type: other

text:
Los partidos políticos son esenciales para cualquier democracia pluralista. Formar partidos políticos y afiliarse a ellos es una de las formas más comunes de que los particulares participen en el diálogo público y la toma de decisiones, y de que ejerzan su derecho a «participar en la dirección de los asuntos públicos»[1] El Artículo 25 del PIDCP le garantiza a “todos los ciudadanos, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas... los siguientes derechos y oportunidades:a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. .
 En sus Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos (cuya traducción a español, obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, está en este enlace), la Comisión de Venecia define «partido político» como
 ...una asociación libre de personas, siendo uno de sus objetivos el participar en la administración de los asuntos públicos, incluyendo la presentación de candidatos a elecciones libres y democráticas
 Los partidos políticos son una plataforma colectiva para la expresión de los derechos fundamentales de asociación y expresión de los individuos y han sido reconocidos por la Corte Europea de Derechos Humanos como actores integrales en el proceso democrático. Además, son los medios mayormente utilizados para la participación política y ejercicio de los derechos relacionados con ésta[2] OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafos 9-10. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. .
 La Comisión también explicó que
 Aunque la capacidad jurídica y posición de un partido político pueden variar de un estado a otro, los partidos tienen derechos y responsabilidades por su situación jurídica. Si bien los partidos políticos pueden ser regidos por leyes, diversas a las de asociaciones generales, retienen, como mínimo los derechos básicos establecidos para otras asociaciones[3] OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 27. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. .
 Cuando abordó el tema de la regulación gubernamental de los partidos políticos, la Comisión observó que
 Las regulaciones generadas no han de inhibir indebidamente las actividades o derechos de los partidos políticos. En su lugar, la legislación debe enfocarse a facilitar el papel de los partidos como actores críticos potenciales en una sociedad democrática y asegurar la protección de los derechos pertinentes para su buen funcionamiento. Mientras que no se requiera una ley para los partidos políticos, éstos deben, como mínimo retener los mismos derechos básicos ofrecidos a otras asociaciones, así como los derechos a nominar candidatos y participar en las elecciones[4] OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 29. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. .
 9.1 Objetivos y medios de los partidos políticos en una democracia
 Los partidos políticos pueden procurar alcanzar cualquier meta política, lo que comprende cambios de las leyes y las políticas de Estado, siempre y cuando usen avenidas lícitas y procuren que se den cambios que no se opongan a los principios fundamentales de la democracia.
 El TEDH explicó que:
 un partido político puede hacer campaña en pro de un cambio de la ley o de las estructuras legales y constitucionales del Estado con arreglo a dos condiciones: En primer lugar, que los medios que use para ese fin sean legales y democráticos; en segundo lugar, que el cambio propuesto sea, en sí mismo, compatible con los principios fundamentales de la democracia. De aquí necesariamente se sigue que un partido político cuyos líderes incitaren a la violencia o persiguieren una política que no respetare la democracia o tuviere por objetivo la destrucción de la democracia y la desobediencia de los derechos y libertades que se reconocen en una democracia no podrá reivindicar la protección que otorga el Convenio contra las penas que se impusieren con tales causales[5] Yazar, Karatas, Aksoy y el Partido del Trabajo del Pueblo (HEP) contra Turquía. TEDH. Sentencia de 9 de abril de 2002; párrafo 49 . Hay una traducción no oficial a español en este enlace. .
 En el caso de Yátama contra Nicaragua, la Corte IDH reconoció que la importancia de los partidos políticos y la protección explícita de que disfrutan los partidos políticos son esenciales para la democracia. Con todo, concluyó que Nicaragua había violado la Convención en vista de que en su ley electoral 1) se prohibía que los ciudadanos compitieran por un cargo público a menos que los postulara un partido político que gozara de registro y 2) se exigía que, para las elecciones municipales, los partidos presentaran candidatos en al menos el ochenta por ciento de los municipios. Esos requisitos menoscababan la capacidad de las comunidades indígenas de postular candidatos[6] Yátama contra Nicaragua. Corte IDH. Sentencia de 23 de junio de 2005; párrafos 215-224. . En una decisión posterior, la Corte IDH limitó el alcance de Yátama contra Nicaragua y aceptó que los candidatos de las elecciones federales de México debían ser postulados por un partido político[7] Castañeda Gutman contra México. Corte IDH. Sentencia de 6 de agosto de 2006. .
 9.2 Prohibir, disolver o negarse a inscribir un partido político
 Los Estados deben garantizar el derecho de crear partidos políticos y afiliarse a ellos. Cualquier prohibición general del derecho de crear partidos políticos es, en sí misma, una violación del derecho a la libertad de asociación, entre otros derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Jawara contra Gambia, la CADHP concluyó que se habían producido violaciones cuando el gobierno del país prohibió los partidos políticos y que los funcionarios de gobierno de un régimen anterior pudieran postularse a un cargo público o afiliarse a un partido político, entre otras restricciones.
 67. La imposición de una prohibición a los exministros y exmiembros del Parlamento contraviene sus derechos a participar libremente en el gobierno de su país que se estipula en el Artículo 13(1) de la Carta. El Artículo 13(1) dice así:
 «Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el gobierno de su país, ya sea de modo directo o a través de representantes libremente escogidos de conformidad con las disposiciones de la ley».
