text:
 COMISIÓN EUROPEA
 Bruselas, 31.8.2018
 COM(2018) 605 final
 2018/0315(NLE)
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y en el Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en relación con la adopción prevista de un nuevo Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril.
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1.Objeto de la propuesta
 La presente propuesta se refiere a la Decisión por la que se establece la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Grupo de trabajo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y, posiblemente, en el Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en relación con la adopción prevista de un nuevo Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril.
 2.Contexto de la propuesta
 2.1.Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril
 La propuesta de proyecto de Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril (en lo sucesivo «la propuesta de proyecto de Convenio») fue iniciado por la Organización para la Cooperación Ferroviaria (OSJD), de la que forman parte nueve Estados miembros de la Unión (Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Estonia y Rumanía), y transmitida a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas por el Gobierno de la Federación de Rusia.
 Un Convenio de alcance similar está ya en vigor — el Convenio Internacional para facilitar el cruce de fronteras de los viajeros y el equipaje transportados por ferrocarril, de 1952, del que son Partes contratantes ocho Estados miembros de la Unión (Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia
 1
 ). Dificultades jurídicas y de procedimiento de distinta índole han hecho imposible la modificación de este Convenio con el fin de modernizarlo. Por otra parte, algunos países miembros de la Organización para la Cooperación Ferroviaria apoyaron la idea de elaborar un nuevo Convenio en este ámbito, en lugar de adherirse al Convenio de 1952, que ha quedado obsoleto.
 La propuesta de proyecto de Convenio abarca tres grandes ámbitos de actuación política de la Unión: los ferrocarriles, las aduanas y el acervo de la Unión en materia de gestión de las fronteras. Su objetivo es acelerar y simplificar los controles fronterizos de los trenes de viajeros. Los principales elementos nuevos del proyecto de Convenio son la introducción de controles coordinados conjuntos en las fronteras, en sustitución de dos o más controles consecutivos a ambos lados de la frontera; de controles en los trenes en marcha, cuando los horarios y las paradas así lo permitan, y la determinación de los detalles de la cooperación por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales. La presente propuesta se refiere a la política de la Unión en materia de gestión de las fronteras. Otras dos políticas de la Unión, las relativas a los ferrocarriles y las aduanas, serán objeto de una propuesta separada.
 2.2.Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte de la CEPE/ONU
 El Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte actúa dentro del marco de las políticas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, bajo la supervisión general del Comité de Transportes Interiores. La función del Grupo de trabajo consiste en iniciar y proseguir acciones encaminadas a la armonización y la simplificación de la reglamentación, las normas y la documentación de los procedimientos de cruce de fronteras para los distintos modos de transporte interior.
 La Unión Europea está representada en el Grupo de trabajo, del que forman parte todos los Estados miembros de la Unión, con derecho a voto.
 2.3.Acto previsto del Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte
 El Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte se reunirá en 2018 en las fechas siguientes: del 12 al 14 de junio y del 16 al 19 de octubre. En una de sus reuniones, el Grupo de trabajo ha de tomar una decisión sobre el refrendo del Convenio propuesto y sobre su transmisión al Comité de Transportes Interiores, que se reúne una vez al año en el mes de febrero, para su aprobación formal.
 El acto previsto tendrá carácter vinculante para las Partes, de conformidad con el artículo 22 del proyecto de Convenio, que dispone lo siguiente: «1. El presente Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha en que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 2. Para cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio, o se adhiera al mismo, después del depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión».
 3.Posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión
 3.1.Posición de la Unión
 La Unión comparte los objetivos del proyecto de Convenio y apoya el concepto de facilitación del transporte ferroviario de viajeros, pero estima que el proyecto de Convenio no aporta valor añadido o ventaja alguna a la Unión o sus Estados miembros. El nuevo proyecto de Convenio no haría redundantes los acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes y, tal vez, ni siquiera facilitaría nuevos acuerdos bilaterales o multilaterales, ya que el proyecto de Convenio no contiene un modelo para este tipo de acuerdos. Numerosas disposiciones del proyecto de Convenio tienen carácter no vinculante y no pueden aplicarse sin acuerdos separados celebrados entre las partes de que se trate. Hasta la fecha, la única función que el proyecto de Convenio podría tener sería la de servir de referencia para celebrar futuros acuerdos multilaterales y bilaterales.
 Desde el punto de vista del acervo de la UE sobre gestión de las fronteras, el proyecto de Convenio en su forma actual no aporta instrumentos nuevos o útiles y por tanto no tiene valor añadido o ventaja alguna para la UE y sus Estados miembros. Por otra parte, contiene varias disposiciones que son problemáticas para el acervo de la UE y que deberían modificarse en caso de que la Unión o sus Estados miembros quisieran adherirse al proyecto de Convenio en un momento posterior. Por ejemplo, el artículo 6 del proyecto de Convenio debe aclarar que los controles fronterizos no podrán ser objeto de renuncia mediante acuerdos multilaterales o bilaterales entre Estados miembros: dado que el Código de fronteras Schengen se aplica al cruce de las fronteras exteriores de la UE, los acuerdos internacionales solo pueden regular cómo se realizan los controles sin alterar la sustancia de dichos controles.
 Desde un punto de vista institucional de la Unión, el proyecto de Convenio abarca cuestiones que entran dentro de los ámbitos de competencia exclusiva o compartida de la Unión. Los Estados miembros no pueden adherirse a título individual a aquellas partes del proyecto de Convenio que entren en un ámbito de competencia exclusiva de la Unión. En el proyecto de Convenio, y para permitir a la Unión adherirse al mismo, debería haberse introducido una disposición relativa a la participación de la Unión en su calidad de organización regional de integración económica en consonancia con la política general en materia de política institucional.
 A pesar de que la Unión no parece tener motivos para adherirse al Convenio, de conformidad con su política general sobre aspectos institucionales, todo nuevo Convenio internacional debería contener una cláusula que permita la participación de organizaciones regionales de integración económica.
