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Trino S. Vergara T.: "Los Principios Básicos de la Etica y la Transparencia en el manejo de lo Público"de Jim Wesbnerry
 "Los Principios Básicos de la Etica y la Transparencia en el manejo de lo Público"de Jim Wesbnerry
 Me permito publicart excelente artículo de Jim Wesberry sobre Los principios básicos dela Etica y la Transparencia en el manejo de lo Público en el Seminario "“Las nuevas tecnologías de la comunicación al servicio de la integridad y la transparencia en la gestión municipal” como principio de toda sociedad democrática.
 Los Principios Básicos de la
 Ética y la Transparencia
 en el Manejo de lo Público
 Director del Proyecto AAAMexico
 “Las nuevas tecnologías de la comunicación
 al servicio de la integridad y la transparencia
 en la gestión municipal”
 "Bien podemos diferir sobre la moneda,
 las tarifas, y la política extranjera;
 pero no podemos darnos el lujo
 de diferir sobre la cuestión
 de la honestidad...
 La Honestidad es...un prerequisito absoluto
 para un servicio eficiente al pueblo...
 Gobernador del Estado de Nueva York
 Los Principios Básicos de la Ética y la Transparencia
 por Jim Wesberry
 Hace más de 3,000 años el Rey David de Israel y Judá nos dejó en el Salmo 15 una receta para la ética:
 Camina con integridad
 Haz lo que es correcto
 Habla la verdad de tu corazón
 Guardate de la maledicencia de tu lengua
 No causes daño al prójimo
 No hables mal de tus semejantes
 Cumple tu palabra ... aunque te cueste
 Haz el bien sin esperar recompensa
 No aceptes sobornos
 Menosprecia a los hombres viles
 Honra a los que sirven a Dios
 Teodoro Roosevelt, quien en poco tiempo fue electo vicepresidente para luego llegar sorpresivamente a la presidencia de los Estados Unidos debido a un asesinato, habló de la honestidad en el servicio público precisamente cuando su país se encontraba envuelto en actos de corrupción a tal grado que fue necesario el “movimiento progresista” del sector civil para motivar cambios drásticos en la conducta de los servidores públicos.
 David, quien luego fue derrocado de su reino por su propio hijo y tuvo que huir de Jerusalén, habló de su propia experiencia al documentar su consejo inspirado por su Dios.
 Sobre los siglos de los siglos los términos “honestidad”... “integridad”... “ética”... han resonado de los labios de los estadistas y los políticos pero muchas veces han sido solo palabras vacías, promesas no cumplidas o mentiras crueles al ser vistas desde el pasaje del tiempo. Pero hoy continuamos utilizando estas palabras con la esperanza de que “algún día” describirán el manejo de lo público.
 La “ética” es un término sobre el cual no hay uniformidad de definición. Significa diferentes cosas a diferentes personas, aún dentro del mismo país, y entre diferentes países y diferentes idiomas a veces llega a ser incomprensible.
 La “ética” estaba relacionada con el estudio de las prácticas y estándares de lo correcto y lo no correcto, es decir de lo bueno y lo malo. El termino “ética” se define como la disciplina que trata con lo que es bueno y lo que es malo y con los deberes y obligaciones morales. La ética ha sido llamada “la ciencia de lo ideal del carácter humano”. Es la combinación de los ideales, creencias y estándares que caracterizan o son inherentes a un grupo, comunidad, pueblo o nación.
 La conducta “ética” es aquella que merece la aprobación moral o, según su uso más común, se considera de acuerdo a las normas aceptadas de conducta profesional.
 En nuestro hemisferio la ética está basada en las tradiciones Judea-Cristianas de la moralidad y la rectitud.
 Hay varias anécdotas en los EE UU sobre la ética del Presidente Abraham Lincoln.
 Cuando tenía 24 años de edad Lincoln estuvo a cargo del correo de New Salem, Illinois. Su sueldo anual fue de apenas $55.70.
 El correo de New Salem fue cerrado en 1836, pero pasaron varios años hasta la llegada de un funcionario de Washington para revisar las cuentas del ex-jefe del correo Lincoln. Cuando el oficial llegó, Lincoln estaba ejerciendo su profesión de abogado, pero no le iba muy bien.
 En su conferencia de salida el funcionario informó a Lincoln que le debía $17 al gobierno. Lincoln cruzó la sala que era su despacho y dormitorio y abrió un viejo baúl. Sacó un trapo amarrillo amarrado con una pita. Al abrirlo allí estaban los $17 exactos en billetes y monedas. Lincoln había estado guardando aparte el dinero federal, sin tocarlo ni mezclarlo con su propio dinero por todos esos años.
 La ley obligó a Lincoln a devolver el dinero, pero la ética particular del futuro presidente le obligó a mantenerlo por separado.
 La transparencia es mucho más fácil de comprender que la ética, pero es igualmente difícil de lograr y mantener. Específicamente exige la eliminación del secreto oficial y la elaboración de información útil y comprensible para su receptor. Algo transparente es libre de mentira o engaño, es claro sin explicación o interpretación, es fácilmente comprendido, es obvio. La transparencia no puede esconder un secreto.
 La empresa transparente es la que divulga su información gerencial y financiera públicamente. Este requisito se está convirtiendo en una obligación inevitable de la empresa grande con múltiples accionistas cuyas acciones son compradas y vendidas públicamente en bolsas de valores o de cualquier otra manera.
