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text:
Consulta NO VINCULANTE n° 390
 Fecha salida: 03/08/2000
 - Art. 14.3.16o, art. 15, art. 17.1.2o, art. 19.1.2o, art. 31.1, art. 76.1.g), art. 76.2, art. 77 y art. 87.2 de la Ley 20/1991 Art. 24, art. 34, art. 142 y art. 148.2 del R.D.2538/1994 Art. 4.2, art. 25, art. 25 bis del D.139/1991;
 Texto consulta: El instante consulta, en relación a la tributación en el I.G.I.C. y A.P.IC. de envíos de mercancías a Canarias, las siguientes cuestiones: - Confirmar que, en el caso de envío directo de mercancías a un cliente final, si dicho cliente es un hospital del Servicio Canario de Salud (SERCASA), se haría constar en la documentación que acompaña la mercancía y se efectuaría el correspondiente despacho de aduanas pagando el I.G.I.C. y quedando exentos de ADPIC. Para clientes no pertenecientes al SERCASA se liquidarían ambos impuestos.
 - Existen ocasiones en las cuales nos podemos ver obligados a efectuar un envío, por ejemplo de 1.000.000 pesetas, para ser suministrado durante un mes tanto a clientes de SERCASA como a centros privados. Dicha mercancía iría acompañada de una factura por el total del importe, sin embargo, por razones logísticas, nuestros clientes nos piden que dicho envío sea servido en cuatro entregas semanales, y por consiguiente, cuatro facturas por importe de 250.000 pesetas. En este caso no coincidiría la cantidad declarada en el DUA con el importe de las facturas que nuestro cliente nos pagaría.
 - Existen casos donde debemos efectuar envíos de muestras para acompañar a las ofertas de concursos públicos (es obligatorio) o bien por el contrario nuestro delegado comercial las necesita para efectuar demostraciones ¿Qué clase de despacho debemos efectuar? ¿Puede este material, que en un principio se envió como muestra, ser facturado como venta definitiva?
 - En el caso de que, por motivos logísticos, decidiéramos disponer en Canarias de un pequeño stock de mercancías para poder atender pedidos urgentes ¿qué trámites deberíamos efectuar y en qué condiciones deberíamos efectuar el envío?
 - Se puede dar la posibilidad de que un cliente decida devolver definitivamente una mercancía o bien por el contrario tengamos que proceder a efectuar un cambio por diversos motivos ¿qué trámites debemos efectuar?
 - En el caso de enviar productos en demostración (aparataje) ¿cómo debemos proceder?¿utilizaríamos el sistema de cuadernos ATA?
 - ¿En qué cambiaría la problemática anterior en el momento de dar de alta fiscalmente nuestra empresa en Canarias?
 - ¿Tendríamos que presentar algún tipo de declaración de IGIC o APIC?
 - ¿Deberíamos de efectuar una facturación de nuestra empresa en la península a nuestra empresa en Canarias y posteriormente de nuestra empresa en Canarias al usuario final?. En este último caso la mercancía puede ir dirigida a un cliente de SERCASA, con lo cual entiendo que se habría pagado en el momento de la importación el I.G.I.C. y el A.P.I.C., y sin embargo, los clientes de SERCASA estarían exentos ¿Podríamos recuperar la parte pagada en concepto de A.P.I.C.?
 - ¿El dar de alta a la empresa en Canarias nos obliga a presentar el Impuesto de Sociedades o algún otro tipo de declaración?
 Respuesta: Visto el escrito presentado en esta Consejería de Economía y Hacienda por -la entidad consultante-, y con domicilio en la calle Altamira, número 1, Código Postal 33006 de Oviedo, en el que se formula consulta tributaria relativa al Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), esta Dirección General de Tributos, en uso de la atribución conferida en la Disposición Adicional Décima Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, Ley 20/1991), en relación con el artículo 24.4 e), del Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, emite la siguiente contestación:
 PRIMERO.- El instante consulta, en relación a la tributación en el I.G.I.C. y A.P.I.C. de envíos de mercancías a Canarias, las siguientes cuestiones:
 - Confirmar que, en el caso de envío directo de mercancías a un cliente final, si dicho cliente es un hospital del Servicio Canario de Salud (SERCASA), se haría constar en la documentación que acompaña la mercancía y se efectuaría el correspondiente despacho de aduanas pagando el I.G.I.C. y quedando exentos de A.P.I.C. Para clientes no pertenecientes al SERCASA se liquidarían ambos impuestos.