 El Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en su 81.a sesión, que tendrá lugar en febrero de 2019, o en una sesión posterior, con supeditación al refrendo del proyecto de Convenio por parte del Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte, podría proceder a una votación sobre la aprobación del Convenio y solicitar a la secretaría que lo transmita a la Secretaría General de las Naciones Unidas en su calidad de depositaria. Por lo tanto, es importante establecer una posición de la Unión para poder reaccionar ante tal eventualidad. En las cuestiones de competencia exclusiva, la Comisión votará en nombre de la Unión.
 Durante la preparación del Convenio propuesto se ha consultado a una amplia gama de expertos de los sectores público y privado.
 Se han llevado a cabo consultas con los Estados miembros en el seno del Comité de Legislación Aduanera (Coordinación Ginebra), una de las cuales se celebró conjuntamente con expertos del Comité del Espacio Ferroviario Único Europeo, con consejeros de Justicia e Interior, agregados de Transporte y representantes de las Direcciones Generales de la Comisión responsables de Movilidad y Transporte y de Migración y Asuntos de Interior (23.1.2017). También se llevaron a cabo consultas con el Grupo de Expertos Aduaneros.
 Consultas adicionales tuvieron lugar durante las reuniones del Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y del Grupo de trabajo sobre el transporte ferroviario de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
 Los debates en los foros pertinentes de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, seguidos por la Dirección General de la Comisión encargada de Fiscalidad y Unión Aduanera o por la Dirección General responsable de Movilidad y Transporte, han ido precedidos de actividades de coordinación entre ambas Direcciones Generales y la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, ya que el proyecto de Convenio guarda relación con ámbitos políticos que entran dentro de los respectivos ámbitos de competencia de las tres Direcciones Generales.
 La coordinación interna, así como los debates conjuntos con los Estados miembros en el marco del Comité de Legislación Aduanera y de Expertos Aduaneros, puso claramente de manifiesto que no existe ningún interés, ni para los Estados miembros de la Unión ni para la propia Unión Europea, en adherirse al proyecto de Convenio porque no aporta ventaja o valor añadido alguno en ninguno de los ámbitos afectados, es decir, en los ámbitos políticos de la Unión cubiertos por la propuesta ni en lo que respecta al punto de vista institucional de la Unión.
 4.Base jurídica
 4.1.Base jurídica procedimental
 4.1.1.Principios
 El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de decisiones por las que se establezcan «las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».
 La noción de «actos que surtan efectos jurídicos» incluye los actos que surtan efectos jurídicos en virtud de las normas de Derecho internacional por las que se rija el organismo de que se trate. Incluye asimismo aquellos instrumentos que no tengan fuerza vinculante con arreglo al Derecho internacional, pero que «puedan influir de manera determinante en el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión»
 2
 .
 4.1.2.Aplicación al presente caso
 El acto que el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y el Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas están llamados a adoptar surtirá efectos jurídicos. El acto previsto será vinculante con arreglo al Derecho internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del proyecto de Convenio.
 El acto previsto no completa ni modifica el marco institucional del Acuerdo.
 Por lo tanto, la base jurídica procedimental de la Decisión propuesta es el artículo 218, apartado 9, del TFUE.
 4.2.Base jurídica sustantiva
 4.2.1.Principios
 La base jurídica sustantiva de las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE depende principalmente del objetivo y del contenido del acto respecto del cual se toma una posición en nombre de la Unión. Si el acto previsto persigue un doble objetivo o tiene un componente doble y si uno de dichos objetivos o componentes puede calificarse de principal, mientras que el otro solo es accesorio, la decisión adoptada con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE debe basarse en una única base jurídica sustantiva, a saber, la que exija el objetivo o componente principal o preponderante.
 Por lo que respecta a un acto previsto que persiga varios objetivos a la vez, o que tenga varios componentes vinculados de manera inseparable, sin que uno de ellos sea accesorio del otro, la base jurídica sustantiva de una Decisión en virtud del artículo 218, apartado 9, del TFUE tendrá que incluir, excepcionalmente, las distintas bases jurídicas pertinentes.
 4.2.2.Aplicación al presente caso
 El acto previsto persigue objetivos y tiene componentes en el ámbito de los controles fronterizos e incluye controles de los pasajeros y de sus documentos. Debe basarse, por lo tanto, en el artículo 77, apartado 2, letra b), del TFUE, que se refiere a «los controles a los cuales se someterá a las personas que crucen las fronteras exteriores».
 Por consiguiente, la base jurídica sustantiva de la Decisión propuesta son las disposiciones siguientes: artículo 77, apartado 2, letra b, del TFUE.
 4.3.Conclusión
 La base jurídica de la Decisión propuesta debe ser el artículo 77, apartado 2, letra b, en relación con el artículo 218, apartado 9, del TFUE.
 2018/0315 (NLE)
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y en el Comité de Transportes Interiores de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en relación con la adopción prevista de un nuevo Convenio sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril.
 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 77, apartado 2, letra b), en relación con su artículo 218, apartado 9,
 Vista la propuesta de la Comisión Europea,
 Considerando lo siguiente:
 (1)Con el apoyo de la Organización para la Cooperación de los Ferrocarriles (OSJD), la Federación de Rusia ha propuesto un nuevo Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril.
 (2)El Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte actúa dentro del marco de las políticas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas bajo la supervisión general del Comité de Transportes Interiores. La función del Grupo de trabajo consiste en entablar y proseguir acciones encaminadas a la armonización y la simplificación de la reglamentación, las normas y la documentación de los procedimientos de cruce de fronteras para los distintos modos de transporte interior.
 (3)El Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte de la CEPE/ONU, en su 149.o periodo de sesiones del 12 al 14 de junio de 2018, o en un periodo de sesiones posterior, adoptará una decisión sobre el refrendo de la propuesta de Convenio relativo a la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril y sobre su transmisión al Comité de Transportes Interiores para su aprobación formal.
 (4)La Unión está representada en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte de la CEPE/ONU, del que forman parte los 28 Estados miembros actuales de la Unión con derecho a voto. En las cuestiones de competencia exclusiva, la Comisión expresa la posición de la Unión en nombre de la Unión y de sus Estados miembros.