 El gobierno transparente es aquel que no tiene secreto oficial, con excepción de lo relacionado con la seguridad nacional, que permite el informe periodístico de todas sus acciones y decisiones en base de reuniones abiertas al público y la prensa. Un gobierno transparente publica sus estados financieros oportunamente en formato fácilmente compresible, lleva a cabo sus transacciones de adquisiciones y contrataciones públicamente con participación abierta a todos.
 La transparencia en los negocios y el gobierno constituye uno de los requisitos de conducta ética. La ley puede obligar la transparencia, pero la ética siempre la demanda.
 Principios Básicos de Conducta Ética en el Siglo XXI
 No ha sido fácil preparar este tema. Los doce principios que presento aquí representan un primer intento de delinear los fundamentos de la conducta ética para nuestros días:
 1. La preservación de la vida civilizada, libre y segura demanda que la conducta de un individuo o grupo sea tal que no impida la vida civilizada, libre y segura do cualquier otro individuo, o grupo.
 2. La conducta de un individuo o grupo no puede colocar de forma injusta a otro individuo o grupo en desventaja. La equidad significa coexistir y competir sin la existencia de una conducta que interfiera o disminuya los derechos de otros a la vida, libertad y derechos de propiedad.
 3. Las disposiciones legales promulgadas por los gobiernos a menudo definen los parámetros de conducta entre individuos y grupos, pero nunca podrían ser tan integrales que cubran toda posible situación que involucre la interacción y conducta humana. Es por ello que los individuos y grupos tienen que estar preparados a conducirse de tal forma que interactúen equitativamente con otros aun en los casos no cubiertos por las disposiciones legales o cuando las mismas sean obsoletas. La conducta ética involucra (a) la observancia de las disposiciones legales, y, además, ir mas allá por medio de (b) abstenerse de tomar ventajas injustas por medio de actuar o no actuar en una situación en la cual cualquiera de los cursos de acción puedan ser legales, pero no equitativos.
 4. Durante el curso del desarrollo sociológico, tecnológico y económico los conceptos de lo impropio maduran; las practicas una vez consideradas aceptables y propias pueden convertirse gradualmente en socialmente inaceptables, luego impropias y finalmente pueden llegar a ser prohibidas por la ley, o viceversa. De tal forma que mientras los conceptos éticos básicos de lo correcto y lo incorrecto permanecen estables, la interpretación de ciertos actos tiende a cambiar de acuerdo a muchas variables, siendo así que lo aceptable se convierte en no aceptable y posteriormente en ilegal. De igual modo, la disminución en el nivel de la vida o en el nivel de la moralidad de los individuos, el desempleo continuo, la recesión económica devastadora o la guerra pueden causar que prácticas una vez consideradas no aceptables e impropias lleguen a ser más aceptables socialmente, luego propias y finalmente lleguen a estar permitidas u ordenadas por ley. Esto hace muy complicada la obligación de asegurar el cumplimiento de la ley, así como la toma de decisiones éticas, y entre más rápido sea el cambio, más complicaciones surgen que exigen a su vez aumentar la atención hacia la conducta ética dentro de aquellas áreas que van más allá del límite del cumplimiento legal estricto.
 5. En el sector privado se desarrollo e implantó el concepto de “códigos de practica ética,” inicialmente por parte de las profesiones altamente educadas y más recientemente, por parte de las empresas grandes con operaciones que afectan a mucha gente y grupos. Dichos códigos definen la conducta esperada para el cumplimiento de la ley y adicionalmente, la conducta esperada en aquellos casos que no están claramente cubiertos por medio de las disposiciones legales o que no están prohibidos por ellas. A menudo esto incluye una obligación hacia al pueblo en general o a terceras partes afectadas. Lógicamente, se espera que los individuos de mayor rango o más altos en la jerarquía empresarial observen estándares de conducta aún más elevados. Tal conducta usualmente involucra deberes ante clientes, compradores de productos, inversionistas, prestatarios, y terceros afectados por sus actos. Los deberes tipo fidecomiso de los miembros de la gerencia, de la junta directiva, y de los empleados principalmente involucran conducta relacionada directamente a aquellos afectados por sus actos; sin embargo, cuando se afecta el interés público, la conducta ética por parte de los individuos del sector privado podría llegar de ser muy importante.
 6. En el sector público, donde las disposiciones legales han tradicionalmente constituido los mecanismos para regular la conducta de servidores públicos, igualmente se espera que a más elevado sea el cargo dentro de la jerarquía, mayor es la responsabilidad de evitar una conducta considerada impropia o inapropiada. La falta de flexibilidad en los procesos de modificación de las disposiciones legales, especialmente en los casos donde haya resistencia, junto con el impacto creciente del cambio sobre las expectativas del pueblo y sus definiciones de lo impropio, han forzado a los gobiernos y organismos componentes a seguir el camino del sector privado al desarrollar e implantar “códigos de conducta ética” que igualmente son aplicables cuando las disposiciones legales son obsoletas, conflictivas, no claras, o aún no aplicables o destinadas para áreas que han recibido el impacto de nuevas o cambiantes tecnologías. Los deberes tipo fidecomiso de los funcionarios y empleados públicos no solamente involucran la conducta directamente relacionada a aquellos grupos o individuos afectados por sus actos, sino también casi siempre afectan el interés publico porque tales actos se relacionan con el bienestar y seguridad públicos e involucran el uso de recursos públicos. En este sentido, la conducta ética por parte de los funcionarios y empleados públicos es aun más importante que aquella de los funcionarios y empleados del sector privado. Además la aceptación y apoyo por parte del pueblo al gobierno y sus procesos dependen directamente de la credibilidad y esencia de la conducta ética de aquellos responsables de gobernar. A través de la historia los gobiernos fuertes han sido debilitados, luego han caídos o han sido derrocados desde adentro o desde afuera debido s la decadencia en la conducta ética de los gobernadores.