 68. Además, la prohibición de partidos políticos viola el derecho de los demandantes a la libertad de asociación, que se garantiza en el Artículo 10(1) de la Carta. En su decisión al respecto de la Comunicación 101/93, esta Comisión manifestó un principio general al respecto de este derecho, al efecto de que «las autoridades competentes no deben promulgar disposiciones que limiten el ejercicio de esta libertad. Las autoridades competentes no deben dejar sin efecto las disposiciones constitucionales ni minar los derechos fundamentales que se garanticen en la Constitución y mediante las normas internacionales de derechos humanos». Y, cosa que es más importante, esta Comisión, en su Resolución sobre el Derecho a la Libertad de Asociación, también había reiterado que «La regulación del ejercicio del derecho a la libertad de asociación debe ser consistente con las obligaciones que contrajeron los Estados mediante la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos»[8] Jawara contra Gambia. CADHP. Comunicaciones número 147/95 y 149/96; párrafos 67-68 (2000). .
 En el caso de Abogados pro Derechos Humanos contra Suazilandia, la CADHP también concluyó que la prohibición de todos los partidos políticos es, en sí misma, una violación del derecho a la libertad de asociación[9] Abogados pro Derechos Humanos contra Suazilandia. CADHP. Comunicación número 251/02; párrafos 60-62 (2005). .
 En raros casos puede un Estado prohibir la actividad de un partido político en concreto, cuando los objetivos y las actividades del partido sean totalmente contrarias a la democracia y representen un riesgo severo para los derechos de los demás; pero esas restricciones están sujetas a la más estricta de las revisiones.
 El escrutinio directo es obligatorio y no puede atribuírsele nada falsamente a las intenciones de un partido. En el caso de HADEP y Demir contra Turquía, el TEDH concluyó que se produjo una violación cuando el Estado disolvió un partido político después de combinar las críticas públicas que hicieron los miembros de ese partido con respecto a la política del gobierno y presentarlas como apología de la violencia, aunque los objetivos del partido, según se expone en su programa, son los de resolver los problemas de forma democrática.
 [ haga clic aquí para ver la explicación completa del caso ]
 HADEP y Demir contra Turquía
 En el caso de HADEP y Demir contra Turquía, el Partido Popular por la Democracia, «HADEP», abogaba por «una solución democrática al problema kurdo». El HADEP fue disuelto en 2003 por fallo de la Corte de Constitucionalidad de Turquía, que concluyó que el partido se había convertido en un centro de actividades ilegales que incluían la complicidad con el ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). La Corte de Constitucionalidad también prohibió que durante cinco años un cierto número de miembros del HADEP fundaran otro partido político o se afiliaran a uno que ya existiera. El TEDH encontró que se cometió una violación de lo dispuesto en el Artículo 11 del Convenio. Afirmó que ciertas declaraciones que hicieron miembros del HADEP –que dijeron que los actos de las fuerzas de seguridad de Turquía en el sureste del país en la lucha contra el terrorismo constituían una «guerra sucia»–, mismas a las que la Corte de Constitucionalidad de Turquía se refirió cuando concluyó que el HADEP era culpable de complicidad con el PKK, eran una dura crítica de la política del gobierno pero no fomentaban la violencia, la resistencia armada ni la insurrección. Por tanto, esas declaraciones no podían por sí mismas constituir evidencia suficiente para considerar que el partido era igual a los grupos armados que llevaban a cabo actos de violencia. El TEDH además concluyó, en particular, que las declaraciones que dieron los miembros del HADEP, en que consideraron que los kurdos son una nación distinta de Turquía, tenía que leerse junto con los objetivos que el partido presentaba en su programa; a saber, que el partido se creó para resolver los problemas del país de manera democrática. Aunque HADEP hubiere defendido el derecho a la autodeterminación de los kurdos, ello, por sí mismo, no sería contrario a los principios democráticos y no podía considerarse igual a apoyar actos de terrorismo[10] HADEP y Demir contra Turquía. TEDH. Sentencia de 14 de diciembre de 2010. .
 En el caso del Partido de los Comunistas (Nepecerişti) y Ungureanu contra Rumania, el TEDH encontró una violación del derecho a la libertad de asociación porque el Estado se rehusó a permitir que un partido comunista se inscribiera en el registro.
 Partido de los Comunistas (Nepecerişti) y Ungureanu contra Rumania
 En el caso del Partido de los Comunistas (Nepecerişti) y Ungureanu contra Rumania, el Partido, que se componía de comunistas que no fueron miembros del Partido Comunista Rumano, PCN, fue fundado en marzo de 1996. Su inscripción como partido fue denegada por los tribunales de Rumania en una decisión que se mantuvo en 1996, con el argumento de que el PCN procuraba volver a adquirir poder político a fin de establecer un «estado humano» que se fundara según la doctrina comunista, lo cual significaba que se consideraba que el orden constitucional y legal que existía desde 1989 era inhumano y no descansaba en la democracia genuina. El Tribunal concluyó que se produjo una violación del Artículo 11 de la Convención. Después de examinar el programa político y la escritura de constitución del PCN –por cuya exclusiva razón los tribunales rumanos denegaron la solicitud de inscripción del partido– el TEDH notó que en él se daba énfasis a la importancia de preservar la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden legal y constitucional del país, así como los principios democráticos, incluso el pluralismo político, el sufragio universal y la libertad de participar en política. No contenían ningún texto que se pudiere considerar llamados a la violencia, a un levantamiento o a ninguna otra forma de rechazo de los principios democráticos. Era verdad que en algunas partes se criticaba tanto los abusos del antiguo Partido Comunista, de antes de 1989, del cual el PCN se distanciaba, así como de la política que se había seguido con posterioridad a ese año. Sin embargo, el Tribunal consideró que no podía haber justificación para ponerle obstáculos a un grupo político, que observaba los principios fundamentales de la democracia, únicamente porque había criticado el orden legal y constitucional del país y procuraba crear un debate público en la arena política. La experiencia de Rumania con el totalitarismo comunista de antes de 1989 no podía en sí misma justificar la necesidad de interferir con la libertad de asociación del partido[11] Unidad de Prensa del TEDH. Ficha informativa sobre partidos políticos y asociaciones, 4 (octubre de 2016), en la discusión que trata del caso del Partido de los Comunistas (Nepecerişti) y Ungureanu contra Rumania. TEDH. Sentencia de 2 de febrero de 2005 (el énfasis es nuestro). .