 (5)Dependiendo de las circunstancias específicas y en aras de una representación exterior única de la Unión y de sus Estados miembros, la Comisión puede entablar negociaciones que abarquen tanto las competencias de la Unión como ámbitos en los que los Estados miembros no han atribuido competencias a la Unión.
 (6)Es preciso determinar la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte de la CEPE/ONU y en el Comité de Transportes Interiores, dado que el Convenio propuesto se refiere a elementos de trámites de visado que entran dentro de la competencia de la Unión.
 (7)El Convenio contiene disposiciones generales sobre la manera de organizar los controles fronterizos de los trenes de viajeros. El Convenio puede considerarse como la base para acuerdos multilaterales y bilaterales, en cuya ausencia no podría funcionar ninguno de los elementos cubiertos por el mismo.
 (8)Los Estados miembros de la Unión Europea pueden celebrar tales acuerdos bilaterales sin necesidad del Convenio propuesto. En el caso de la Federación de Rusia y de otros países representados en la Organización para la Cooperación de los Ferrocarriles, su marco jurídico parece requerir dicho Convenio a fin de que resulte más fácil celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales.
 (9)El contenido de la propuesta de Convenio no parece tener efectos adversos ni beneficiosos para los Estados miembros de la Unión. Por ello, la Unión no debe apoyar la propuesta de Convenio, aunque no tiene motivos para bloquear su adopción.
 (10)Aunque la adhesión al Convenio no parece atender a los intereses de la Unión, de conformidad con su política general sobre aspectos institucionales, todo nuevo Convenio internacional debería contener una cláusula que permita la participación de organizaciones regionales de integración económica. El proyecto de Convenio no contiene una cláusula que permita la adhesión de la Unión al Convenio.
 (11)Por lo tanto, la posición de la Unión en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte de la CEPE/ONU debería ser neutral si se incluyera una cláusula que permita la participación de organizaciones regionales de integración económica. En ese caso, la Unión debería abstenerse. En caso contrario, la Unión debería votar en contra de la adopción del proyecto de Convenio.
 (12)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Decisión desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre la presente Decisión, si la incorpora a su legislación nacional.
 (13)Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen
 3
 , que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo
 4
 .
 (14)Por lo que respecta a Suiza, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen
 5
 , que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo
 6
 .
 (15)Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen
 7
 , que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/CE del Consejo
 8
 .
 (16)La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo
 9
 ; el Reino Unido no toma parte, por consiguiente, en la adopción de la presente Decisión y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.
 (17)La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo
 10
 . Irlanda no toma parte, por consiguiente, en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
 (18)Por lo que respecta a Chipre, Bulgaria, Rumanía y Croacia, las disposiciones de la presente Decisión constituyen disposiciones que desarrollan el acervo de Schengen o están relacionadas con él, en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003
 11
 , el artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005
 12
 y el artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011
 13
 .
 HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
 Artículo 1
 La posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Grupo de trabajo sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y en el Comité de Transportes Interiores de la CEPE/ONU en relación con la propuesta prevista de un nuevo Convenio de la CEPE/ONU sobre la facilitación de los procedimientos de cruce de fronteras para los viajeros, el equipaje y el equipaje no acompañado transportados en el tráfico internacional por ferrocarril deberá ser la siguiente:
 La posición de la Unión sobre el proyecto de Convenio deberá ser la de abstenerse si se introdujera una cláusula que permita la participación de organizaciones regionales de integración económica. Si no se introdujera dicha cláusula, los Estados miembros de la Unión deberán votar en contra.
 Artículo 2
 La posición a que se refiere el artículo 1 será expresada por los Estados miembros de la Unión que son miembros del Grupo de trabajo de la CEPE/ONU sobre cuestiones aduaneras relacionadas con el transporte y del Comité de Transportes Interiores, actuando conjuntamente.
 Artículo 3
 Los destinatarios de la presente Decisión son la Comisión y los Estados miembros.
 Hecho en Bruselas, el
 Por el Consejo
 El Presidente
 (1)
 Firmado, pero no ratificado.
 (2)
 Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 2014, Alemania / Consejo de la Unión Europea, Asunto C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, apartados 61 a 64.
 (3)
 DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
 (4)
 Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
 (5)
 DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
 (6)
 Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen, DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.
 (7)
 DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
 (8)
 Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas, DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
 (9)
 Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
 (10)
 Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
 (11)
 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, DO L 236 de 23.9.2003, p. 33.
 (12)
 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, DO L 157 de 21.6.2005, p. 203.
 (13)
 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, DO L 112 de 24.4.2012, p. 21.


type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 Avis juridique important
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 51997PC0489(03)
 Πρόταση Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων /* COM/97/0489 τελικό - CNS 97/0255 */
 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 335 της 06/11/1997 σ. 0015
 Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (97/C 335/13) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) COM(97) 489 τελικό - 97/0255(CNS)(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 7 Οκτωβρίου 1997)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,την πρόταση της Επιτροπής,τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,Εκτιμώντας:ότι το Συμβούλιο εξέδωσε στις 22 Ιουλίου 1993 τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 (1) για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (εφεξής καλούμενου «ο Οργανισμός») 7ότι ο Οργανισμός δεν πρέπει να θεωρείται ως οργανισμός κερδοσκοπικού χαρακτήρα 7ότι, εφόσον ο Οργανισμός είναι οργανισμός κοινοτικού δικαίου, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα πλεονάσματα των πόρων του θα καταβάλλονται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από σύσταση, εάν χρειαστεί αποθεματικού για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών καθώς και, ενδεχομένως αναθεώρηση των εισπρακτέων από τον Οργανισμό τελών 7ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι η άδεια για την εγγραφή ποσών στο εν λόγω αποθεματικό θα υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής η οποία θα ενημερώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 7ότι πρέπει να εναρμονιστούν οι δημοσιονομικές διατάξεις σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν από την Κοινότητα και, ιδίως, στον τομέα των ελέγχων στους οποίους υπόκειται ο Οργανισμός 7ότι ο δημοσιονομικός ελεγκτής της Επιτροπής είναι ο πλέον αρμόδιος για να αναλάβει το καθήκον δημοσιονομικού ελεγκτή του Οργανισμού 7ότι θα ήταν επιθυμητό να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διαδικασία απαλλαγής,ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1 Στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93:α) μετά την παράγραφο 6, παρεμβάλλεται η παράγραφος 6α:«6α. Τα πλεονάσματα βεβαιωθέντων εσόδων σε σχέση με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες κατά τη διάρκεια οικονομικού έτους, δεδομένης της μείωσης της κοινοτικής επιδότησης, καταβάλλονται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου εγγράφονται ως διάφορα έσοδα. Εντούτοις, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία αποθεματικού για την αντιμετώπιση μελλοντικών δαπανών. Η εγγραφή ποσών στο εν λόγω αποθεματικό υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής κατόπν διαβουλεύσεως με το Κοινοβούλιο» 7β) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«8. Ο έλεγχος της ανάληψης υποχρεώσεων και της πληρωμής όλων των δαπανών και ο έλεγχος της βεβαίωσης και της είσπραξης όλων των εσόδων του Οργανισμού ασκούνται από το δημοσιονομικό ελεγκτή της Επιτροπής» 7γ) στην παράγραφο 9, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 188 Γ της συνθήκης» 7δ) η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«10. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαλλάσσει τον Πρόεδρο του Οργανισμού ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού».Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.(1) ΕΕ L 214 της 24. 8. 1993, σ. 1.


