécessaire pour pouvoir, sur une installation de tir à 300 m, placer des positions de tir entre le stand et la ciblerie.
 Art. 27 Dérogations dans des cas particuliers
 En cas de conditions particulières concernant la sécurité du terrain environnant une installation de tir ou de son arrière-terrain, notamment pour des raisons topographiques ou d'aménagement du territoire, l'expert fédéral des installations de tir et l'officier fédéral de tir responsable peuvent, au cas par cas et pour des motifs le justifiant, déroger aux dispositions de la présente ordonnance. Ils consultent les organes cantonaux spécialisés si ces dérogations peuvent avoir une implication dans le domaine de la protection contre le bruit ou de l'aménagement du territoire.
 Art. 28 Routes nationales
 L'expert fédéral des installations de tir décide de la possibilité de maintenir ou de construire une installation de tir le long de routes nationales et de tirer par-dessus ces routes. Il tient compte de la configuration du terrain et des conditions particulières.
 L'ordonnance du DDPS du 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors du service1 est abrogée.
 1 [RO 1991 1292, 1996 396]
 RO 2004 4881


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 26.1.2015
 FR
 Journal officiel de l'Union européenne
 C 26/20
 Pourvoi formé le 24 novembre 2014 par Vadzim Ipatau contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 23 septembre 2014 dans l’affaire T-646/11, Ipatau/Conseil
 (Affaire C-535/14 P)
 (2015/C 026/24)
 Langue de procédure: le français
 Parties
 Partie requérante: Vadzim Ipatau (représentant: M. Michalauskas, avocat)
 Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
 Conclusions
 —
 annuler l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014 (affaire T-646/11),
 —
 statuer définitivement sur le litige ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue,
 —
 condamner le Conseil aux dépens, y compris pour les dépens devant le Tribunal.
 Moyens et principaux arguments
 La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.
 En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en déniant tout effet suspensif à l’introduction d’une demande d’aide judiciaire sur le délai prévu pour introduire un recours en annulation contre l’acte attaqué.
 En deuxième lieu, elle fait grief au Tribunal d’avoir commis une violation des droits de la défense. En effet, le Tribunal aurait jugé que le Conseil n’était pas tenu de communiquer à la partie requérante les éléments retenus à charge ni de lui conférer l’opportunité d’être entendue avant l’adoption de la décision 2012/642/PESC (1) et du règlement d’exécution no 1017/2012 (2).
 En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les motifs prévus dans les actes litigieux présentent un caractère suffisant.
 En dernier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les actes litigieux n’étaient pas disproportionnés.
 (1) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1).
 (2) Règlement d’exécution (UE) n o 1017/2012 du Conseil du 6 novembre 2012 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7).


type: legislation

text:
 |
 52012PC0547
 Priekšlikums PADOMES REGULA par zvejas iespēju iedalīšanu atbilstīgi Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas noslēgtajam protokolam, kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē, un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1801/2006 /* COM/2012/0547 final - 2012/0259 (NLE) */
 PASKAIDROJUMA RAKSTS
 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS
 Pamatojoties uz
 attiecīgo Padomes pilnvarojumu, Eiropas Komisija risināja sarunas ar
 Mauritānijas Islāma Republiku, lai atjaunotu protokolu, kas
 pievienots Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības
 nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku.
 Šīm sarunām noslēdzoties, 2012. gada
 26. jūlijā tika parafēts jauns protokols. Jaunais protokols
 attiecas uz 2 gadu ilgu laikposmu, kas sākas ar tā
 parakstīšanas dienu.
 Nolīguma
 protokola galvenais mērķis ir piešķirt zvejas iespējas
 Eiropas Savienības kuģiem Mauritānijas ūdeņos
 saskaņā ar pieejamo pārpalikumu. Komisija cita starpā
 pamatojās uz atzinumu, ko sagatavojusi saskaņā ar šo
 nolīgumu izveidotā Zinātniskā komiteja.
 Vispārējais
 mērķis ir pastiprināt Eiropas Savienības un
 Mauritānijas Islāma Republikas sadarbību, lai izveidotu
 tādas partnerattiecības, kurās abu pušu interesēs ir
 izstrādāt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un
 nodrošināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Mauritānijas
 zvejas zonā.