 El Tribunal concluyó que el registro se rechazó únicamente por el programa político del partido, aunque, de hecho, en ese programa se insiste en la importancia de mantener el orden constitucional y no se llama a la violencia ni a rechazar los principios democráticos.
 Véanse también las secciones tituladas «Destruir la democracia e incitar a la violencia» y «la suspensión o disolución de las asociaciones».
 9.3 Acceso a financiación del extranjero
 Aunque generalmente el derecho a la libertad de asociación abarca también el derecho al acceso a financiación [acceso a fondos del extranjero], incluso la de fuentes del extranjero, ciertas restricciones de acceso que tengan los partidos políticos –los que pugnan por el poder– a fondos del extranjero deben también pasar la prueba triple que se estipula en el derecho internacional, que sirve para evitar que haya «evitar influencia indebida de intereses extranjeros en los asuntos políticos internos»[12] OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 172. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. . Por ejemplo, el TEDH ha respaldado la imposición de restricciones al acceso de los partidos políticos a fondos provistos por partidos políticos del extranjero cuando un partido tenía acceso al mismo mecanismo de financiación pública con que contaban los demás partidos políticos del Estado y no podía demostrar que la restricción tuviera un impacto desproporcionado en su capacidad de llevar a cabo sus actividades[13] Partido Nacionalista Vasco – Organización Regional de Iparralde contra Francia. TEDH. Sentencia de 7 de junio de 2007. . En su discusión al respecto de reglamentos como estos, la Comisión de Venecia comentó que es vital que esas restricciones se diseñen con cuidado para evitar que se viole el derecho a la libertad de asociación, observando, en particular, que «la legislación debe sopesar la protección de los intereses nacionales contra los derechos de individuos, grupos y asociaciones para cooperar y compartir información»[14] OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 172. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. . También resaltó el papel cada vez más importante que cumple el apoyo externo para las personas, los grupos y las organizaciones que promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la necesidad de que en toda reglamentación se evite restringir indebidamente tal cooperación y apoyo[15] OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 172. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. .
 9.4 En tiempo de elecciones
 Los entes regionales e internacionales han adoptado resoluciones explícitas al respecto de la posición vital de la libertad de asociación en el marco de las elecciones[16] Asamblea General de las Naciones Unidas. Fortalecimiento de la función de las organizaciones y mecanismos regionales, subregionales y de otro tipo en la promoción y consolidación de la democracia. Resolución de la Asamblea General 59/201 (20 de diciembre de 2004). Véase también la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza (2011). . El Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha llamado a los Estados
 a que respeten y protejan plenamente el derecho de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso en el contexto de unas elecciones, y con inclusión de las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y las demás personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover
 esos derechos, y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción del libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud de las normas internacionales de derechos humanos[17] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Resolución 15/21. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/RES/15/21. Octubre de 2010; párrafo 1. .
 La protección del derecho de asociación tiene un significado especial en el marco de las elecciones, por las vulnerabilidades y riesgos que conllevan tales períodos[18] Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 15(e). . El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación ha dado énfasis a que todas las asociaciones tienen derecho a participar en las actividades que tengan que ver con el proceso electoral sin que importe su carácter ni su posición, «sin importar sin son apolíticas en sus medios y operaciones, si apoyan parcial o totalmente al gobierno o si critican sus políticas»[19] Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 46. :
 El derecho a la libertad de asociación es un componente esencial de la democracia que empodera a hombres y mujeres y, por lo tanto, es particularmente importante en el caso de personas que puedan abrazar convicciones religiosas o políticas minoritarias o disidentes (resolución 15/21 del Consejo, preámbulo). No se deben imponer restricciones a las asociaciones solo porque no comparten las mismas opiniones que las autoridades.[20] Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 47. .
 El Relator Especial también llamó a los estados a aumentar el escrutinio de las restricciones legítimas que se impongan al derecho a la libertad de asociación en tiempos de elecciones, para «asegurar que los estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, y del principio de no discriminación, sean particularmente difíciles de cumplir»[21] Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 58(f). :
 El Relator Especial considera que los parámetros deben elevarse en un contexto electoral. Por lo tanto, no es suficiente que un Estado afirme que busca proteger la integridad del proceso electoral o la necesidad de garantizar elecciones imparciales para todos los partidos o la necesidad de preservar la paz o la seguridad para limitar esos derechos, dado que el contexto de las elecciones constituye un momento crítico en que las personas pueden opinar sobre el destino de su país[22] Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 49. .