type: contracts

text:
 30.6.2011
 SK
 Úradný vestník Európskej únie
 L 171/34
 ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
 č. 34/2011
 z 1. apríla 2011,
 ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP
 SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,
 so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,
 keďže:
 (1)
 Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 5/2011 z 11. februára 2011 (1).
 (2)
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1071/2010 z 22. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (2), sa má začleniť do dohody,
 ROZHODOL TAKTO:
 Článok 1
 Do bodu 66zab [nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006] prílohy XIII k dohode sa dopĺňa táto zarážka:
 „—
 32010 R 1071: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1071/2010 z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2010, s. 44).“
 Článok 2
 Znenie nariadenia (EÚ) č. 1071/2010 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.
 Článok 3
 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. apríla 2011 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).
 Článok 4
 Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.
 V Bruseli 1. apríla 2011
 Za Spoločný výbor EHP
 úradujúci predseda
 Gianluca GRIPPA
 (1) Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2011, s. 33.
 (2) Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2010, s. 44.
 (3) Ústavné požiadavky neboli oznámené.


text:
 Avis juridique important
 |
 21999D0609(01)
 Decision No 1/1999 of the Association Council between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part of 28 April 1999 adopting the necessary rules for the implementation of Article 63(1)(i), (1)(ii) and (2) of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part
 Official Journal L 144 , 09/06/1999 P. 0016 - 0019
 DECISION No 1/1999 OF THE ASSOCIATION COUNCILbetween the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other partof 28 April 1999adopting the necessary rules for the implementation of Article 63(1)(i), (1)(ii) and (2) of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part(1999/372/EC, ECSC, Euratom)THE ASSOCIATION COUNCIL,Having regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, signed on 12 June 1995 and in particular Article 63(3) thereof,Whereas pursuant to Article 63(3) of the Europe Agreement the necessary rules for the implementation of Article 63(1) and (2) thereof should be adopted by the Association Council,HAS DECIDED AS FOLLOWS:Article 1The necessary rules implementing Article 63(1)(i), (1)(ii) and (2) of the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, as set out in the Annex to this Decision, are hereby adopted.Article 2This Decision shall be published in the Official Journal of the European Communities and Riigi Teataja (Estonian State Gazette).Article 3This Decision shall enter into force on the day of its adoption.Done at Brussels, 28 April 1999.For the Αssociation CouncilThe PresidentT. H. ILVESANNEXIMPLEMENTING RULES FOR COMPETITION PROVISIONS APPLICABLE TO UNDERTAKINGSImplementing rules for the application of the competition provisions applicable to undertakings provided for in Article 63(1)(i), (1)(ii) and (2) of the Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other partArticle 1General principleCases relating to agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition as well as to abuses of a dominant position in the territories of the Community or of Estonia as a whole or in a substantial part thereof, which may affect trade between the Community and Estonia shall be settled according to the principles contained in Article 63(1) and (2) of the Europe Agreement.For this purpose, these cases are dealt with by the Commission of the European Communites (DG IV) on the Community side and the Competition Board on the Estonian side.The competences of the European Commission and the Estonian Competition Board to deal with these cases shall flow from the existing rules of the respective legislation of the Community and Estonia, including where these rules are applied to undertakings located outside the respective territory.Both authorities shall settle the cases in accordance with their own substantative rules, and having regard to the provisions set out below. The relevant substantive rules of the authorities are the competition rules of the Treaty establishing the European Community as well as the European Coal and Steel Treaty including the competition-related secondary legislation, for the European Commission, and the Estonian Competition law and the relevant by-laws, for the Estonian Competition Board.ECONOMIC ACTIVITIES UNDER THE EC TREATYArticle 2Competence of both competition authoritiesCases under Article 63 of the Europe Agreement which may affect both the Community and the Estonian market and which may fall under the competence of both competition authorities shall be dealt with by the European Commission and the Estonian Competition Board, according to the rules under this Article.2.1. Notification2.1.1. The competition authorities shall notify to each other those cases they are dealing with, which, according to the general principle laid out in Article 1, appear to fall also under the competence of the other authority.2.1.2. This situation may arise in particular in cases concerning activities that:- involve anti-competitive activities carried out in the other authority's territory,- are relevant to enforcement activities of the other competition authority,- involve remedies that would require or prohibit conduct in the other authority's territory.2.1.3. Notification under this Article shall include sufficient information to permit an initial evaluation by the recipient party of any effects on its interests. Copies of the notifications shall be submitted on a regular basis to the Association Council.2.1.4. Notification shall be made in advance, as soon as possible and at the latest at the stage of an investigation still far enough in advance of the adoption of a settlement or decision, so as to facilitate comments or consultations and to enable the proceeding authority to take into account the other authority's views, as well as to take such remedial actions it may find feasible under its own laws, in order to deal with the case in question.2.2. Consultation and comityWhenever the European Commission or the Estonian Competition Board considers that anti-competitive activities carried out on the territory of the other authority are substantially affecting important interests of the respective Party, it may request consultation with the other authority, or it may request that the other Party's competition authority initiate any appropriate procedures with a view to taking remedial action under its legislation on anti-competitive activities. This is without prejudice to any action under the requesting Party's competition law and does not hamper the full freedom of ultimate decision of the authority so addressed.2.3. Finding of an understandingThe competition authority so addressed shall give full and sympathetic consideration to such views and factual materials as may be provided by the requesting authority and, in particular, to the nature of the anti-competitive activites