type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 Bruselas, 15.12.2005
 COM(2005) 649 final
 2005/0259 (CNS)
 Propuesta de
 REGLAMENTO DEL CONSEJO
 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
 resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos
 (presentada por la Comisión)
 {SEC(2005) 1629}
 ES ES
 ---pagebreak--- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA
 1.1. Contexto general
 1.1.1. En la Unión Europea
 En la reunión que celebró en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo
 Europeo pidió que, en materia de obligaciones de alimentos, se establecieran normas de
 procedimiento comunes especiales con el fin de simplificar y acelerar la solución de litigios
 transfronterizos y se suprimieran las medidas intermedias exigidas para permitir el
 reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una resolución dictada en otro Estado
 miembro.
 El Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las
 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, adoptado el 30 de noviembre de 20001,
 aboga por la supresión del procedimiento de exequátur en favor de los acreedores de
 alimentos, que ya se acogen al Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre
 de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las
 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, “Bruselas I”)2. Por otra
 parte, este Proyecto indica, de una manera general, que “a veces resultará necesario, e
 incluso indispensable, establecer a nivel europeo un número determinado de normas
 procesales, que constituirán garantías mínimas comunes”, o incluso “orientarse hacia una
 cierta armonización de los procedimientos”. Prevé la adopción de medidas complementarias
 del reconocimiento mutuo mediante las que “se buscaría hacer más eficaz la ejecución, en el
 Estado requerido, de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro”, en
 particular, permitiendo “identificar de forma precisa los datos sobre el patrimonio del deudor
 en el territorio de los Estados miembros” o permitiendo integrar el reconocimiento mutuo
 “en el marco de una mayor cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados
 miembros” y, finalmente, relativas a “la armonización de las normas de conflicto de leyes”.
 El Consejo Europeo reafirmó la pertinencia de este Proyecto en noviembre de 2004 cuando se
 aprobó el “Programa de La Haya”3, en el cual se destaca que “la continuación de la
 aplicación del programa de medidas relativas al reconocimiento mutuo deberá constituir una
 prioridad en los años venideros, para garantizar que quede concluido en 2011”.
 El Consejo y la Comisión adoptaron, los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de Acción
 común que traduce el Programa de La Haya en acciones concretas y que menciona, por lo que
 se refiere a la cooperación judicial civil, la adopción en 2005 de “propuestas relativas a las
 obligaciones de alimentos”4.
 1
 DO C 12 de 15.01.2001.
 2
 DO L 12 de 16.01.2001.
 3
 DO C 53 de 3.03.2005.
 4
 Documento del Consejo de la Unión Europea n° 9778/2/05 REV 2 JAI 207.
 ES 2 ES
 ---pagebreak--- 1.1.2. En el plano internacional
 La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado5 también ha iniciado trabajos
 en el ámbito de las obligaciones de alimentos con el fin de modernizar los convenios
 existentes6. Se dedicaron tres reuniones de una comisión especial a la elaboración de un nuevo
 convenio general sobre las obligaciones de alimentos en mayo de 2003, junio de 2004 y abril
 de 2005. Está prevista una cuarta reunión de la comisión especial para junio de 2006, con
 vistas a una posible sesión diplomática durante el primer semestre de 2007. La Comunidad
 Europea participa activamente en estas negociaciones.
 La articulación entre las negociaciones realizadas en La Haya y los trabajos comunitarios
 debe orientarse hacia la búsqueda de sinergias posibles entre los dos ejercicios que no son
 contradictorios, sino coherentes y complementarios, como recordó el Consejo Europeo en el
 Programa de La Haya.
 La Comunidad debe así estar en condiciones de adoptar una estrategia coherente en el marco
 de las negociaciones internacionales y, en paralelo, debe proseguir sus esfuerzos para
 construir en su seno un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia.
 La Conferencia de La Haya representa para la Comunidad un foro internacional que permite
 el desarrollo de una política de cooperación con los terceros países en el ámbito de la justicia
 civil. El espacio de intercambio y de debate que ofrece constituye una fuente de inspiración de
 valor inestimable para el trabajo comunitario. Por otro lado, no se excluye que, en algunos
 ámbitos específicos, las negociaciones de La Haya puedan producir resultados extrapolables a
 la Unión Europea.
 Sin embargo, el nivel de integración entre los Estados miembros con relación a los terceros
 países y la amplitud de los objetivos perseguidos por la Unión Europea hacen necesaria la
 búsqueda de soluciones comunitarias particulares. La cooperación entre los Estados
 miembros, que tienen a su disposición no sólo un sistema más coherente y más completo de
 normas de conflicto de jurisdicciones y de reconocimiento de resoluciones, sino también una
 red judicial europea operativa, puede ciertamente ser más estrecha que con los Estados
 terceros.
 1.2. Objetivos
 La propuesta se propone suprimir el conjunto de obstáculos que todavía existen para cobrar
 los alimentos en la Unión Europea. Es cierto que no abolirá la precariedad económica y social
 que afecta a algunos deudores y les priva de empleo e ingresos regulares que les impiden
 satisfacer sus obligaciones, pero permitirá crear un entorno jurídico adaptado a las legítimas
 aspiraciones de los alimentistas. Estos últimos deben poder obtener de manera fácil y rápida
 5
 Sitio web: http://www.hcch.net/http://www.hcch.net.
 6
 Convenio de La Haya, de 24 de octubre de 1956, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias
 respecto a menores; Convenio de La Haya, de 15 de abril de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de
 decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores; Convenio de La Haya, de 2
 de octubre de 1973, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, que sustituye, en las
 relaciones entre los Estados que son Parte, al de 24 de octubre de 1956; Convenio de La Haya, de 2 de
 octubre de 1973, referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las
 obligaciones alimenticias, que sustituye, en las relaciones entre los Estados que son Parte, al de 15 de
 abril de 1958. A esta lista es necesario añadir la Convención de Nueva York, de 20 de junio de 1956,
 sobre la obtención de alimentos en el extranjero, celebrada en el marco de la ONU.
 ES 3 ES
 ---pagebreak--- y, casi siempre, sin gastos, un título ejecutivo que pueda circular sin obstáculos por el espacio
 judicial europeo y lograr en concreto el pago regular de las sumas adeudadas.
 Este nuevo ordenamiento jurídico europeo requiere una acción que no se limitará a retocar los
 mecanismos actuales; se adoptarán medidas ambiciosas en todos los ámbitos pertinentes de la
 cooperación judicial civil: competencia internacional, ley aplicable, reconocimiento y
 ejecución, cooperación y supresión de los obstáculos al buen desarrollo de los
 procedimientos. Estas respuestas globales se agruparán, además, en un único Reglamento
 comunitario.
 Tres objetivos guiarán esta acción:
 1.2.1. Simplificar la vida de los ciudadanos.
 La simplicidad se busca, en primer lugar, en la llevanza de los procedimientos necesarios para
 demostrar el crédito alimentario. Las normas de competencia internacional del Reglamento
 Bruselas I ya ofrecen al acreedor de alimentos la posibilidad de acudir a una autoridad cercana
 a él, pero aún cabe mejorar la situación y disipar algunas ambigüedades. Una vez dictada la
 resolución, hay que adoptar medidas para que goce de la misma fuerza de que goza en el
 Estado miembro de origen sin mediar formalidad alguna. Así se alcanzará el objetivo
 consistente en suprimir las “medidas intermedias”.
 De manera más general, y para cada etapa del proceso de cobro de una pensión de alimentos,
 es necesario ofrecer al alimentista la ayuda y asistencia que le siguen faltando hoy. La
 instauración de mecanismos de cooperación entre los Estados miembros persigue este
 objetivo. En la misma óptica, debe también mencionarse la posibilidad de efectuar las
 gestiones necesarias en el lugar de su residencia habitual, incluso en la fase de ejecución
 propiamente dicha, en particular, para obtener embargos de sueldos o cuentas bancarias, para
 iniciar los mecanismos de cooperación, o para tener acceso a la información que permite
 localizar al deudor y evaluar su patrimonio. Por este motivo está previsto reforzar las
 garantías de acceso a la justicia, mediante un sistema de representación de los intereses de los
 alimentistas por las autoridades centrales de los Estados miembros.
 Finalmente, la simplicidad exige poner fin a la diversidad de fuentes de Derecho en este
 ámbito, ya que en la Unión Europea no existe actualmente un único régimen perfectamente
 armonizado en materia de reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia de
 alimentos.
 El Reglamento Bruselas I, en su artículo 71, deja en efecto subsistir “a los convenios en que
 los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia
 judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones”. El último párrafo del mismo
 artículo precisa que “cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren
 parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las
 condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas
 condiciones”. En la “materia particular” de las obligaciones de alimentos, 17 de 25 Estados
 miembros son Parte en el Convenio de La Haya, de 2 de octubre de 1973, referente al
 reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias.
 Por tanto, entre estos Estados miembros, son aplicables las “condiciones” fijadas por el
 Convenio de 1973, anterior al Reglamento Bruselas I.
 ES 4 ES
 ---pagebreak--- Ahora bien, de acuerdo con el artículo 26 de este Convenio, todo Estado contratante puede
 reservarse el derecho de no reconocer ni declarar ejecutivas una serie de decisiones, en
 particular, las relativas a los alimentos adeudados a adultos o entre colaterales o afines. La
 mayor parte de los Estados miembros que son Parte en el Convenio de 19737 han formulado
 una o más reservas sobre la procedencia de esta disposición, lo que ha dado lugar a contrastes
 en el panorama del reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de alimentos.
 Estos disonancias reflejan algunas divergencias entre Estados miembros respecto al concepto
 mismo de alimentos. Las reservas previstas en el Convenio de 1973 dejan libre curso a la
 expresión de estas divergencias. Éstas permiten oponer al reconocimiento de algunas
 resoluciones de alimentos una especie de “cláusula general de orden público”. El orden
 público ya no se utiliza caso por caso, a posteriori; se utiliza de manera general, y a priori,
 por medio de una reserva al Convenio de 1973, que tiene primacía sobre el Derecho
 comunitario.
