type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 |
 52012PC0744
 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia /* COM/2012/0744 final - 2012/0360 (COD) */
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA
 1.1. Contexto general
 La presente propuesta consiste en la
 modificación del Reglamento (CE) no 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, sobre
 procedimientos de insolvencia («el Reglamento sobre procedimientos de
 insolvencia» o «el Reglamento»).
 El Reglamento sobre procedimientos de
 insolvencia establece un marco europeo para los procedimientos de insolvencia
 transfronterizos. Se aplica siempre que el deudor, independientemente de si se
 trata de una persona física o jurídica, tenga activos o acreedores en más de un
 Estado miembro. El Reglamento determina el órgano jurisdiccional competente
 para abrir un procedimiento de insolvencia. El procedimiento principal debe abrirse
 en el Estado miembro en que el deudor tenga su centro de intereses principales
 y sus efectos se reconocen en toda la UE. Los procedimientos secundarios pueden
 abrirse allí donde el deudor tenga un establecimiento y sus efectos se limitan
 a los activos situados en ese Estado. El Reglamento incluye también normas
 sobre la legislación aplicable y determinadas disposiciones sobre la
 coordinación entre los procedimientos de insolvencia principal y secundarios. Se
 aplica a todos los Estados miembros con la excepción de Dinamarca, que no
 participa en la cooperación judicial de conformidad con el Tratado de
 Funcionamiento de la Unión Europea.
 El Reglamento sobre procedimientos de
 insolvencia fue adoptado en mayo de 2000 y se aplica desde el 31 de mayo de
 2002. Diez años después de su entrada en vigor, la Comisión ha revisado su
 funcionamiento en la práctica y considera necesario modificarlo.
 1.2. Necesidad de una
 revisión del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia
 Aunque en general se considera que el
 Reglamento funciona correctamente a la hora de facilitar los procedimientos
 transfronterizos en el interior de la Unión Europea, la consulta a las partes
 interesadas y los estudios jurídicos y empíricos encargados por la Comisión han
 puesto de manifiesto una serie de problemas en su aplicación práctica. Además,
 el Reglamento no refleja suficientemente las prioridades de la UE ni las
 prácticas nacionales actuales en materia de legislación sobre insolvencia, en
 particular a la hora de promover el rescate de las empresas en dificultades.
 Básicamente, la evaluación del Reglamento ha identificado cinco deficiencias
 principales:
 ·
 El ámbito de aplicación del Reglamento no
 cubre los procedimientos nacionales que prevén la reestructuración de una
 empresa en situación de preinsolvencia («procedimiento de preinsolvencia») ni
 los procedimientos que mantienen a la dirección existente («procedimientos
 híbridos»). Sin embargo, muchos Estados miembros han introducido estos
 procedimientos recientemente[1]
 y se considera que aumentan las posibilidades de éxito en la reestructuración
 de las empresas. Por añadidura, el ámbito de aplicación del Reglamento no
 incluye actualmente una serie de procedimientos para las situaciones de
 insolvencia personal.
 ·
 Resulta problemático determinar cuál es el
 Estado miembro competente para abrir un procedimiento de insolvencia. Si bien
 existe un acuerdo general en el sentido de que el Estado miembro en que esté
 situado el centro de intereses principales del deudor es competente para abrir
 un procedimiento principal de insolvencia, existen dificultades a la hora de
 aplicar este concepto en la práctica. Asimismo, se han criticado las
 disposiciones del Reglamento en lo que respecta a la competencia, ya que
 permiten a las personas físicas y jurídicas elegir la jurisdicción más
 ventajosa mediante un desplazamiento fraudulento de su centro de intereses
 principales (búsqueda de un foro de conveniencia o forum shopping).
 ·
 También se han detectado problemas en lo que
 se refiere a los procedimientos secundarios. La apertura de un procedimiento
 secundario puede obstaculizar la administración eficaz del patrimonio del
 deudor. Cuando se abre un procedimiento secundario, el síndico del
 procedimiento principal deja de tener control sobre los activos situados en el
 otro Estado miembro, lo que hace más difícil una venta del deudor en calidad de
 empresa en funcionamiento[2].
 Además, actualmente los procedimientos secundarios deben ser procedimientos de
 liquidación, lo que supone un obstáculo para el éxito de la reestructuración
 del deudor.
 ·
 Las normas relativas a la publicidad de los
 procedimientos de insolvencia y la presentación de los créditos también
 plantean problemas. Actualmente no es obligatorio publicar ni inscribir en un
 registro las decisiones en los Estados miembros en los que se haya abierto un
 procedimiento ni en los Estados miembros en los que el deudor tenga un
 establecimiento. Tampoco existe un registro europeo de insolvencia que permita
 efectuar búsquedas en varios registros nacionales. Ahora bien, el buen
 funcionamiento de los procedimientos de insolvencia transfronterizos se basa en
 gran medida en la publicidad de las decisiones sobre procedimientos de
 insolvencia. Los jueces tienen que saber si ya se ha abierto un procedimiento
 en otro Estado miembro; los acreedores o posibles acreedores tienen que saber
 si se ha iniciado un procedimiento. Además, los acreedores, particularmente los
 pequeños acreedores y las PYME, se enfrentan a dificultades y costes a la hora
 de presentar sus créditos con arreglo al Reglamento.
 ·
 Por último, el Reglamento no incluye normas
 específicas sobre la insolvencia de los grupos multinacionales de empresas, a
 pesar de que un gran número de casos de insolvencia transfronteriza implica a
 grupos de empresas. La premisa básica del Reglamento es que deben abrirse
 procedimientos separados para cada uno de los miembros del grupo y que estos
 procedimientos son totalmente independientes entre sí. La ausencia de
 disposiciones específicas sobre la insolvencia de un grupo de empresas reduce a
 menudo las perspectivas de reestructurar el grupo en su conjunto y puede dar
 lugar a su disgregación.
 El informe de la Comisión que acompaña a
 la presente propuesta presenta una evaluación pormenorizada de la aplicación
 del Reglamento en la práctica. En la evaluación de impacto efectuada por la
 Comisión que acompaña a la presente propuesta se analizan exhaustivamente los
 problemas que plantea el Reglamento actual y se exponen los posibles efectos de
 las distintas opciones que se barajan para subsanarlos.
 El objetivo general de la revisión del
 Reglamento es hacer más eficiente el marco europeo para resolver los asuntos de
 insolvencia transfronteriza con objeto de garantizar un funcionamiento
 armonioso del mercado interior, así como su capacidad de resistencia frente a
 las crisis económicas. Este objetivo enlaza con las prioridades políticas
 actuales de la UE de promover la recuperación económica y el crecimiento
 sostenible, una mayor tasa de inversión y la preservación del empleo, como
 establece la Estrategia Europa 2020. La revisión del Reglamento contribuirá a
 garantizar el buen desarrollo y la supervivencia de las empresas, tal como se
 recoge en la Iniciativa a favor de las PYME Small Business Act[3]. Asimismo, la
 revisión es una de las acciones clave que figuran en el Acta del Mercado Único
 II[4].
 2. CONSULTA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
 La presente propuesta ha ido precedida de
 una consulta a los interesados, los Estados miembros, otras instituciones y los
 expertos, sobre los problemas que plantea el Reglamento actual y sus posibles
 soluciones. El 29 de marzo de 2012, la Comisión puso en marcha una consulta
 pública que recibió un total de 134 respuestas. La Comisión también tuvo en
 cuenta los resultados de un estudio externo para evaluar la aplicación del
 Reglamento sobre procedimientos de insolvencia llevado a cabo por un consorcio
 de las universidades de Heidelberg y Viena. Los datos empíricos sobre el
 impacto de las diferentes opciones de reforma fueron recopilados por otro
 estudio externo realizado por un consorcio de GHK y Milieu. Ambos estudios se
 publicarán conjuntamente con esta propuesta en el sitio internet de la DG
 Justicia. Se celebraron dos reuniones con expertos nacionales en abril y
 octubre de 2012. Además, la Comisión creó un grupo de expertos sobre
 insolvencia transfronteriza que se reunió cinco veces entre mayo y octubre de
 2012 y presentó sus reflexiones sobre los problemas, las opciones y la
 redacción del Reglamento revisado.
 Los puntos de vista de las partes
 interesadas sobre los principales elementos de la reforma pueden resumirse como
 sigue:
 ·
 Respecto a la ampliación del ámbito de
 aplicación, la gran mayoría consideraba que el Reglamento debería cubrir los
 procedimientos aplicables a las situaciones de preinsolvencia y los
 procedimientos híbridos. Las opiniones diferían en cuanto a qué procedimientos
 deberían estar incluidos en el ámbito de aplicación exactamente y, en
 particular, cuándo debería exigirse la supervisión judicial. La mayoría de los
 consultados opinaba que el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia debe
 aplicarse a los particulares y a los trabajadores por cuenta propia.
 ·
 En cuanto a la competencia jurisdiccional,
 tres cuartas partes de los consultados aprobaron la utilización del concepto de
 «centro de intereses principales» para ubicar el procedimiento principal. No
 obstante, la mayoría consideraba que la interpretación de este término por la
 jurisprudencia suscitaba problemas prácticos. Casi la mitad de los consultados
 mencionó la existencia de pruebas de desplazamiento fraudulento del centro de
 intereses principales[5].
 ·
 En cuanto a la relación entre el procedimiento
 de insolvencia principal y el secundario, casi la mitad de los consultados
 expresó su insatisfacción por la coordinación entre ambos procedimientos.
 ·
 Respecto a la publicación de los
 procedimientos, tres cuartas partes de los consultados se mostraron de acuerdo
 en que la no obligatoriedad de publicar la decisión de apertura de un
 procedimiento de insolvencia supone un problema. Casi la mitad de los
 consultados que se manifestaron consideraba que la presentación de los créditos
 planteaba problemas.
 ·
 En cuanto a la insolvencia de un grupo de
 empresas, casi la mitad de los consultados consideraba que el Reglamento no
 funciona de forma eficaz frente a la insolvencia de los miembros de un grupo de
 empresas multinacional.
 En su evaluación de impacto, que acompaña
 a la presente propuesta, la Comisión ha analizado los costes y las ventajas de
 los principales aspectos de la reforma propuesta.
 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
 3.1. Resumen de la acción
 propuesta
 Los elementos de la reforma propuesta del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia pueden resumirse como sigue: · Ámbito de aplicación: la propuesta amplía el ámbito de aplicación del Reglamento mediante una revisión de la definición de los procedimientos de insolvencia a fin de incluir los procedimientos híbridos y las situaciones de preinsolvencia, así como los procedimientos de condonación de deuda y otros procedimientos aplicables a las situaciones de insolvencia de las personas físicas que actualmente no se ajustan a la definición;
 · Competencia: la propuesta aclara las normas aplicables a la competencia y mejora el marco procedimental para determinarla;
 · Procedimientos secundarios: la propuesta prevé una gestión más eficaz de los procedimientos de insolvencia al permitir al tribunal denegar la apertura de un procedimiento secundario si ello no es necesario para proteger los intereses de los acreedores locales, al suprimir el requisito de que los procedimientos secundarios deban ser procedimientos de liquidación y al mejorar la cooperación entre el procedimiento principal y el secundario, en particular mediante la ampliación de los requisitos de cooperación a los tribunales de que se trate; · Publicidad de los procedimientos y presentación de los créditos: la propuesta obliga a los Estados miembros a publicar las decisiones judiciales pertinentes sobre asuntos de insolvencia transfronteriza en un registro electrónico de acceso público y prevé la interconexión de los registros nacionales de insolvencia. También introduce formularios normalizados para la presentación de los créditos;
 · Grupos de empresas: la propuesta establece la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a distintos miembros de un mismo grupo de empresas, obligando a los síndicos y tribunales que participan en los diferentes procedimientos principales a cooperar y comunicarse entre sí; además, ofrece a los síndicos que participan en tales procedimientos los instrumentos procedimentales necesarios para solicitar una suspensión de los demás procedimientos relacionados y para proponer un plan de reestructuración de las empresas del grupo sometidas a un procedimiento de insolvencia.