 - Existen casos donde debemos efectuar envíos de muestras para acompañar a las ofertas de concursos públicos (es obligatorio) o bien por el contrario nuestro delegado comercial las necesita para efectuar demostraciones ¿Qué clase de despacho debemos efectuar - ¿Puede este material, que en un principio se envió como muestra, ser facturado como venta definitiva -
 - En el caso de que, por motivos logísticos, decidiéramos disponer en Canarias de un pequeño stock de mercancías para poder atender pedidos urgentes ¿qué trámites deberíamos efectuar y en qué condiciones deberíamos efectuar el envío -
 - Se puede dar la posibilidad de que un cliente decida devolver definitivamente una mercancía o bien por el contrario tengamos que proceder a efectuar un cambio por diversos motivos ¿qué trámites debemos efectuar - - En el caso de enviar productos en demostración (aparataje) ¿cómo debemos proceder - ¿utilizaríamos el sistema de cuadernos ATA -
 - ¿En qué cambiaría la problemática anterior en el momento de dar de alta fiscalmente nuestra empresa en Canarias -
 - ¿tendríamos que presentar algún tipo de declaración de IGIC o APIC -
 - ¿Deberíamos de efectuar una facturación de nuestra empresa en la península a nuestra empresa en Canarias y posteriormente de nuestra empresa en Canarias al usuario final - . En este último caso la mercancía puede ir dirigida a un cliente de SERCASA, con lo cual entiendo que se habría pagado en el momento de la importación el I.G.I.C. y el A.P.I.C., y sin embargo, los clientes de SERCASA estarían exentos ¿Podríamos recuperar la parte pagada en concepto de A.P.I.C. -
 - ¿El dar de alta a la empresa en Canarias nos obliga a presentar el Impuesto de Sociedades o algún otro tipo de declaración -
 SEGUNDO.- En el orden citado se da respuesta a la consulta formulada:
 a) Para que sea de aplicación la exención del A.P.I.C. prevista en el artículo 76.1.g) de la Ley 20/1991, las mercancías deberán venir manifestadas a favor del Servicio Canario de Salud, con inclusión de los centros hospitalarios integrados y adscritos funcionalmente al Servicio Canario de Salud y que constituyen la Red Hospitalaria de Utilización Pública, y previa certificación expedida por el organismo competente de que se adquieren con cargo a sus presupuestos. Sin perjuicio de la aplicación directa de la citada exención, el artículo 87, número 4, de la Ley 20/1991, establece el derecho a la devolución del A.P.I.C. para aquellos sujetos pasivos que realicen importaciones de bienes que, en un plazo de tres meses desde su entrada en el territorio canario, se entreguen, sin previa elaboración, producción, transformación o manipulación, a entidades gestoras de la Seguridad Social ¿ se entiende al Servicio Canario de Salud, con inclusión de los centros hospitalarios integrados y adscritos funcionalmente al Servicio Canario de Salud y que constituyen la Red Hospitalaria de Utilización Pública -, previa certificación expedida por el Organismo competente de que se adquieren con cargo a sus Presupuestos, y previo cumplimiento de los requisitos que reglamentarios establecidos. El artículo 25 bis del Decreto 139/1991, de 28 de junio, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección de las importaciones de bienes sujetas al A.P.I.C., y de revisión de los actos dictados en aplicación del mismo ¿ dicho artículo ha sido incluido en el citado Decreto por el Decreto 257/1999, de 31 de agosto-, contiene el desarrollo reglamentario citado. De no ser de aplicación los supuestos anteriores por no coincidir la identidad subjetiva del importador, adquirente posterior, con el Servicio Canario de Salud, deberán satisfacerse a la importación tanto el A.P.I.C. como el I.G.I.C.
 b) El artículo 4, número 2, del Decreto 139/1991, establece la obligación de adjuntar a la declaración de importación, entre otros documentos, la factura comercial relativa a los bienes importados. A la vista del ejemplo propuesto por el consultante sólo cabe interpretar dos posibilidades. Por un lado, que el mismo actúe como importador, adjuntando una factura ¿proforma¿ ¿cuyos conceptos e importe coincidirá con el declarado en el D.U.A.- a la declaración de importación y, con posterioridad, realice varias entregas interiores ¿conforme a las necesidades de sus clientes- emitiendo las respectivas facturas, o bien, sean sus clientes los que directamente realicen las importaciones, en cuyo caso a cada importación se le adjuntará la factura correspondiente. En ambos supuestos los conceptos e importes contenidos en la factura ¿pro forma¿ o en las facturas de cada importación habrán de coincidir con el importe declarado en los respectivas declaraciones a la importación, sin perjuicio de la inclusión de otros conceptos que se incluyan en el Valor en Aduana.