 Tales desemejanzas ya no tienen razón de ser en la Unión Europea que, en materia de
 obligaciones de alimentos, ha optado, al más alto nivel político, por la libre circulación de
 resoluciones. Sin embargo, invitan a reflexionar sobre la manera de responder a las
 preocupaciones de los Estados miembros que, en el sistema anterior, habían manifestado el
 deseo de limitar esta circulación.
 1.2.2. Aumentar la seguridad jurídica
 La armonización de las normas de conflicto de leyes tiene la virtud de permitir a los
 acreedores actuar con pleno conocimiento de causa, sin estar sometidos a la diversidad de los
 sistemas nacionales, lo que garantiza una cierta “previsibilidad jurídica”.
 Por efecto de las normas que determinan la ley aplicable, el tribunal competente dicta una
 resolución basada en las normas de Derecho material que presentan los vínculos más
 estrechos con el asunto. Eso también permite evitar las situaciones más injustas: un acreedor
 de alimentos obtendrá una respuesta adaptada a su situación, sin que tenga que sufrir la
 disparidad de las normas sobre conflicto de leyes.
 Así pues, la norma de conflicto de leyes acompaña y facilita la supresión de las “medidas
 intermedias”, en la fase de reconocimiento: la resolución es menos cuestionable si se dicta de
 acuerdo con una ley designada según normas armonizadas.
 Además, y de manera más directa, las normas sobre la ley aplicable pueden impedir, en
 algunas situaciones, demandas basadas en relaciones alimentarias que no son unánimemente
 aceptadas (entre hermanos, por ejemplo). La norma de conflicto de leyes constituye así una
 “red de seguridad” en un espacio de libre circulación de resoluciones y conforta a los Estados
 miembros que entienden restrictivamente el concepto de obligación de alimentos.
 El objetivo de las normas de conflicto de leyes no consiste en negar estas divergencias;
 tampoco se trata de uniformizar las concepciones, que responden a preocupaciones
 nacionales, ya sean sociales, económicas o culturales, sino de garantizar que no se dictará
 7
 17 Estados miembros: Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
 Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia y
 Suecia.
 ES 5 ES
 ---pagebreak--- ninguna resolución con arreglo a una ley desprovista de un vínculo suficiente con la situación
 familiar en cuestión.
 1.2.3. Garantizar la eficacia y estabilidad del cobro
 Solo la mejora del cobro efectivo de las pensiones de alimentos puede modificar concreta y
 duraderamente la situación actual. Se trata de permitir al acreedor obtener una resolución
 ejecutiva en todo el territorio de la Unión Europea que después pueda acogerse a un sistema
 de ejecución sencillo y armonizado. Se requieren tres requisitos: el primero es generalizar y
 automatizar la ejecución provisional de todas las resoluciones en materia de alimentos. El
 segundo consiste en suprimir las medidas intermedias que posibilitan que una resolución
 dictada en un Estado miembro sea reconocida y ejecutiva en otro Estado miembro. El tercero
 es adoptar un conjunto de medidas relativas a la ejecución propiamente dicha: acceso a la
 información sobre la situación del deudor, instauración de los instrumentos jurídicos que
 permiten proceder a retenciones directas sobre los sueldos y las cuentas bancarias, y refuerzo
 del carácter privilegiado de los créditos alimentarios.
 El conjunto de los objetivos perseguidos por la propuesta se alcanzará garantizando al mismo
 tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea. Se
 asegurará el equilibrio entre los derechos de los alimentistas y los de los alimentantes, los
 cuales siempre tendrán garantizado, en particular, el derecho a un juicio justo y el derecho a la
 protección de los datos de carácter personal.
 2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS
 La Comisión encargó un estudio sobre el cobro de las deudas de alimentos en los Estados
 miembros de la Unión Europea8.
 Se organizó una primera reunión de expertos, el 3 de noviembre de 2003, a fin de definir los
 principales aspectos que convendría tratar en un futuro Libro Verde relativo a las obligaciones
 de alimentos.
 La Comisión adoptó el Libro Verde sobre las obligaciones de alimentos el 15 de abril de
 20049. Las primeras respuestas fueron objeto de una audiencia pública organizada el 2 de
 junio de 2004. Otras respuestas llegaron posteriormente10.
 Sobre la base de un documento de trabajo preparado por los servicios de la Comisión que
 comprendía tres anteproyectos de propuestas legislativas, se organizó una segunda reunión de
 expertos de los Estados miembros el 12 de mayo de 2005. Esta reunión permitió abordar el
 conjunto de cuestiones relativas a las obligaciones de alimentos en la Unión Europea: ley
 aplicable, competencia internacional, reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las
 resoluciones, armonización de determinadas normas de procedimiento, cooperación entre
 autoridades centrales, acceso a la información, etc.
 8
 Este estudio puede consultarse en el sitio de la Dirección General “Justicia Libertad y Seguridad” en la
 dirección siguiente:
 http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
 9
 COM(2004) 254 final.
 10
 Las respuestas se publican en la siguiente dirección:
 http://europa.eu.int:8082/comm/justice_home/ejn/maintenance_claim/maintenance_claim_ec_en.htm
 ES 6 ES
 ---pagebreak--- Con posterioridad, los participantes en esta reunión fueron invitados a presentar a la Comisión
 observaciones escritas sobre el documento de trabajo que comprendía los tres anteproyectos
 de propuestas legislativas.
 La Comisión procedió a un estudio de impacto, que figura adjunto a la presente propuesta.
 Las contribuciones de los expertos consultados, en el marco del Libro Verde y
 posteriormente, se analizaron con este motivo. Se previeron varias opciones: el status quo,
 una acción no legislativa y varias modalidades de iniciativa legislativa de la Comunidad. De
 este estudio se desprende que, para responder a las múltiples dificultades a que se enfrentan
 los acreedores de alimentos, ya sean de carácter jurídico o práctico, la Comunidad debe prever
 una acción de gran envergadura, que abarque todos los ámbitos de acción posibles.
 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
 3.1. Base jurídica
 La materia objeto de la presente propuesta se rige por el artículo 65 del Tratado constitutivo
 de la Comunidad Europea y su base jurídica es el artículo 61, letra c), de dicho Tratado.
 El artículo 65 confiere a la Comunidad competencias legislativas relativas a la cooperación
 judicial en las materias civiles que tienen una incidencia transfronteriza, en la medida
 necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior.
 Las medidas aquí previstas se remiten a las mencionadas expresamente en la lista – no
 exhaustiva – del artículo 65: conflictos de jurisdicciones, conflictos de leyes, reconocimiento
 y ejecución de resoluciones, eliminación de los obstáculos al buen desarrollo de los
 procedimientos civiles, fomentando la compatibilidad de las normas procesales civiles.
 Las instituciones comunitarias disponen de un margen de apreciación para determinar si una
 medida es necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. La presente
 propuesta facilita el correcto funcionamiento del mercado interior en la medida en que la
 instauración de un nuevo entorno jurídico destinado a hacer más eficaz el cobro de las deudas
 alimentarias contribuirá a eliminar los obstáculos a la libre circulación de personas que,
 actualmente, sufren de las divergencias subsistentes entre los Estados miembros en materia de
 cobro de las pensiones alimentarias.
 Por lo que se refiere al requisito de la incidencia transfronteriza, la presente propuesta
 contiene medidas cuyo objeto es facilitar la obtención de un título y su ejecución en
 situaciones que incluyen siempre un elemento internacional. Las normas de conflicto de
 jurisdicciones y de conflicto de leyes se refieren, por definición, a situaciones internacionales
 que incluyen elementos jurídicos procedentes de distintos países. Las disposiciones relativas
 al reconocimiento y la fuerza ejecutiva de las resoluciones tienen por objeto posibilitar que
 una resolución dictada en un Estado miembro goce automáticamente de fuerza ejecutiva en
 cualquier otro Estado miembro. Complementan estas disposiciones unas medidas de
 armonización mínima de algunas normas procesales nacionales. Las medidas de ejecución
 previstas en la propuesta tienen por objeto facilitar la ejecución en un Estado miembro de una
 resolución pronunciada en otro Estado miembro. Por último, las disposiciones relativas a la
 cooperación y al intercambio de información funcionan solamente entre dos Estados
 miembros diferentes.
 ES 7 ES
 ---pagebreak--- El presente Reglamento se adoptará según el procedimiento previsto en el artículo 67,
 apartado 2, del Tratado, a cuyo tenor el Consejo se pronunciará por unanimidad previa
 consulta al Parlamento Europeo. La Comisión considera, en efecto, que la presente propuesta
 contiene aspectos relativos al Derecho de familia en el sentido del artículo 67, apartado 5,
 segundo guión.
 Esta interpretación se impone jurídicamente, habida cuenta de los estrechísimos vínculos que
 unen la obligación de alimentos al Derecho de familia, pero hay que reconocer que esta
 clasificación no carece de inconvenientes. No tiene suficientemente en cuenta la naturaleza
 híbrida del concepto de obligación de alimentos, que es familiar por sus raíces, pero
 pecuniaria en su aplicación, como cualquier crédito.
 El legislador comunitario ha considerado, por otra parte, que las obligaciones de alimentos
 podían regirse por el régimen de Derecho común en materia de cooperación judicial civil,
 fuera de la esfera del Derecho de familia. El Reglamento Bruselas I, haciendo suya la
 estructura del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, excluye el Derecho de
 familia, pero mantiene las obligaciones de alimentos en su ámbito de aplicación. Por el
 contrario, el Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
 materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo, “nuevo Reglamento
 Bruselas II”)11, cubre una parte esencial del Derecho de familia (divorcio o responsabilidad
 parental), pero excluye las obligaciones de alimentos. Por último, el Reglamento (CE) n°
 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se
 establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados12 (en lo sucesivo,
 “Reglamento TEE”) engloba los créditos alimentarios y se adoptó según el procedimiento de
 codecisión.
 La presente propuesta se inscribe evidentemente en un contexto diferente, ya que se consagra
 solamente a las obligaciones de alimentos, que no constituyen, en los demás instrumentos
 citados, más que una parte accesoria de su ámbito de aplicación. Por tanto, la Comisión, por
 respeto al tenor del Tratado, no puede sino constatar que esta propuesta afecta al Derecho de
 familia y que, por tanto, se excluye del procedimiento de codecisión.