 3.1.1. Ámbito de aplicación del
 Reglamento sobre procedimientos de insolvencia
 La propuesta amplía el ámbito de
 aplicación del Reglamento mediante la modificación de la definición actual de
 «procedimiento de insolvencia» en su artículo 1, apartado 1. A este respecto,
 se propone ampliar el ámbito de aplicación a aquellos procedimientos en los que
 no está prevista la intervención de un síndico, pero en los que los bienes y
 negocios del deudor están sometidos al control o a la supervisión de una
 instancia judicial. Gracias a esta modificación, los procedimientos en los que
 el deudor no ha sido desapoderado y no se ha designado un síndico podrían
 beneficiarse del reconocimiento de los efectos del procedimiento de insolvencia
 que supone el Reglamento en toda la UE; también permitiría que el Reglamento
 cubriese más procedimientos de insolvencia personal. Además, se propone
 incorporar una referencia expresa a los procedimientos de reestructuración de
 la deuda y al objetivo del rescate, a fin de incluir también aquellos
 procedimientos que permiten al deudor llegar a un acuerdo con sus acreedores en
 la fase de preinsolvencia. Por otra parte, las modificaciones permitirán
 aproximar más el Reglamento al enfoque adoptado por la Ley Modelo de la CNUDMI
 sobre la Insolvencia Transfronteriza[6].
 Si bien la ampliación del ámbito de
 aplicación del Reglamento es importante a fin de garantizar el desarrollo
 eficiente de los procedimientos de preinsolvencia e híbridos en un contexto
 transfronterizo, no debe incluir los procedimientos de insolvencia que tengan
 carácter confidencial. En efecto, existen diversos procedimientos nacionales de
 preinsolvencia en los que el deudor entabla negociaciones con (determinados)
 acreedores a fin de llegar a un acuerdo sobre su refinanciación o
 reestructuración sin que esta información se haga pública. Estos procedimientos
 pueden implicar una moratoria de las acciones ejecutivas individuales o evitar
 que los acreedores soliciten la apertura de un procedimiento de insolvencia
 durante un período determinado a fin de conceder un cierto «margen» al deudor.
 Aunque tales procedimientos pueden desempeñar un papel importante en algunos
 Estados miembros, su carácter contractual y confidencial haría difícil
 reconocer sus efectos en toda la UE, ya que un tribunal o un acreedor de otro
 Estado miembro no podría saber que está en curso un procedimiento de este tipo.
 No obstante, ello no impide que este tipo de procedimientos se incluyan
 posteriormente, a partir del momento en que se hagan públicos, en el ámbito de
 aplicación del Reglamento.
 La presente propuesta no contempla
 cambiar el mecanismo existente con arreglo al cual los procedimientos
 nacionales de insolvencia cubiertos por el Reglamento se enumeran en el anexo A
 y los Estados miembros deciden si desean notificar un determinado procedimiento
 de insolvencia para su inclusión en dicho anexo. Ahora bien, la propuesta
 introduce un procedimiento para que la Comisión examine si un procedimiento
 nacional de insolvencia notificado cumple realmente las condiciones de la
 definición revisada. Esto garantizará que solamente se incluyan en el anexo los
 procedimientos que correspondan a las normas del Reglamento.
 3.1.2. Competencia
 jurisdiccional para incoar un procedimiento de insolvencia
 La propuesta mantiene el concepto de
 centro de intereses principales, ya que este concepto garantiza que el asunto
 se tramitará en una jurisdicción con la que el deudor tenga un vínculo real y
 no en la que elijan las empresas constituyentes. El enfoque relativo al centro
 de intereses principales coincide también con la práctica internacional, ya que
 es el elegido por CNUDMI como norma en materia de competencia jurisdiccional en
 su Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza. A fin de orientar a los
 profesionales de la justicia a la hora de determinar el centro de intereses
 principales, la propuesta completa la definición de este concepto e introduce
 también una disposición que determina el centro de intereses principales de las
 personas físicas. Además, un nuevo considerando aclara las circunstancias en
 las que es posible desvirtuar la presunción de que el centro de intereses
 principales de una persona jurídica sea el lugar de su domicilio social; la
 redacción de este considerando se ha tomado de la sentencia Interedil
 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[7].
 La propuesta también mejora el marco
 procedimental para determinar la competencia a fines de apertura. Exige a los
 tribunales que examinen de oficio su competencia antes de abrir un
 procedimiento de insolvencia y que precisen en su decisión los motivos en los
 que basan dicha competencia. Por otra parte, la propuesta concede a todos los
 acreedores extranjeros el derecho a impugnar la decisión de apertura y les
 garantiza información sobre las decisiones, a fin de que puedan ejercer
 efectivamente sus derechos. La finalidad de estos cambios es garantizar que
 únicamente se abra un procedimiento cuando el Estado miembro de que se trate
 sea realmente competente. En consecuencia, debería reducir los casos de
 búsqueda de un foro de conveniencia a través del desplazamiento fraudulento y
 ficticio del centro de intereses principales.
 En tercer lugar, la propuesta aclara que
 los tribunales que abran un procedimiento de insolvencia también serán
 competentes en las acciones que se deriven directamente de dicho procedimiento
 o guarden inmediata relación con él, como las acciones revocatorias. Esta
 modificación codifica la jurisprudencia del TJUE en la sentencia DekoMarty[8]. Cuando una acción
 de este tipo guarde relación con otra acción referente al mismo demandado que
 esté basada en el Derecho civil y mercantil general, la propuesta ofrece al síndico
 la posibilidad de acumular ambas acciones ante los tribunales del lugar de
 domicilio del demandado si estos tribunales son competentes de conformidad con
 el Reglamento (CE) no 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la
 competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
 judiciales en materia civil y mercantil (modificado)[9]. Esta norma
 permitiría a un síndico, por ejemplo, interponer ante el mismo tribunal una
 acción referente a la responsabilidad de un administrador basada en la
 legislación sobre insolvencia y una acción contra ese mismo administrador
 basada en la legislación en materia de responsabilidad civil o en el Derecho de
 sociedades.
 3.1.3. Procedimientos
 secundarios de insolvencia
 Se proponen varias modificaciones con el
 fin de mejorar la gestión eficiente del patrimonio del deudor en aquellas
 situaciones en las que este tenga un establecimiento en otro Estado miembro.
 ·
 El tribunal ante el que se presente una
 solicitud de apertura de un procedimiento secundario deberá estar en
 condiciones, si así lo solicita el síndico del procedimiento principal, de
 denegarla o de aplazar la decisión si dicha apertura no fuese necesaria para
 proteger los intereses de los acreedores locales. Así podría suceder, por
 ejemplo, si un inversor presentara una oferta para comprar la empresa en
 calidad de empresa en funcionamiento y esa oferta resultara más ventajosa para
 los acreedores locales que la liquidación de los activos de la empresa. Tampoco
 sería necesario abrir un procedimiento secundario si el síndico del
 procedimiento principal prometiera a los acreedores locales el mismo trato en
 el procedimiento principal que si se hubiera abierto un procedimiento
 secundario y que los derechos que hubieran tenido en tal caso respecto a la
 determinación y clasificación de sus créditos serían respetados en la
 distribución de los bienes. La práctica de este tipo de «procedimientos
 secundarios virtuales» se ha desarrollado en varios asuntos de insolvencia
 transfronteriza en los que los procedimientos principales se habían incoado en
 el Reino Unido (especialmente en los procedimientos de insolvencia relativos a
 Collins&Aikman, MG Rover y Nortel Networks). Los tribunales ingleses
 aceptaron que los síndicos ingleses pudieran distribuir parte de los activos
 con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que se encontrase el
 establecimiento. Puesto que la legislación de muchos Estados miembros no
 contempla actualmente esta práctica, la propuesta introduce una norma de Derecho
 sustantivo que permite al síndico ofrecer tales compromisos a los acreedores
 locales con efecto vinculante sobre la masa.
 ·
 La modificación propuesta no afectará a la
 posibilidad de que el síndico solicite la apertura de un procedimiento
 secundario cuando ello pudiera facilitar la administración de asuntos
 complejos, por ejemplo, cuando haya que despedir a un número considerable de
 empleados en el Estado en que esté situado el establecimiento. En tales casos,
 podría seguir siendo conveniente incoar un procedimiento local y designar un
 síndico local para garantizar una gestión eficiente del patrimonio del deudor.
 ·
 La propuesta obliga al tribunal ante el que se
 presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario a oír al
 síndico del procedimiento principal antes de tomar una decisión. Esta
 modificación tiene por objeto garantizar que el tribunal ante el que se
 presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario sea
 plenamente consciente de cualquier opción de rescate o reestructuración que
 esté considerando el síndico y esté en condiciones de evaluar correctamente las
 consecuencias de la apertura del procedimiento secundario. Esta obligación se
 complementa con el derecho del síndico a impugnar la decisión de apertura de un
 procedimiento secundario.
 ·
 La propuesta suprime el requisito vigente de
 que el procedimiento secundario deba ser un procedimiento de liquidación. Si se
 abre un procedimiento secundario, el tribunal competente podrá elegir entre
 todo el abanico de procedimientos existentes con arreglo a la legislación
 nacional, incluida la reestructuración. Esta modificación garantiza que la
 apertura de un procedimiento secundario no frustrará automáticamente el rescate
 o la reestructuración de un deudor, y debe entenderse sin perjuicio de las
 normas sobre la recuperación de ayudas estatales y la jurisprudencia del
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la recuperación cuando se trata
 de empresas insolventes[10].
 ·
 Además, la propuesta mejora la coordinación
 entre el procedimiento principal y el secundario al ampliar la obligación de
 cooperar, que actualmente solo se aplica a los síndicos, a los tribunales que
 intervienen en los procedimientos principales o secundarios. Por consiguiente,
 los tribunales tendrán la obligación de cooperar y comunicarse entre sí; los
 síndicos, por su parte, deberán cooperar y comunicarse con el tribunal del otro
 Estado miembro que participe en el procedimiento. La cooperación entre los
 tribunales mejorará la coordinación entre los procedimientos principales y
 secundarios lo que puede ser crucial para garantizar el éxito de la
 reestructuración, por ejemplo, cuando sea necesario aprobar un protocolo con un
 plan de rescate.
 3.1.4. Publicidad de los
 procedimientos de insolvencia y presentación de los créditos
 La propuesta establece la obligación de
 publicar un mínimo determinado de información sobre los procedimientos de
 insolvencia en un registro electrónico accesible al público de forma gratuita a
 través de internet. Esta obligación se refiere al tribunal que abre el
 procedimiento, la fecha de apertura y, para el procedimiento principal, la
 fecha de conclusión del procedimiento, el tipo de procedimiento, el deudor, el
 síndico designado, la decisión de abrir el procedimiento, así como la decisión
 de designación del síndico, en caso de ser diferente, y el plazo de
 presentación de los créditos. Habida cuenta de las disparidades existentes
 entre los sistemas jurídicos nacionales en cuanto a la publicación de los
 procedimientos de insolvencia y las diferentes necesidades de los acreedores, la
 obligación de publicar esta información se limita a las empresas, los
 trabajadores por cuenta propia y los profesionales independientes; no se
 extiende a los procedimientos de insolvencia referentes a los consumidores. La
 propuesta prevé la creación de un sistema para la interconexión de los
 registros nacionales al que se accederá a través del Portal Europeo de Justicia
 en línea (e-Justicia). La Comisión, mediante un acto de ejecución y basándose
 en la información que vaya a publicarse en los registros de insolvencia,
 determinará los criterios comunes mínimos para la consulta de los registros y
 la obtención de resultados. La interconexión de los registros nacionales
 garantizará que el tribunal que deba pronunciarse sobre una solicitud de abrir
 un procedimiento de insolvencia podrá determinar si ya han sido abiertos
 procedimientos referentes al mismo deudor en otro Estado miembro; también
 permitirá a los acreedores conocer la existencia de un procedimiento referente
 al mismo deudor y, si es así, las facultades que se hayan conferido al síndico,
 en su caso. Si el deudor es una empresa, los Estados miembros podrán basarse en
 las obligaciones derivadas de la Directiva 2012/17/UE, de 13 de junio de 2012,
 en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y
 de sociedades[11].
 No obstante, a efectos del presente Reglamento, la mera información de la apertura
 de un procedimiento es insuficiente a fines de coordinar los procedimientos de
 insolvencia transfronterizos y de permitir a los acreedores ejercer sus
 derechos en relación con los mismos.