 7. Las áreas principales de conducta ética incluyen: lealtad y moralidad; requisitos legales; requisitos de responDabilidad (accountability), contabilidad e informes financieros; requisitos de controles gerenciales; requisitos de contrataciones y adquisiciones; requisitos de evitar conflictos de intereses de hecho o que podrían parecer conflictos a otros; transparencia balanceada con confidencialidad; prudencia, eficiencia e economía; obtención del valor justo por el dinero; requisitos de evitar favoritismo, discriminación y nepotismo; requisitos de evitar promesas privadas, ganancias o ventajas; y el deber de revelar la conducta y prácticas no éticas o corruptas por parte de otros.
 8. A mayor desarrollo de la civilización, el país, la economía, y la tecnología, más complejos son los factores y procesos mentales que tienen que ser aplicados al perseguir la conducta ética por parte de un individuo o grupo.
 9. La brújula básica que guía la elección entre diversas alternativas al perseguir la conducta ética inevitablemente es la “conciencia” humana, aquel sentido de lo correcto o lo malo que orienta las acciones humanas y diferencia a la humanidad de todos las otras formas de vida conocidas.
 10. Al escoger entre varios tipos alternativos de conducta en un cada vez más complicado ambiente social, comercial, político, y tecnológico, la conciencia humana está guiada por disposiciones legales, enseñanzas, creencias y tradiciones religiosas y culturales, experiencias históricas, y prácticas y consejos contemporáneos. Debido a las a menudo complejas interrelaciones y potenciales riesgos de tomar acciones inocentes o ingenuas que puedan resultar en acciones impropias o no éticas, tanto los negocios como los gobiernos que están preocupados por que la conducta de sus funcionarios y empleados sea sólida éticamente, no solo tienen que promulgar “códigos de conducta ética”, sino además tienen que ofrecer capacitación a través de casos prácticos que ilustren la toma de decisiones éticas entre diversas alternativas. Tienen asimismo que proporcionar consejos experimentados por parte de “oficiales de ética” designados en cada entidad y capaces de proveer asesoramiento con respeto a situaciones especificas en las cuales un curso de acción u otro puedan conllevar a la violación de una conducta ética.
 11. Los gobiernos y sus dependencias adquieren credibilidad al perseguir una conducta ética por medio del establecimiento de comités, comisiones o juntas de ética con la finalidad de disponer de investigaciones continuas que resulten en ofrecer opiniones consultivas basadas en la experiencia real y/o decisiones que establezcan precedentes en aquellas áreas que involucran la toma de decisiones significativas que requieren una atención mayor que aquella de un individuo, oficina o departamento.
 12. El factor más importante de todos es el “ambiente ético” de la empresa o gobierno. Eso a veces se denomina “el clima en la cima” para describir la importancia de la actitud ética y las practicas éticas por parte de los funcionarios más altos en sus propias vidas publicas y privadas y su propio apoyo de una conducta ética ejemplificándola a través de sus propias acciones, actividades, decisiones, practicas y ordenes a sus subordinados.
 “El ambiente ético” es aun más importante que la legislación, los códigos de ética o cualquier otro instrumento o práctica empleados al perseguir una conducta ética. Es un problema muy particular del sector público que a menudo se caracteriza por muchos discursos, debates y disposiciones a favor de una conducta ética, pero en forma simultanea demuestra un ambiente ético pésimo a raíz de los actos públicos y privados arrogantes, egoístas y muchas veces flagrantes de los lideres políticos que al recibir del pueblo el privilegio de un alto cargo público, de alguna forma se sienten como el legendario “rey” de la popular canción con el derecho a: “hago lo que quiero...mi palabra es la ley...y sigo siendo el rey”. Es una canción alegre pero es una tristeza que los gobiernos la pongan en la practica, y una tristeza muy común a través de todo el mundo, aun donde no conocen, ni cantan dicha canción.
 En el campo de la ética, la principal maldición de los gobiernos es el líder que no da cuenta o no le importa el hecho de que cada uno de sus actos contribuye a fortalecer o debilitar el ambiente ético del estado, del gobierno nacional, estatal o municipal.
 El ambiente ético en una entidad pública o en una empresa privada consiste en aquellos esfuerzos y actividades que tienen por objeto fomentar y mantener la conducta ética, honesta, y responsable incluyendo en particular las acciones tanto oficiales como privadas de los altos ejecutivos y la imagen ética que reflejen tanto por su apoyo de la conducta ética como por su propio ejemplo. El ambiente ético es parte del más amplio "ambiente de control". Es uno de los componentes de control interno descrito de la siguiente forma en el informe "COSO", documento patrocinado por cinco prominentes organizaciones profesionales de los Estados Unidos:
 El ambiente de control establece el tono de la organización, influenciando la conciencia de control del personal. Es la base de todos los otros componentes de control interno, y suministra a la vez disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de su personal; la filosofía y el sistema de operación de la gerencia; el sistema por el cual la gerencia asigna autoridad y responsabilidad, y organiza y desarrolla su personal; y la atención y dirección suministrada por la Junta Directiva.
 El concepto de control interno gerencial fundamenta la gerencia moderna en el negocio y el gobierno a través del mundo actual. No tenemos tiempo en este momento para discutirlo más a fondo, pero hay que hacer hincapié de su importancia y su dependencia sobre el ambiente ético del gobierno o la empresa.