 Los inconvenientes antes citados podrían evitarse si el Consejo decidiera reintegrar las
 obligaciones de alimentos en el régimen de Derecho común. De acuerdo con el artículo 67,
 apartado 2, segundo guión, del Tratado, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al
 Parlamento Europeo, puede efectivamente decidir que todos o parte de los ámbitos cubiertos
 por el título IV de la tercera parte del Tratado se rijan por el procedimiento del artículo 251.
 Por tanto, es posible transferir la materia de las obligaciones de alimentos de la unanimidad a
 la codecisión.
 La Comisión invita al Consejo a adoptar una decisión en este sentido, cosa que sería conforme
 tanto con la naturaleza particular de las obligaciones de alimentos como con el contexto
 legislativo en el que la Comunidad ha intervenido hasta ahora en este ámbito.
 11
 DO L 338 de 23 de diciembre de 2003, pp. 1-29.
 12
 DO L 143 de 30 de abril de 2004, pp. 15-39.
 ES 8 ES
 ---pagebreak--- 3.2. Proporcionalidad y subsidiariedad
 Los Estados miembros no pueden alcanzar los objetivos de esta propuesta por sí mismos. En
 efecto, las normas de competencia internacional y de conflictos de leyes, así como las normas
 de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones, deben ser uniformes para facilitar el
 funcionamiento del mercado interior. Sólo una acción a escala comunitaria puede garantizar la
 equivalencia de las normas aplicables, como ha sido el caso anteriormente, por ejemplo, con
 el Reglamento Bruselas I. Lo mismo sucede con las normas de cooperación, ya que las
 autoridades centrales designadas deben estar sujetas a las mismas obligaciones de ayuda
 mutua en la Unión Europea.
 La actual propuesta es plenamente conforme con el principio de proporcionalidad, puesto que
 se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos. Las normas de conflicto de
 leyes permiten, en particular, evitar toda armonización del Derecho sustantivo. Por su parte,
 las normas de competencia, de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones implican
 muy pocas consecuencias para las normas procesales internas.
 La forma escogida, el reglamento, se justifica por diversas razones. No puede dejarse a los
 Estados miembros ningún margen de apreciación, no sólo por lo que se refiere a la
 determinación de las reglas de competencia internacional, cuyo objetivo es garantizar la
 seguridad jurídica en beneficio de los ciudadanos y los agentes económicos, sino tampoco por
 lo que respecta al procedimiento de reconocimiento y ejecución, que responde a un
 imperativo de claridad y homogeneidad dentro los Estados miembros. Lo mismo sucede con
 las normas de conflicto de leyes. En efecto, la propuesta establece en esta materia normas
 uniformes para la ley aplicable, que son precisas e incondicionales y no requieren ninguna
 medida de transposición en Derecho nacional. Si, por el contrario, los Estados miembros
 dispusieran de un margen de maniobra para la transposición de estas normas, se volvería a
 introducir la inseguridad jurídica que la presente propuesta precisamente pretende suprimir.
 Por otra parte, el objetivo de transparencia reviste capital importancia en este ámbito y debe
 facilitar una lectura inmediata y uniforme de las normas aplicables en la Comunidad Europea,
 sin que sea necesario buscar las disposiciones del Derecho nacional que transpongan el
 instrumento comunitario, Derecho nacional que, a menudo, será un Derecho desconocido para
 el demandante. Además, mediante la opción del reglamento, el Tribunal de Justicia podrá
 garantizar una aplicación uniforme de sus disposiciones en todos los Estados miembros.
 3.3. Posición del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
 El título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por el que se rige la materia
 objeto de la presente propuesta de Reglamento, no se aplica al Reino Unido ni a Irlanda, salvo
 si estos Estados optan por participar en las condiciones definidas por el Protocolo anejo al
 Tratado.
 El título IV del Tratado tampoco es aplicable a Dinamarca en virtud del Protocolo que la
 concierne.
 ES 9 ES
 ---pagebreak--- 2005/0259 (CNS)
 Propuesta de
 REGLAMENTO DEL CONSEJO
 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
 resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos
 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 61, letra c),
 y su artículo 67, apartado 2,
 Vista la propuesta de la Comisión13,
 Visto el dictamen del Parlamento Europeo14,
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15,
 Considerando lo siguiente:
 (1) La Unión se fijó como objetivo mantener y desarrollar un espacio de libertad,
 seguridad y justicia en cuyo seno se garantice la libre circulación de las personas. Para
 instaurar progresivamente este espacio, la Comunidad Europea debe, en particular,
 adoptar las medidas que dependen del ámbito de la cooperación judicial en materia
 civil que son necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.
 (2) A este respecto, la Comunidad ya adoptó, entre otras medidas, el Reglamento (CE) n°
 1348/2000 del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros
 de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil16, el
 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la
 competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
 materia civil y mercantil17, la Decisión no 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de
 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil18, el
 Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la
 cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito
 de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil19, el Reglamento (CE) n°
 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el
 reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
 13
 DO C [...] de [...], p. [...].
 14
 DO C [...] de [...], p. [...].
 15
 DO C [...] de [...], p. [...].
 16
 DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
 17
 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
 18
 DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
 19
 DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.
 ES 10 ES
 ---pagebreak--- responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/200020, y
 el Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
 de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no
 impugnados21.
 (3) El Consejo Europeo reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999
 preconizó el establecimiento de normas de procedimiento comunes especiales para
 simplificar y acelerar la solución de los litigios transfronterizos referidos, en particular,
 a los créditos alimentarios. También recomendó suprimir las medidas intermedias
 exigidas para permitir el reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una
 resolución dictada en otro Estado miembro.
 (4) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un Proyecto de medidas para la aplicación del
 principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y
 mercantil22, común a la Comisión y al Consejo.
 (5) El Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre
 de 2004, adoptó un nuevo programa, llamado “Programa de La Haya”, titulado:
 “Consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea”.
 (6) El Consejo y la Comisión adoptaron, los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de
 Acción común que traduce el Programa de La Haya en acciones concretas y menciona
 la necesidad de adoptar propuestas sobre las obligaciones de alimentos.
 (7) Debe ser posible que un acreedor de alimentos obtenga fácilmente, en un Estado
 miembro, una resolución que automáticamente revestirá fuerza ejecutiva en cualquier
 otro Estado miembro y cuya ejecución será más fácil y rápida.
 (8) A fin de alcanzar este objetivo y garantizar a los ciudadanos un mejor acceso a las
 normas jurídicas aplicables, procede agrupar en un único instrumento el conjunto de
 medidas necesarias para el cobro de las obligaciones de alimentos en la Comunidad.
 Por tanto, el presente Reglamento debe incluir disposiciones sobre los conflictos de
 órgano jurisdiccional, los conflictos de leyes, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las
 resoluciones extranjeras, y la cooperación.
 (9) El ámbito de aplicación del Reglamento debe extenderse a todas las obligaciones de
 alimentos derivadas de las relaciones familiares o de las relaciones que produzcan
 efectos similares, y ello a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores
 de alimentos.
 (10) Las normas relativas a la competencia internacional difieren algo de las actualmente
 aplicables, tal como resultan del Reglamento (CE) n° 44/2001. Con el fin de garantizar
 la mejor defensa posible de los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer
 la buena administración de la justicia en la Unión Europea, estas normas deben
 clarificarse y cubrir en lo sucesivo todos los supuestos en los que exista un vínculo
 suficiente entre la situación de las partes y un Estado miembro. La residencia habitual
 del demandado en un Estado no miembro de la Unión Europea ya no debe ser una
 20
 DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
 21
 DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.
 22
 DO C 12 de 15 de enero de 2001.
 ES 11 ES
 ---pagebreak--- causa de exclusión de las normas comunitarias y, en adelante, ya no debe remitirse a la
 ley nacional.
 (11) Las partes deben poder elegir de común acuerdo el órgano jurisdiccional competente,
 excepto cuando se trate de obligaciones de alimentos respecto de un menor, con el fin
 de asegurar la protección de la “parte débil”.
 (12) Es importante mantener un mecanismo claro y eficaz para resolver los casos de
 litispendencia y conexidad.
 (13) Las normas de conflicto de leyes sólo deben aplicarse a las obligaciones de alimentos
 y no determinar la ley aplicable al establecimiento de las relaciones familiares en las
 que se basan las obligaciones de alimentos.
 (14) La ley del país de la residencia habitual del acreedor de alimentos debe seguir siendo
 predominante, como en los instrumentos internacionales existentes, pero la ley del
 foro debe venir en segundo lugar, ya que a menudo permite, en este ámbito particular,
 resolver los litigios de manera más sencilla, rápida y económica.
 (15) Cuando ninguna de las dos leyes citadas permita al acreedor obtener alimentos del
 deudor, debe seguir siendo posible aplicar la ley de otro país con el que la obligación
 de alimentos presente vínculos estrechos. Puede ser, en particular, pero no solamente,
 el país de la nacionalidad común de las partes.
 (16) Las partes deben estar autorizadas, en determinadas condiciones, a elegir la ley
 aplicable. Así, deben poder elegir la ley del foro para las necesidades de un
 procedimiento. Además, deben poder convenir la ley aplicable mediante acuerdos
 previos al litigio, pero sólo cuando se trate de obligaciones de alimentos que no se
 adeuden a menores ni a adultos vulnerables; por otra parte, su elección debe limitarse a
 la designación de algunas leyes solamente.
 (17) El deudor debe estar protegido contra la aplicación de la ley designada en supuestos en
 que la relación familiar que justifique la obtención de los alimentos no sea
 unánimemente considerada digna de privilegiarse. Tal podría ser el caso, en particular,
 de las relaciones entre colaterales o entre afines, de las obligaciones de alimentos de
 los descendientes respeto de sus ascendientes, o del mantenimiento del deber de
 asistencia tras la disolución del matrimonio.
 (18) Las resoluciones dictadas en un Estado miembro en materia de obligaciones de
 alimentos deben reconocerse y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados
 miembros sin requerirse procedimiento alguno. Con el fin de suprimir toda medida
 intermedia, debe realizarse una armonización mínima de las normas de procedimiento
 que garantice el respeto de las exigencias del juicio justo según normas comunes en
 todos los Estados miembros.