 La propuesta facilita la presentación de
 los créditos por parte de los acreedores extranjeros, especialmente los
 pequeños acreedores y las PYME, de tres maneras. En primer lugar, prevé la
 introducción de dos formularios normalizados mediante un acto de ejecución, uno
 para enviar el anuncio de apertura a los acreedores y el otro para la
 presentación de los créditos. Estos formularios estarán disponibles en todas
 las lenguas oficiales de la Unión Europea, a fin de reducir los costes de
 traducción. En segundo lugar, la propuesta concede a los acreedores extranjeros
 al menos cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha de publicación del
 anuncio de apertura del procedimiento en el registro de insolvencia, para
 presentar sus créditos, con independencia de cualquier plazo más corto
 aplicable en virtud de la legislación nacional. Asimismo deberán ser informados
 si se impugnase su solicitud y deberá ofrecérseles la posibilidad de presentar
 nuevas pruebas en apoyo de sus alegaciones. Por último, no será obligatoria la
 representación legal para la presentación de créditos en una jurisdicción
 extranjera, lo que reducirá los costes para los acreedores.
 3.1.5. Insolvencia de los
 miembros de un grupo de empresas
 Aunque mantiene el enfoque individual
 (entidad por entidad) del Reglamento vigente, la propuesta establece un marco
 jurídico específico para tratar la insolvencia de los miembros de un grupo de
 empresas. Introduce la obligación de coordinar los procedimientos de insolvencia
 que afectan a los distintos miembros de un mismo grupo de empresas, obligando a
 los síndicos y a los tribunales de que se trate a cooperar entre sí de modo
 similar a como se propone en el contexto de los procedimientos principal y
 secundario. Esta cooperación podría adoptar diversas formas dependiendo de las
 circunstancias del asunto. En particular, los síndicos deben intercambiar la
 información pertinente y cooperar en la elaboración de un plan de
 reestructuración o de rescate cuando proceda. Se menciona explícitamente la
 posibilidad de cooperar a través de protocolos, con objeto de reconocer la
 importancia práctica de estos instrumentos y fomentar más su uso. En
 particular, los tribunales deberán colaborar mediante el intercambio de
 información y coordinando, cuando proceda, la designación de síndicos que
 puedan cooperar entre sí, así como autorizando los protocolos que le sean
 presentados por dichos síndicos.
 Además, la propuesta otorga a cada
 síndico legitimación en los procedimientos referentes a otro miembro del mismo
 grupo. El síndico tiene derecho, en particular, a ser oído en esos otros
 procedimientos, a solicitar la suspensión de los mismos y a proponer un plan de
 reestructuración tal que permita a la junta de acreedores o al tribunal correspondiente
 adoptar una decisión al respecto. El síndico también tendrá derecho a asistir a
 la junta de acreedores. Estos instrumentos procedimentales permitirán que el
 síndico que esté más interesado en llevar a cabo una reestructuración de todas
 las empresas afectadas presente oficialmente su plan de reorganización en el
 procedimiento contra un miembro del grupo de empresas, incluso si el síndico en
 ese procedimiento no está dispuesto a cooperar o se opone al plan.
 Al prever la coordinación de los distintos
 procedimientos relativos a empresas de un mismo grupo, la propuesta no pretende
 impedir la práctica actual respecto a los grupos de empresas con un elevado
 nivel de integración, consistente en determinar que el centro de los intereses
 principales de todos los miembros del grupo está ubicado en un mismo y único
 lugar y, por consiguiente, abrir el procedimiento en una única jurisdicción.
 3.2. Base jurídica
 La propuesta modifica el Reglamento
 1346/2000, basado en el artículo 61, letra c), y en el artículo 67,
 apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Desde la entrada
 en vigor del Tratado de Lisboa, la base jurídica correspondiente es el artículo
 81, apartado 2, letras a), c) y f), del Tratado de Funcionamiento de la Unión
 Europea.
 El título V de la tercera parte del
 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no es aplicable a Dinamarca en
 virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo a los Tratados. El
 título V tampoco es aplicable al Reino Unido ni a Irlanda, a menos que esos dos
 países decidan lo contrario, de conformidad con las disposiciones pertinentes
 del Protocolo sobre su posición respecto del espacio de libertad, seguridad y
 justicia. No obstante, en caso de que una propuesta de la Comisión modifique un
 acto vigente y el Reino Unido o Irlanda no ejerzan su facultad de participar en
 la medida de modificación, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá
 determinar que la no participación de uno de estos países en la versión
 modificada de la medida existente implica la inviabilidad de dicha medida para
 otros Estados miembros o para la Unión, en cuyo caso se ampliará el plazo para
 presentar la notificación. Si el país de que se trate no ha optado por
 participar en la medida al expirar el plazo ampliado, la medida vigente dejará
 de ser vinculante para él y dejará de aplicársele.
 3.3. Subsidiariedad y
 proporcionalidad
 Los diferentes elementos de la revisión
 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia expuestos más arriba cumplen
 los requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad. En lo que respecta a la
 subsidiariedad, los Estados miembros por sí solos no pueden introducir las
 modificaciones propuestas, ya que requieren la modificación de las normas
 vigentes del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia en lo que respecta
 al ámbito de aplicación, la competencia para incoar un procedimiento, las
 disposiciones relativas a los procedimientos secundarios, la publicación de las
 decisiones y la presentación de los créditos. La modificación del Reglamento
 exige, por definición, la intervención del legislador de la Unión. Si bien, en
 teoría, los Estados miembros por sí solos podrían crear registros de
 insolvencia electrónicos, la interconexión de dichos registros exige una acción
 a nivel de la Unión. Así pues, los objetivos de la acción propuesta –
 posibilitar la interconexión de los registros de insolvencia en toda la UE – no
 pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que
 pueden lograrse más adecuadamente mediante una acción a nivel de la Unión.
 En cuanto a la proporcionalidad, el
 contenido y la forma de la acción propuesta no excede de lo necesario para
 alcanzar los objetivos del Tratado. Es más, la evaluación de impacto adjunta a
 la propuesta demuestra que las ventajas de cada una de las modificaciones
 propuestas sobrepasan sus costes y que, por tanto, las medidas son
 proporcionadas.
 3.4. Repercusiones sobre los
 derechos fundamentales
 Tal como se establece detalladamente en
 la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta y de conformidad
 con la Estrategia de la Unión para la aplicación efectiva de la Carta de los
 Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todos los elementos de la
 modificación respetan los derechos reconocidos en dicha Carta. Las
 modificaciones mejorarán la situación de las personas afectadas por la
 insolvencia transfronteriza en lo que respecta a su derecho a la propiedad, la
 libertad de empresa y el derecho a trabajar, la libertad de circulación y de
 residencia, y el derecho a unos medios efectivos de recurso. La propuesta de
 crear registros electrónicos de insolvencia accesibles al público respeta el
 derecho a la protección de los datos personales de forma proporcional a los
 objetivos, ya que se establecerán medidas para garantizar el cumplimiento de lo
 dispuesto en la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de datos.
 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
 La propuesta tendrá una influencia
 limitada en el presupuesto de la UE. La aplicación informática para la
 interconexión de los registros de insolvencia ya ha sido desarrollada y se
 incluirá en el Portal de e-Justicia. Las repercusiones sobre el presupuesto de
 la UE en 2014-2020 se limitarán a los costes de incorporación y mantenimiento
 de esta aplicación. En total, el coste ascendería a 1 500 000 EUR
 para el periodo 2014-2020 y sería cubierto por la dotación financiera del
 futuro Programa de Justicia[12].
 2012/0360 (COD)
 Propuesta de
 REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
 DEL CONSEJO
 por el que se modifica el Reglamento
 (CE) no 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia
 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la
 Unión Europea y, en particular, su artículo 81,
 Vista la propuesta de la Comisión
 Europea,
 Previa transmisión del proyecto de acto
 legislativo a los parlamentos nacionales,
 Visto el dictamen del Comité Económico y
 Social Europeo[13],
 De conformidad con el procedimiento
 legislativo ordinario,
 Previa consulta al Supervisor Europeo de
 Protección de Datos[14],
 Considerando lo siguiente:
 (1) El Reglamento (CE) no
 1346/2000[15]
 instituyó un marco europeo para los procedimientos de insolvencia
 transfronterizos. Determina qué Estado miembro es competente para abrir un
 procedimiento de insolvencia, establece normas uniformes sobre la legislación
 aplicable y garantiza el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en
 materia de insolvencia, así como la coordinación de los procedimientos de
 insolvencia principales y secundarios.
 (2) El Informe de la
 Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000, de 12 de
 diciembre 2012[16],
 constata que el Reglamento funciona correctamente en general, pero que sería
 conveniente mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones con el fin de
 reforzar la administración efectiva de los procedimientos de insolvencia transfronterizos.
 (3) El ámbito de aplicación
 del Reglamento (CE) no 1346/2000 debe ampliarse a los procedimientos que
 promueven el rescate de un deudor viable desde el punto de vista económico a
 fin de ayudar a la supervivencia de las empresas sólidas y dar una segunda
 oportunidad a los emprendedores. En especial, debe ampliarse a los
 procedimientos que estén dirigidos a la reestructuración de un deudor en
 situación de preinsolvencia o que mantengan a la dirección existente. El
 Reglamento debe ampliarse también a aquellos procedimientos que prevean una
 condonación de la deuda de los consumidores y de los trabajadores por cuenta
 propia que no cumplen los criterios del instrumento actual.
 (4) Es necesario aclarar las
 normas relativas a la competencia jurisdiccional para abrir un procedimiento de
 insolvencia y mejorar el marco procedimental para determinarla. Asimismo deberá
 incluirse una norma explícita sobre la competencia para las acciones que se
 deriven directamente de los procedimientos de insolvencia o guarden inmediata
 relación con ellos.
 (5) A fin de hacer más
 eficaces los procedimientos de insolvencia en aquellos casos en que el deudor
 tenga un establecimiento en otro Estado miembro, hay que suprimir el requisito
 de que los procedimientos secundarios deban ser procedimientos de liquidación.
 Es más, un tribunal debe poder rechazar la apertura de un procedimiento
 secundario si ello no es necesario para proteger los intereses de los
 acreedores locales. Debe mejorarse la coordinación entre los procedimientos principales
 y secundarios, en particular exigiendo a los tribunales de que se trate que
 cooperen entre sí.
 (6) Con el fin de mejorar la
 información disponible para los acreedores y los tribunales de que se trate y
 de impedir la apertura de procedimientos de insolvencia paralelos, debe
 exigirse a los Estados miembros que publiquen las decisiones relativas a
 asuntos de insolvencia transfronterizos en un registro electrónico de acceso
 público. Debe preverse la interconexión de los registros de insolvencia. Hay
 que introducir formularios normalizados para la presentación de los créditos a
 fin de facilitar la labor de los acreedores extranjeros y reducir los costes de
 traducción.
 (7) Conviene establecer
 normas específicas para coordinar los procedimientos relativos a los distintos
 miembros de un mismo grupo de empresas. Los síndicos y tribunales que
 participen en los diferentes procedimientos de insolvencia estarán obligados a
 cooperar y comunicarse entre sí. Por añadidura, cada uno de los síndicos de que
 se trate deberá contar con los instrumentos procedimentales necesarios para
 proponer un plan de rescate del grupo de empresas sometido a procedimientos de
 insolvencia y para solicitar, en caso necesario, una suspensión de los
 procedimientos de insolvencia referentes a una empresa distinta de aquella para
 la que fue designado. La definición del término «grupo de empresas» deberá
 entenderse limitada al contexto de la insolvencia y no deberá afectar en modo
 alguno a los aspectos societarios que se refieren a los grupos.
 (8) A fin de poder adaptar
 rápidamente el Reglamento a las modificaciones pertinentes de las legislaciones
 nacionales sobre insolvencia notificadas por los Estados miembros, con arreglo
 al artículo 290 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea deberá
 delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos en lo que respecta a la
 modificación de los anexos. Es especialmente importante que la Comisión celebre
 las consultas que proceda, incluidas las consultas a expertos, durante los
 trabajos preparatorios. Al preparar y formular actos delegados, la Comisión
 deberá garantizar la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los
 documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.
 (9) Para garantizar unas
 condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000,
 deberán conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias
 se ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del
 Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen
 las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control
 por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
 ejecución por la Comisión[17].
 (10) Procede, pues, modificar
 en consecuencia el Reglamento (CE) no 1346/2000.