 El ambiente de control y otros cuatro componentes constituyen la base del concepto del control interno gerencial. En mi opinión dicho concepto depende entera y completamente del ambiente ético y donde el ambiente ético se vuelve irreparablemente contaminado, el concepto de control interno se derrumba. Esto deja como única alternativa el control externo que inevitablemente conduce a las medidas represivas de tipo policía como las únicas que se pueden aplicar para combatir el caos en los asuntos administrativos y financieros de la entidad o del gobierno y pone en peligro el sistema democrático.
 El informe COSO, como todas las declaraciones sobre control interno, contiene la salvedad de que "los controles pueden ser evadidos por medio de confabulaciones de dos o más individuos, y la gerencia tiene la habilidad de sobreponerse para anular el sistema." Esto es precisamente lo que está ocurriendo alrededor del mundo tanto en el gobierno como en las empresas privadas. Todos los días aparecen noticias al respecto.
 Aparte del castigo y la cárcel, el ambiente ético es el único mecanismo que tenemos para combatir la confabulación y la anulación gerencial de los controles.
 El “Clima en la Cima”
 Es muy claro que no es la única obligación de los altos ejecutivos el ejercer los deberes gerenciales efectiva y eficientemente, sino que también deben estar a cargo de la dirección ética y su conducta debe ser un modelo personal de honestidad y de principios éticos para el resto de los miembros de la organización. En el momento actual este concepto se conoce como “El Clima en la Cima”, el apoyo suministrado por los altos ejecutivos en lo que se refiere a los valores éticos, tanto por medio de los canales y actos oficiales como por su propia conducta oficial y particular. La descripción de este concepto en el informe COSO es la siguiente:
 El máximo ejecutivo titular de la organización es en última instancia responsable de y debe asumir "posesión" del sistema (de control interno). Más que ningún otro individuo, el titular de una organización es el que establece el “clima en la cima” que afecta la integridad, la ética y otros factores que son necesarios para tener un ambiente de control positivo. En una organización grande, el máximo ejecutivo cumple este deber proporcionando liderazgo y dirección para los demás ejecutivos y supervisando los controles que ellos ejercen. Los ejecutivos superiores a su vez asignan la responsabilidad de establecer políticas y procedimientos más específicos de control interno al personal a cargo de la unidad. En una entidad más pequeña, la influencia del dueño-gerente a menudo es más directa. En cualquier caso un jefe-gerente es el ejecutivo a cargo de operaciones dentro de su propia esfera de responsabilidad. Los administradores financieros y el personal a su cargo son muy importantes en este sistema debido a que en el desempeño de su función de control el resultado de sus actividades influencia el resto de las unidades de una organización.
 La junta de directores de una entidad tiene también responsabilidad sobre el ambiente ético y el control de la empresa. A pesar de que COSO se dirige al sector privado, los comentarios referentes a la junta de directores se pueden aplicar en los casos cuando existen dichos grupos en organizaciones públicas o en cuerpos legislativos que tienen responsabilidades similares a las de la junta de directores.
 La administración de una organización es responsable ante el Directorio, que a su vez está a cargo de la dirección y vigilancia de todas las actividades. Los miembros del directorio que son más efectivos son aquellos que son objetivos y curiosos. Tienen un buen conocimiento de las actividades de la empresa y del ambiente, y están dispuestos a comprometer el tiempo de trabajo necesario para cumplir con sus funciones. La gerencia está en la posición de poder sobreponer a los controles o pasar por alto comunicaciones provenientes de los subordinados; acciones que permiten a los administradores deshonestos falsificar información intencionadamente y cubrir sus huellas.
 Si bien el mantener una actitud de apoyo con respecto a los controles internos y la ética es una de las funciones más importantes de la alta administración de una organización, quizás de mayor importancia es el dar un buen ejemplo. Los dichos de "haz lo que predicas" y "las acciones son más importantes que las palabras" son particularmente relevantes en el caso de la credibilidad de los funcionarios públicos. Trágicamente, muy a menudo los mismos altos funcionarios públicos que apoyan prácticas éticas y que predican los valores de una conducta ética no siguen sus propios consejos en sus actos personales, y así minan su propia credibilidad y la de las entidades que representan, y ponen en duda todas las declaraciones oficiales dirigidas a sus subordinados.
 Una conducta ejemplar por parte de los altos ejecutivos es esencial para mantener el ambiente ético. La tragedia de los gobiernos del mundo se evidencia todos los días en las noticias publicadas en los diarios o transmitidas por televisión, y es que los funcionarios que han sido designados a ocupar los puestos públicos mas altos no están dando un buen ejemplo con sus acciones; en realidad están dando un muy mal ejemplo y por consiguiente están destruyendo la fe del publico en el sistema de gobierno democrático.
 "El que quiere amar la vida y ver días buenos,
 apártese del mal, y haga el bien..."
 I San Pedro, 3:10-11
 El Cataclismo C3
 El clima en la cima es calamitoso en todo el mundo. Los ciudadanos del mundo tienen en común una perdida de fe en los altos funcionarios públicos que han elegido y como resultado de ello están perdiendo fe en el proceso democrático. Todo esto es consecuencia del pésimo “clima en la cima” a través de gran parte del planeta que pone en evidencia una siniestra señal de menosprecio por la ética y la honestidad en los cargos públicos a favor del enriquecimiento personal y del poder.