 (19) Una vez pronunciada en un Estado miembro, una resolución en materia de
 obligaciones de alimentos debe poder ejecutarse rápida y eficazmente en cualquier
 otro Estado miembro. En particular, debe ser posible efectuar retenciones en la fuente
 sobre sueldos y cuentas bancarias de los deudores en beneficio de los acreedores de
 alimentos.
 ES 12 ES
 ---pagebreak--- (20) Los documentos públicos con fuerza ejecutiva y los acuerdos entre partes que sean
 ejecutivos en un Estado miembro deben asimilarse a las resoluciones.
 (21) Hay que establecer autoridades centrales en los Estados miembros en aras de la
 cooperación, tanto en general como en casos particulares, para facilitar el cobro de las
 obligaciones de alimentos. Deben intercambiar información al objeto de localizar a los
 deudores y evaluar sus bienes y recursos, respetando plenamente el conjunto de las
 exigencias relativas a la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de
 los datos de carácter personal, de acuerdo con Directiva 95/46/CE del Parlamento
 Europeo y el Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
 personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
 circulación de estos datos23.
 (22) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y cumple los principios
 reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
 Europea. En particular, tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la vida privada y
 familiar, la protección de datos de carácter personal, el respeto de los derechos del
 menor y las garantías de la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e
 imparcial, de conformidad con los artículos 7, 8, 24 y 47 de la Carta.
 (23) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de
 junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
 competencias de ejecución atribuidas a la Comisión24, procede aprobar las medidas
 necesarias para la ejecución del presente Reglamento por el procedimiento consultivo
 previsto en el artículo 3 de dicha Decisión.
 (24) El presente Reglamento debe sustituir a los instrumentos comunitarios anteriormente
 adoptados en el mismo ámbito. También debe prevalecer sobre los otros instrumentos
 internacionales aplicables en la materia entre los Estados miembros, a fin de unificar y
 simplificar las normas jurídicas vigentes.
 (25) Dado que los objetivos de la acción considerada, a saber la aplicación de una serie de
 medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos alimentarios en la
 Unión Europea, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
 miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la
 Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
 consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
 proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo
 necesario para alcanzar estos objetivos.
 (26) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y
 de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
 Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han anunciado su deseo de participar en
 la adopción y aplicación del presente Reglamento.
 (27) De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo
 al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
 23
 DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50.
 24
 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
 ES 13 ES
 ---pagebreak--- Dinamarca no participa en la aprobación del presente Reglamento y, por tanto, no
 queda vinculada por éste ni sujeta a su aplicación.
 HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
 Capítulo I
 Ámbito de aplicación y definiciones
 Artículo 1
 Ámbito de aplicación
 1. El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de las
 relaciones familiares o de relaciones que, en virtud de la ley que les sea aplicable,
 produzcan efectos similares.
 2. En el presente Reglamento, se entenderá por “Estado miembro” todos los Estados
 miembros, salvo Dinamarca [Reino Unido e Irlanda].
 Artículo 2
 Definiciones
 A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
 (1) “órgano jurisdiccional”: cualquier autoridad competente de los Estados miembros en
 materia de obligaciones de alimentos;
 (2) “juez”: el juez o el titular de competencias equivalentes a las del juez en materia de
 obligaciones de alimentos;
 (3) “resolución”: cualquier resolución adoptada en materia de obligaciones de alimentos
 por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la
 denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de
 ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del
 proceso.
 (4) “documento público con fuerza ejecutiva”:
 a) un documento redactado o registrado formalmente como documento público
 con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones de alimentos y cuya
 autenticidad:
 (i) se refiera a la firma y al contenido del documento público con fuerza
 ejecutiva, y
 ES 14 ES
 ---pagebreak--- (ii) haya sido declarada por una autoridad pública u otra autoridad autorizada
 al efecto por el Estado miembro de origen; o
 b) un convenio celebrado con autoridades administrativas o autenticado por éstas
 en materia de obligaciones de alimentos.
 (5) “Estado miembro de origen”: el Estado miembro en el cual se dictó la resolución que
 debe ejecutarse;
 (6) “Estado miembro de ejecución”: el Estado miembro en el que se solicita la ejecución
 de la resolución;
 (7) “órgano jurisdiccional de origen”: el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que
 debe ejecutarse;
 (8) “acreedor”: toda persona física a quien se adeudan o se alega se adeudan los
 alimentos;
 (9) “deudor”: toda persona física que debe o a quien se reclaman los alimentos.
 Capítulo II
 Competencia
 Artículo 3
 Competencia general
 Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados
 miembros:
 a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia
 habitual, o
 b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia
 habitual, o
 c) el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa al
 estado de las personas, cuando la demanda relativa a la obligación de alimentos
 sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la
 nacionalidad de una de las partes, o
 d) el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa a la
 responsabilidad parental, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
 2201/2003, cuando la demanda relativa a la obligación de alimentos sea
 accesoria de esta acción.
 ES 15 ES
 ---pagebreak--- Artículo 4
 Prórroga de la competencia
 1. Si las partes, de las que al menos una tiene su residencia habitual en el territorio de
 un Estado miembro, han convenido que sea un órgano jurisdiccional o los órganos
 jurisdiccionales de un Estado miembro quienes conozcan de los litigios suscitados o
 que puedan suscitarse en materia de obligaciones de alimentos, será competente este
 órgano jurisdiccional u órganos jurisdiccionales de este Estado miembro. Esta
 competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.
 2. Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse por escrito. Toda
 comunicación realizada por medios electrónicos que permita consignar de manera
 duradera el acuerdo se considerará que tiene forma escrita.
 3. Cuando tal convenio sea celebrado por partes de las que ninguna tenga su residencia
 habitual en el territorio de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de los
 demás Estados miembros no podrán conocer de tal litigio mientras el órgano
 jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales designados no hayan declinado su
 competencia.
 4. El presente artículo no es aplicable a un litigio relativo a una obligación de alimentos
 respecto de un menor de dieciocho años.
 Artículo 5
 Competencia basada en la comparecencia del demandado
 Además de los casos donde su competencia se derive de los artículos 3 y 4, será competente el
 juez de un Estado miembro ante el que el demandado comparezca. Esta regla no será
 aplicable si la comparecencia tuviera por objeto impugnar la competencia o si existe otro
 órgano jurisdiccional exclusivamente competente en virtud del artículo 4.
 Artículo 6
 Competencias residuales
 Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los
 artículos 3 a 5, lo serán los órganos jurisdiccionales siguientes:
 a) los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la nacionalidad común del
 acreedor y el deudor; o
 b) cuando se trate de obligaciones de alimentos entre cónyuges o excónyuges, los
 órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe la
 última residencia habitual común de los cónyuges, si esta residencia habitual
 aún lo era menos de un año antes de la interposición de la demanda.
 ES 16 ES
 ---pagebreak--- Artículo 7
 Litispendencia
 1. Cuando se presenten varias demandas referentes a la misma obligación de alimentos
 ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el órgano
 jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar suspenderá de oficio el
 procedimiento hasta que se determine la competencia del primero.
 2. Cuando el tribunal al que se acudió en primer lugar se declarare competente, el
 tribunal al que se haya acudido en segundo lugar se inhibirá en favor de aquél.
 Artículo 8
 Conexidad
 1. Cuando demandas conexas estuvieran pendientes ante tribunales de Estados
 miembros diferentes, el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en segundo
 lugar podrá suspender el procedimiento.
 2. Cuando tales demandas estuvieran pendientes en primera instancia, el órgano
 jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar también podrá inhibirse, a
 petición de una de las partes, siempre que el órgano jurisdiccional al que se hubiere
 acudido en primer lugar fuera competente para conocer de dichas demandas y que su
 ley permita su acumulación.
 3. Se considerarán conexas, a efectos del presente artículo, las demandas vinculadas
 entre sí por una relación tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas al
 mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser irreconciliables si los
 asuntos fueran juzgados separadamente.
 Artículo 9
 Recurso a un órgano jurisdiccional
 A efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un
 litigio:
 a) desde la fecha en que se haya presentado el escrito de interposición de la
 demanda o un documento equivalente, siempre que posteriormente el
 demandante no haya omitido adoptar las medidas que debía para que se le
 notificara o trasladara al demandado, o
 b) si dicho documento debe notificarse o trasladarse antes de su presentación al
 órgano jurisdiccional, desde la fecha en que lo reciba la autoridad encargada de
 la notificación o traslado, siempre que posteriormente el demandante no haya
 ES 17 ES
 ---pagebreak--- omitido adoptar las medidas necesarias para que el documento se presente al
 órgano jurisdiccional.
 Artículo 10
 Medidas provisionales y cautelares
 Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado
 miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, aunque, en virtud del presente
 Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea competente para conocer
 del fondo.
 Artículo 11
 Verificación de la competencia
 El órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se haya sometido un asunto sobre el
 que no tenga competencia a tenor del presente Reglamento declarará su incompetencia de
 oficio.
 Capítulo III
 Legislación aplicable
 Artículo 12
 Falta de efecto sobre la existencia de las relaciones familiares
 Las disposiciones del presente capítulo sólo determinarán la ley aplicable a las obligaciones
 de alimentos y no afectarán a la ley aplicable a ninguna de las relaciones contempladas en el
 artículo 1.
 Artículo 13
 Normas básicas
 1. Las obligaciones de alimentos se regirán por la ley del país en que el acreedor tenga
 su residencia habitual.
 2. Se aplicará la ley del foro:
 a) cuando en virtud de la ley designada de conformidad con el apartado 1 el
 acreedor no pueda obtener alimentos del deudor, o
 ES 18 ES
 ---pagebreak--- b) cuando el acreedor lo solicite y se trate de la ley del país en que el deudor tenga
 su residencia habitual.
 3. Cuando ninguna de las leyes designadas de conformidad con los apartados anteriores
 permita al acreedor obtener alimentos del deudor y cuando resulte del conjunto de las
 circunstancias que la obligación de alimentos presenta estrechos vínculos con otro
 país, en particular el de la nacionalidad común del acreedor y el deudor; en este caso
 se aplicará la ley del país con que la obligación de alimentos presente vínculos
 estrechos.