 (11) La modificación del
 Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas sobre la recuperación de las
 ayudas estatales cuando se trate de empresas insolventes, tal como lo
 interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
 (C-454/09, Comisión/Italia – New Interline). Cuando no sea posible
 recuperar la totalidad del importe de la ayuda estatal porque la orden de
 recuperación afecta a una empresa sometida a un procedimiento de insolvencia,
 dicho procedimiento deberá ser siempre un procedimiento de liquidación y dar
 lugar al cese definitivo de las actividades del beneficiario y a la liquidación
 de sus activos.
 (12) De conformidad con los
 artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda
 respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado de la
 Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino
 Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la
 aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el
 artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la
 adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su
 aplicación].
 (13) De conformidad con los
 artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado
 de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
 Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por lo tanto,
 no está vinculada a él ni sujeta a su aplicación.
 HAN ADOPTADO EL PRESENTE
 REGLAMENTO:
 Artículo 1
 El Reglamento (CE) no 1346/2000 del
 Consejo queda modificado como sigue:
 1)
 En el considerando 2, la referencia al
 artículo 65 se sustituye por una referencia al artículo 81.
 2)
 En los considerandos 3, 5, 8, 11, 12, 14 y 21,
 el término «Comunidad» se sustituye por el término «Unión» y los términos
 «comunitaria» y «comunitario» se sustituyen por los términos «de la Unión».
 3)
 El considerando 4 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(4) Para el buen funcionamiento del mercado
 interior es necesario evitar que las partes encuentren incentivos para
 transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, en busca de una
 posición jurídica más favorable en detrimento de la masa de acreedores
 (búsqueda de un foro de conveniencia).».
 4)
 El considerando 6 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(6) El presente Reglamento debe incluir
 disposiciones que regulen la competencia para la apertura de procedimientos de
 insolvencia y de procedimientos que se deriven directamente de dichos procedimientos
 y guarden inmediata relación con ellos. Asimismo, el presente Reglamento debe
 contener disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las
 resoluciones judiciales dictadas en dichos procedimientos, así como
 disposiciones relativas a la legislación aplicable a los procedimientos de
 insolvencia. Por añadidura, el presente Reglamento debe incluir normas sobre la
 coordinación de los procedimientos de insolvencia que se refieran a un mismo
 deudor o a varios miembros de un mismo grupo de empresas.».
 5)
 El considerando 7 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(7) Los procedimientos relativos a la
 liquidación de empresas insolventes o de otras personas jurídicas, los
 convenios entre quebrados y acreedores y los demás procedimientos análogos, así
 como las acciones relacionadas con estos procedimientos, están excluidos del
 ámbito de aplicación del Reglamento (CE) del Consejo no 44/2001, de 22 de
 diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
 ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[18]. Dichos
 procedimientos estarán cubiertos por el presente Reglamento. En la mayor medida
 posible, la interpretación de las disposiciones del presente Reglamento deberá
 evitar cualquier resquicio normativo entre ambos instrumentos.».
 6)
 El considerando 9 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(9) El presente Reglamento debe ser
 aplicable a los procedimientos de insolvencia que cumplan las condiciones
 establecidas en él, independientemente de que el deudor sea una persona física
 o jurídica, un comerciante o un particular. Tales procedimientos se enumeran de
 forma exhaustiva en el anexo A. Cuando un procedimiento nacional figure en el
 anexo A, el presente Reglamento se aplicará sin necesidad de examen ulterior
 alguno por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro acerca del
 cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Los
 procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de
 crédito, empresas de inversión en la medida en que estén cubiertas por la
 Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de
 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito
 (modificada)[19]
 y organismos de inversión colectiva deben estar excluidos del ámbito de
 aplicación del presente Reglamento. Dichos organismos no deberán estar
 contemplados en el presente Reglamento dado que están sujetos a regímenes
 especiales y que las autoridades nacionales de control disponen de amplias
 competencias de intervención.».
 7)
 Se añade el considerando 9bis
 siguiente:
 «(9bis) El ámbito de aplicación del
 presente Reglamento deberá incluir los procedimientos que promuevan el rescate
 de un deudor viable desde el punto de vista económico con el fin de ayudar a la
 supervivencia de las empresas sólidas y dar una segunda oportunidad a los
 emprendedores. En particular, deberá incluir los procedimientos que prevean la
 reestructuración de un deudor en situación de preinsolvencia, los
 procedimientos que mantengan a la dirección existente y los procedimientos que
 prevean una condonación de la deuda de los consumidores y de los trabajadores
 autónomos. Dado que estos procedimientos no implican necesariamente el
 nombramiento de un síndico, deberán estar cubiertos por el presente Reglamento
 si se efectúan bajo el control o la supervisión de un tribunal. En este
 contexto, el término «control» deberá incluir aquellas situaciones en las que
 el tribunal solo intervenga en caso de que un acreedor o una parte interesada
 interpongan un recurso.».
 8)
 El considerando 10 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(10) Los procedimientos de insolvencia no
 implican necesariamente la intervención de una autoridad judicial; el concepto
 de «tribunal» en el presente Reglamento debe entenderse en un sentido amplio y
 abarcar a la persona u órgano al que la legislación nacional confiera
 competencias para la apertura de procedimientos de insolvencia. En la
 aplicación del presente Reglamento, los procedimientos (que incluyen los actos
 y formalidades estipulados por ley) no solo deberán satisfacer las
 disposiciones del mismo, sino que también deberán estar reconocidos
 oficialmente y ser jurídicamente eficaces en el Estado miembro en el que se
 abra el procedimiento de insolvencia.».
 9)
 Se añade el considerando 12bis
 siguiente:
 «(12bis) Antes de abrir un
 procedimiento de insolvencia, el tribunal competente deberá examinar de oficio
 si el centro de intereses principales o el establecimiento del deudor están
 situados realmente en su jurisdicción. Cuando las circunstancias del asunto
 planteen dudas sobre la competencia del tribunal, este deberá exigir al deudor
 la presentación de pruebas adicionales que respalden sus declaraciones y, en su
 caso, ofrecer a los acreedores la posibilidad de presentar su opinión sobre la
 cuestión de la competencia jurisdiccional. Por añadidura, los acreedores
 deberán tener acceso a medios efectivos de recurso contra la decisión de abrir
 un procedimiento de insolvencia.».
 10)
 Se suprime el considerando 13.
 11)
 Se añaden los considerandos 13bis y 13ter
 siguientes:
 «(13bis) Se presumirá que el «centro
 de los intereses principales» de una empresa o de otro tipo de persona jurídica
 es el lugar en el que tiene su domicilio social. Será posible desvirtuar esta
 presunción cuando el lugar de la administración central de la empresa esté
 situado en un Estado miembro distinto de aquel en el que esté su domicilio
 social y una consideración de conjunto de todos los factores pertinentes
 establezca, de forma que pueda comprobarse por terceros, que el centro efectivo
 de dirección y control de dicha empresa y de la administración de sus intereses
 está situado en ese otro Estado miembro. Por el contrario, no será posible
 desvirtuar la presunción cuando los organismos encargados de la dirección y el
 control de una empresa se encuentren en el mismo lugar que su domicilio social
 y las decisiones de administración se tomen allí de forma que pueda comprobarse
 por terceros.
 (13ter) Los tribunales del Estado
 miembro en el que se abra un procedimiento de insolvencia también deberán ser
 competentes para las acciones que se deriven directamente de dicho
 procedimiento y que guarden inmediata relación con él, como las acciones
 revocatorias. Cuando una acción de este tipo guarde relación con otra acción
 basada en normas generales del Derecho civil y mercantil, el síndico deberá
 poder acumular ambas acciones ante los tribunales del lugar de domicilio del
 demandado si considera más eficaz hacerlo así. Así puede suceder, por ejemplo,
 si el síndico desea combinar una acción basada en la legislación en materia de
 insolvencia por la responsabilidad de un administrador con una acción basada en
 el Derecho de sociedades o en la legislación general en materia de
 responsabilidad civil.».
 12)
 Se añaden los considerandos 19bis y 19ter
 siguientes:
 «(19bis) Los procedimientos
 secundarios también pueden entorpecer la administración eficaz del patrimonio.
 En consecuencia, el tribunal que abra un procedimiento secundario deberá estar
 en condiciones, a petición del síndico, de aplazar o denegar dicha apertura si
 tal procedimiento no es necesario para proteger los intereses de los acreedores
 locales. Así puede suceder especialmente si el síndico, por un compromiso
 vinculante sobre la masa, acepta aplicar a los acreedores locales el mismo
 trato que si se hubiera abierto un procedimiento secundario y aplicar las
 normas de graduación del Estado miembro en el que se haya solicitado la
 apertura del procedimiento secundario al distribuir los bienes situados en
 dicho Estado miembro. El presente Reglamento deberá conferir al síndico la
 posibilidad de ofrecer tales compromisos.
 (19ter) A fin de garantizar una
 protección eficaz de los intereses locales, el síndico del procedimiento
 principal no deberá poder liquidar o desplazar de manera abusiva los activos
 situados en el Estado miembro en el que esté ubicado un establecimiento, en
 particular con objeto de frustrar la posibilidad de que se satisfagan
 efectivamente tales intereses si posteriormente se abriese un procedimiento
 secundario.».
 13)
 El considerando 20 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(20) El procedimiento principal y los
 procedimientos secundarios de insolvencia solo podrán contribuir a una
 liquidación eficiente del total de la masa si todos los procedimientos
 pendientes están coordinados. A este respecto, la condición esencial es la
 estrecha colaboración entre los diferentes síndicos y tribunales involucrados,
 que debe suponer, en particular, un intercambio suficiente de información. Para
 asegurar el papel predominante del procedimiento principal, debe ofrecerse al
 síndico de dicho procedimiento varias posibilidades de intervenir en los
 procedimientos de insolvencia secundarios que estén pendientes al mismo tiempo.
 En particular, el síndico debe poder proponer un plan de reestructuración o
 convenio, o bien solicitar el aplazamiento de la liquidación de la masa en el
 procedimiento secundario de insolvencia. Al cooperar, los síndicos y los
 tribunales deberán tener en cuenta las mejores prácticas de cooperación en asuntos
 de insolvencia transfronteriza establecidas en los principios y directrices
 sobre comunicación y cooperación adoptados por las asociaciones europeas e
 internacionales que trabajan en el ámbito de la legislación sobre
 insolvencia.».
 14)
 Se añaden los considerandos 20bis y 20ter
 siguientes:
 «(20bis) El presente Reglamento
 deberá garantizar la gestión eficiente de los procedimientos de insolvencia
 relativos a diferentes empresas que formen parte de un grupo de empresas.
 Cuando se abran procedimientos de insolvencia respecto a varias empresas de un
 mismo grupo, tales procedimientos deberán coordinarse adecuadamente. Así, debe
 imponerse a los diferentes síndicos y tribunales de que se trate la misma
 obligación de cooperar y comunicarse entre sí que a los síndicos y tribunales
 que intervienen en los procedimientos principales y secundarios referentes al
 mismo deudor. Por otra parte, en la medida en que la legislación nacional sobre
 insolvencia lo permita, el síndico designado en un procedimiento referente a un
 miembro de un grupo de empresas deberá poder proponer un plan de rescate en los
 procedimientos referentes a otro miembro del mismo grupo.
 (20ter) La introducción de normas
 sobre la insolvencia de grupos de empresas no debería limitar la posibilidad de
 que un tribunal abra procedimientos de insolvencia para varias empresas pertenecientes
 al mismo grupo en una jurisdicción única si considera que el centro de los
 intereses principales de estas empresas está situado en un único Estado
 miembro. En tales situaciones, el tribunal también debe poder designar, si
 procede, a un mismo síndico en todos los procedimientos de que se trate.».
 15)
 Se añade un nuevo considerando 21bis:
 «(21bis) Es esencial que los
 acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en la
 Unión sean informados de la apertura de un procedimiento de insolvencia
 referente a los activos de su deudor. A fin de garantizar una rápida
 transmisión de información a los acreedores, el Reglamento 1393/2007 del
 Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la
 notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y
 extrajudiciales en materia civil y mercantil[20],
 no será de aplicación cuando el presente Reglamento se refiera a la obligación
 de informar a los acreedores. El uso de formularios normalizados en todas las
 lenguas oficiales de la Unión debería facilitar a los acreedores la
 presentación de sus créditos en los procedimientos abiertos en otro Estado
 miembro.».