 c) El artículo 14, número 3, apartado 16o de la Ley 20/1991 establece la exención en el I.GI.C., a solicitud del importador, y siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente, de las importaciones definitivas de las muestras sin valor comercial estimable, que no puedan servir más que para gestionar pedidos de mercancías de la especie por ella representada. El artículo 24 del Real Decreto 2538/1994 añade que para determinar la ausencia de valor comercial estimable se aplicarán las reglas de los Convenios Internacionales sobre muestras de mercancías aceptados por España y las normas dictadas para su desarrollo. Asimismo, en el artículo 76, número 2, de la Ley 20/1991, y en relación al A.P.I.C., se establece la exención de las importaciones definitivas de bienes, entre otros supuestos, que consistan en objetos destinados a prospección comercial. Se incluyen en el concepto de prospección comercial, entre otros, aquellas muestras que se adjunten a las proposiciones económicas presentadas por los licitadores en un proceso de adjudicación de un contrato público o para la realización de demostraciones a clientes, no obstante, no será de aplicación la exención para aquellas muestras que sean objeto de comercialización posterior.
 d) El artículo 19, número 1, apartado 2o, párrafo segundo, de la Ley 20/1991 establece que se consideran establecidos en un determinado territorio a los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal, aunque no realicen las operaciones sujetas desde un establecimiento situado en las Islas Canarias. El artículo 17, número 1, apartado 2o, del mismo texto legal dispone que se considerará establecimiento permanente cualquier lugar fijo de negocios donde el sujeto pasivo realice actividades empresariales o profesionales, particularizando entre otros, en su letra a), como tales en la sede dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tiendas y, en general, las agencias o representaciones autorizadas para contratar en nombre y por cuenta del sujeto pasivo. En definitiva, la existencia de un almacén en el que el consultante deposite mercancías por motivos logísticos se considera establecimiento permanente y, por tanto, como sujeto pasivo establecido en el territorio de aplicación del impuesto, debiendo presentar una alta censal (Modelo 400) y cumplir las obligaciones formales previstas en el Título Cuarto de la Ley 20/1991, y su desarrollo normativo que, esencialmente, se desarrolla en: - Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio - Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados en aplicación del mismo. De no recaer la condición de establecido en Canarias en el consultante, en las entregas interiores que realice le será de aplicación la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 19, número 1, apartado 2o, de la Ley 20/1991. Ello conllevará a que el empresario radicado en Canarias, cliente del consultante, por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que reciba del no establecido, deberá emitir un documento equivalente a la factura, que contenga la liquidación del I.G.I.C. y los datos contenidos en el artículo 3o del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, todo ello de acuerdo con el artículo 8 bis del citado Real Decreto.
 e) En el caso de devoluciones de mercancías, el importador podrá recuperar el I.G.I.C. satisfecho a la importación mediante el mecanismo general de deducción de dicho Impuesto, considerándose a dichos efectos como documento justificativo de la deducción el documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación (la Carta de Pago), conforme al artículo 31, número 1, de la Ley 20/1991. Asimismo, en el supuesto de que se haya pagado el A.P.I.C. a la importación por ser el consultante el importador y no ser de aplicación ninguno de los supuestos de exención previstos, puede solicitarse la devolución de las cuotas pagadas a la importación por dicho Impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 87, número 2, de la Ley 20/1991, y su desarrollo reglamentario en el artículo 148, número 2, del Real Decreto 2.538/1994 y, con mayor detalle, en el artículo 25 del Decreto 139/1991. Dicha devolución está prevista con ocasión de la exportación o reenvío definitivo de bienes previamente importados, y debe tenerse en cuenta que el derecho a la devolución por dicho reenvío o exportación sólo puede ser ejercido por aquél que en su momento fue el sujeto pasivo de la importación. Por lo que respecta a su tramitación, el citado artículo 25 del Decreto 139/1991, en los números 2 y 3, establece lo siguiente: ¿2. Dicha devolución se solicitará al término de cada trimestre natural, precisamente respecto de las cuotas en él pagadas, durante el plazo máximo del mes siguiente a cada uno de ellos, mediante impreso oficial aprobado a dicho efecto. 3. Su ejercicio quedará condicionado al cumplimiento de los siguientes extremos: - Haber presentado solicitud de devolución, a la que se debe unir copia de las declaraciones de exportación o de envío a territorio peninsular, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, o el extranjero, en los que se haga constar de los bienes muebles corporales del ámbito de aplicación del Arbitrio, mediante la correspondiente diligencia o visado acreditativo de la Administración Tributaria Canaria. - Asimismo, se presentará copia del documento que aprueba el ingreso de las cuotas del Arbitrio a la importación relativas a los bienes exportados o enviados a territorio peninsular, Islas Baleares, Ceuta, Melilla o el extranjero.¿ Para lo no previsto en la normativa citada será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V del Título VII del Código Aduanero Comunitario.