 Konkrētāk, šajā protokolā
 ir paredzētas ikgadējās zvejas iespējas šādās
 kategorijās:
 –
 5000 tonnas vēžveidīgo (izņemot
 langustus un krabjus) zvejas kuģiem;
 –
 4000 tonnas melnā heka zvejas traleriem
 (izņemot saldētājtralerus) un kuģiem zvejai ar grunts
 āķu jedām;
 –
 2500 tonnas bentisko sugu (izņemot melno
 heku) zvejas kuģiem, kas nezvejo ar trali;
 –
 200 tonnas krabju;
 –
 22 tunzivju seineri;
 –
 22 kuģi tunzivju zvejai ar
 makšķerēm vai kuģi zvejai ar dreifējošām āķu
 jedām;
 –
 300 000 tonnas pelaģiskās
 zvejas saldētājtraleriem;
 –
 15 000 tonnas pelaģiskās zvejas
 kuģiem, kas nav saldētājtraleri (atvilkt no pelaģiskās
 zvejas saldētājtraleriem paredzētā apjoma).
 Ir jānosaka šo zvejas iespēju
 iedalījums dalībvalstīm.
 Pamatojoties uz iepriekšminēto, Komisija
 ierosina Padomei pieņemt šo regulu.
 2. APSPRIEŠANĀS AR
 IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU
 REZULTĀTI
 Uzsākot sarunas, ar
 ieinteresētajām personām notika apspriedes Tāljūras
 flotes reģionālajā konsultatīvajā padomē,
 kurā pulcējas zivsaimniecības nozares un vides un attīstības
 NVO pārstāvji. Tehnisko sanāksmju laikā notikušas
 apspriedes arī ar dalībvalstu ekspertiem. Šajās apspriedēs
 secināts, ka zivsaimniecības protokolu ar Mauritāniju ir lietderīgi
 saglabāt.
 3. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE
 ASPEKTI
 Jaunais
 partnerattiecību nolīguma protokols ir paziņots Padomei tā
 parakstīšanas apstiprināšanai un provizoriskai piemērošanai. Tas
 tāpat ir paziņots Padomei un Parlamentam, lai to noslēgtu.
 2012/0259 (NLE)
 Priekšlikums
 PADOMES REGULA
 par zvejas iespēju iedalīšanu
 atbilstīgi Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma
 Republikas noslēgtajam protokolam, kurā noteiktas zvejas
 iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts starp
 abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību
 nolīgumā zivsaimniecības nozarē, un par grozījumiem
 Regulā (EK) Nr. 1801/2006
 EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
 ņemot vērā Līgumu par
 Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta
 3. punktu,
 ņemot vērā Eiropas Komisijas
 priekšlikumu,
 tā kā:
 (1) Padome 2006. gada
 30. novembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 1801/2006,
 lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības
 nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku[1].
 (2) Jauns protokols, kas
 pievienots partnerattiecību nolīgumam, tika parafēts
 2012. gada 26. jūlijā (turpmāk „jaunais protokols”).
 Jaunais protokols Savienības kuģiem piešķir zvejas iespējas
 ūdeņos, kas attiecībā uz zveju ir Mauritānijas
 jurisdikcijā.
 (3) Padome [..] ir
 pieņēmusi Lēmumu Nr. .../2012/ES[2] par jaunā protokola
 parakstīšanu un provizorisku piemērošanu.
 (4) Ir jānosaka zvejas
 iespēju iedalīšanas kārtība dalībvalstīm
 jaunā protokola piemērošanas laikā.
 (5) Saskaņā ar
 10. panta 1. punktu Padomes 2008. gada 29. septembra
 Regulā (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas
 zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem,
 un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem[3], ja konstatē, ka nav
 pilnībā izmantotas Savienībai saskaņā ar jauno
 protokolu iedalītās zvejas iespējas, Komisija informē
 attiecīgās dalībvalstis. Atbildes nesniegšanu termiņā,
 ko nosaka Padome, uzskata par apstiprinājumu tam, ka attiecīgās
 dalībvalsts kuģi norādītajā laikposmā
 pilnībā neizmanto tiem pieejamās zvejas iespējas. Būtu
 jānosaka šis termiņš.