 16)
 El considerando 29 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(29) En interés de los flujos comerciales, el
 contenido esencial de la decisión de apertura de un procedimiento deberá
 publicarse en otro Estado miembro a petición del síndico. Si existe un
 establecimiento en el Estado de que se trate, dicha publicación será
 obligatoria hasta que se haya establecido el sistema de interconexión de los
 registros de insolvencia. No obstante, en ninguno de ambos casos la publicación
 será una condición para el reconocimiento del procedimiento en otro país.».
 17)
 Se añade el considerando 29bis
 siguiente:
 «(29bis) A fin de informar mejor a
 los acreedores y los tribunales de que se trate y de impedir la apertura de
 procedimientos de insolvencia paralelos, debe exigirse a los Estados miembros
 que publiquen la información pertinente sobre los asuntos de insolvencia
 transfronteriza en un registro electrónico de acceso público. Para facilitar el
 acceso de los acreedores y tribunales domiciliados o situados en otros Estados
 miembros a esa información, el presente Reglamento deberá prever la
 interconexión de los registros de insolvencia.».
 18)
 El considerando 31 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «(31) El presente Reglamento debe incluir
 anexos en los que se especifiquen, en particular, los procedimientos nacionales
 de insolvencia que quedan regulados por él. Con el fin de permitir adaptar
 rápidamente el Reglamento a las modificaciones pertinentes de la legislación
 nacional en materia de insolvencia de los Estados miembros, debe facultarse a
 la Comisión para adoptar modificaciones de los anexos mediante actos delegados,
 de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
 Europea. Antes de adoptar un acto delegado por el que se modifique la lista de
 procedimientos nacionales de los anexos, la Comisión deberá verificar si los
 procedimientos notificados satisfacen los criterios establecidos en el presente
 Reglamento. Al preparar y formular actos delegados, la Comisión deberá
 garantizar una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos
 pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.».
 19)
 Se añaden los considerandos 31bis, 31ter
 y 31quater siguientes:
 «(31bis) Para garantizar unas
 condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000,
 deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias se
 ejercerán de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento
 Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las
 normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por
 parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución
 por la Comisión[21].
 (31ter) El presente Reglamento
 respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la
 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, el
 presente Reglamento aspira a promover la aplicación de los artículos 8, 17 y 47
 de dicha Carta referentes, respectivamente, a la protección de los datos de
 carácter personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial
 efectiva y a un juez imparcial.
 (31quater) La Directiva 95/46/CE
 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
 tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[22], y el Reglamento
 (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las
 personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
 instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos
 datos[23],
 se aplican plenamente al tratamiento de los datos personales en el marco del
 presente Reglamento.».
 20)
 En el considerando 32, los términos «Tratado
 constitutivo de la Comunidad Europea» se sustituyen por los términos «Tratado
 de Funcionamiento de la Unión Europea».
 21)
 Los artículos 1 y 2 se sustituyen por el texto
 siguiente:
 «Artículo 1
 Ámbito de aplicación
 1. El presente Reglamento
 se aplicará a los procedimientos judiciales o administrativos colectivos,
 incluidos los procedimientos provisionales, fundados en la legislación en
 materia de insolvencia o reestructuración de la deuda y en los que, a efectos
 del rescate, la reestructuración de la deuda, la reorganización o la
 liquidación,
 a)
 se haya desapoderado al deudor total o
 parcialmente de sus bienes y se haya designado un síndico, o
 b)
 los activos y negocios del deudor estén
 sometidos a control o supervisión judicial.
 Los procedimientos a que hace referencia el
 presente apartado se enumerarán en el anexo A.
 2. El presente Reglamento
 no se aplicará a los procedimientos de insolvencia relativos a
 a)
 empresas de seguros,
 b)
 entidades de crédito,
 c)
 empresas de inversión en la medida en que
 estén cubiertas por la Directiva 2001/24/CE, modificada, ni a
 d)
 organismos de inversión colectiva.
 Artículo 2
 Definiciones
 A efectos del presente Reglamento, se
 entenderá por:
 a)
 «procedimientos de insolvencia»: los
 procedimientos enumerados en el anexo A;
 b)
 «síndico»:
 i) cualquier persona u órgano cuya
 función consista en administrar o liquidar la masa o supervisar la gestión de
 los negocios del deudor. En el anexo C figura la lista de dichas personas u
 órganos,
 ii) en aquellos asuntos que no
 impliquen el nombramiento de un síndico o la transferencia de las facultades
 del deudor a un síndico, el deudor no desapoderado;
 c)
 «tribunal»: en todos los artículos excepto en
 el artículo 3ter, apartado 2, el órgano judicial o cualquier otra
 autoridad competente de un Estado miembro habilitada para abrir un
 procedimiento de insolvencia, para confirmar dicha apertura o para adoptar
 decisiones en el curso del procedimiento;
 d)
 «resolución de apertura de un procedimiento de
 insolvencia»: incluye
 i) la decisión de cualquier tribunal
 de abrir un procedimiento de insolvencia o confirmar la apertura de dicho
 procedimiento, y
 ii) la decisión de un tribunal por la que
 se designa un síndico provisional;
 e)
 «momento de apertura del procedimiento»: el
 momento a partir del cual surte efectos la decisión de abrir un procedimiento
 de insolvencia, independientemente de que dicha decisión sea o no definitiva;
 f)
 «Estado miembro en el que se encuentre un
 bien»:
 i) para los bienes materiales, el
 Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien,
 ii) para los bienes y derechos cuya
 propiedad o titularidad deba inscribirse en un registro público: el Estado
 miembro bajo cuya autoridad se lleve dicho registro,
 iii) para las acciones nominativas de
 empresas, el Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio social la
 empresa emisora,
 iv) para los instrumentos financieros
 cuya titularidad esté legitimada por anotaciones en un registro o cuenta
 mantenidos por un intermediario o en nombre suyo («anotaciones en cuenta»), el
 Estado miembro en el que se lleve el registro o cuenta en la que se efectúan
 las anotaciones,
 v) para el efectivo en cuenta en una
 entidad de crédito, el Estado miembro indicado en el IBAN de la cuenta,
 vi) para los créditos frente a terceros
 distintos de los relativos a los activos a que se refiere el inciso v), el
 Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de los intereses
 principales del tercero, tal como se determina en el artículo 3, apartado 1;
 g)
 «establecimiento»: todo lugar de operaciones
 en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con
 medios humanos y activos;
 h)
 «acreedor local»: todo acreedor cuyos créditos
 frente al deudor surjan de la explotación de un establecimiento situado en un
 Estado miembro distinto de aquel en el que el deudor tenga su centro de
 intereses principales;
 i)
 «grupo de empresas»: una serie de empresas que
 comprenda una empresa matriz y empresas filiales;
 j)
 «empresa matriz»: una empresa que
 i) controle la mayoría de los
 derechos de voto de los accionistas o de los socios de otra empresa (la
 «filial»), o
 ii) sea accionista o asociada de la
 filial y tenga derecho a
 aa) nombrar o revocar a la mayoría de
 los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de dicha
 filial, o
 bb) ejercer una influencia dominante
 sobre la filial en virtud de un contrato celebrado con ella o de cláusulas
 estatutarias de esta empresa.».
 22)
 En el artículo 3, los apartados 1 y 3 se
 sustituyen por el texto siguiente:
 «1. Tendrán competencia para
 abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo
 territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor
 («procedimiento principal»). El centro de los intereses principales será el
 lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual la administración de
 sus intereses de forma que pueda comprobarse por terceros.
 Respecto de las sociedades y personas
 jurídicas, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo
 prueba en contrario, el lugar de su domicilio social.
 Respecto de un particular que ejerza una
 actividad mercantil o profesional independiente, el centro de sus intereses
 principales será su centro de actividad principal; respecto a cualquier otro
 particular, el centro de sus intereses principales será su lugar de residencia
 habitual.
 3. Cuando se haya abierto
 un procedimiento de insolvencia en aplicación del apartado 1, cualquier otro
 procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad en aplicación del
 apartado 2 será un procedimiento secundario. En tal caso, el momento adecuado
 para evaluar si el deudor posee un establecimiento en el territorio de otro
 Estado miembro será la fecha de apertura del procedimiento principal.».
 23)
 Se añaden los artículos 3bis y 3ter
 siguientes:
 «Artículo
 3bis
 Competencia
 para las acciones conexas
 1. Los tribunales del Estado miembro en
 cuyo territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación
 del artículo 3, serán competentes para cualquier acción que se derive
 directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una relación estrecha
 con él.
 2. Si una acción como la
 mencionada en el apartado 1 es una acción conexa con una acción en materia
 civil y mercantil interpuesta contra el mismo demandado, el síndico podrá
 promover ambas acciones ante los tribunales del Estado miembro en cuyo
 territorio estuviere domiciliado el demandado o, en caso de que la acción se
 interpusiera contra varios demandados, ante los tribunales del Estado en cuyo
 territorio estuviere domiciliado alguno de ellos, siempre que ese tribunal sea
 competente con arreglo a las normas establecidas por el Reglamento (CE)
 no 44/2001.
 3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente
 artículo, las acciones vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que
 sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar
 resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados
 separadamente.
 Artículo
 3ter
 Comprobación
 de la competencia; derecho de recurso
 1. El tribunal que reciba
 una solicitud de abrir un procedimiento de insolvencia examinará de oficio si
 es competente de conformidad con el artículo 3. La decisión de apertura
 especificará los motivos sobre los que se fundamenta la competencia del
 tribunal y, en particular, si se fundamenta en el artículo 3, apartados 1 o 2.
 2. Cuando se abra un
 procedimiento de insolvencia con arreglo a la legislación nacional sin una
 decisión de un tribunal, el síndico designado en el procedimiento examinará si
 el Estado miembro en el que esté en curso el procedimiento es competente con
 arreglo al artículo 3. En caso afirmativo, el síndico especificará los motivos
 sobre los que se fundamenta la competencia y, en particular, si se fundamenta
 en el artículo 3, apartados 1 o 2.
 3. Todo acreedor o parte
 interesada que tenga su residencia habitual, domicilio o domicilio social en un
 Estado miembro distinto del Estado en el que se haya abierto el procedimiento,
 tendrá derecho a impugnar la decisión de apertura de un procedimiento
 principal. El tribunal que haya abierto el procedimiento principal o el síndico
 deberán comunicar la decisión a esos acreedores, en la medida en que se tenga
 conocimiento de ellos, con la suficiente antelación a fin de que puedan
 impugnarla.».
 24)
 En el artículo 4, apartado 2, la letra m) se
 sustituye por el texto siguiente:
 «m) las normas relativas a la nulidad,
 anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para la masa de
 acreedores.».
 25)
 Se inserta el artículo 6bis siguiente:
 «Artículo 6bis
 Acuerdos de compensación
 Los acuerdos de compensación se regirán
 exclusivamente por la ley aplicable al contrato que rija dichos acuerdos.».
 26)
 Se inserta el artículo 10bis siguiente:
 «Artículo 10bis
 Requisitos de
 autorización con arreglo a la legislación local
 Si la legislación del Estado miembro que
 regula los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los contratos
 mencionados en los artículos 8 y 10 establece que un contrato solo puede darse
 por rescindido o modificarse con la autorización del tribunal que incoó el
 procedimiento de insolvencia, pero no se ha abierto un procedimiento de
 insolvencia en dicho Estado miembro, el tribunal que haya abierto el
 procedimiento de insolvencia será competente para autorizar la rescisión o la
 modificación de esos contratos.».
 27)
 El artículo 15 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 15
 Efectos del
 procedimiento de insolvencia sobre acciones o procedimientos arbitrales en
 curso
 Los efectos del procedimiento de
 insolvencia sobre otras acciones o procedimientos arbitrales en curso en
 relación con un activo o un derecho de la masa se regirán exclusivamente por la
 ley del Estado miembro en el que esté en curso dicha acción o en el que tenga
 lugar el procedimiento arbitral.».