 El Artículo 25 del PIDCP le garantiza a “todos los ciudadanos, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas... los siguientes derechos y oportunidades:a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. ↑
 OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafos 9-10. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. ↑
 OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 27. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. ↑
 OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 29. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. ↑
 Yazar, Karatas, Aksoy y el Partido del Trabajo del Pueblo (HEP) contra Turquía. TEDH. Sentencia de 9 de abril de 2002; párrafo 49 . Hay una traducción no oficial a español en este enlace. ↑
 Yátama contra Nicaragua. Corte IDH. Sentencia de 23 de junio de 2005; párrafos 215-224. ↑
 Castañeda Gutman contra México. Corte IDH. Sentencia de 6 de agosto de 2006. ↑
 Jawara contra Gambia. CADHP. Comunicaciones número 147/95 y 149/96; párrafos 67-68 (2000). ↑
 Abogados pro Derechos Humanos contra Suazilandia. CADHP. Comunicación número 251/02; párrafos 60-62 (2005). ↑
 HADEP y Demir contra Turquía. TEDH. Sentencia de 14 de diciembre de 2010. ↑
 Unidad de Prensa del TEDH. Ficha informativa sobre partidos políticos y asociaciones, 4 (octubre de 2016), en la discusión que trata del caso del Partido de los Comunistas (Nepecerişti) y Ungureanu contra Rumania. TEDH. Sentencia de 2 de febrero de 2005 (el énfasis es nuestro). ↑
 OSCE/OIDDH y Comisión de Venecia: Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos. 19 de mayo de 2011; párrafo 172. En este enlace se encuentra una traducción a español que es obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, misma que está alojada en el servidor de la Comisión de Venecia. ↑
 Partido Nacionalista Vasco – Organización Regional de Iparralde contra Francia. TEDH. Sentencia de 7 de junio de 2007. ↑
 Asamblea General de las Naciones Unidas. Fortalecimiento de la función de las organizaciones y mecanismos regionales, subregionales y de otro tipo en la promoción y consolidación de la democracia. Resolución de la Asamblea General 59/201 (20 de diciembre de 2004). Véase también la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza (2011). ↑
 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Resolución 15/21. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/RES/15/21. Octubre de 2010; párrafo 1. ↑
 Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 15(e). ↑
 Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 46. ↑
 Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 47. ↑
 Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 58(f). ↑
 Consejo de Derechos Humanos: Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai. Documento de las Naciones Unidas A/HRC/68/299. 7 de agosto de 2013; párrafo 49. ↑


type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 14.7.2017
 NL
 Publicatieblad van de Europese Unie
 L 183/1
 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1266 VAN DE COMMISSIE
 van 11 juli 2017
 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/96 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur
 DE EUROPESE COMMISSIE,
 Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,
 Overwegende hetgeen volgt:
 (1)
 Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur („GN”) die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van bepaalde goederen te worden vastgesteld.
 (2)
 Bij Verordening (EG) nr. 2494/96 van de Commissie (3) is een „folie van polyethyleentereftalaat voorzien van een deklaag van warmtegevoelige inkt, met een dikte van niet meer dan 0,01 cm en op rollen met een breedte van 62 cm” ingedeeld onder post 3215 van de gecombineerde nomenclatuur als „Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm”. De indeling van het product onder post 3215 was gebaseerd op de algemene regel 3 b) voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, maar er wordt niet nader gemotiveerd welke mogelijke posten kunnen worden overwogen bij de toepassing van algemene regel 3 b). Meer in het bijzonder ontbreken de redenen voor de uitsluiting van post 9612, waaronder afgezien van stempelkussens „inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes” vallen.
 (3)
 Verordening (EG) nr. 2494/96 heeft betrekking op de zogenoemde „jumborollen”. Dit zijn geen gebruiksklare producten, maar rollen met een aanzienlijke lengte die zonder verdere fabricageprocesstap niet in een schrijfmachine of soortgelijke machine kunnen worden geplaatst. Deze informatie ontbreekt in de productomschrijving in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2494/96 en het ontbreken van deze informatie kan tot onjuiste tariefindelingen voor gebruiksklare inktlinten leiden. Inktlinten die gebruiksklaar zijn, moeten onder post 9612 worden ingedeeld.
 (4)
 Aangezien het product waarop Verordening (EG) nr. 2494/96 betrekking heeft, niet meer op de markt beschikbaar is, wordt die verordening niet langer nodig geacht. De meeste inktlinten die nu op de markt beschikbaar zijn, zelfs die met een aanzienlijke breedte en lengte, kunnen zonder verdere fabricageprocesstap direct worden gebruikt wanneer ze in een schrijfmachine of soortgelijke machine worden geplaatst. Daarnaast zal er een toelichting op de GN-onderverdelingen 9612 10 10 tot en met 9612 10 80 („linten”) worden geschreven om richtsnoeren te bieden wat de tariefindeling van inktlinten betreft.
 (5)
 Verordening (EG) nr. 2494/96 dient daarom te worden ingetrokken, teneinde te voorkomen dat inktlinten onder verschillende tariefposten worden ingedeeld en om een uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur in de Unie te waarborgen.
 (6)
 De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,
 HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
 Artikel 1
 Verordening (EG) nr. 2494/96 wordt ingetrokken.
 Artikel 2
 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
 Gedaan te Brussel, 11 juli 2017.
 Voor de Commissie,
 namens de voorzitter,
 Stephen QUEST
 Directeur-generaal
 Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie
 (1) PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
 (2) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
 (3) Verordening (EG) nr. 2494/96 van de Commissie van 23 december 1996 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 338 van 28.12.1996, blz. 38).