 f) Presuponiendo no ser de aplicación lo mencionado en el apartado c) anteriormente mencionado por no ser el ¿aparataje¿ una muestra comercial sin valor comercial estimable, los artículos 15 y 77 de la Ley 20/1991 prevén la aplicación de regímenes especiales de importación en el I.G.I.C. y A.P.I.C. respectivamente, en este caso bajo el supuesto de importación temporal, entre los que se incluye el régimen especial de tránsito al amparo de cuadernos ATA. El desarrollo reglamentario de los citados artículos se encuentra en los artículos 34 y 142 del Real Decreto 2.538/1994 y en el Capítulo II, dedicado a los Regímenes Especiales de Importación, del Decreto 139/1991, así como en las referencias directas que la normativa realiza a las disposiciones aduaneras y al carácter supletorio de las mismas respecto a lo no dispuesto en la propia de los tributos, tal y como se establece en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/1991, esencialmente en el Reglamento 2913/1992/CEE, del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba del Código Aduanero Comunitario. En el caso planteado por el instante, envío de productos de demostración (aparataje), el Reglamento CEE 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento CEE 2913/92, en su Título III, dedicado a los Regímenes Aduaneros Económicos, Capítulo 5, Régimen de importación temporal, Sección 2, Subsección 1, Casos y condiciones en los que podrá autorizarse la importación temporal con exención total, establece, entre otros los siguientes supuestos: - Mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o manifestación similar, en los términos previstos en el artículo 673 del citado Reglamento - Las mercancías de cualquier naturaleza que deban someterse a ensayos, experimentos o demostraciones, incluidos los ensayos y los experimentos necesarios para los procedimientos de homologación, con exclusión de los ensayos, experimentos o demostraciones que constituyan una actividad lucrativa - Las muestras, es decir, los artículos representativos de una categoría determinada de mercancías ya fabricadas o que sean modelos de mercancías cuya fabricación se prevea, excluidos los artículos idénticos introducidos por la misma persona o expedidos al mismo destinatario en cantidades tales que, considerados en su conjunto, ya no constituyen muestras de acuerdo con la práctica comercial habitual. Estas muestras deberán ser importadas únicamente para ser presentados o ser objeto de una demostración en el territorio aduanero de la Comunidad a fin de conseguir pedidos de mercancías similares que se importaran en ese mismo territorio. No deberán ser vendidas ni destinadas a su uso normal, excepto por lo que se refiere a las necesidades de la demostración, ni ser utilizadas de ninguna manera durante su estancia en el territorio aduanero de la Comunidad. Los dos párrafos anteriores se incluyen en el artículo 680 del Reglamento CEE 2913/92, entendiéndose como territorio aduanero de la Comunidad el ámbito territorial de aplicación del IGIC y APIC. De no ser de aplicación la exención total, el artículo 142 del Código Aduanero Comunitario permite la concesión de una exención parcial de derechos de importación cuya cuantía dependerá, entre otras circunstancias, de la permanencia de los bienes objeto de demostración en el ámbito de aplicación del I.G.I.C. y A.P.I.C.
 g) Las obligaciones formales serían las expuestas en el anterior apartado d), y, en la práctica, los bienes destinados a su comercialización en Canarias se entenderían importados por su establecimiento permanente ¿por lo que en las importaciones habría que adjuntar una factura ¿pro forma¿ al D.U.A. y no una factura comercial, al existir identidad subjetiva entre exportador peninsular e importador canario y, por tanto, ausencia de entrega- y después objeto de entrega interior a sus clientes en Canarias, debiéndose repercutir el I.G.I.C. a éstos últimos e ingresarse, previa deducción del I.G.I.C. soportado en adquisiciones interiores o satisfecho en importaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 20/1991, en las correspondientes declaraciones-liquidaciones trimestrales, todo ello sin perjuicio de que sea de aplicación alguna de las exenciones previstas para las operaciones interiores. Respecto al A.P.I.C., hacer referencia a lo citado en el segundo párrafo de la letra a) de la presente consulta tributaria.