 28)
 El artículo 18 queda modificado como sigue:
 a)
 El artículo 18, apartado 1, se sustituye por
 el texto siguiente:
 1. El síndico designado por
 un tribunal competente en virtud del artículo 3, apartado 1, podrá ejercer en
 el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido
 conferidos por la ley del Estado de apertura del procedimiento en la medida en
 que no haya sido abierto otro procedimiento de insolvencia ni se haya adoptado
 medida cautelar contraria alguna como consecuencia de una solicitud de apertura
 de un procedimiento de insolvencia en ese Estado. Sin perjuicio de lo dispuesto
 en los artículos 5 y 7 podrá, en particular, trasladar los activos del deudor
 fuera del territorio del Estado miembro en que se encuentren. Asimismo podrá
 ofrecer el compromiso de que los derechos de distribución y prioridad de que
 habrían gozado los acreedores locales si se hubiera abierto un procedimiento
 secundario se respetarán en el procedimiento principal. Dicho compromiso estará
 sujeto a los requisitos formales, si los hubiera, del Estado de apertura del
 procedimiento principal y será exigible y vinculante con respecto a la masa.».
 b)
 En el apartado 3, la última frase se sustituye
 por el texto siguiente:
 «Dichos poderes no incluyen el uso de medios
 de apremio, a no ser que hayan sido dictados por un tribunal, ni la facultad de
 pronunciarse sobre litigios o controversias.».
 29)
 Se insertan los artículos 20bis, 20ter, 20quater
 y 20quinquies siguientes:
 «Artículo 20bis
 Creación de registros de
 insolvencia
 Los Estados miembros deberán crear y mantener
 en su territorio uno o varios registros en los que la siguiente información
 será accesible de forma gratuita en internet («registros de insolvencia»):
 a)
 la fecha de apertura del procedimiento de
 insolvencia;
 b)
 el tribunal que abra un procedimiento de
 insolvencia, y el número de referencia del asunto, si lo hubiera;
 c)
 el tipo de procedimiento de insolvencia
 abierto;
 d)
 el nombre y la dirección del deudor;
 e)
 el nombre y la dirección del síndico designado
 en el procedimiento, si lo hubiera;
 f)
 el plazo de presentación de los créditos;
 g)
 la decisión de abrir un procedimiento de
 insolvencia;
 h)
 la decisión de designación del síndico, si es
 diferente de la decisión a que se refiere la letra g) del presente apartado;
 i)
 la fecha de conclusión del procedimiento principal.
 Artículo 20ter
 Interconexión de los
 registros de insolvencia
 1. La Comisión establecerá,
 mediante un acto de ejecución, un sistema descentralizado para la interconexión
 de los registros de insolvencia . El sistema estará compuesto por los registros
 de insolvencia y el Portal Europeo de e-Justicia, que actuará como punto
 central de acceso electrónico público a la información del sistema. El sistema
 deberá ofrecer un servicio de búsqueda en todas las lenguas oficiales de la
 Unión, con el fin de poner a disposición la información contemplada en el
 artículo 20bis.
 2. Mediante un acto de
 ejecución con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 45ter,
 apartado 3, la Comisión adoptará de aquí a ... ... ... [36 meses después de la
 entrada en vigor del Reglamento] las disposiciones siguientes:
 –
 las especificaciones técnicas en las que se
 definan los métodos de comunicación y de intercambio de información por medios
 electrónicos sobre la base de las especificaciones de interfaz para el sistema
 de interconexión de los registros de insolvencia;
 –
 las medidas técnicas que garanticen las normas
 mínimas en materia de seguridad informática para la comunicación y distribución
 de información en el contexto del sistema de interconexión de los registros de
 insolvencia;
 –
 los criterios mínimos para el servicio de
 búsqueda facilitado por el Portal Europeo de e-Justicia basados en la
 información establecida en el artículo 20bis;
 –
 los criterios mínimos para la presentación de
 los resultados de las búsquedas basados en la información establecida en el
 artículo 20bis;
 –
 las modalidades y las condiciones técnicas de
 disponibilidad de los servicios facilitados por el sistema de interconexión; y
 –
 un glosario con una explicación básica de los
 procedimientos nacionales de insolvencia que figuren en el anexo A.
 Artículo 20quater
 Coste del
 establecimiento y la interconexión de los registros de insolvencia
 1. El establecimiento y el
 desarrollo futuro del sistema de interconexión de los registros de insolvencia
 se financiarán con cargo al presupuesto general de la Unión.
 2. Cada Estado miembro se
 hará cargo de los costes de adaptar sus registros nacionales de insolvencia
 para hacerlos interoperativos con el Portal Europeo de e-Justicia, así como de
 los costes de gestión, funcionamiento y mantenimiento de los mismos.
 Artículo 20quinquies
 Registro de los
 procedimientos de insolvencia
 Cuando se abra un procedimiento principal
 o secundario en relación con una empresa, una persona jurídica o un particular
 que ejerza una actividad mercantil o profesional independiente, el tribunal que
 abra el procedimiento se asegurará de que la información mencionada en el
 artículo 20bis se publique inmediatamente en el registro de insolvencia
 del Estado de apertura.».
 30)
 Los artículos 21 y 22 se sustituyen por el texto
 siguiente:
 «Artículo 21
 Publicación en otro
 Estado miembro
 1. Hasta que se establezca
 el sistema de interconexión de los registros de insolvencia mencionado en el
 artículo 20ter, el síndico deberá solicitar que la decisión de apertura del
 procedimiento de insolvencia, y, en su caso, la decisión de su designación, se
 publiquen en cualquier otro Estado miembro en el que exista un establecimiento
 del deudor, con arreglo a los procedimientos de publicación previstos en el
 Estado de que se trate. En estas publicaciones se especificará el síndico
 designado y se precisará si la norma de competencia aplicada es la del artículo
 3, apartado 1, o la del artículo 3, apartado 2.
 2. El síndico podrá
 solicitar que la información a que se refiere el párrafo primero del presente
 artículo se publique en cualquier otro Estado miembro en el que existan activos
 o acreedores del deudor con arreglo a los procedimientos previstos en dicho
 Estado.».
 31)
 El artículo 22 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 22
 Inscripción en un
 registro público de otro Estado miembro
 Hasta que se establezca el sistema de
 interconexión de los registros de insolvencia mencionado en el artículo 20ter,
 el síndico deberá solicitar que las decisiones contempladas en el artículo 21
 se publiquen en el registro de la propiedad, el registro mercantil o cualquier
 otro registro público de cualquier otro Estado miembro en el que esté situado
 un establecimiento del deudor y ese establecimiento haya sido inscrito en un
 registro público de dicho Estado miembro. El síndico podrá solicitar dicha
 publicación en cualquier otro Estado miembro.».
 32)
 El artículo 25 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 25
 Reconocimiento y
 carácter ejecutorio de otras resoluciones
 1. Las resoluciones
 relativas al desarrollo y la conclusión de un procedimiento de insolvencia
 dictadas por el tribunal cuya resolución de apertura deba reconocerse en virtud
 del artículo 16, y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerán
 asimismo de pleno derecho. Tales resoluciones se ejecutarán con arreglo a los
 artículos 32 a 56, con excepción del artículo 34, apartado 2, del Reglamento
 (CE) no 44/2001.
 Lo dispuesto en el párrafo primero se
 aplicará asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro tribunal,
 que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y que guarden
 inmediata relación con este.
 Lo dispuesto en el párrafo primero se
 aplicará asimismo a las resoluciones relativas a las medidas cautelares
 adoptadas tras la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o en
 relación con ella.
 2. El reconocimiento y la
 ejecución de las resoluciones distintas de las contempladas en el apartado 1 se
 regirán por el Reglamento contemplado en el apartado 1, en la medida en que sea
 aplicable dicho Reglamento.».
 33)
 El artículo 27 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 27
 Apertura
 Cuando el procedimiento principal haya sido
 abierto por un tribunal de un Estado miembro y haya sido reconocido en otro
 Estado miembro, un tribunal de otro Estado miembro que sea competente en virtud
 del artículo 3, apartado 2, podrá abrir un procedimiento de insolvencia
 secundario de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente
 capítulo. Los efectos del procedimiento secundario se limitarán a los activos
 del deudor situados en el territorio del Estado miembro en el que se haya
 abierto dicho procedimiento.».
 34)
 Se inserta el artículo 29bis siguiente:
 «Artículo 29bis
 Decisión de abrir un
 procedimiento secundario
 1. El tribunal al que se
 presente una solicitud de apertura de un procedimiento secundario lo comunicará
 inmediatamente al síndico del procedimiento principal y le ofrecerá la
 oportunidad de ser oído al respecto.
 2. A petición del síndico
 del procedimiento principal, el tribunal a que se refiere el apartado 1
 aplazará la decisión de abrir un procedimiento secundario o denegará dicha
 apertura si no es necesaria para proteger los intereses de los acreedores
 locales, en particular si el síndico del procedimiento principal ha ofrecido el
 compromiso a que se refiere el artículo 18, apartado 1, y cumple las
 condiciones del mismo.
 3. Al decidir la
 conveniencia de abrir un procedimiento secundario, el tribunal a que se refiere
 el apartado 1 abrirá, con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, el tipo
 de procedimiento que sea más adecuado habida cuenta de los intereses de los
 acreedores locales, con independencia de si se cumple alguna de las condiciones
 relativas a la solvencia del deudor.
 4. El síndico del
 procedimiento principal deberá ser informado de la decisión de abrir un
 procedimiento secundario y tendrá derecho a impugnarla.».
 35)
 El artículo 31 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 31
 Cooperación y
 comunicación entre síndicos
 1. El síndico del
 procedimiento principal y los síndicos de los procedimientos secundarios
 cooperarán entre sí en la medida en que dicha cooperación no sea incompatible
 con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos. Dicha cooperación
 podrá adoptar la forma de acuerdos o protocolos.
 2. En particular, los
 síndicos deberán:
 a)
 comunicarse sin demora toda información que
 pueda resultar útil para el otro procedimiento, en especial el estado de la
 presentación y verificación de los créditos y todas las medidas destinadas al
 rescate o la reestructuración del deudor o a la conclusión de los
 procedimientos, siempre que se adopten las medidas oportunas para proteger la
 información confidencial;
 b)
 estudiar la posibilidad de reestructuración
 del deudor y, si existe tal posibilidad, coordinar la elaboración y la
 aplicación de un plan de reestructuración;
 c)
 coordinar la administración de la liquidación
 o la utilización de los activos y negocios del deudor; el síndico del
 procedimiento secundario deberá ofrecer al síndico del procedimiento principal
 la posibilidad de presentar, con tiempo suficiente, propuestas relativas a la
 liquidación o a cualquier otra utilización de los activos del procedimiento
 secundario.».
 36)
 Se insertan los artículos 31bis y
 31ter siguientes:
 «Artículo 31bis
 Cooperación y
 comunicación entre tribunales
 1. A fin de facilitar la coordinación
 entre los procedimientos de insolvencia principales y secundarios referentes a
 un mismo deudor, el tribunal que haya recibido una solicitud de apertura de un
 procedimiento de insolvencia o que haya abierto tal procedimiento deberá
 cooperar con cualquier otro tribunal ante el que se haya presentado un
 procedimiento de insolvencia o que haya abierto tales procedimientos en la
 medida en que dicha cooperación no sea incompatible con las normas aplicables a
 cada uno de los procedimientos. Con este fin, los tribunales podrán designar,
 cuando proceda, a una persona u órgano que actúe siguiendo sus instrucciones.
 2. Los tribunales a que
 hace referencia el apartado 1 podrán comunicarse directamente entre sí, o
 solicitarse mutuamente información o asistencia directamente, siempre que dicha
 comunicación sea gratuita y respete los derechos procesales de las partes en
 los procedimientos y el carácter confidencial de la información.
 3. La cooperación podrá
 llevarse a cabo por cualquier medio adecuado, como
 a)
 la comunicación de información por cualquier
 medio que el tribunal considere oportuno;
 b)
 la coordinación de la administración y
 supervisión de los activos y negocios del deudor;
 c)
 la coordinación de la celebración de las
 vistas;
 d)
 la coordinación para la aprobación de los
 protocolos.
 Artículo 31ter
 Cooperación y
 comunicación entre síndicos y tribunales
 1. A fin de facilitar la
 coordinación de los procedimientos de insolvencia principal y secundario
 referentes al mismo deudor,
 a)
 el síndico del procedimiento principal deberá
 cooperar y comunicarse con cualquier tribunal que haya recibido una solicitud
 de abrir un procedimiento secundario o que haya abierto tal procedimiento, y
 b)
 el síndico del procedimiento de insolvencia
 secundario o territorial deberá cooperar y comunicarse con el tribunal que haya
 recibido una solicitud de abrir un procedimiento principal o que haya abierto
 tal procedimiento.