type: contracts

text:
 12.12.2019
 ET
 Euroopa Liidu Teataja
 L 323/14
 EMP ÜHISKOMITEE OTSUS
 nr 7/2018,
 9. veebruar 2018,
 millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“) [2019/2043]
 EMP ÜHISKOMITEE,
 võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,
 ning arvestades järgmist:
 (1)
 EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 4. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2229, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa plii, elavhõbeda, melamiini ja dekokvinaadi piirnormide osas (1).
 (2)
 Käesolevas otsuses käsitletakse söötadega seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu käesolevat otsust Liechtensteini suhtes ei kohaldata.
 (3)
 Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,
 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
 Artikkel 1
 Lepingu I lisa II peatüki punkti 33 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ) lisatakse järgmine taane:
 „—
 32017 R 2229: komisjoni 4. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2229 (ELT L 319, 5.12.2017, lk 6).“
 Artikkel 2
 Määruse (EL) 2017/2229 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.
 Artikkel 3
 Käesolev otsus jõustub 10. veebruaril 2018, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).
 Artikkel 4
 Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.
 Brüssel, 9. veebruar 2018
 EMP ühiskomitee nimel
 eesistuja
 Claude MAERTEN
 (1) ELT L 319, 5.12.2017, lk 6.
 (*1) Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


type: wikipedia

text:
Hættemågen (latin: Chroicocephalus ridibundus) er Danmarks mest almindelige måge. Den er endvidere udbredt i resten af Europa, Asien og i kystegne i det østlige Canada. Hovedparten af bestanden er trækfugle, der trækker mod syd om vinteren, men en del af hættemågerne er dog standfugle. De danske hættemåger trækker i juli typisk til Vesteuropa (enkelte helt til Nordafrika) for at fælde og overvintre.
 Hættemågen yngler i kolonier i søer og moser eller på småholme ved kysten. Herudover træffes de også i f.eks. byområder og på marker og enge, når yngletiden er overstået. Den er regnet som en truet art på den danske rødliste 2019.
 Udseende
 Hættemågen er 38 centimeter fra næb til halespids og dermed en lille måge. Den har fået sit navn efter sin karakteristiske chokoladebrune hætte. Hætten har den dog alene om sommeren (yngledragt). Om vinteren er hovedet hvidt med en sort prik ved øret. Overgangen fra vinterdragten til sommerdragten sker gradvist, startende fra slutningen af februar. Kroppen er hvid, mens ryg og vingeroversider er lysegrå. Næbbet er rødbrunt og fødderne mørkerøde. Bagkanten på vingen er sort og forkanten hvid.
 De unge fugle har gulbrun nakke, ryg og vingeoversider, og får fra deres første efterår grå ryg, men har dog stadig brunlige tegninger på vingerne.
 Hættemågen er nem at kende i forhold til andre fugle, selvom fx den slankere havterne kan ligne lidt.
 Fødevalg
 Hættemågen lever af insekter, småfisk, ådsler, orme, snegle, muslinger og affald. Den er således meget alsidig i sit fødevalg, og kan både ses fange insekter højt til vejrs, tage regnorme på pløjemarker, søge føde på vadeflader ved at hvirvle smådyr op med fødderne, eller "stjæle" ændernes brød i parkerne.
 Man kan ofte se en flok af hættemåger følge efter ploven, når landmanden om efteråret pløjer sine marker.
 Adfærd
 Hættemågerne samler sig i store kolonier, når de skal yngle. Der kan være helt op til 25.000 hættemåger i en enkelt koloni. I kolonien påbegynder de sædvanligvis redebygningen sidst i april eller begyndelsen af maj. Hunnen i hvert par lægger 2-3 æg, Æggene er grågrønne eller olivenbrune. De kan være plettet med askegråt eller mørkebrunt. De klækkes sidst i maj måned. Omtrent 4-5 uger herefter er ungerne flyvefærdige. Både hannen og hunnen er med til at ruge og fodre ungerne.
 Mågen er kønsmoden som 2-årig.
 Hættemågerne kan være meget larmende, især når de befinder sig i deres kolonier. De har et meget karakteristisk kree-ar kald.
 Trusler
 Bestanden i Danmark blev i 1960'erne opgjort til cirka 400.000 par. Efterfølgende er denne bestand faldet kraftigt. Et lignende fald er set i Sverige (halvering af bestanden).
 Nedgangen i hættemågebestanden har også medført en nedgang i bestanden af andre fugle, specielt vandfugle, der har behov for den beskyttelse mod rovdyr, de kan opnå ved at befinde sig i en hættemågekoloni. Sorthalset lappedykker, der er en meget sjælden dansk ynglefugl, er et eksempel på en af disse vandfugle. Andre arter som nyder godt af hættemågernes kolonier er splitterne, troldand, grågås og taffeland.
 Nedgangen i de senere år skyldes specielt landbrugets omlægning af dets produktion med en større grad af vinterafgrøder. Dette er med til at formindske hættemågens fødeudvalg i forårsmånederne.
 En anden trussel mod hættemågen kan være rotter. Rotterne tager æggene og de små unger. De skulle endvidere også kunne bide de voksne fugle ihjel.
 Hættemågen er totalfredet i Danmark.
 Kilder/Henvisninger
 Tommy Dybbro, Fugle i farver, 15. udgave, Politikens Forlag 2006.