in question, the enterprises involved and the alleged harmful effects on the important interests of the requesting Party.Without prejudice to any of their rights or obligations, the competition authorities involved in consultations under this Article shall endeavour to find a mutually acceptable solution in the light of the respective important interests involved.Article 3Competence of one consumption authority only3.1. Cases falling under the exclusive competence of one competition authority, in accordance with the principle laid down in Article 1, and which may affect important interests of the other Party, shall be handled having regard to the provisions set out in Article 2, and taking account of the principles set out below.3.2. In particular, whenever one of the competition authorities undertakes an investigation or proceeding in a case which is found to affect important interests of the other Party, the proceeding authority shall notify this case to the other authority, without formal request by the latter.Article 4Request for informationWhenever the competition authority of a Party becomes aware of the fact that a case, falling also or only under the competence of the other authority, appears to affect important interests of the first Party, it may request information about this case from the proceeding authority.The proceeding authority shall give sufficient information to the extent possible and at a stage of its proceedings far enough in advance of the adoption of a decision or settlement to enable the requesting authority's views to be taken into account.Article 5Secrecy and confidentiality of information5.1. Having regard to Article 63(7) of the Europe Agreement, neither competition authority is required to provide information to the other authority if disclosure of that information to the requesting authority is prohibited by the law of the authority possessing the information, or would be incompatible with important interests of the Party whose authority is in possession of the information.5.2. Each authority agrees to maintain, to the fullest extent possible, the confidentiality of any information provided to it in confidence by the other authority.Article 6Block exemptionsIn the application of Article 63 of the Europe Agreement as provided for in Articles 2 and 3 above, the competition authorities shall ensure that the principles contained in the block exemption regulations in force in the Community shall be applied in full. The Estonian Competition Board shall be informed of any procedure related to the adoption, abolition or modification of block exemptions by the Community.Where such block exemption Regulations encounter serious objections on the Estonian side, and having regard to the approximation of legislation as foreseen in the Europe Agreement, consultations shall take place in the Association Council, in accordance with the provisions contained in Article 9.The same principles shall apply regarding other significant changes in the Community or Estonian competition policies.Article 7Merger controlWith regard to mergers which fall within Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings(1) and which have a significant impact on the Estonial economy, the Estonian Competition Board shall be entitled to express its view in the course of the procedure, taking into account the time limits as provided for in the aforementioned Regulation. The European Commission shall give due consideration to that view, without prejudice to any action under the Parties' respective competition laws.Article 8Activities of minor importance8.1. Anti-competitive activities whose effects on trade between the Parties or on competition are negligible, do not fall under Article 63(1) of the Europe Agreement, and therefore, are not to be treated under Articles 2 to 6 of the present implementing rules.8.2. Negligible effects within the meaning of paragraph 8.1 are generally presumed to exist when:- the aggregate annual turnover of the participating undertakings does not exceed ECU 200 million, and- the goods or services which are the subject of the agreement together with the participating undertakings' other goods or services which are considered by users to be equivalent in view of their characteristics, price and intended use, do not represent more than 5 % of the total market for such goods or services in the area of the common market affected by the agreement, and the Estonian market affected by the agreement.Article 9Association Council9.1. Whenever the procedures provided for in Articles 2 and 3 do not lead to a mutually acceptable solution, as well as in other cases explicitly mentioned in the present implementing rules, an exchange of views shall take palce in the Association Council at the request of one Party within three months following the request.9.2. Following this exchange of views, or after expiry of the period referred to in paragraph 9.1, the Association Council may make appropriate recommendations for the settlement of these cases, without prejudice to Article 63(6) of the Europe Agreement. In these recommendations, the Association Council may take into account any failure of the requested authority to give its point of view to the requesting authority within the period referred to in paragraph 9.1.9.3. These procedures in the Association Council are without prejudice to any action under the respective competition laws in force in the territory of the Parties.Article 10Negative conflict of competenceWhen both the European Commission and the Estonian Competition Board consider that neither of them is competent to handle a case on the basis of their respective legislation an exchange of views shall take place on request in the Association Council. The Community and Estonia shall endeavour to find a mutually acceptable solution in the light of the respective important interests involved with the support of the Association Council, which may make appropriate recommendations, without prejudice to Article 63(6) of the Europe Agreement, and the rights of individual Member States of the European Communities on the basis of their competition rules.ECONOMIC ACTIVITIES UNDER THE ECSC TREATYArticle 11Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC)The provisions contained in Articles 1 to 6 and 8 to 10 shall also apply with respect to the coal and steel sector.Article 12Administrative assistance (languages)The European Commission and the Estonian Competition Board will provide for practical agreements for mutual assistance or any other appropriate solution concerning in particular the question of translations.(1) OJ L 395, 30.12.1989, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1310/97 (OJ L 180, 9.7.1997, p. 7).


type: caselaw

text:
 29.3.2016
 SV
 Europeiska unionens officiella tidning
 C 111/3
 Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 december 2015 – Umweltverband WWF Österreich mot Landeshauptmann von Tirol
 (Mål C-663/15)
 (2016/C 111/04)
 Rättegångsspråk: tyska
 Hänskjutande domstol
 Verwaltungsgerichtshof
 Parter i målet vid den nationella domstolen
 Klagande: Umweltverband WWF Österreich
 Motpart: Landeshauptmann von Tirol
 Ytterligare deltagare i målet: Ötztaler Wasserkraft GmbH
 Tolkningsfrågor
 1.