 2. La cooperación a que se
 refiere el apartado 1 se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, incluidos
 los medios establecidos en el artículo 31bis, apartado 3, en la medida
 en que no sean incompatibles con la normativa aplicable a cada uno de los
 procedimientos.».
 37)
 El artículo 33 queda modificado como sigue:
 a)
 El título se sustituye por el texto siguiente:
 «Suspensión
 del procedimiento»
 b)
 En los apartados 1 y 2, los términos «las
 operaciones de liquidación» y «la liquidación» se sustituyen por «los
 procedimientos».
 38)
 El artículo 34 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 34
 Conclusión de los
 procedimientos de insolvencia principales o secundarios
 1. La conclusión del
 procedimiento principal no impedirá la continuación de los procedimientos
 secundarios que sigan abiertos en ese momento.
 2. Cuando se haya abierto
 un procedimiento secundario referente a una persona jurídica en el Estado
 miembro en que se encuentre su sede y la conclusión de dicho procedimiento
 implique la disolución de la persona jurídica, esta disolución no impedirá la
 continuación del procedimiento principal que se hubiera abierto en otro Estado
 miembro.».
 39)
 En el artículo 35, el término «liquidación» se
 sustituye por el término «realización».
 40)
 El artículo 37 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 37
 Conversión del
 procedimiento anterior
 El síndico del procedimiento principal podrá
 pedir al tribunal del Estado miembro en que se haya abierto un procedimiento
 secundario que ordene la conversión del procedimiento secundario en otro tipo
 de procedimiento de insolvencia existente en virtud de la legislación de ese
 Estado miembro.».
 41)
 El artículo 39 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 39
 Derecho a presentar los
 créditos
 Los acreedores que tengan su residencia
 habitual, su domicilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en el
 que se haya abierto el procedimiento, incluidos las autoridades fiscales y los
 organismos de la seguridad social de los Estados miembros, («acreedores
 extranjeros») tendrán derecho a presentar sus créditos en el procedimiento de
 insolvencia por cualquier medio de comunicación, incluidos los medios
 electrónicos, aceptado por la legislación del Estado de apertura. Para la
 presentación de los créditos no será obligatoria la representación legal.».
 42)
 El artículo 40 queda modificado como sigue:
 a)
 En el apartado 2, se añade la frase siguiente:
 «La nota incluirá asimismo una copia del formulario
 armonizado para la presentación de los créditos a que se refiere el artículo 41
 o un enlace a dicho formulario en internet.».
 b)
 Se añade el apartado 3 siguiente:
 «3. La información
 mencionada en el presente artículo se facilitará empleando el formulario
 normalizado de nota que se establecerá de conformidad con el procedimiento
 consultivo contemplado en el artículo 45ter, apartado 4, y que se
 publicará en el Portal Europeo de e-Justicia antes de ... [veinticuatro (24) meses
 después de la entrada en vigor del Reglamento]. Dicho formulario llevará el
 encabezamiento «Anuncio de procedimiento de insolvencia» en todas las lenguas
 oficiales de la Unión. Se transmitirá en la lengua oficial o en una de las
 lenguas oficiales del Estado de apertura o en otra lengua que dicho Estado
 miembro haya indicado que puede aceptar, de conformidad con lo dispuesto en el
 artículo 41, apartado 3, si puede presumirse que dicha lengua será más fácil de
 comprender para los acreedores extranjeros.».
 43)
 El artículo 41 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 41
 Procedimiento para la
 presentación de créditos
 1. Todo acreedor extranjero
 conocido deberá presentar sus créditos utilizando el formulario armonizado para
 la presentación de los créditos que se establecerá de conformidad con el
 procedimiento consultivo contemplado en el artículo 45ter, apartado 4, y
 que se publicará en el Portal Europeo de e-Justicia antes de [24 meses después
 de la entrada en vigor del Reglamento]. El formulario deberá llevar el
 encabezamiento «Presentación de créditos» en todas las lenguas oficiales de la
 Unión.
 2. En el formulario
 armonizado para la presentación de créditos, el acreedor a que se refiere el
 apartado 1 deberá indicar:
 a)
 su nombre y dirección;
 b)
 la naturaleza del crédito;
 c)
 el importe del crédito y la fecha de su
 nacimiento;
 d)
 si se solicita la condición de acreedor
 privilegiado;
 e)
 si reivindica para el crédito una garantía
 real o una reserva del derecho de propiedad y, en caso afirmativo, cuáles son
 los bienes cubiertos por el derecho de garantía que alega; y
 f)
 si pide una compensación y si se ha deducido
 ya la compensación del importe solicitado.
 El formulario armonizado para la presentación
 de los créditos deberá ir acompañado de copias de los justificantes, si los
 hubiera.
 3. Los créditos podrán presentarse
 en cualquier lengua oficial de la Unión. Podrá exigirse al acreedor una
 traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de
 apertura o a otra lengua que dicho Estado miembro haya aceptado. Cada Estado
 miembro deberá indicar al menos una de las lenguas oficiales de la Unión
 Europea distinta de las propias que acepta a efectos de la presentación de los
 créditos.
 4. Los créditos deberán
 presentarse en el plazo estipulado por la legislación del Estado de apertura
 del procedimiento de insolvencia. En el caso de un acreedor extranjero, dicho
 plazo no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) días a partir de la
 publicación de la apertura del procedimiento en el registro de insolvencia del
 Estado de apertura.
 5. Si el síndico impugna un
 crédito presentado de conformidad con el presente artículo, deberá ofrecer al
 acreedor la oportunidad de proporcionar pruebas adicionales sobre la existencia
 y el importe del crédito.».
 44)
 Se suprime el artículo 42.
 45)
 Se añade el capítulo IVbis siguiente:
 «CAPÍTULO
 IVbis
 INSOLVENCIA DE LOS MIEMBROS DE UN GRUPO DE EMPRESAS
 Artículo 42bis
 Obligaciones de
 información y cooperación entre los síndicos
 1. Cuando un procedimiento
 de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de empresas, el
 síndico designado en el procedimiento referente a un miembro del grupo deberá
 cooperar con los síndicos designados en cualquier otro procedimiento referente
 a otro miembro del mismo grupo en la medida en que tal cooperación sea
 conveniente para facilitar la administración efectiva de los procedimientos, no
 sea incompatible con las normas aplicables a los mismos y no suponga a un
 conflicto de intereses. Dicha cooperación podrá adoptar la forma de acuerdos o
 protocolos.
 2. En el ejercicio de la
 cooperación contemplada en el apartado 1, los síndicos deberán:
 a)
 comunicarse mutuamente sin demora cualquier
 información que pueda resultar útil para el otro procedimiento, siempre que se
 adopten las medidas oportunas para proteger la información confidencial;
 b)
 analizar las posibilidades de reestructuración
 del grupo y, en su caso, coordinarse respecto a la propuesta y la negociación
 de un plan de reestructuración coordinado;
 c)
 coordinar la gestión y la supervisión de las
 actividades de los miembros del grupo sometidos a un procedimiento de
 insolvencia.
 Los síndicos podrán acordar conceder
 facultades adicionales al síndico designado en uno de los procedimientos cuando
 las normas aplicables a cada uno de los procedimientos así lo permitan.
 Artículo 42ter
 Comunicación y
 cooperación entre tribunales
 1. Cuando un procedimiento
 de insolvencia se refiera a dos o más miembros de un grupo de empresas, el
 tribunal al que se haya solicitado la apertura de un procedimiento contra un
 miembro del grupo, o que haya abierto dicho procedimiento, deberá cooperar con
 cualquier otro tribunal ante el cual se haya presentado una solicitud de abrir
 un procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo, o que haya abierto
 dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar
 la administración efectiva de los procedimientos y no sea incompatible con las
 normas aplicables a los mismos. Con este fin, los tribunales podrán designar,
 cuando proceda, a una persona u órgano que actúe siguiendo sus instrucciones.
 2. Los tribunales a que se
 refiere el apartado 1 podrán comunicarse directamente entre sí o solicitarse
 información o asistencia directamente entre sí.
 3. La cooperación se
 llevará a cabo por cualquier medio adecuado, incluyendo:
 a)
 la comunicación de información por cualquier
 medio que el tribunal considere adecuado, siempre que dicha comunicación sea
 gratuita y respete los derechos procesales de las partes en el procedimiento y
 la confidencialidad de la información;
 b)
 la coordinación de la administración y
 supervisión de los activos y negocios de los miembros del grupo;
 c)
 la coordinación de la celebración de las
 vistas;
 d)
 la coordinación en la aprobación de
 protocolos.
 Artículo 42quater
 Cooperación y
 comunicación entre síndicos y tribunales
 El síndico designado en un procedimiento de
 insolvencia referente a un miembro de un grupo de empresas deberá cooperar y
 comunicarse con cualquier tribunal ante el cual se haya presentado una
 solicitud de abrir un procedimiento referente a otro miembro del mismo grupo, o
 que haya abierto dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea
 conveniente para facilitar la coordinación de los procedimientos y no sea
 incompatible con las normas aplicables a los mismos. En particular, el síndico
 podrá solicitar a ese tribunal información sobre los procedimientos referentes
 a los demás miembros del grupo o solicitar asistencia respecto del
 procedimiento para el que haya sido designado.
 Artículo 42quinquies
 Facultades de los
 síndicos y suspensión del procedimiento
 1. El síndico designado en
 un procedimiento de insolvencia abierto con respecto a un miembro de un grupo
 de empresas tendrá derecho a:
 a)
 ser oído y participar, en particular formando
 parte de una junta de acreedores, en cualquiera de los procedimientos abiertos
 respecto a cualquier otro miembro del mismo grupo;
 b)
 solicitar una suspensión de los procedimientos
 abiertos con respecto a cualquier otro miembro del mismo grupo;
 c)
 proponer un plan de recuperación, un convenio,
 o una medida comparable para todos o algunos de los miembros del grupo
 sometidos a procedimientos de insolvencia e introducirlo en cualquiera de los
 procedimientos abiertos con respecto a otro miembro del mismo grupo, de
 conformidad con la legislación aplicable a dichos procedimientos; y
 d)
 solicitar cualquier medida procesal adicional
 en virtud de la legislación mencionada en la letra c) que pudiera ser necesaria
 para promover el rescate, incluida la conversión de los procedimientos.
 2. El tribunal que haya
 abierto un procedimiento contemplado en el apartado 1, letra b), deberá
 suspenderlo en su totalidad o en parte si se demuestra que dicha suspensión
 beneficiaría a los acreedores en ese procedimiento. La suspensión podrá
 ordenarse por un máximo de tres meses y podrá prorrogarse o renovarse por el
 mismo período. El tribunal que ordene la suspensión podrá exigir al síndico que
 tome cualquier medida conveniente para garantizar los intereses de los
 acreedores en el procedimiento.».
 46)
 Se inserta el artículo 44bis siguiente:
 «Artículo 44bis
 Información sobre las
 legislaciones nacionales en materia de insolvencia
 1. En el marco de la Red
 Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión del
 Consejo 2001/470/CE[24],
 los Estados miembros facilitarán una descripción de su legislación y sus
 procedimientos nacionales en materia de insolvencia, en particular en lo que
 respecta a las cuestiones enumeradas en el artículo 4, apartado 2, a fin de
 hacer pública la información.
 2. Los Estados miembros
 actualizarán dicha información regularmente.».
 47)
 El artículo 45 se sustituye por el texto
 siguiente:
 «Artículo 45
 Modificación de los
 anexos
 1. La Comisión estará
 facultada para adoptar actos delegados a fin de modificar los anexos A y C de
 conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo y en el
 artículo 45bis.
 2. Para modificar el anexo
 A, los Estados miembros notificarán a la Comisión las normas nacionales sobre
 procedimientos de insolvencia que deseen se incluyan en el mismo, acompañadas
 de una breve descripción. La Comisión comprobará que las normas notificadas se
 ajustan a las condiciones establecidas en el artículo 1 y, en caso afirmativo,
 modificará el anexo A mediante un acto delegado.».
 48)
 Se insertan los artículos 45bis y
 45ter siguientes:
 «Artículo 45bis
 Ejercicio de la
 delegación
 1. Se
 otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados en las condiciones
 establecidas en el presente artículo.