 Artículo 14
 Elección de la ley
 Sin perjuicio del artículo 13, el acreedor y el deudor podrán:
 a) designar la ley del foro a efectos de un procedimiento, expresamente o de
 cualquier otra manera inequívoca en el momento de la interposición de la
 demanda;
 b) convenir la ley aplicable en cualquier momento y por escrito, salvo cuando se
 trate de una obligación de alimentos a favor de un menor de dieciocho años o
 de un adulto que, a causa de una alteración o insuficiencia de sus facultades
 personales, no esté en situación de proveer a sus intereses (en lo sucesivo,
 “adulto vulnerable”), y siempre que no se designe más que una de las leyes
 siguientes:
 i) su ley nacional común en el momento de la designación;
 ii) la ley del país de su residencia habitual común o del país en que el
 acreedor o el deudor tengan su residencia habitual en el momento de la
 designación;
 iii) la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales en el momento de la
 designación cuando se trate de una obligación de alimentos entre dos
 personas que estén o hayan estado unidas en matrimonio o por una
 relación que, de acuerdo con la ley que les sea aplicable, produzca
 efectos similares.
 Artículo 15
 Inaplicación de la ley designada a petición del deudor
 1. Cuando se trate de obligaciones de alimentos que no sean a favor de menores,
 adultos vulnerables, o entre cónyuges o excónyuges, el deudor podrá oponer a la
 reclamación del acreedor la inexistencia de obligación de alimentos a su cargo en
 virtud de su ley nacional común o, a falta de nacionalidad común, de la ley del país
 en que tenga su residencia habitual.
 ES 19 ES
 ---pagebreak--- 2. Cuando se trate de obligaciones de alimentos entre cónyuges o excónyuges, el
 deudor podrá oponer a la reclamación del acreedor la inexistencia de obligación de
 alimentos a su cargo en virtud de la ley del país con el que el matrimonio presente los
 vínculos más estrechos.
 Artículo 16
 Institución pública
 El derecho de una institución pública a solicitar el reembolso de la prestación proporcionada
 al acreedor se sujetará a la ley que regule la institución.
 Artículo 17
 Ámbito de la ley aplicable
 1. La ley aplicable a una obligación de alimentos determinará en particular:
 (a) la existencia y alcance de los derechos del acreedor, y contra quién puede
 ejercerlos;
 (b) la medida en que el acreedor puede solicitar alimentos retroactivamente;
 (c) el método de cálculo y ajuste de la obligación de alimentos;
 (d) la prescripción y los plazos para ejercitar una acción ;
 (e) el derecho de la institución pública que proporcionó alimentos al acreedor de
 obtener el reembolso de su prestación y los límites de la obligación del deudor.
 2. Con independencia del contenido de la ley aplicable, deben tenerse en cuenta las
 necesidades del acreedor y los recursos del deudor en la determinación del importe
 de la prestación alimentaria.
 Artículo 18
 Aplicación de la ley de un Estado no miembro
 La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque sea la de un Estado no
 miembro.
 ES 20 ES
 ---pagebreak--- Artículo 19
 Remisión
 1. Sin perjuicio del apartado 2, cuando el presente Reglamento imponga la aplicación
 de la ley de un país, se referirá a las normas jurídicas vigentes en este país, con
 exclusión de las normas de Derecho internacional privado.
 2. Cuando el presente Reglamento imponga la aplicación de la ley de un Estado no
 miembro y las normas de Derecho internacional privado de este Estado designen la
 ley de otro país, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto aplicará su ley
 interna.
 Artículo 20
 Orden público
 Sólo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente
 Reglamento si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro.
 No obstante, la aplicación de una disposición de la ley de un Estado miembro designada por el
 presente Reglamento no podrá excluirse sobre esta base.
 Artículo 21
 Sistemas no unificados
 Cuando un Estado incluya varias unidades territoriales con normas propias en materia de
 obligaciones de alimentos, cada unidad territorial se considerará como un país a efectos de la
 determinación de la ley aplicable según el presente Reglamento.
 Capítulo IV
 Normas procesales comunes
 Artículo 22
 Notificación o traslado
 1. En un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, el escrito
 de interposición de la demanda o documento equivalente se notificará o trasladará al
 demandado por uno de los métodos siguientes:
 a) notificación o traslado personal, con acuse de recibo firmado por el destinatario
 y con la fecha de la recepción;
 ES 21 ES
 ---pagebreak--- b) notificación o traslado personal mediante documento firmado por la persona
 competente que procedió a la notificación o traslado, especificando que el
 destinatario ha recibido el documento o que se ha negado a recibirlo sin ningún
 motivo legítimo, así como la fecha de notificación o traslado;
 c) notificación o traslado por correo postal, con acuse de recibo firmado y
 reenviado por el destinatario y con la fecha de la recepción;
 d) notificación o traslado por medios electrónicos como fax o correo electrónico,
 con acuse de recibo firmado y reenviado por el destinatario y con la fecha de la
 recepción.
 2. El demandado dispone de un plazo que no puede ser inferior a 30 días para preparar
 su defensa a partir de la recepción del documento notificado o trasladado de acuerdo
 con el apartado 1.
 3. Los Estados miembros informarán a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir
 de la entrada en vigor del presente Reglamento, de los métodos de notificación y
 traslado aplicables. Comunicarán a la Comisión cualquier modificación aportada a
 esta información.
 La Comisión pondrá esta información a disposición del público.
 Artículo 23
 Verificación de la admisibilidad
 1. Cuando no comparezca el demandado que tenga su residencia habitual en el territorio
 de un Estado miembro distinto de aquel donde se ejercitó la acción, el órgano
 jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento mientras no se demuestre que
 se ha puesto al demandado en situación de recibir el escrito de interposición de la
 demanda o documento equivalente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
 o que se ha hecho todo lo necesario para ello.
 2. Cuando no comparezca el demandado que tenga su residencia habitual en el territorio
 de un Estado no miembro, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el
 procedimiento mientras no se demuestre que se ha puesto al demandado en situación
 de recibir el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con
 tiempo suficiente para preparar su defensa o que se ha hecho todo lo necesario para
 ello.
 3. El artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la
 notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en
 materia civil o mercantil, se aplicará si el escrito de interposición de la demanda o
 documento equivalente ha debido transmitirse en cumplimiento del citado Convenio.
 ES 22 ES
 ---pagebreak--- Artículo 24
 Resolución y reexamen
 1. Cuando el demandado no ha comparecido y
 a) no se demuestre que haya recibido el escrito de interposición de la demanda o
 documento equivalente, o
 b) no haya podido impugnar la deuda alimentaria por fuerza mayor o debido a
 circunstancias extraordinarias, sin que medie culpa por su parte,
 podrá dictarse una resolución, pero el demandado tendrá derecho a solicitar su
 reexamen al órgano jurisdiccional de origen.
 2. El plazo para solicitar el reexamen empezará a correr el día en que se demuestre que
 el demandado tuvo conocimiento de la resolución y pudo actuar y, a más tardar, el
 día en que la autoridad competente de ejecución le informara de esta resolución. Este
 plazo no podrá ser inferior a 20 días.
 3. La solicitud de reexamen suspenderá todas las medidas de ejecución emprendidas en
 un Estado miembro.
 Capítulo V
 Fuerza ejecutiva de las resoluciones
 Artículo 25
 Fuerza ejecutiva
 Una resolución dictada en un Estado miembro y que sea ejecutiva en ese Estado miembro será
 reconocida y gozará de fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin necesidad de que otra
 declaración le reconozca fuerza ejecutiva y sin que sea posible oponerse a su reconocimiento.
 Artículo 26
 Ejecución provisional
 Una resolución dictada en un Estado miembro será automáticamente ejecutiva de pleno
 Derecho no obstante los eventuales recursos previstos por el Derecho nacional. No podrá
 exigirse la provisión de una garantía.
 ES 23 ES
 ---pagebreak--- Capítulo VI
 Ejecución
 Artículo 27
 Procedimiento de ejecución
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de ejecución de las
 resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regulará por el Derecho del Estado miembro
 de ejecución.
 Artículo 28
 Documentos
 La parte que solicita, en un Estado miembro, el reconocimiento o la ejecución de una
 resolución dictada en otro Estado miembro presentará una copia conforme de ésta que reúna
 los requisitos de autenticidad necesarios, así como un certificado expedido por la autoridad
 competente utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo I del presente
 Reglamento.
 Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán exigir la traducción.
 Artículo 29
 Asistencia jurídica gratuita
 El solicitante que, en el Estado de origen, hubiere obtenido, total o parcialmente, asistencia
 jurídica gratuita o una exención de las costas y gastos gozará, en el procedimiento de
 ejecución, de la asistencia más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho
 del Estado miembro de ejecución.
 Artículo 30
 Fianza y depósito
 A la parte que solicite la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro
 Estado miembro no podrá exigírsele fianza ni depósito alguno, sea cual fuere su
 denominación, ni por su condición de extranjero, ni por no estar domiciliado o no ser
 residente en el Estado miembro.
 ES 24 ES
 ---pagebreak--- Artículo 31
 Legalización o formalidad similar
 No se exigirá legalización ni formalidad alguna por lo que se refiere a los documentos
 contemplados en el artículo 28.
 Artículo 32
 Ausencia de revisión sobre el fondo
 1. En ningún caso la resolución dictada en un Estado miembro podrá ser objeto de una
 revisión sobre el fondo en otro Estado miembro durante un procedimiento de
 ejecución.
 2. No obstante, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá
 decidir, por iniciativa propia, limitar la ejecución de la resolución del órgano
 jurisdiccional de origen a solamente una parte del crédito alimentario, si la ejecución
 sobre el total tuviera por efecto perjudicar a una parte inembargable de los bienes del
 deudor, según la ley del Estado miembro de ejecución.
 Artículo 33
 Denegación o suspensión de la ejecución
 La denegación o la suspensión, total o parcial, de la ejecución de la resolución del órgano
 jurisdiccional de origen sólo podrá decidirse, a petición del deudor, si:
 a) el deudor alega nuevas circunstancias o circunstancias que el órgano
 jurisdiccional de origen desconocía cuando dictó su resolución;
 b) el deudor solicitó el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de
 origen de acuerdo con el artículo 24 y aún no se ha adoptado ninguna nueva
 resolución;
 c) el deudor ya ha pagado su deuda;
 d) el derecho a obtener la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional ha
 prescrito total o parcialmente;
 e) la resolución del órgano jurisdiccional de origen es incompatible con una
 resolución dictada en el Estado miembro de ejecución o que reúne las
 condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro de
 ejecución.