 Chroicocephalus
 Danmarks fugle
 Fugle fra Eurasien


text:
 Sentencia 2011-01072 de septiembre 26 de 2013
 SENTENCIA 2011-01072 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 CONTENIDO:CONSERVACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN- CAMBIO DE REGÍMENES PENSIONALES. SE RECORDÓ, QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-789 DE 2002, ESTABLECIÓ QUE CONSERVAN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL, A PESAR DE HABERSE TRASLADADO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA AL DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD Y POSTERIORMENTE REGRESO AL PRIMERO, LAS PERSONAS QUE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 CUMPLIERAN CON EL REQUISITO DE SEMANAS COTIZADAS PARA HACERSE PARTE DE ESTE RÉGIMEN, INCLUSO LA PROVIDENCIA ESTABLECIÓ LA POSIBILIDAD DE CONSERVAR EL RÉGIMEN CUANDO SE HA CUMPLIDO EL REQUISITO DE EDAD PARA ENTRAR A ESTE, DEBIDO A QUE NO SE PUEDEN VULNERAR DERECHOS ADQUIRIDOS.
 TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DERECHOS ADQUIRIDOS, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, TRASLADO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
 Sentencia 2011-01072 de septiembre 26 de 2013
 Ref.: 250002325000201101072-01
 No Interno: 1601-2013
 Actor: Rosalba Onofre Alayón
 Se contrae a determinar si la demandante perdió los beneficios de la transición dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por trasladarse del régimen de prima con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, y regresar al primero.
 Resolución 43029 de 23 de septiembre de 2008, por medio de la cual el gerente II del centro de atención de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, le reconoció a la demandante una pensión de vejez de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Allí se estipuló que si bien ella se cambió al régimen de ahorro individual con solidaridad y posteriormente regresó al de prima media con prestación definida, siendo beneficiada del régimen de transición, no se tenía certeza del monto aportado al fondo privado (fls. 1–5).
 Resolución 54048 de 11 de noviembre de 2008, mediante la cual el gerente II del centro de atención de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, reajustó la pensión de jubilación de la accionante por haberse retirado del servicio (fls. 6–7).
 Resolución 29971 de 11 de octubre de 2010, por medio del cual el gerente II del centro de atención de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Sección Cundinamarca, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante contra la Resolución 54048 de 11 de noviembre de 2008, confirmando la decisión recurrida (fls. 9–11).
 Acto administrativo ficto, originado en el recurso de apelación interpuesto subsidiariarnente al de reposición contra la Resolución 54048 de 11 de noviembre de 2008.
 La demandante nació el 8 de julio de 1951. (fl. 2, cdno.·2).
 El gerente II del centro de atención de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Sección Cundinamarca, le reconoció a la actora mediante la Resolución 43029 de 23 de septiembre de 2008 pensión mensual vitalicia de jubilación de acuerdo a la Ley 100 de 1993, computando los siguientes tiempos de servicios:
 Entidad Periodo T. Días
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 23/06/1971 hasta 01/01/1972 218
 Departamento de Cundinamarca 15/02/1972 hasta 17/06/1974 750
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 16/03/1976 hasta 17/12/1981 2072
 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 18/12/1981 hasta 17/10/1986 1740
 Secretaría de Hacienda Distrital 14/05/1987 hasta 01/09/1987 108
 Personería de Bogotá D.C. 02/07/1987 hasta 30/04/1995 2760
 Teniendo en cuenta que la demandante se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y posteriormente regresó al de prima media con prestación definida, y la entidad demandada no contaba con información sobre los aportes efectuados al fondo privado, la pensión le fue reconocida con fundamento en las normas que regulan el Sistema General de Pensiones, pese a ser beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por contar con más de 15 años de servicios a la entraba en vigencia de la mencionada norma (fls. 1–4).
 Contra la anterior decisión la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación al considerar que por ser beneficiaria del régimen de transición, la prestación debía ser calculada de acuerdo a la Ley 33 de 1985. (fls. 16–23).
 Por medio de la Resolución 54048 de 11 de noviembre de 2008, el gerente II del centro de atención de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, reajustó la mesada pensional de la actora en razón a que le fue aceptada la renuncia por parte del personero distrital de Bogotá mediante el Decreto 246 de 22 de septiembre de 2008, al cargo de personera local de Sumapaz a partir del 1o de noviembre de 2008. (fls. 6–7).
 El Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución 29971 de 11 de octubre de 2010, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 43019 de 23 de septiembre de 2008, confirmándola en su totalidad al considerar que si bien ella es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no era viable ordenar el reconocimiento de la prestación de acuerdo a la Ley 33 de 1985, hasta tanto la oficina de multivinculados de la entidad realizara el respectivo estudio de rentabilidad, ya que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y posteriormente volvió al de prima media con prestación definida. (fls. 9–11).
 El grado jurisdiccional de consulta
 Conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(1) para que se surta el grado jurisdiccional de consulta en materia laboral deben existir los siguientes supuestos: 1) Que la sentencia imponga una condena a cargo de una entidad pública; 2) Que sea dictada en primera instancia; y 3) Que la entidad demandada no hubiese ejercido el derecho a la defensa.
 En el presente asunto se dan los supuestos señalados, en la medida en que se trata de una sentencia condenatoria contra una entidad pública, en un proceso de primera instancia y la entidad demandada no ejerció su derecho a la defensa.
 En consecuencia, la Sala procederá a surtir el grado jurisdiccional de consulta teniendo presente que de conformidad con el inciso final de la mencionada norma esta “se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades”, motivo por el cual, la competencia del ad quem se limita, en el presente asunto, a la revisión de lo concedido a la demandante en la sentencia de primera instancia, es decir, a la reliquidación de su mesada pensional teniendo en cuenta la Ley 33 de 1985.