 2. La
 delegación de facultades a que se refiere el artículo 45 se otorgará por tiempo
 indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
 3. La delegación de facultades a
 que se refiere el artículo 45 podrá ser revocada en cualquier momento por
 el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá
 término a la delegación de las facultades que en ella se especifiquen. Surtirá
 efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
 Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión.
 No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
 4. Tan
 pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente
 al Parlamento Europeo y al Consejo.
 5. Los actos delegados adoptados
 en virtud del artículo 45 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos
 meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el
 Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del
 vencimiento de dicho plazo, ambas instituciones comunican a la Comisión que no
 tienen la intención de formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a
 iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
 Artículo 45ter
 Facultad de adoptar
 actos de ejecución
 1. Se otorga a la Comisión la facultad de adoptar actos
 de ejecución para los fines siguientes:
 a)
 establecer la interconexión de los registros
 de insolvencia a que se refiere el artículo 20ter; y
 b)
 establecer y modificar posteriormente los
 formularios contemplados en los artículos 40 y 41.
 2. Para adoptar o modificar
 los actos de ejecución contemplados en el apartado 1, la Comisión estará
 asistida por un comité a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) no
 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo[25].
 3. Cuando se haga
 referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del
 Reglamento (UE) no 182/2011.
 4. Cuando se haga
 referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del
 Reglamento (UE) no 182/2011.».
 49)
 En el artículo 46, la fecha «1 de junio de
 2012» se sustituye por «..... [10 años después de su entrada en vigor].».
 50)
 Se inserta el artículo 46bis siguiente:
 «Artículo 46bis
 Protección de datos
 1. Los Estados miembros
 aplicarán la Directiva 95/46/CE al tratamiento de los datos personales que
 lleven a cabo en virtud del presente Reglamento.
 2. El Reglamento (CE)
 no 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales por la Comisión
 con arreglo al presente Reglamento.».
 51)
 Queda suprimido el anexo B.
 Artículo 2
 El presente Reglamento entrará en vigor
 el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
 Unión Europea.
 Será aplicable a partir del ..... [24 meses
 después de su entrada en vigor], con la excepción de las disposiciones
 relativas a la información sobre las legislaciones nacionales en materia de
 insolvencia (artículo 44bis), que serán aplicables a partir del ... [12
 meses después de su entrada en vigor].
 El presente Reglamento será obligatorio
 en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de
 conformidad con los Tratados.
 Hecho en Estrasburgo, el
 Por el Parlamento Europeo Por
 el Consejo
 El Presidente El
 Presidente
 FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
 1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
 1.1. Denominación de la
 propuesta/iniciativa
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
 y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1346/2000 sobre
 procedimientos de insolvencia
 1.2. Ámbito(s) político(s)
 afectado(s) en la estructura GPA/PPA[26]
 Título 33 - Justicia
 1.3. Naturaleza de la
 propuesta/iniciativa
 ̈ La
 propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva
 ̈ La
 propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto
 piloto/una acción preparatoria[27]
 Ø La propuesta/iniciativa se refiere
 a la prolongación de una acción existente
 ̈ La
 propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva
 acción
 1.4. Objetivos
 1.4.1. Objetivo(s)
 estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la
 propuesta/iniciativa
 Desarrollo de una zona de justicia, Justicia
 para el Crecimiento
 1.4.2. Objetivo(s) específico(s)
 y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)
 Objetivo específico n°
 Cooperación judicial en materia civil y
 mercantil
 Actividad(es) GPA/PPA afectada(s)
 33 03
 1.4.3. Resultado(s) e incidencia
 esperados
 Especifíquense
 los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los
 beneficiarios/la población destinataria.
 Mayor eficiencia y transparencia en los
 procedimientos de insolvencia transfronteriza
 1.4.4. Indicadores de resultados
 e incidencia
 Especifíquense
 los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la
 propuesta/iniciativa.
 [...]
 [...]
 1.5. Justificación de la
 propuesta/iniciativa
 1.5.1. Necesidad(es) que debe(n)
 satisfacerse a corto o largo plazo
 Revisión del Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de
 insolvencia
 1.5.2. Valor añadido de la
 intervención de la Unión Europea
 [...]
 [...]
 1.5.3. Principales conclusiones
 extraídas de experiencias similares anteriores
 [...]
 [...]
 1.5.4. Compatibilidad y posibles
 sinergias con otros instrumentos pertinentes
 [...]
 [...]
 1.6. Duración e incidencia
 financiera
 ̈ Propuesta/iniciativa de duración
 limitada
 –
 ̈ Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD/MM]AAAA hasta [el]
 [DD/MM]AAAA
 –
 ̈ Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA
 Ø Propuesta/iniciativa de duración
 ilimitada
 –
 Ejecución con una fase de puesta en marcha
 desde la adopción del Reglamento
 –
 seguida de pleno funcionamiento
 1.7. Modo(s) de gestión
 previsto(s)[28]
 Ø Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión
 ̈ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
 –
 ̈ agencias ejecutivas
 –
 ̈ organismos creados por las Comunidades[29]
 –
 ̈ organismos nacionales del sector público / organismos con misión
 de servicio público
 –
 ̈ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones
 específicas de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y
 que estén identificadas en el acto de base pertinente a efectos de lo dispuesto
 en el artículo 49 del Reglamento Financiero
 ̈ Gestión compartida con los Estados miembros
 ̈ Gestión descentralizada con terceros países
 ̈ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense)
 Si se indica más
 de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de
 observaciones.
 Observaciones
 Únicamente la interconexión de los registros de insolvencia
 (parte de interconexión central) tendrá un impacto financiero sobre el
 presupuesto de la UE.
 Los registros de insolvencia se conectarán a través del
 Portal Europeo de e-Justicia, que actuará como punto central de acceso
 electrónico público a la información desde el sistema (véase el artículo 20ter
 de la propuesta)
 2. MEDIDAS DE GESTIÓN
 2.1. Disposiciones en materia
 de seguimiento e informes
 Especifíquense la
 frecuencia y las condiciones.
 [...]
 [...]
 2.2. Sistema de gestión y de
 control
 2.2.1. Riesgo(s) definido(s)
 [...]
 [...]
 2.2.2. Método(s) de control
 previsto(s)
 [...]
 [...]
 2.3. Medidas de prevención
 del fraude y de las irregularidades
 Especifíquense
 las medidas de prevención y protección existentes o previstas.
 [...]
 [...]
 3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
 PROPUESTA/INICIATIVA
 3.1. Rúbrica(s) del marco
 financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)
 · Líneas presupuestarias de gasto existentes
 En el orden de las rúbricas del marco
 financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
 Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución
 Número [Descripción.....................................] || CD/CND ([30]) || de países de la AELC[31] || de países candidatos[32] || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento Financiero
 [3] || [33.0301] [Programa de Justicia] || CD/ || NO || NO || NO || NO
 · Nuevas líneas presupuestarias solicitadas
 En el orden de
 las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
 Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución
 Número [Rúbrica............................................] || CD/CND || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento Financiero
 [3] || [XX.YY.YY.YY] || || SÍ/NO || SÍ/NO || SÍ/NO || SÍ/NO
 3.2. Incidencia estimada en
 los gastos
 3.2.1. Resumen de la incidencia
 estimada en los gastos
 En millones EUR (al tercer decimal)
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || Número || [Rúbrica...3.........................................]
 DG: JUST || || || Año 2014[33] || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Años 2018, 2019, 2020 || TOTAL
  Créditos de operaciones || || || || || || || ||
 33.0301 || Compromisos || (1) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Pagos || (2) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Número de línea presupuestaria || Compromisos || (1a) || || || || || || || ||
 Pagos || (2a) || || || || || || || ||
 Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos[34] || || || || || || || ||
 Número de línea presupuestaria || || (3) || || || || || || || ||
 TOTAL de los créditos para la DG JUST || Compromisos || =1+1a +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Pagos || =2+2a +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Pagos || (5) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos || (6) || || || || || || || ||
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 3 del marco financiero plurianual || Compromisos || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Pagos || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una
 rúbrica:
  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || || || || || || || ||
 Pagos || (5) || || || || || || || ||
  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos || (6) || || || || || || || ||
 TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 4 del marco financiero plurianual (importe de referencia) || Compromisos || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Pagos || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || 5 || «Gastos administrativos» – no aplicable
 En millones EUR (al tercer decimal)
 || || || Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || TOTAL
 DG: <.......> ||
  Recursos humanos || || || || || || || ||
  Otros gastos administrativos || || || || || || || ||
 TOTAL para la DG <....> || Créditos || || || || || || || ||
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || (Total de los compromisos = Total de los pagos) || || || || || || || ||
 En millones EUR (al tercer decimal)
 || || || Año N[35] || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || TOTAL
 TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 Pagos || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000
 3.2.2. Incidencia estimada en
 los créditos de operaciones
 –
 ̈ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de
 operaciones
 –
 Ø La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de
 operaciones, tal como se explica a continuación:
 Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer
 decimal)
 Indíquense los objetivos y los resultados ò || || || Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || TOTAL
 RESULTADOS
 Tipo de resultado[36] || Coste medio del resul-tado || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Núme-ro de resul-tados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Núme-ro total de resul-tados || Coste total
 OBJETIVO ESPECÍFICO No 1[37] Cooperación judicial en materia civil y mercantil
 - Resultado || Manteni-miento de la intercone-xión de los registros de insolvencia || 214 300 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000
 - Resultado || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
 - Resultado || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
 Subtotal del objetivo específico no 1 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000
 OBJETIVO ESPECÍFICO n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||
 - Resultado || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
 Subtotal del objetivo específico no 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||
 COSTE TOTAL || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000
 3.2.3. Incidencia estimada en
 los créditos de carácter administrativo
 3.2.3.1. Resumen
 –
 Ø La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos
 administrativos
 3.2.3.2. Necesidades estimadas de
 recursos humanos
 –
 Ø La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos
 humanos
 3.2.4. Compatibilidad con el
 marco financiero plurianual vigente
 –
 Ø La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual
 2014-2020.
 3.2.5. Contribución de terceros
 –
 ØLa propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros
 3.3. Incidencia estimada en
 los ingresos
 –
 Ø La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los
 ingresos.
 [1] Para una visión general de los procedimientos de
 preinsolvencia y los procedimientos híbridos nacionales, véase la sección 2 del
 Informe de la Comisión de 12 de diciembre de 2012 sobre la evaluación del
 Reglamento (CE) no 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia.
 [2] «Empresa en funcionamiento» es un concepto utilizado
 fundamentalmente en contabilidad por el que los contables elaboran los estados
 financieros partiendo del supuesto de que la empresa continuará funcionando a
 lo largo de los doce meses siguientes.
 [3] COM(2008)394, de 25 de junio de 2008.
 [4] COM (2012) ... ... .
 [5] Sobre el alcance de este problema, véase el punto 3.4.1
 del Informe de evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a la presente
 propuesta.
 [6] http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html
 .
 [7] Asunto C-396/09, sentencia de 20 de octubre de 2011.
 [8] Asunto C-339/07, sentencia de 12.2.2009.
 [9] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
 [10] Asunto C-454/09, sentencia de 13.10.2011 (Comisión/ Italia
 – New Interline).
 [11] DO L 156 de 16.6.2012, p. 1.
 [12] COM(2011) 759 final.
 [13] DO C ..., p. ... .
 [14] DO C ..., p. ... .
 [15] DO L 160 de 30.6.2000, p. 1.
 [16] DO C ..., p... .
 [17] DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
 [18] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
 [19] DO L 125 de 5.5.2001, p. 15.
 [20] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
 [21] DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
 [22] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
 [23] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
 [24] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
 [25] DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
 [26] GPA: gestión por actividades. PPA: presupuestación por
 actividades.
 [27] Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6,
 letras a) o b), del Reglamento Financiero.
 [28] Las explicaciones sobre los modos de
 gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el
 sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
 [29] Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento
 Financiero.
 [30] CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
 [31] AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.
 [32] Países candidatos y, en su caso, países candidatos
 potenciales de los Balcanes Occidentales.
 [33] El año N es el año de comienzo de la ejecución de la
 propuesta/iniciativa.
 [34] Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la
 ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»),
 investigación indirecta, investigación directa.
 [35] El año N es el año de comienzo de la ejecución de la
 propuesta/iniciativa.
 [36] Los resultados son los productos y servicios que van a
 suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados,
 número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).
 [37] Tal como se describe en el punto 1.4.2, «Objetivo(s)
 específico(s)».