 (6) Ievērojot to, ka
 iepriekšējā spēkā esošā protokola darbības
 termiņš beidzas 2012. gada 31. jūlijā, šī regula
 būtu jāpiemēro no jaunā protokola parakstīšanas
 dienas,
 IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
 1. pants
 Zvejas iespējas atbilstīgi
 protokolam (turpmāk „protokols”), kurš saskaņots starp Eiropas
 Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku un kurā
 noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas
 paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā
 Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē,
 ņemot vērā faktisko nozveju no 2008. līdz 2012. gadam,
 dalībvalstīm tiek iedalītas šādi:
 (a)
 1. kategorija – vēžveidīgo
 (izņemot langustus un krabjus) zvejas kuģi (maksimālais
 kuģu skaits: 36)
 Spānija || 4150 tonnas
 Itālija || 600 tonnas
 Portugāle || 250 tonnas
 (b)
 2. kategorija – melnā heka zvejas traleri
 (izņemot saldētājtralerus) un kuģi zvejai ar grunts
 āķu jedām (maksimālais kuģu skaits: 11)
 Spānija || 4000 tonnas
 (c)
 3. kategorija – bentisko sugu (izņemot
 melno heku) zvejas kuģi, kas nezvejo ar trali (maksimālais kuģu
 skaits: 9)
 Spānija 2500 tonnas
 (d)
 4. kategorija – krabju zvejas kuģi
 Spānija 200 tonnas
 (e)
 5. kategorija – tunzivju seineri
 Spānija 17 licences
 Francija 5
 licences
 (f)
 6. kategorija – kuģi tunzivju zvejai ar
 makšķerēm un kuģi zvejai ar dreifējošām āķu
 jedām
 Spānija 18 licences
 Francija 4
 licences
 (g)
 7. kategorija – pelaģiskās zvejas
 saldētājtraleri (maksimālais kuģu skaits: 19;
 neizmantošanas gadījumā 8. kategorijai var pievienot ne
 vairāk kā divus kuģus)
 Vācija 28 500 tonnas
 Francija 2850 tonnas
 Latvija 68 400 tonnas
 Lietuva 71 250 tonnas
 Nīderlande 76 950 tonnas
 Polija 28 500 tonnas
 Apvienotā
 Karaliste 8550 tonnas
 (h)
 8. kategorija – pelaģiskās zvejas
 kuģi, kas nav saldētājtraleri (maksimālais kuģu skaits:
 2; neizmantošanas gadījumā tos var pārcelt uz
 8. kategoriju)
 Īrija 15 000
 tonnas,
 neizmantošanas
 gadījumā tās var pārcelt uz 7. kategoriju
 atbilstīgi minētās kategorijas iespēju iedalījumam)
 1. Regulu (EK)
 Nr. 1006/2008 piemēro, neskarot Partnerattiecību nolīgumu
 zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas
 Islāma Republiku.
 2. Ja ar 1. punktā
 minēto dalībvalstu iesniegtajiem zvejas atļauju prasījumiem
 protokolā paredzētās zvejas iespējas netiek apgūtas
 pilnībā, Komisija var izskatīt jebkuras citas dalībvalsts
 iesniegtus atļaujas prasījumus saskaņā ar Regulas (EK)
 Nr. 1006/2008 10. pantu.
 3. Regulas (EK)
 Nr. 1006/2008 10. panta 1. punktā minētais
 termiņš, kādā dalībvalstīm ir jāapstiprina, ka
 tās pilnībā neizmanto saskaņā ar nolīgumu piešķirtās
 zvejas iespējas, ir desmit darbdienas no dienas, kad Komisija tām
 paziņo šo informāciju.
 2. pants
 Regulu (EK) Nr. 1801/2006 groza
 šādi:
 1. regulas 2. pantu atceļ.
 3. pants
 Šī regula stājas spēkā
 nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
 Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
 To piemēro no jaunā protokola
 parakstīšanas dienas.
 Šī regula uzliek saistības
 kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
 Briselē,
 Padomes
 vārdā –
 priekšsēdētājs
 [1] OV L 343, 8.12.2006.
 [2] OV C...*
 [3] OV L 286,
 29.10.2008., 33. lpp.