 El régimen pensional de los servidores públicos:
 Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncie que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes”.
 El articulo 36 ibídem, estableció el régimen de transición de la siguiente manera:
 La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas persones para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (...)”.
 De acuerdo con las anteriores preceptivas las personas que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran 15 años de servicio cotizados, o 35 años de edad si es mujer o 40 años de edad si es hombre, tendrán derecho a que se les reconozca la pensión teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicio y el monto de la mesada, establecidos en el régimen pensional anterior al que se encontraba afiliados.
 La Ley 33 de 1985 reguló el régimen prestacional de todos los empleados oficiales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por mandato de su artículo 1o no solo equiparó la edad de la mujer con la del hombre para efectos de jubilación en 55 años, sino que estableció la regla general para la pensión de los empleados oficiales de todos los niveles y se determinaron unas excepciones, con el siguiente tenor literal:
 “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servido”.
 La demandante se encuentra dentro del régimen de transición, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel descentralizado, esto es el 30 de junio de 1995, contaba con más de 35 años de edad, en razón a que nació el 8 de julio de 1951 tal como consta en el registro civil de nacimiento que obra a folio 1 del cuaderno 2. Ahora bien, la entidad demandada en los actos administrativos acusados sostuvo que la accionante si bien se encontraba dentro del régimen de transición, no se le podía reconocer su pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985 hasta que la oficina de multivinculados hiciera el respectivo estudio de rentabilidad del lapso en que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad.
 Con la finalidad de establecer si el mencionado argumento se encuentra conforme al ordenamiento jurídico es necesario efectuar el siguiente análisis jurídico.
 Traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad.
 Los incisos 4o y 5o del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, disponen lo siguiente sobre el régimen de transición:
 “(...) Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetaran a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
 La Corte Constitucional al decidir una demanda de constitucionalidad interpuesta contra los incisos citados, determinó que son exequibles “siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican a quien había cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993”.
 En tal sentido, determinó que quienes se encuentren en esa situación deberán cumplir las siguientes condiciones:
 “(...) a) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y
 El anterior criterio jurisprudencial fue plasmado en el artículo 3o del Decreto 3800 de diciembre de 2003, por medio del cual se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2o de la Ley 797 de 2003. El texto de la norma es el siguiente:
 “Aplicación del régimen de transición. En el evento en que una persona que a 1o de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el régimen de ahorro individual con solidaridad, decida trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
 La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 6 de abril de 2011, magistrado ponente, doctor Gerardo Arenas Monsalve, Expediente 1095-07, al decidir la acción de nulidad simple interpuesta contra el artículo 3o del Decreto 3800 de 2003, declaró la nulidad de las expresiones “cumplan con los siguientes requisitos:”, “a) y b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en el caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media, incluyendo los rendimientos que se hubieren obtenido en este último”, así como del inciso final que dispone que “para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional”.
 La decisión anterior se sustentó en lo siguiente:
 “(...) Pérdida y recuperación de los beneficios de la transición. El inciso quinto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispone que el régimen de transición ‘[t]ampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida’. Sin embargo, la situación es diferente para aquellos beneficiarios de este régimen que al entrar en vigencia el Sistema de Pensiones tenían más de quince años de servicios o cotizaciones y posteriormente deciden regresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales o la entidad que haga sus veces, puesto que por haber cotizado como mínimo las tres cuartas partes del tiempo requerido para la pensión en dicho régimen (15 años de servicios o 750 semanas) no pueden perder, sin vulnerarse el principio de proporcionalidad, como ha dicho la Corte, la transición prevista para este.
 Por consiguiente, el reconocimiento pensional a favor de tales personas no resultaría contrario a los postulados de igualdad y proporcionalidad cumpliéndose, en todo caso, los requisitos señalados en la Sentencia C-789 de 2002, puesto que efectuaron las cotizaciones al régimen de prima media durante la mayor parte del tiempo que se toma en consideración para efectos de calcular el ingreso base de liquidación – IBL para la pensión. En palabras de la Corte Constitucional en la referida sentencia ‘resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio del reconocimiento constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el 75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión a la entrada en vigencia del sistema de pensiones, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 (abril 1o de 1994)(2)terminen perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión.
 ‘También resultaría contrario al principio de proporcionalidad, que quienes se trasladaron de este régimen al de ahorro individual, y después lo hicieron nuevamente al de prima media, reciban su pensión en las condiciones del régimen anterior, sin consideración del monto que hubieren cotizado’.
 Al efectuar la Sala una comparación entre las condiciones previstas por la Corte Constitucional al declarar exequibles los incisos 4o y 5o del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los requisitos del artículo 3o del Decreto 3800 de 2003 en especial el literal b), objeto de la demanda, se encuentra que no hay identidad entre los mismos, ya que lo dispuesto en el decreto reglamentario resulta lesivo, en la mayoría de las ocasiones, para quienes tienen la intención de volver al régimen de prima media con los beneficios de la transición, pues el saldo de la cuenta pensional incluyendo sus rendimientos, no resulta suficiente para equiparar la rentabilidad que obtiene el fondo común que por ley —L. 100/93, art. 52— administra el Instituto de Seguros Sociales, entidad que conforme lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2006 se deberá liquidar y se creará la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones.