 George McDonald dijo, “Recibir confianza es un mejor galardón que ser amado.”
 El gobierno no requiere el amor de sus ciudadanos, pero si requiere su confianza.
 Siembra conducta ética, cosecha confianza.
 No hay ley, ni reglamento, ni parlamento, ni consejo municipal, ni alcalde, ni policía, ni fiscal, ni auditor, ni juez, ni maestro, ni profesor, ni ejército, ni poder público capaz de imponer la ética.
 Se requiere la adopción de acciones en forma individual. Estos son los pasos:
 1. Fijar como objetivo personal el perseguir la honestidad y rechazar la tentación, la vileza y el odio en tu propia vida.
 2. Limpiar tu corazón de los pensamientos malos, los deseos egoístas, la codicia, la envidia y la aceptación de los actos corruptos pequeños y grandes.
 3. Unirse con otros ciudadanos adoptando un enfoque sistemático, práctico e integrado de lucha contra la corrupción.
 4. Declarar una guerra permanente contra la corrupción utilizando todos los armamentos disponibles especialmente la tecnología.
 5. Enseñar ética por tus propios actos, tu propio imagen... enséñala a tus hijos, a tus nietos... enséñala desde los colegios primarios hasta las universidades... asegurándote que no es enseñanza teórica sino aplicada e ilustrada en la vida diaria de los maestros en las instituciones de enseñanza y de los padres en el hogar.
 Hace siglos en la China se preguntó a un anciano sabio, “¿Qué podemos hacer de la corrupción la falta de obediencia y ética entre nuestros hijos?” El contestó, “Pues, hay que empezar con sus abuelos.”
 La ética empieza con los abuelos.
 Los jóvenes de la antigua Atenas prestaban este juramento cuando cumplían los diecisiete años:
 Nunca traeremos vergüenza sobre nuestra ciudad mediante actos de deshonestidad o cobardía.
 Lucharemos por los ideales y las cosas sagradas de la ciudad, tanto individualmente, como en grupo.
 Reverenciaremos y obedeceremos las leyes de la cuidad, y haremos todo lo posible para alentar la reverencia y el respeto en quienes estén por encima de nosotros y sean propensos a soslayarlas o desobedecerlas.
 Lucharemos sin cesar para agudizar el sentido del deber cívico en el pueblo.
 De esta manera legaremos una ciudad aun más grande y esplendorosa que la que hemos recibido.
 ¡Que diferencia entre estas palabras y los mensajes que nuestros hijos reciben diariamente por la música, los cines, y la televisión!
 ...aliente a los hombres jóvenes para que ejerzan autocontrol. Para todo actúe como un ejemplo haciendo solamente actos buenos. En su enseñanza muestre integridad, seriedad y solidez de palabra que no pueda ser condenada, para que así todos aquellos que se opongan a Ud. nunca puedan decir nada malo sobre nosotros.
 Tito 2:6-8 (traducción moderna)
 Somos muy débiles frente a las “tentaciones” de la vida. Por eso Jesucristo hizo hincapié sobre “la tentación” en su gran lección sobre la oración.
 El mismo Jorge Washington dijo “Pocos hombres tienen suficiente virtud para resistir al que ofrece más.”
 El gran poeta Alexander Pope describió nuestro dilema humano sobre la vileza y la corrupción, tan común en nuestro mundo, cuando dijo lo siguiente:
 "Vista tan frecuentemente,
 su cara nos es familiar,
 al principio la soportamos,
 luego la aceptamos,
 y finalmente caemos en sus brazos."
 Pero Alexander Pope también dijo:
 "Un hombre honesto
 es la obra más noble de Dios"
 ANEXO 1 ONU - Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos
 ANEXO 2 República de Panamá - Principios Éticos de los Servidores Públicos
 ANEXO 3 Propuesta de Modelo de Codigo de Ética Municipal - Fundación Futuro Solidario Rosario, República de Argentina
 ANEXO 4 Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico
 ANEXO 5 Criterios para Elaborar un Código de Ética para la Función Pública - Fredy Giraldo Rivera, Perú
 ANEXO 6 Legislación, Artículos y otros documentos relacionados con la Etica en el website RESPONDANET en español
 ANEXO 7 Legislación, Artículos y otros documentos relacionados con la Etica en el website RESPONDANET en inglés
 ONU - Código Internacional de Conducta
 para los titulares de cargos públicos
 I. PRINCIPIOS GENERALES 1. Un cargo público, tal como se define en el derecho interno, es un cargo de confianza, que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. Por consiguiente, los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos de su país tal como se expresen a través de las instituciones democráticas de gobierno. 2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempeñar sus obligaciones y funciones de manera eficiente y eficaz, conforme a las leyes o las normas administrativas, y con integridad. Procurarán en todo momento que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente.
 3. Los titulares de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminaránimpropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos.
 II. CONFLICTOS DE INTERESES E INHABILITACIÓN 4. Los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocuparán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de éstas.
 5. Los titulares de cargos públicos, en la medida que lo requiera su cargo y con arreglo a las leyes o a las normas administrativas, declararán sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con ánimode lucro que puedan plantear un posible conflicto de intereses. En situaciones de posible o manifiesto conflicto de intereses entre las obligaciones públicas y los intereses privados de los titulares de cargos públicos, éstos acatarán las disposiciones establecidas para reducir o eliminar ese conflicto de intereses.