 Innebär artikel 4 i direktiv 2000/60/EG (1) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (nedan kallat ramdirektivet för vatten), eller direktivet som sådant, att en miljöorganisation ges rättigheter i ett förfarande som inte är föremål för någon bedömning av inverkan på miljön enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (nedan kallat direktivet om miljökonsekvensbedömningar) som den enligt artikel 9.3 i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2015 (Århuskonventionen) har rätt att få prövade av domstol eller i administrativ ordning för att säkerställa deras skydd?
 För det fall fråga 1 besvaras jakande:
 2.
 Krävs enligt bestämmelserna i Århuskonventionen att dessa rättigheter redan kan göras gällande under det administrativa förfarandet eller räcker det att det finns en möjlighet till domstolsprövning av förvaltningsmyndighetens beslut.
 3.
 Är det tillåtet att enligt nationell processrätt (42 § AVG, den allmänna förvaltningsprocesslagen, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) anmoda miljöorganisationen – liksom även andra parter i förfarandet – att göra gällande sina invändningar redan under det administrativa förfarandet och inte först vid ett överklagande till Verwaltungsgericht för att inte förlora sin ställning som part och sin möjlighet att överklaga till Verwaltungsgericht?
 (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, s. 1).


text:
 7.5.2011
 SV
 Europeiska unionens officiella tidning
 C 139/3
 Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 mars 2011 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht München (Tyskland)) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler mot Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau
 (Mål C-274/09) (1)
 (Offentlig upphandling - Direktiv 2004/18/EG - Offentliga tjänstekoncessioner - Räddningstjänst - Kriterier för att skilja mellan offentliga tjänstekontrakt och tjänstekoncessioner)
 2011/C 139/04
 Rättegångsspråk: tyska
 Hänskjutande domstol
 Oberlandesgericht München
 Parter i målet vid den nationella domstolen
 Klagande: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler
 Motpart: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau
 Ytterligare deltagare i rättegången: Malteser Hilfsdienst e.V. och Bayerisches Rotes Kreuz
 Saken
 Begäran om förhandsavgörande — Oberlandesgericht München — Tolkningen av artiklarna 1.2 a och d och 1.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) — Begreppen ”offentligt tjänstekontrakt” och ”tjänstekoncession” — Kontrakt som avser tillhandahållande av räddningstjänster, slutet mellan den upphandlande myndigheten och hjälporganisationer, enligt vilket ersättningen för tjänsterna bestäms genom förhandlingar mellan nämnda organisationer och tredje män i egenskap av socialförsäkringsorganisationer
 Domslut
 Artikel 1.2 d och 1.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska tolkas så, att när ersättningen till den utvalda ekonomiska aktören uteslutande betalas ut av andra än den upphandlande myndighet som tilldelat ett kontrakt om räddningstjänster och den ekonomiska aktören står verksamhetsrisken, även om denna risk är mycket begränsad — särskilt med hänsyn till att användaravgifterna för tjänsterna fastställs genom årliga förhandlingar med tredje man och att den ekonomiska aktören inte garanteras full täckning för de kostnader som burits inom ramen för ett utförande av verksamheten som är förenligt med de principer som uppställs i nationell lagstiftning — ska kontraktet i fråga kvalificeras som tjänstekoncession, i den mening som avses i artikel 1.4 i direktivet.
 (1) EUT C 267, 7.11.2009.


type: other

jurisdiction: US

text: b" NATIONAL SCIENCE FOUNDATION\n OFFICE OF INSPECTOR GENERAL\n OFFICE OF INVESTIGATIONS\n\n CLOSEOUT MEMORANDUM\n\n Case Number: 113110059 Page 1 of 1\n\n\n\n This case was opened when a member 1 of an NSF advisory panee who cooperated with an OIG\n audit3 advised OIG that he had been removed from the panel shortly after the NSF Office4 being\n audited learned ofhis cooperation.\n\n Our investigation determined that the cause of the member's removal and the decision to remove\n him from the panel predated his cooperation with OIG.\n\n This case is closed with no further action taken.\n\n\n\n\nNSF OIG Form 2 (11/02)\n\x0c"


text: b'U.S. Department of Agriculture\n Office of Inspector General\n Great Plains Region\n Audit Report\n\n\n\n Food and Nutrition Service\n National School Lunch Program\n Atchison County Community Schools\n Effingham, Kansas\n\n\n\n\n Report No.\n 27010-9-KC\n June 2003\n\x0c UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE\n OFFICE OF INSPECTOR GENERAL - AUDIT\n Great Plains Region\n 8930 Ward Parkway, Suite 3016\n Kansas City, Missouri 64114-3302\n TEL: 816.926.7667 FAX: 816.926.7676\n\n\n\n\nDATE: June 3, 2003\n\nREPLY TO\nATTN OF: 27010-9-KC\n\nSUBJECT: National School Lunch Program \xe2\x80\x93 Atchison County Community Schools,\n Effingham, Kansas\n\nTO: William E. Ludwig\n Regional Administrator\n Food and Nutrition Service\n 1244 Speer Boulevard, Suite 903\n Denver, CO 80204\n\n\nThis report presents the results of our audit of the National School Lunch Program\n(NSLP)1, as operated by Atchison County Community Schools. This district served as\nthe local school food authority (SFA) under an agreement with the Kansas State\nDepartment of Education (KSDE), which served as the State agency (SA). We\nevaluated policies and procedures over meal accountability and oversight of the\nprogram operation to include the accuracy of collections, accounting processes, and the\nuse of program funds. We found SFA personnel were unaware of onsite accountability\nprocedures and two schools did not follow program agreement requirements. Food\nservice program records were not being retained for the required period at one school.\nThe SFA\xe2\x80\x99s own internal reviews were delayed and did not identify the noncompliance by\nthe individual schools. Also, the SFA\xe2\x80\x99s accounting procedures did not include crediting\nto the food service account a prorated share of interest earned from investments. We\nfound no exceptions related to procurement activities.\n\nBACKGROUND:\n\nThe KSDE serves as the SA, administering the program within the State, and the\nU.S. Department of Agriculture\xe2\x80\x99s (USDA) Food and Nutrition Service (FNS) serves as\nthe program\xe2\x80\x99s funding agency. For school year 2001/2002 operations, the SFA\nreceived about $140,000 in FNS reimbursement and about $5,600 in SA\nreimbursement. Each SA is required to enter into a written agreement with FNS to\nadminister the NSLP/School Breakfast Program (SBP) and each SA enters into\nagreements with SFA\xe2\x80\x99s to oversee day-to-day operations. The SFA, located in\nEffingham, Kansas, is responsible for operating the NSLP in\n\n\n1\n Also includes the School Breakfast Program (SBP).