 Sin embargo, las decisiones proferidas por el tribunal constitucional para determinar la exequibilidad o inexequibilidad de la (s) norma (s) demandada (s) no son reglamentables pues, si bien tienen efectos erga omnes al igual que las leyes, estos fallos judiciales no tienen un carácter abstracto, sino que al pronunciarse sobre la exequibilidad de una disposición legal pueden modular los efectos de sus decisiones dictando una sentencia integradora y este contenido adicional, como ha aclarado la Corte, no atiende a un impulso político autónomo del juez constitucional, sino que responde a la necesidad de integrar el ordenamiento jurídico de suerte que el mismo resulte, en cada caso, acorde con los mandatos superiores.
 De acuerdo con todo lo anterior, se accederá a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad del literal b) del artículo 3o del Decreto 3800 de 2003 por cuanto, con las exigencias allí previstas, el ejecutivo desbordó la potestad reglamentaria del artículo 189 numeral 11 de la Carta, en consideración a que la norma reglamentada y el decreto no están referidos al mismo tema y el reglamentario no se ciñe en un todo a la materia regulada. Tampoco el artículo reglamentado ni la jurisprudencia constitucional que hace tránsito a cosa juzgada se refieren a la equivalencia entre el saldo y los rendimientos entre ambos regímenes pensionales para que pueda proceder legalmente el regreso al régimen de prima media con prestación definida de aquellos afiliados señalados en el decreto, como sí se hizo en los apartes objeto de la demanda.
 Asimismo, se declarará la nulidad del último inciso del precitado artículo en razón a su conexidad directa con el literal b) que se anula en la presente decisión porque la única condición para que le resulte aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 una persona que a 1o de abril de 1994 tenía mínimo 15 años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el régimen de ahorro individual con solidaridad y decida trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, es que al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, traslade al saldo de la cuenta de ahorro individual, razón por la cual no se debe realizar consideración alguna respecto del valor del bono pensional para la procedencia del traslado”.
 Atendiendo la sentencia citada se concluye que la persona que decida trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y con posterioridad regrese al primero, no perderá los beneficios del régimen de transición siempre que haya accedido al mismo con quince (15) años o más de servicios y traslade el saldo de la cuenta de ahorro individual sin consideración del bono pensional.
 En Sentencia C-754 de 2004, la Corte Constitucional(3) reiteró que el régimen de transición constituye un derecho adquirido que debe ser respetado independientemente de que haya accedido a este por edad o tiempo de servicio argumentando lo siguiente:
 “(...) Una vez que haya entrado en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo, consolidan una situación jurídica concreta que no se les puede menoscabar.
 Además, adquiere la calidad de derecho subjetivo que no puede ser desconocido por ningún motivo, pues le da a su titular la posibilidad del reconocimiento de la prestación en las condiciones prescritas en la normativa anterior y la de acudir al Estado a través de la jurisdicción para que le sea protegida en caso de desconocimiento de la misma”. (...).
 En el sub judicie, de acuerdo a los establecidos por los actos administrativos demandados la demandante laboró en las siguientes entidades:
 Al 30 de junio de 1995, fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones en el nivel descentralizado, la demandante contaba con más de 20 años de servicios, por lo que al trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y luego regresar al primero, no dejó de ser beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas anteriormente. Así las cosas, se le debe reconocer su pensión de jubilación de acuerdo a la Ley 33 de 1985,
 En razón a que la demandante a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel descentralizado contaba con más de 15 años de servicios, es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 ibídem, motivo por el cual su mesada pensional debe ser reajustada de acuerdo al régimen pensional anterior, es decir, a la Ley 33 de 1985.
 Por otra parte, si bien la accionante se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y posteriormente regresó al primero, ello no origina la perdida de los beneficios del régimen de transición ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 15 años de servicios, circunstancia amparada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002.
 La entidad demandada no puede omitir su deber de reconocer la pensión de jubilación a la demandante en los términos establecidos en esta providencia, con el argumento de que no ha realizado un trámite interno, pues de lo contrario estaría imponiéndole una carga a la accionante que no se encuentra en la obligación de soportar.
 La actora cuenta con más de 55 años de edad, ya que nació el 8 de julio de 1951, y prestó sus servicios por más de 20 años en el sector público, con lo que se evidencia que los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación establecidos en el artículo 1o de la Ley 33 de 1985 se encuentran satisfechos.
 En relación con la inclusión de los factores para determinar el ingreso base de liquidación, es del caso aplicar la tesis fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 4 de agosto de 2010, magistrado ponente doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, en la que se concluyó que la preceptiva contenida en el artículo 1o de la Ley 62 de 1985, es un principio general y no puede considerarse de manera taxativa, por tal razón deben incluirse todos los factores efectivamente devengados realizando los aportes que correspondan. Es del caso aclarar que los factores salariales a incluir deben tener la condición de retribuir en forma habitual y periódica los servicios prestados”(4).
 En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia consultada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, que accedió parcialmente a las súplicas de la accionante.
 CONFÍRMASE, en grado jurisdiccional de consulta y por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de 11 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por la señora Rosalba Onofre Alayón contra el Instituto de Seguros Sociales.
 (1) Código Contencioso Administrativo, artículo 184. Modificado. L. 446/98, art. 57. “Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad Iitem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses. La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El gerente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectúe una vez concluido el traslado común. La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”.
 (2) Nótese que el inciso 2o del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia “al momento de entrar en vigencia del sistema”, no la ley.
 (3) Sentencia C-789-02, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
 (4) Artículo 40 del Decreto – Ley 720 de 1978.