 6. Los titulares de cargos públicos no utilizarán indebidamente en ningún momento dinero, bienes o servicios públicos o información adquirida en el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas para realizaractividades no relacionadas con sus tareas oficiales. 7. Los titulares de cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas con arreglo a la ley o a las normas administrativas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de desempeñar sus funciones públicas aprovechenindebidamente las ventajas de su antiguo cargo. III. DECLARACIÓN DE BIENES 8. Los titulares de cargos públicos deberán, en consonancia con su cargo, y conforme a lo permitido o exigido por la ley y las normas administrativas, cumplir los requisitos de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares a cargo.
 IV. ACEPTACIÓN DE REGALOS U OTROS FAVORES 9. Los titulares de cargos públicos no solicitarán ni recibirán directa ni indirectamente ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus deberes o su buen criterio.
 V. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 10. Los asuntos de carácter confidencial de que tengan conocimiento los titulares de cargos públicos se mantendrán en secreto a menos que la legislación nacional, el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Tales restricciones seguirán siendo válidas tras el abandono de la función pública.VI. ACTIVIDADES POLÍTICAS 11. Las actividades políticas o de otra índole que realicen los titulares de cargos públicos fuera del ámbito de su cargo no deberán, de conformidad con las leyes y las políticas administrativas, mermar la confianza pública en eldesempeño imparcial de sus funciones y obligaciones.
 Decreto Ejecutivo No. 13
 PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Declaro mi convicción de conducirme en todo tiempo conforme a los más elevados principios de honestidad, moral, intelectual y material en el ejercicio de mi responsabilidad pública, de acuerdo con los siguientes:
 I. Lealtad Afirmo que todos mis actos se guían e inspiran por el amor a la Patria, sus símbolos e instituciones; por el respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanan; y por la más firme creencia en la dignidad de la persona humana.
 II. Vocación de Servicio Entiendo y acepto que trabajar para El Estado como Servidor Público, constituye al mismo tiempo el privilegio y el compromiso de servir a la sociedad, porque los ciudadanos contribuyen a pagar mi salario.
 III. Probidad Declaro que todos los recursos y fondos, documentos, bienes y cualquier otro material confiado a mi manejo o custodia debo tratarlos con absoluta probidad para conseguir el beneficio colectivo.
 IV. Honradez Declaro asimismo que he de actuar sin privilegiar ni discriminar a nadie a través de la dispensa de favores o servicios especiales en el desempeño de mi cargo, ni recibir beneficios ni remuneraciones adicionales a los que legalmente tenga derecho por el cumplimiento de mis deberes.
 V. Responsabilidad Acepto estar preparado para responder de todos mis actos de manera que el público en general, y la gente con que trato en particular, aumenten permanentemente su confianza en mí, en El Estado y en nuestra capacidad de servirlos.
 VI. Competencia Reconozco mi deber de ser competente, es decir, tener y demostrar los conocimientos y actitudes requeridos para el ejercicio eficiente de las funciones que desempeño, y actualizarlos permanentemente para aplicarlos al máximo de mi inteligencia y de mi esfuerzo.
 VII. Efectividad y Eficiencia Comprometo la aplicación de mis conocimientos y experiencias de la mejor manera posible, para lograr que los fines y propósitos de El Estado se cumplan con óptima calidad y en forma oportuna.
 VIII. Valor Civil Reconozco mi compromiso de ser solidario con mis compañeros y conciudadanos; pero admito mi deber de denunciar y no hacerme cómplice de todo aquel que contravenga los principios éticos y morales contenidos en este instrumento. .
 IX. Transparencia Acepto demostrar en todo tiempo y con claridad suficiente, que mis acciones como servidor público se realizan con estricto y permanente apego a las normas y principios jurídicos y sociales.
 PROPUESTA DE MODELO DE CODIGO DE ETICA MUNICIPAL
 remitido por la Fundación Futuro Solidario
 Rosario, República de Argentina
 La falta de una normativa vigente que regule lo atinente a la protección de
 la ética en la función pública municipal de la ciudad de Rosario y la
 necesidad de la creación, en dicho ámbito, de un Tribunal Municipal de Ética
 Que la sanción de una Ordenanza sobre ética pública es de vital
 significación para la vida institucional del Municipio, pues tendrá como
 objetivo la instrumentación de procedimientos para lograr la transparencia
 del obrar público, fundamentalmente en el manejo de los fondos, del
 patrimonio y de los procedimientos de actuación y decisión gubernativa.-
 Que la crisis de valores tradicionales, la confrontación de la ética con la
 ciencia y la falta de un código ético, constituye un tema que deberá
 debatirse en el seno de las sociedades modernas. Falta en el presente la
 aceptación pacífica de normas de conducta ética de general acatamiento, a
 diferencia de otras épocas de la historia. Los ácidos del individualismo han
 corroído nuestras estructuras morales.-
 Que el Municipio, como el resto del país, vive una etapa de transformaciones
 profundas en sus valores, instituciones y pautas de comportamiento
 colectivo. Un escenario en el que las organizaciones públicas y privadas
 enfrentan un desafío de adaptación que compromete a sus estructuras y
 procesos decisionales fundamentales.-
 Que en un proceso de complejidad creciente, la sociedad demanda un cambio
 profundo en los valores y actitudes. A las exigencias tradicionales de
 eficiencia, se suman expectativas de mayor equidad, cooperación, solidaridad
 e integración.-