 h) Nuevamente remitirse a la letra d).
 i) Ver la letra g).
 j) Respecto a las obligaciones fiscales del Impuesto sobre Sociedades, esta Dirección General de Tributos no es competente para resolver consultas tributarias, debiéndo el consultante remitirse respecto a dichas cuestiones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 21.5.2011
 RO
 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 C 152/8
 Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 martie 2011 — Ferrero SpA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
 (Cauza C-552/09 P) (1)
 (Recurs - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Marca comunitară figurativă TiMi KiNDERJOGHURT - Marca verbală anterioară KINDER - Procedură de declarare a nulității - Articolul 52 alineatul (1) litera (a) - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 5 - Aprecierea similitudinii semnelor - Familie de mărci)
 2011/C 152/13
 Limba de procedură: engleza
 Părțile
 Recurentă: Ferrero SpA (reprezentant: C. Gielen, avocat)
 Ceelelalte părți în proces: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: Botis, agent), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
 Obiectul
 Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) din 14 octombrie 2009, Ferrero SpA/OAPI — Tirol Milch (T-140/08) prin care Tribunalul a respins acțiunea în anularea Deciziei R 682/2007-2 a Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) din 30 ianuarie 2008 de anulare a deciziei diviziei de anulare prin care s a declarat nulitatea mărcii verbale „TiMi KINDERJOGHURT” pentru produse din clasa 29 în cadrul cererii de declarare a nulității formulată de reclamantă
 Dispozitivul
 1.
 Respinge recursul.
 2.
 Obligă Ferrero SpA la plata cheltuielilor de judecată.
 (1) JO C 80, 27.3.2010.


text:
 13.10.2012
 PL
 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
 C 311/5
 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez The Equality Tribunal (Irlandia) w dniu 30 lipca 2012 r. — Z przeciwko Government Department and the Board of Management of a Community School
 (Sprawa C-363/12)
 2012/C 311/06
 Język postępowania: angielski
 Sąd krajowy
 The Equality Tribunal
 Strony w postępowaniu przed sądem krajowym
 Strona skarżąca: Z
 Strona pozwana: Government Department and the Board of Management of a Community School
 Pytania prejudycjalne
 1)
 Biorąc pod uwagę następujące postanowienia prawa pierwotnego Unii Europejskiej:
 (i)
 art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,
 (ii)
 art. 8 i 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 (iii)
 art. 21, 23, 33 i 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
 czy dyrektywę 2006/54/WE (1), a w szczególności jej art. 4 i 14, należy interpretować w ten sposób, że odmowa udzielenia urlopu równoważnego z urlopem macierzyńskim lub urlopem z tytułu adopcji kobiecie, której dziecko genetyczne urodziło się w drodze umowy o macierzyństwo zastępcze i która opiekuje się tym dzieckiem od chwili urodzenia, stanowi dyskryminację ze względu na płeć?
 2)
 W razie odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie, czy dyrektywa 2006/54/WE jest zgodna z wymienionymi postanowieniami prawa pierwotnego Unii Europejskiej?
 3)
 Biorąc pod uwagę następujące postanowienia prawa pierwotnego Unii Europejskiej:
 (i)
 art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 (ii)
 art. 21, 26 i 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
 czy dyrektywę 2000/78/WE (2), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 i art. 5, należy interpretować w ten sposób, że odmowa udzielenia urlopu równoważnego z urlopem macierzyńskim lub urlopem z tytułu adopcji kobiecie, której niepełnosprawność nie pozwala urodzić dziecka, a której dziecko genetyczne urodziło się w drodze umowy o macierzyństwo zastępcze i która opiekuje się tym dzieckiem od chwili urodzenia, stanowi dyskryminację ze względu na niepełnosprawność?
 4)
 W razie odpowiedzi przeczącej na trzecie pytanie, czy dyrektywa 2000/78/WE jest zgodna z wymienionymi postanowieniami prawa pierwotnego Unii Europejskiej?
 5)
 Czy Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych znajduje zastosowanie do wykładni lub badania ważności dyrektywy 2000/78/WE?
 6)
 W razie odpowiedzi twierdzącej na piąte pytanie, czy dyrektywa 2000/78/WE, a w szczególności jej art. 3 i 5, jest zgodna z art. 5, 6, art. 27 ust. 1 lit. b) i art. 28 ust. 2 lit. b) Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych?
 (1) Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 204, s. 23).
 (2) Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16).