 ES 25 ES
 ---pagebreak--- Artículo 34
 Orden de retención automática mensual
 1. A petición del acreedor, el órgano jurisdiccional de origen podrá expedir una orden
 de retención automática mensual destinada, en otro Estado miembro, al empleador
 del deudor o a la entidad bancaria donde el deudor sea titular de una cuenta bancaria.
 La orden de retención automática mensual gozará en el Estado miembro destinatario
 de la misma fuerza ejecutiva que la resolución, de conformidad con lo dispuesto en
 los artículos 25 y 26.
 2. Solo podrá expedirse una orden de retención automática mensual si la resolución ha
 sido notificada o trasladada al demandado por uno de los métodos contemplados en
 el artículo 22.
 3. La solicitud y la orden de retención automática mensual se ajustarán a los
 formularios cuyos modelos figuran en el Anexo III del presente Reglamento.
 4. La orden de retención automática mensual será notificada por el órgano
 jurisdiccional de origen, por carta certificada con acuse de recibo:
 a) al empleador del deudor o a una entidad bancaria donde el deudor sea titular de
 una cuenta corriente, y
 b) a más tardar cinco días después, al deudor, con la resolución del órgano
 jurisdiccional de origen y la nota informativa conforme con el formulario cuyo
 modelo figura en el anexo III bis del presente Reglamento.
 5. A partir de la recepción de una orden de retención automática mensual, el
 destinatario procederá a la primera retención. Si se encuentra en la imposibilidad
 absoluta de efectuar estas retenciones, informará de ello al órgano jurisdiccional de
 origen a más tardar en el plazo de los 30 días siguientes al acuse de recibo o a la
 última retención.
 6. Cuando se haya dictado una orden de retención automática en su contra, el deudor
 deberá informar al acreedor y al órgano jurisdiccional de origen de todo cambio de
 empleador o de cuenta bancaria.
 Artículo 35
 Orden de embargo temporal de una cuenta bancaria
 1. Un acreedor podrá pedir al órgano jurisdiccional que conoce del fondo que dicte una
 orden de embargo temporal de una cuenta bancaria situada en otro Estado miembro,
 destinada a la entidad bancaria en que el deudor sea titular de una cuenta. La
 solicitud y la orden de embargo temporal de una cuenta bancaria se ajustarán a los
 formularios cuyos modelos figuran en el anexo IV del presente Reglamento.
 ES 26 ES
 ---pagebreak--- 2. El órgano jurisdiccional resolverá en el plazo de ocho días sobre la solicitud del
 acreedor, sin advertir al deudor de la presentación de esta solicitud y sin darle la
 posibilidad de ser oído. Dictará la orden de embargo temporal cuando considere que
 la solicitud del acreedor no es manifiestamente infundada y que existe un grave
 riesgo de incumplimiento por parte del deudor.
 3. La orden de embargo temporal:
 a) se notificará por el órgano jurisdiccional, por carta certificada con acuse de
 recibo, a la entidad bancaria donde el deudor sea titular de una cuenta
 corriente;
 b) tendrá como efecto, a partir de la recepción, prohibir todo movimiento en la
 cuenta bancaria que pudiera imposibilitar el pago por su titular del importe
 determinado por la orden de embargo temporal.
 4. El acreedor y el deudor serán avisados por el órgano jurisdiccional de la expedición
 de una orden de embargo temporal por carta certificada con acuse de recibo, una vez
 esta orden haya producido el efecto descrito en el apartado 3, letra b).
 5. El deudor podrá solicitar la anulación de la orden de embargo temporal ante el
 órgano jurisdiccional que la dictó, el cual resolverá en el plazo de 8 días. El órgano
 jurisdiccional podrá estimar su solicitud, en su caso, exigiendo al deudor que preste
 una garantía.
 6. La orden de embargo temporal dejará de producir efectos en cuanto el órgano
 jurisdiccional ordene su anulación o si no ha sido resuelta en el plazo de 8 días y, a
 más tardar, cuando dicte una resolución sobre el fondo. La orden de embargo
 temporal también podrá sustituirse por una orden de retención automática mensual en
 cuanto se dicte la resolución sobre el fondo, si el acreedor así lo solicitó, de
 conformidad con el artículo 34.
 La decisión que pone fin a la orden de embargo temporal será notificada por el
 órgano jurisdiccional a la entidad bancaria, por carta certificada con acuse de recibo.
 Artículo 36
 Prelación de los créditos alimentarios
 Los créditos alimentarios tienen preferencia sobre las demás deudas del deudor, incluidas las
 derivadas de los gastos de ejecución de las resoluciones.
 ES 27 ES
 ---pagebreak--- Capítulo VII
 Documentos públicos con fuerza ejecutiva y acuerdos
 Artículo 37
 Fuerza ejecutiva de los documentos públicos y de los acuerdos
 Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y ejecutivos en un Estado
 miembro, así como los acuerdos entre partes con fuerza ejecutiva en un Estado miembro serán
 reconocidos y gozarán de la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones, de conformidad con
 el artículo 25.
 Artículo 38
 Ejecución de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de los acuerdos
 1. Las disposiciones del capítulo VI serán aplicables, en la medida necesaria, al
 reconocimiento y la ejecución de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y
 acuerdos entre partes con fuerza ejecutiva. La autoridad competente del Estado
 miembro donde un documento público o un acuerdo entre partes sea ejecutivo
 expedirá, a petición de toda parte interesada, un certificado del documento utilizando
 el formulario cuyo modelo figura en el anexo II del presente Reglamento.
 2. El acreedor de alimentos que desee acogerse a las disposiciones de los artículos 34 y
 35 podrá dirigirse al órgano jurisdiccional del lugar de su residencia habitual.
 Capítulo VIII
 Cooperación
 Artículo 39
 Autoridades centrales
 1. Cada Estado miembro designará a una o más autoridades centrales encargadas de
 asistirle en la aplicación del presente Reglamento y precisará sus atribuciones
 territoriales o materiales.
 2. Cuando un Estado miembro haya designado a varias autoridades centrales, en
 principio las comunicaciones se dirigirán directamente a la autoridad central
 competente. Si una comunicación va dirigida a una autoridad central no competente,
 ES 28 ES
 ---pagebreak--- ésta se encargará de transmitirla a la autoridad central competente y de informar de
 ello al expedidor.
 3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión en el plazo de seis meses a partir de
 la entrada en vigor del presente Reglamento:
 a) los nombres, direcciones y modos de comunicación de las autoridades centrales
 designadas de acuerdo con el presente artículo;
 b) las lenguas aceptadas para las comunicaciones dirigidas a las autoridades
 centrales.
 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación de dichos
 datos.
 La Comisión pondrá esta información a disposición del público.
 Artículo 40
 Funciones generales
 Las autoridades centrales comunicarán la información sobre las legislaciones y
 procedimientos nacionales en materia de obligación de alimentos y adoptarán medidas para
 mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin, se hará
 uso de la red judicial europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión
 2001/470/CE.
 Artículo 41
 Cooperación en el marco de asuntos específicos
 1. Las autoridades centrales cooperarán en asuntos determinados para lograr los
 objetivos contemplados por el presente Reglamento. Con este fin, adoptarán, por
 iniciativa propia o por medio de las autoridades públicas u otros organismos, toda
 medida conveniente para:
 a) recabar e intercambiar información:
 (i) sobre la situación del acreedor y del deudor, recurriendo, en particular, a
 los artículos 44 a 47;
 (ii) sobre todo procedimiento pendiente;
 (iii) sobre toda resolución dictada;
 b) proporcionar información y asistencia a los acreedores implicados en un
 procedimiento en su territorio;
 ES 29 ES
 ---pagebreak--- c) facilitar la conclusión de convenios entre acreedores y deudores, recurriendo a
 la mediación o a otros medios, y facilitar a tal efecto la cooperación
 transfronteriza.
 2. Cuando así lo solicite, un acreedor que resida habitualmente en un Estado miembro
 estará representado por:
 a) la autoridad central del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el
 órgano jurisdiccional que conoce de una demanda en materia de obligación de
 alimentos; o
 b) la autoridad central del Estado miembro de ejecución.
 A efectos del presente apartado, la representación comprende el conjunto de
 gestiones que permiten obtener una resolución, así como el cobro efectivo de un
 crédito alimentario.
 Artículo 42
 Método de trabajo
 1. Todo acreedor, ya actúe directamente o por medio de la autoridad central del Estado
 miembro donde reside habitualmente, podrá presentar ante una autoridad central de
 un Estado miembro una solicitud de asistencia en virtud del artículo 41.
 El acreedor podrá presentar su solicitud ante el órgano jurisdiccional del lugar de su
 residencia habitual, el cual adoptará las medidas necesarias para garantizar su
 transmisión y su ejecución, en relación con la autoridad central del Estado miembro
 del que dependa.
 2. La demanda de asistencia se acompañará de toda la información disponible que
 pueda facilitar la ejecución.
 3. Sin perjuicio del apartado 4, la asistencia prestada por las autoridades centrales, por
 las autoridades públicas y otros organismos de acuerdo con el artículo 41, así como
 por las personas designadas por estas autoridades, será gratuita.
 4. Podrá pedirse al acreedor una participación en los gastos de representación
 ocasionados de acuerdo con el artículo 41, apartado 2. No obstante, no podrá pedirse
 contribución alguna a un acreedor que, en el Estado miembro donde reside
 habitualmente, cumpla lo requisitos para obtener la asistencia jurídica gratuita.
 5. Cada autoridad central sufragará sus propios gastos.
 ES 30 ES
 ---pagebreak--- Artículo 43
 Reuniones
 1. Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, las autoridades
 centrales se reunirán periódicamente.
 2. La convocatoria de estas reuniones se efectuará de acuerdo con la Decisión
 2001/470/CE relativa a la creación de una red judicial europea en materia civil y
 mercantil.