\n\x0caccordance with regulations. The SFA administered the NSLP/SBP in five public\nschools in the Atchison County area.\n\nOn June 4, 1946, Congress passed the National School Lunch Act,2 now the\nRichard B. Russell National School Lunch Act, which authorizes Federal school lunch\nassistance. Section 4 of the Act authorizes general cash assistance payment for all\nlunches served to children, in accordance with the provisions of the NSLP, and\nadditional special cash assistance for lunches served under the NSLP to children\ndetermined eligible for free or reduced-price lunches. The States are reimbursed at\nvarious rates per lunch, depending on whether the child was served a free,\nreduced-price, or full-price (paid) lunch. The fiscal year (FY) 2002 funding for the NSLP\nwas $6 billion for meal reimbursements of approximately 4.7 billion lunches. The\nKansas SA received approximately $58 million for the NSLP and $14 million for the SBP\nin Federal reimbursements for FY 2002. For school year 2001/2002, Kansas provided\nState funds of approximately $2.5 million to SFA\xe2\x80\x99s.\n\nOBJECTIVES:\n\nThe objectives of our audit were to evaluate controls over the administration of the\nNSLP and SBP. We evaluated policies and procedures over meal accountability and\noversight of program operation. To accomplish this, we determined (1) the accuracy of\ncollections and accounting for reimbursed meals, (2) the accounting and use of program\nfunds relating to the SFA\xe2\x80\x99s procurement of goods and services, and (3) the accounting\nfor the SFA\xe2\x80\x99s school food service operations.\n\nSCOPE AND METHODOLOGY:\n\nOur review primarily covered NSLP/SBP operations July 1, 2001, through\nNovember 30, 2002, concentrating on operations since July 1, 2002. However, records\nfor other periods were reviewed, as deemed necessary. We performed audit work at\nthe FNS Regional office, Kansas SA, and the SFA in Effingham, Kansas. Audit work\nwas performed at the SFA during December 2002. We reviewed NSLP/SBP operations\nfor all five schools and made observations at two of the three elementary schools. Our\naudit was performed in accordance with Government auditing standards.\n\nTo accomplish our review objectives, we reviewed FNS, SA, and SFA regulations,\npolicies, procedures, manuals, and instructions governing NSLP/SBP operations, and\ninterviewed officials at each level. We also reviewed the SA\xe2\x80\x99s most recent\nadministrative review of the SFA\xe2\x80\x99s NSLP/SBP operations and the SFA\xe2\x80\x99s corrective\nactions taken in response to the administrative review findings and recommendations.\nWe also (1) evaluated the SFA\xe2\x80\x99s procedures used to gather and consolidate monthly\nmeal claims and whether reports were verified for accuracy, (2) evaluated edit check\ncontrols used to assure the reasonableness of claims for reimbursement and calculated\nthe financial impact when daily meal counts, by category, exceeded average daily\nattendance, (3) reviewed the SFA\xe2\x80\x99s accounting system, which included a review of\nprogram funds and interest earned on those funds, (4) analyzed the SFA\xe2\x80\x99s methods\n2\n 42 U.S. Code 1751.\n\x0cused for procurement of goods and services and the SFA\xe2\x80\x99s process in monitoring the\ncontract terms and conditions of awarded vendors, and (5) analyzed the monitoring\nefforts of the SFA through a review of the onsite accountability reviews conducted\nduring school year 2001/2002.\n\nFINDINGS:\n\nFinding No. 1:\n\nThe SFA did not have adequate procedures in place to ensure that noncompliance with\nprogram agreement requirements would be detected or prevented during the onsite\nreview process. This occurred because the SFA had not effectively monitored schools\nin its jurisdiction to ensure that the approved meal accountability systems were in place\nand that the schools were following the program agreement. As a result, food service\npersonnel at two of the three elementary schools were unaware of onsite accountability\nprocedures and were not following them, as stated in the program agreement, and one\nschool was not retaining program records, as required.\n\nFederal regulations3 require the SFA to perform an onsite monitoring review of meal\ncounting and claiming systems used at each school under its jurisdiction annually, by\nFebruary 1. The regulation also requires the SFA to ensure that the school\xe2\x80\x99s claim is\nbased on the counting system authorized by the SA.4\n\nWe informed the SFA officials that the accountability procedures being used differed\nfrom the program agreement, and the SFA officials were not aware of the incorrect\naccountability procedures taking place or that required program records were not being\nretained.\n\na. Onsite reviews did not meet requirements and disclose deficiencies. The Food\n Service Director completed an onsite accountability review at all five schools for\n school year 2001-2002 on February 7, 2002, which was after the required\n February 1 deadline. In addition, the onsite review was not signed by the SFA\n authorized representative or the Food Service Director who performed the\n review.\n\n The onsite accountability review included a requirement to determine if the\n system observed matched the system as submitted to the KSDE. We found that\n the SFA reviewer showed that for all five schools the collection and accountability\n procedures matched the program agreement. However, as shown below, we\n observed two schools\xe2\x80\x99 accountability procedures that did not match those stated\n in the program agreement and the SFA review did not detect these conditions.\n\n The onsite review was the Food Service Director\xe2\x80\x99s first time conducting the\n review and the Director did not adequately execute the review due to\n3\n 7 CFR 210.8(a)(1).\n4\n The agreement between the KSDE and the SFA, as permitted under 7 CFR 210.19(e), is more restrictive than Federal regulations\ngoverning counting and claiming procedures under 7 CFR 210.7(c), by requiring each SFA to identify the specific counting and\nclaiming system(s) used at each participating school.\n\x0c inexperience. The Food Service Director stated that the review for the current\n school year would be completed by February 1, 2003, and properly signed.\n\nb. Meal accountability procedures not followed. Meal accountability procedures\n observed at two schools were not consistent with the program agreement.\n\n Federal regulations5 require the SFA to enter into an agreement with the SA.