 Artículo 44
 Acceso a la información
 1. Las autoridades centrales darán acceso a la información que permita facilitar el cobro
 de las deudas alimentarias en las condiciones previstas en el presente capítulo. Se
 proporcionará la siguiente información a fin de alcanzar los objetivos siguientes:
 a) localización del deudor;
 b) evaluación del patrimonio del deudor, en particular, el importe y la naturaleza
 de sus ingresos;
 c) identificación del empleador del deudor;
 d) identificación de las cuentas bancarias de las que el deudor sea titular.
 2. Los datos mencionados en el apartado 1 comprenderán al menos aquellos de que
 dispongan las administraciones y autoridades competentes, en los Estados miembros,
 en los ámbitos siguientes:
 a) impuestos y tributos;
 b) seguridad social, incluida la percepción de las cotizaciones sociales de los
 empleadores de trabajadores por cuenta ajena;
 c) registros de población;
 d) registros de propiedad;
 e) matriculación de los vehículos de motor;
 f) bancos centrales.
 3. El acceso a la información mencionada en el presente artículo no podrá nunca dar
 lugar al establecimiento de nuevos ficheros en un Estado miembro.
 ES 31 ES
 ---pagebreak--- Artículo 45
 Transmisión de la información
 1. Un acreedor podrá acudir a la autoridad central requirente del Estado miembro donde
 resida habitualmente por medio del órgano jurisdiccional del lugar de su residencia
 habitual, el cual remitirá su solicitud si la considera conforme con los requisitos
 previstos en el presente capítulo.
 2. Para presentar una solicitud de comunicación de información entre autoridades
 centrales se utilizará el formulario cuyo modelo figura en el anexo V del presente
 Reglamento.
 3. La solicitud destinada a obtener los datos contemplados en el artículo 44, apartado 1,
 letra a), podrá presentarse en cualquier momento. La solicitud destinada a obtener los
 datos contemplados en el artículo 44, apartado 1, letras b), c) y d), podrá interponerse
 cuando el acreedor pueda presentar un certificado de resolución en virtud del artículo
 28, o un certificado de documento en virtud del artículo 38, apartado 1.
 4. Además del formulario citado en el apartado 1, la autoridad central requerida podrá
 solicitar a la autoridad central requirente la presentación de documentos adicionales
 con el fin de lograr uno de los objetivos contemplados en el artículo 44, apartado 1.
 5. Se presentará la traducción de los documentos adicionales, salvo si el Estado
 miembro requerido dispensa este requisito. Los Estados miembros informarán a la
 Comisión, a más tardar seis meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento,
 de su decisión de exigir o no las traducciones en virtud del presente apartado.
 La Comisión pondrá esta información a disposición del público.
 Si la solicitud de comunicación de información se hace a iniciativa de un acreedor
 que haya obtenido asistencia jurídica gratuita total o parcial, la traducción la hará la
 autoridad requirente, sin gastos para el acreedor.
 6. La información será comunicada por las autoridades requeridas a las autoridades
 requirentes. Si la autoridad requerida no puede facilitar la información, informará sin
 demora a la autoridad requirente, precisándole las razones de la imposibilidad.
 Artículo 46
 Uso de la información
 1. La autoridad central requirente que reciba una información la comunicará sin demora
 al órgano jurisdiccional que le transmitiera la solicitud de acuerdo con el artículo 45,
 apartado 1. La autoridad central requirente destruirá la información después de
 comunicársela al órgano jurisdiccional.
 2. La información comunicada de acuerdo con el presente Reglamento no podrá ser
 utilizada sino por un órgano jurisdiccional y solamente para facilitar el cobro de las
 ES 32 ES
 ---pagebreak--- deudas alimentarias. No obstante, un órgano jurisdiccional podrá transmitir esta
 información, sin revelarla al acreedor, a las autoridades competentes para notificar o
 trasladar un documento judicial o extrajudicial, así como a las autoridades
 competentes para proceder a la ejecución de una resolución. Estas autoridades
 destruirán la información en cuanto hayan hecho uso de ella.
 3. Un órgano jurisdiccional sólo podrá conservar una información comunicada de
 acuerdo con el presente Reglamento mientras la necesite para facilitar el cobro de un
 crédito alimentario. El plazo de conservación no podrá exceder de un año.
 Artículo 47
 Información al deudor
 La autoridad central requerida advertirá al deudor de:
 a) la información que comunicó y de la forma en que la obtuvo;
 b) la identidad de los destinatarios de dicha información;
 c) las condiciones en que esta información puede utilizarse en virtud del presente
 Reglamento;
 d) los derechos y vías de recurso a disposición del deudor de acuerdo con la
 legislación interna adoptada con arreglo a la Directiva 95/46/CE;
 e) datos de contacto de la autoridad de control establecida, con arreglo a la
 Directiva 95/46/CE, tanto en el Estado miembro de que depende la autoridad
 central requirente, como en el Estado miembro de que depende la autoridad
 central requerida,
 a menos que la autoridad central demandante le haya indicado, en la solicitud presentada de
 acuerdo con el artículo 45, apartado 2, que esta advertencia al deudor podría perjudicar al
 cobro efectivo de un crédito alimentario, en cuyo caso, la autoridad central requerida diferirá
 la advertencia al deudor por un período de tiempo que no excederá de sesenta días.
 Capítulo IX
 Disposiciones generales y finales
 Artículo 48
 Relaciones con otros instrumentos comunitarios
 1. En materia de obligaciones de alimentos, el presente Reglamento sustituirá al
 Reglamento (CE) n° 44/2001 y al Reglamento (CE) n° 805/2004.
 ES 33 ES
 ---pagebreak--- 2. El artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000 no se aplicará en materia de
 obligaciones de alimentos.
 3. Sin perjuicio del apartado 2, el presente Reglamento no afectará a la aplicación del
 Reglamento (CE) n° 1348/2000 y del Reglamento (CE) n° 1206/2001.
 Artículo 49
 Relaciones con otros instrumentos
 El presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios y
 Tratados que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento y en los que sean
 Parte los Estados miembros.
 Artículo 50
 Modificación de los anexos
 Cualquier modificación de los anexos del presente Reglamento seguirá el procedimiento
 consultivo contemplado en el artículo 51, apartado 2.
 Artículo 51
 Comité
 1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los
 Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
 2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento
 consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, respetando lo
 dispuesto en su artículos 7, apartado 3.
 Artículo 52
 Disposición transitoria
 1. Las disposiciones del presente Reglamento solo se aplicarán a los procedimientos
 incoados, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y a los
 acuerdos celebrados posteriormente a su entrada en aplicación.
 2. No obstante:
 a) los artículos 12 a 21 sobre la ley aplicable se aplicarán a los procedimientos
 pendientes en la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento si todas
 las partes lo aceptan expresamente o de cualquier otra manera inequívoca;
 ES 34 ES
 ---pagebreak--- b) los artículos 27 a 36 sobre la ejecución se aplicarán a las resoluciones y actos
 auténticos declarados ejecutivos de acuerdo con el Reglamento (CE) n°
 44/2001 o certificados como títulos ejecutivos europeos de acuerdo con el
 Reglamento (CE) n° 805/2004 en la fecha de entrada en vigor del presente
 Reglamento;
 c) los artículos 39 a 47 sobre la cooperación se aplicarán a todo procedimiento
 pendiente en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
 Artículo 53
 Entrada en vigor
 1. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
 2. El presente Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2009, salvo el artículo
 22, apartado 3, el artículo 39 y el artículo 45, apartado 5, que se aplicarán a partir de
 la entrada en vigor.
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
 cada Estado miembro.
 Hecho en Bruselas, el
 Por el Consejo
 El Presidente
 ES 35 ES
 ---pagebreak--- ANEXOS
 ANEXO I
 CERTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE
 ALIMENTOS
 (Artículo 28 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
 reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
 de alimentos25)
 1. Estado miembro:
 AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
 MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
 2. Órgano jurisdiccional
 2.1. Nombre:
 2.2. Calle y número/apartado de correos:
 2.3. Localidad y código postal
 3. Demandante:
 3.1. Nombre:
 3.2. Calle y número/apartado de correos:
 3.3. Localidad y código postal
 3.4. País:
 3.5.Tel. (*) :
 3.6.Correo electrónico (*):
 4. Demandado
 4.1. Nombre:
 4.2. Calle y número/apartado de correos:
 4.3. Localidad y código postal:
 25
 DO L......
 ES 36 ES
 ---pagebreak--- 4.4. País:
 4.5. Tel. (*):
 4.6.Correo electrónico (*):
 (*) Opcional
 5. Resolución
 5.1. Importe del crédito alimentario
 Moneda: □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
 □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
 □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
 □ Zloty polaco □ Otra (precisar)..................................
 5.2. Periodicidad de los pagos
 5.2.1. Suma íntegramente pagada en una única vez............................
 5.2.2. Suma parcialmente pagada en una única vez..........................
 En este caso, indique el importe del pago efectuado en una única vez:
 5.2.3. Suma pagada periódicamente (precisar el importe si no es idéntico al importe de la
 deuda alimentaria indicado al apartado 5.1):
 Una vez a la semana.............................................................
 Una vez al mes.................................................................
 Otra (precisar).................................................................
 5.3. Indización
 Si el importe indicado en el apartado 5.2.3 es objeto de una indización, indicar el tipo de
 indización:
 Indización aplicable a partir del
 Fecha:
 Firma y/o sello de la autoridad competente:
 ES 37 ES
 ---pagebreak--- ANEXO II
 CERTIFICADO DE UN DOCUMENTO EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE
 ALIMENTOS
 (Artículo 38 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
 reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
 de alimentos26)
 1. Estado miembro:
 AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
 MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
 2. Tipo de documento:
 2.1. Documento público con fuerza ejecutiva ......................... □
 expedido por (identidad y lugar):
 el (fecha):
 2.2. Acuerdo entre partes..................... □
 celebrado en (lugar):
 el (fecha):
 3. Acreedor
 3.1. Nombre:
 3.2. Calle y número/apartado de correos:
 3.3. Localidad y código postal:
 3.4. País:
 3.5. Tel. (*):
 3.6. Correo electrónico (*):
 26
 DO L......
 ES 38 ES
 ---pagebreak--- 4. Deudor
 4.1. Nombre:
 4.2. Calle y número/apartado de correos :
 4.3. Localidad y código postal
 4.4. País
 4.5. Tel. (*) :
 4.6. Correo electrónico (*) :
 (*) Opcional
 5. Contenido del documento
 5.1. Importe del crédito alimentario
 Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
 □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
 □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
 □ Zloty polaco □ Otra (precisar)..................................
 5.2. Periodicidad de los pagos
 5.2.1. Suma íntegramente pagada en una única vez............................
 5.2.2. Suma parcialmente pagada en una única vez..........................
 En este caso, indique el importe del pago efectuado en una única vez:
 5.2.3. Suma pagada periódicamente (precisar el importe si no es idéntico al importe del
 crédito alimentario indicado en el apartado 5.1):
 Una vez a la semana.............................................................
 Una vez al mes.................................................................
 Otra (a precisar).................................................................
 5.3. Indización
 Si el importe indicado en el apartado 5.2.3 es objeto de una indización, indicar el tipo de
 indización:
 Indización aplicable a partir del
 Fecha:
 Firma y/o sello de la autoridad competente:
 ES 39 ES
 ---pagebreak--- ANEXO III
 ORDEN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA MENSUAL
 (Artículo 34 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
 reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
 de alimentos27)
 1. Estado miembro:
 AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
 MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
 2. Órgano jurisdiccional
 2.1. Nombre:
 2.2. Calle y número/apartado de correos :
 2.3. Localidad y código postal:
 3. Demandante:
 3.1. Nombre:
 3.2. Calle y número/apartado de correos :
 3.3.Localidad y código postal
 3.4. País:
 3.5. Tel. (*):
 3.6. Correo electrónico (*):
 3.7. Datos bancarios
 Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN):
 Código de Identificación Bancaria (BIC):
 27
 DO L......
 ES 40 ES
 ---pagebreak--- 4. Deudor
 4.1. Nombre:
 4.2. Calle y número/apartado de correos:
 4.3. Localidad y código postal .
 4.4. País:
 4.5.Tel. (*):
 4.6. Correo electrónico (*):
 (*) Opcional
 5. Solicitud de retención automática
 5.1. Fecha de la resolución que determina el importe del crédito alimentario:
 5.2. Importe de la suma que debe retenerse mensualmente:
 Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
 □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
 □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
 □ Zloty polaco □ Otra (precisar)..................................
 5.3. Indización
 Si el importe indicado en el apartado 5.2. es objeto de una indización, indicar el tipo de
 indización:
 Indización aplicable a partir del
 5.4. Destinatario
 5.4.1. Banco del deudor:
 Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN):
 Código de Identificación Bancaria (BIC):
 5.4.2. Empleador del deudor:
 ES 41 ES
 ---pagebreak--- 6. Orden de retención
 Se desestima la solicitud de retención automática.
 Se da orden a:
 (destinatario indicado en el apartado 5.4)
 de retener, todos los meses, en la remuneración en la cuenta bancaria:
 (deudor mencionado en el apartado 4)
 la suma de:
 (importe determinado en el apartado 5.2)
 en favor de:
 (solicitante mencionado en el apartado 3).
 Si le resulta imposible efectuar estas retenciones, debe informar de ello al órgano
 jurisdiccional mencionado en el apartado 2, en un plazo de 30 días a partir de la
 recepción del presente documento o a partir de la última retención efectuada (art. 33, ap.
 5 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
 reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
 de alimentos).
 Fecha:
 Firma y/o sello de la autoridad competente:
 ES 42 ES
 ---pagebreak--- ANEXO III bis
 NOTA INFORMATIVA PARA EL DEUDOR CONTRA EL QUE SE HA DICTADO
 UNA ORDEN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA MENSUAL
 (Apartado 34, apartado 4, letra b) del Reglamento (...) del Consejo relativo a la competencia,
 la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en
 materia de obligación de alimentos28)
 1. Reexamen
 Se ha dictado en su contra una orden de retención automática. Esta orden y la resolución del
 órgano jurisdiccional de origen le han sido notificadas al mismo tiempo que esta nota
 informativa.
 Tiene derecho a solicitar el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de origen si
 no ha comparecido ante él y:
 a) si no ha recibido el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente,
 o
 b) si no ha podido impugnar el crédito alimentario por causa de fuerza mayor o debido a
 circunstancias extraordinarias, sin mediar culpa por su parte.
 Tiene derecho a solicitar el reexamen en el plazo de .............. días, a partir del día de
 recepción de la presente nota informativa.
 2. Ejecución
 Si no tiene derecho a solicitar el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de origen
 de conformidad con el apartado 1, o si no quiere solicitarlo, pero se opone a la ejecución de
 esta resolución, podrá acudir a las autoridades competentes del Estado donde se desarrolla la
 ejecución de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento (...) del Consejo relativo a la
 competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la
 cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
 Fecha:
 Firma y/o sello de la autoridad competente:
 28
 DO L ...
 ES 43 ES
 ---pagebreak--- ANEXO IV
 ORDEN DE EMBARGO TEMPORAL DE UNA CUENTA BANCARIA
 (Artículo 35, apartado 1 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley
 aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de
 obligaciones de alimentos29)
 1. Estado miembro:
 AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
 MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
 2. Órgano jurisdiccional
 2.1. Nombre:
 2.2. Calle y número/apartado de correos:
 2.3. Localidad y código postal:
 3. Demandante:
 3.1. Nombre:
 3.2. Calle y número/apartado de correos:
 3.3. Localidad y código postal:
 3.4. País:
 3.5. Tel. (*):
 3.6. Correo electrónico (*):
 4. Deudor
 4.1. Nombre:
 4.2. Calle y número/apartado de correos:
 4.3. Localidad y código postal:
 29
 DO L......
 ES 44 ES
 ---pagebreak--- 4.4. País:
 4.5. Tel. (*):
 4.6. Correo electrónico (*):
 (*) Opcional
 5. Solicitud de embargo temporal de una cuenta bancaria
 5.1. Razones de la solicitud (explicar los riesgos graves de incumplimiento por parte del
 deudor):
 5.2. Importe de la suma que debe retenerse mensualmente:
 Moneda: □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
 □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
 □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
 □ Zloty polaco □ Otra (precisar)..................................
 5.3. Destinatario (Banco del deudor)
 5.3.1. Entidad bancaria
 5.3.2. Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN):
 6. Orden de embargo temporal de una cuenta bancaria
 Se deniega la solicitud de embargo temporal de una cuenta bancaria.
 Se ordena a:
 (destinatario indicado en el apartado 5.3)
 prohibir, en la cuenta bancaria de:
 (deudor mencionado en el apartado 4)
 todo movimiento que tuviera por consecuencia reducir el saldo acreedor de la cuenta
 más allá del importe de:
 (importe determinado en el apartado 5.2)
 Fecha:
 Firma y/o sello de la autoridad competente:
 ES 45 ES
 ---pagebreak--- ANEXO V
 SOLICITUD DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN
 (Artículo 45 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
 reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligación de
 alimentos30)
 1. Estado miembro.
 AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
 MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
 2. Solicitante:
 2.1. Autoridad central requirente
 2.1.1. Nombre:
 2.1.2. Calle y número/apartado de correos:
 2.1.3. Localidad y código postal:
 2.1.4. Tel.:
 2.1.5. Correo electrónico:
 2.2. Actuando a petición del órgano jurisdiccional siguiente:
 2.2.1. Nombre:
 2.2.2. Calle y número/apartado de correos:
 2.2.3. Localidad y código postal:
 2.2.4. Tel.:
 2.2.5. Correo electrónico:
 30
 DO L......
 ES 46 ES
 ---pagebreak--- 3. Destinatario - Autoridad central requerida
 3.1. Nombre:
 3.2. Calle y número/apartado de correos:
 3.3.Localidad y código postal:
 3.4. País:
 3.5. Tel.:
 3.6. Correo electrónico:
 4. Información solicitada
 4.1. Deudor concernido:
 4.1.1. Nombre:
 4.1.2. Última dirección conocida:
 4.1.3. Más información útil (descripción, nombre de un empresario anterior, dirección de
 miembros de la familia, referencias de un vehículo propiedad del deudor, referencias de un
 edificio propiedad del deudor):
 Fotografía adjunta................................. .......................
 4.2. Datos buscados
 4.2.1. Dirección del deudor........................... .... .................
 4.2.2. Identidad del empleador del deudor ............................
 4.2.3. Referencias de una cuenta bancaria del deudor................
 4.2.4. Evaluación del patrimonio del deudor..........................
 4.2.5. Importe de los ingresos del deudor..............................
 5. Documentos requeridos para la información mencionada en los apartados 4.2.2 a 4.2.5
 (adjuntar una copia)
 5.1. Resolución .....................................................................
 5.2. Documento público ............................................. .........
 5.3. Acuerdo entre partes ................................................ .. .
 ES 47 ES
 ---pagebreak--- IMPORTANTE (artículo 47 del Reglamento ... del Consejo relativo a la competencia, la ley
 aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de
 obligación de alimentos):
 El deudor no debe ser informado de la transmisión de los datos antes de que la
 autoridad central requirente informe a la autoridad central requerida
 El deudor podrá ser informado de la transmisión de los datos
 Fecha:
 Firma y/o sello de la autoridad competente:
 ES 48 ES


type: caselaw

text:
 22.2.2014
 LT
 Europos Sąjungos oficialusis leidinys
 C 52/33
 2014 m. sausio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aloe Vera of America prieš VRDT — Detimos (FOREVER)
 (Byla T-528/11) (1)
 (Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo FOREVER paraiška - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „4 EVER“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)
 2014/C 52/60
 Proceso kalba: anglų
 Šalys
 Ieškovė: Aloe Vera of America, Inc. (Dalasas, Teksasas, JAV), atstovaujama advokatų R. Niebel ir F. Kerl
 Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo
 Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Detimos — Gestão Imobiliária, SA (Karegadas, Portugalija), atstovaujama advokato V. Caires Soares
 Dalykas
 Ieškinys dėl 2011 m. rugpjūčio 8 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 742/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp Diviril — Distribuidora de Viveres do Ribatejo, Lda
 ir Aloe Vera of America, Inc.
 Rezoliucinė dalis
 1.
 Atmesti ieškinį.
 2.
 Aloe Vera of America, Inc. padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias Detimos — Gestão Imobiliária, SA patyrė vykstant procedūrai Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) apeliacinėje taryboje.
 (1) OL C 362, 2011 12 10.