\n KSDE Food Service Facts Handbook \xe2\x80\x93 1999 states that an authorized\n representative of the SFA must assure that the local program complies with the\n program agreement between the SFA and SA. The program agreement for\n Cummings and Lancaster Elementary Schools includes accountability\n procedures that state, \xe2\x80\x9cAt the end of the serving line, a cashier or teacher uses a\n coded roster to checkoff or scan the name or number of each student served a\n reimbursable meal.6 The cashier uses the roster or the computer to determine\n the daily count by category.\xe2\x80\x9d\n\n We observed at Lancaster Elementary School a roster being checked at the\n beginning of the lunch line to determine the daily count by category. Cummings\n Elementary School food service program also utilized a roster that was\n completed before the lunch period began. The Cummings Elementary School\n lunch supervisor completed the roster by collecting the teacher\xe2\x80\x99s morning\n attendance and lunch count records. These procedures allow for students to\n leave before the lunch period and still be claimed, resulting in an over claim. An\n SA official stated that Cummings Elementary meal accountability procedures are\n not point of service, as required by the agreement.\n\n Food service employees at both schools stated that accountability procedures\n have always been performed as we observed and the Food Service Director had\n never questioned these procedures.\n\nc. Food service program records were not being retained at one school. The SFA\n had not effectively monitored schools in its jurisdiction to ensure that\n recordkeeping requirements were being met. As a result, there was decreased\n assurance that meal counts were adequate because the records were not\n available for review, as required.\n\n Federal regulations7 require SFA records shall be retained for a period of 3 years\n after the date of submission of the final claim for reimbursement for the FY.\n KSDE Food Service Facts Handbook \xe2\x80\x93 1999 and the program agreement require\n that menu production records and records, which document the amount of\n money received as State and Federal reimbursement, must be retained for\n 5 years plus the current year.\n\n\n5\n 7 CFR 210.9(b).\n6\n The agreement between the KSDE and the SFA, as permitted under 7 CFR 210.19(e), is more restrictive than Federal regulations\ngoverning counting and claiming procedures under 7 CFR 210.7(c), by requiring each SFA to identify the specific counting and\nclaiming system(s) used at each participating school.\n7\n 7 CFR 210.23(c).\n\x0c Through interviews with a Lancaster Elementary official, we determined food\n service records (rosters, daily records of lunches/breakfasts served, and record\n of money collected) were destroyed at the end of each school year. A school\n official was not aware of the 5-year recordkeeping requirement. The SFA\n officials were not aware that the Lancaster official was destroying records. The\n SFA officials stated that it is school board policy to request written permission\n before destroying any records.\n\nRecommendation No. 1:\n\nRequire the SA to direct the SFA to ensure that onsite accountability reviews are\ncompleted timely and signed, as required, and that additional oversight of monitoring\nvisits is provided to ensure they detect and prevent noncompliance with program\nrequirements or problems. Require the SA to direct the SFA to ensure the local\nprogram complies with the record retention requirement, as stated in the program\nagreement between the SFA and SA.\n\nAgency Response:\n\nThe FNS response (attached as exhibit A) showed the agency concurred with\nRecommendation No. 1 and will direct the SA to ensure that the SFA conducts their\nonsite accountability reviews in a timely manner and that additional oversight of\nmonitoring visits is provided to ensure they detect and prevent noncompliance. In\naddition, the SA will direct the SFA to comply with the records retention requirements.\n\nOIG Position:\n\nWe can accept the management decision once we receive specific timeframes for the\ncompletion of the proposed action.\n\nFinding No. 2:\n\nThe SFA did not credit the school food service account with a prorated share of interest\nearned from investments. According to the SFA, the SA had never instructed them to\nallocate interest to the school food service account. As a result, the interest from the\nschool food service account deposited in the general fund was understated. The\nclosing cash balances for school year 2001-2002 ranged from approximately $65,000 to\n$135,000 and the interest rates earned on the district\xe2\x80\x99s investment account ranged from\n1.43 percent to 3.47 percent. We estimated the earned monthly interest that should\nhave been credited to be between $77 and $390 per month.\n\nThe Federal regulations definition of revenue shows that a prorated share of earnings\nfrom investments should be credited to the school food services account.8\n\nThe SFA invested all surpluses in an interest bearing investment account. The SFA\nplaced all interest earned from investment accounts into either a capital outlay fund or a\n8\n 7 CFR 210.2.\n\x0cscholarship fund. The capital outlay fund was used for equipment, construction,\nimprovements, etc. Because the SFA historically transferred general funds that would\nexceed the interest earned from investments to the food service account, we are not\nquestioning any costs but the earnings from the balance of the school food service\naccount should be recognized in the SFA\xe2\x80\x99s accounting system.\n\nRecommendation No. 2:\n\nRequire the SA to instruct the SFA to credit the school food service account with its\nprorated share of the investment income.\n\nAgency Response:\n\nFNS concurred with Recommendation No. 2 and will require the SA to instruct the SFA\nto credit the food service account with its prorated share of the investment income.\n\nOIG Position:\n\nWe can accept the management decision once we receive specific timeframes for the\ncompletion of the proposed action.\n\nIn accordance with Departmental Regulation 1720-1, please furnish a reply within 60 days\ndescribing corrective actions taken or planned and the timeframes for accomplishing final\naction. Please note that the regulation requires management decisions to be reached on\nall findings and recommendations within 6 months from the date of report issuance.\n\nWe appreciate the assistance provided to us during our review.\n\n/s/\n\n\nDENNIS J. GANNON\nRegional Inspector General\n for Audit\n\x0cEXHIBIT A \xe2\x80\x93 FNS RESPONSE TO THE DRAFT REPORT\n\x0c'