 Que ya no basta con predicar la honestidad, es necesario implementar
 sistemas basados en la transparencia y la integridad como condiciones
 estructurales de toda gran organización.-
 Que la ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que
 hay razones para preferir un tipo de actuación a otros.-
 Que la presente Ordenanza se inscribe en la orientación de un marco
 normativo que tiene por objetivo la clarificación de las pautas a las que
 deberán ajustarse los funcionarios y empleados públicos municipales: La
 norma intenta promover una delimitación más precisa de lo público y lo
 privado, como ámbitos distintos que requieren y exigen desenvolvimientos
 distintos y que no pueden confundirse a riesgo de producir un serio daño a
 la administración pública municipal.-
 Que el Municipio es el mandatario de la comunidad jurídicamente organizada,
 y que posee como finalidad el bienestar de la comunidad; y que en tal
 sentido, y teniendo presente la finalidad esencial de propender a bienestar
 general y que para ello como "entidad" necesita de "seres humanos", que en
 su obrar cotidiano, estos, deben ajustarse a los límites de su mandato o de
 la función pública encomendada, pero aún así pueden los mismos, ocasionar
 con su desempeño y con su actuar negligente, perjuicios reñidos con la
 responsabilidad pública que de ellos espera la ciudadanía.-
 Que es de suma importancia que un Tribunal Municipal de Ética Pública, a
 través de sus miembros deba ser quién constate la veracidad en las
 relaciones entre gobernantes y gobernados; la transparencia en la
 administración pública; la imparcialidad en el servicio de la cosa pública;
 el uso justo y honesto de los fondos públicos, y que en definitiva vele por
 que prevalezcan los principios que tienen su base en el valor trascendente
 de la persona y en las exigencias morales objetivas del funcionamiento del
 Estado Municipal, que posibilitarían una plena vigencia del valor ético en
 la función pública.-
 Que la ética, que es sólo una, hace al fin y a la causa del derecho, la
 ética hace posible al derecho y el derecho no es sólo la Ley, sino una
 ordenación de la razón para el bien común promulgada por aquel a quién
 incumbe el gobierno de la colectividad.-
 Que la corrupción es un costo improductivo muy alto y un muy claro
 desaliento para los inversores, que agota a su vez, la fortaleza de las
 instituciones democráticas. Las democracias modernas residen en la confianza
 del pueblo hacia sus gobernantes, que los actos de los corruptos socavan
 dicha confianza, y repercuten en la sociedad como en las organizaciones
 públicas y privadas, produciendo en el sector público, un enriquecimiento
 ilícito por parte de funcionarios, mal aprovechamiento de los recursos,
 desvíos de fondos e incremento de gastos, pérdida de prestigio de la función
 pública, descreimiento en los sistemas de control y pérdida del prestigio
 institucional.-
 Que los canales de acción para combatir la corrupción son entre otros, los
 de índole preventiva como las reglas de ética, control patrimonial y
 fiscalización y por otro lado los reactivos, como por ejemplo:
 procedimientos de investigación, régimen de sanciones firmes y equitativas,
 la creación de Tribunales u oficinas de Ética Pública.-
 Que la falta de honestidad en la conducción afecta decididamente la
 estructura de las organizaciones públicas o privadas, conspira contra la
 calidad de las decisiones, la confianza y la lealtad. Incrementa el efecto
 de los conflictos y dificulta la percepción de fines superiores
 extendiéndose a toda la organización y excediéndola, llegando incluso, a
 toda la sociedad en su conjunto.-
 Que esta preocupación de los Concejales del Partido del Progreso Social, de
 que en el ámbito jurisdiccional del Municipio, exista un Tribunal Municipal
 de Ética Pública, nos impuso la necesidad de dictar la presente Ordenanza,
 creando un remedio ágil y adaptado a nuestro régimen institucional, para que
 junto a la creación de una norma sobre Ética en la Función Pública, sean un
 mecanismo que brinden en su conjunto una eficaz tutela a los delitos e
 irregularidades cometidas durante el ejercicio de las funciones públicas,
 sino más aún, castigando conductas reprochables y atentatorias contra los
 principios éticos y morales que deben observar inexcusablemente los
 mandatarios y funcionarios.-
 Que en definitiva, nos preocupa el profundo sentido que debe tener en
 nuestro municipio el principio de la responsabilidad de los funcionarios
 públicos, tomándolos en su absoluta y amplia profundidad, no para
 perseguirlos o acosarlos desde el instante mismo en que han ingresado o
 cesado en sus funciones, sino para agotar en todo lo posible, el examen de
 la conducta pública del funcionario, servidor público o agente municipal, no
 solamente en los aspectos contemplados por las leyes fiscales o penales,
 sino además, desde el punto de visto ético y moral.-
 Que en este marco, se continúa con la línea trazada por el Honorable Concejo
 Municipal al aprobar la Ordenanza N° 6.485/97, asumiéndola e incorporándola
 en la presente iniciativa.-
 Por lo expuesto, los Concejales del Partido del progreso Social, abajo
 firmantes, presentan para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente
 DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 De las Definiciones y Alcances.-
 Artículo 1o) A los fines de la presente Ordenanza se entiende por:
 1. 1.- Ética Pública: Conjunto de normas vigentes, principios, derechos y
 garantías, que rigen el desempeño de la función pública municipal con
 honestidad e idoneidad, implicando ello lo siguiente:
 a.- Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional y
 Provincial, las normas dictadas en su consecuencia y el sistema democrático
 de gobierno.-
 b.- Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas
 éticas establecidas en la presente Ordenanza: probidad, rectitud, buena fe,
 y austeridad republicana.-
 c.- Velar en todos los actos por los intereses municipales, orientados a la
 satisfacción del bienestar comunal, privilegiando de esa manera el interés
 público sobre el particular.-
 d.- No recibir ningún beneficio indebido, sea éste personal o para un
 tercero, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello, en la
 realización de un acto inherente al correcto desempeño de sus funciones.-
 e.- Arbitrar los medios para documentar debidamente todos los actos de la
 gestión y promover la publicidad de los mismos, garantizando así su
 f.- Proteger y conservar todos los bienes de cualquier naturaleza que sean
 de propiedad municipal, los que serán utilizados de acuerdo a sus fines
 propios y autorizados.-
 g.- No utilizar indebidamente la información adquirida en razón o con
 ocasión del desempeño de sus funciones para desarrollar tareas
 h.- Respetar a los administrados, con trato correcto y decoroso, acorde al
 servicio público que se desempeña.-
 1. 2.- Función Pública Municipal: Toda actividad temporal o permanente,
 remunerada u honoraria, realizada en nombre de la Municipalidad o de sus
 entidades autárquicas o descentralizadas, o al servicio de éstas, en
 cualquiera de sus niveles jerárquicos y agrupamientos escalafonarios.-
 1. 3.- Funcionario o Servidor Público Municipal: Cualquier funcionario o
 empleado de la Municipalidad o de sus entidades autárquicas o
 descentralizadas, con o sin remuneración, electos mediante el voto popular o
 designados en forma directa, para desempeñar actividades o funciones en
 nombre de la Municipalidad o al servicio de ésta, en todos sus niveles
 jerárquicos y agrupamientos escalafonarios.-
 1. 4.- Bienes: Activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o
 intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten
 probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.-
 1. 5.- Proveedor: Quién celebre contratos de provisión de bienes o
 servicios, independientemente de que figure o no en los registros de
 proveedores de que se trate, exceptuándose expresamente a quienes prestan
 servicios personales y a quienes pertenezcan a los planteles de la
 Administración Pública Municipal o de sus entidades autárquicas o
 descentralizadas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos y agrupamientos
 escalafonarios.-
 1. 6.- Obsequio: Cualquier objeto o beneficio análogo, tanto sea de cosas
 como de servicios, ofrecido y aceptado, con motivo o en ocasión del
 desempeño de la función o servicio público, con valor preponderantemente
 monetario; excluyéndose a los fines de esta Ordenanza, aquellos que tienen
 un valor mínimo, donde prevalezca su valor simbólico. Estos últimos, deben
 ser obsequios, regalos o donaciones efectuados con carácter protocolar, de
 distinción o de reconocimiento social, y no provenir de proveedores de la
 administración municipal.-
 1.-7.- Regalía: Se define como: gratificaciones, favores, descuentos
 entretenimientos, hospitalidad, préstamos, indulgencias, u otro concepto que
 tenga valor adquisitivo. Incluye, además, servicios como entrenamientos,
 transportes, viajes locales, alojamientos y comidas, ya sea suministrado en
 especie o a través de la compra del boleto, pago anticipado o reembolso
 luego de haber efectuado el pago.-
 Personas Físicas Comprendidas.-
 Artículo 2o) La presente ordenanza es aplicable, sin excepción, a todas las
 personas físicas que se desempeñen en la función pública municipal, en todos
 sus cargos y funciones, en forma permanente o transitoria, por elección
 popular, o designados en forma directa, por concurso o por cualquier otro
 medio legal.
 Todas las personas referidas en el párrafo anterior deberán, observar, el
 principio de Ética Pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo
 hicieran serán sancionados y/o removidos por los procedimientos establecidos
 en el régimen propio de su función.
 Los funcionarios públicos municipales responderán civilmente con su
 patrimonio por los perjuicios causados al patrimonio municipal, como
 consecuencia de su accionar no ajustado a la normativa vigente.-
 Régimen de Declaraciones Juradas.-
 Artículo 3o) Las personas detalladas en el artículo siguiente, deberán
 presentar una Declaración Jurada patrimonial integral y plena, dentro de los
 diez (10) días posteriores a la asunción de su cargo. La declaración deberá
 actualizarse anualmente y se presentará una última declaración, diez (10)
 días después de la fecha de cesación en el cargo.
 Asimismo, deberá actualizarse cada vez que se produzca una variación
 patrimonial mayor o igual al diez por ciento (10%) del monto del capital
 declarado.-
 Artículo 4o) Deberán presentar su declaración jurada los siguientes
 funcionarios públicos municipales, que se desempeñen en el ámbito del
 Departamento Ejecutivo, del Honorable Concejo Municipal y de las Entidades
 Municipales Autárquicas o Descentralizadas:
 a.- El Intendente Municipal.
 b.- Los Concejales.
 c.- Los Secretarios y demás miembros del Departamento Ejecutivo.
 d.- El Secretario General Parlamentario, el Secretario General
 Administrativo, el Secretario General, el Contador y el habilitado del
 Honorable Concejo Municipal.-
 e.- Los funcionarios nombrados a propuesta del Intendente y con acuerdo del
 f.- Los miembros del Tribunal General de Cuentas.-
 g.- Los Jueces y Fiscales del Tribunal Municipal de Faltas.
 h.- El Personal Municipal Permanente y No Permanente, con desempeño en
 cargos de nivel y jerarquía superior o de naturaleza pecuniaria,
 pertenecientes a los tramos superiores de los distintos agrupamientos de la
 estructura escalafonaria vigente del personal municipal.
 i.- El Personal contratado o retribuido en concepto de honorarios, becas o
 cualquier otra modalidad contractual, siempre que se encuentren equiparados
 a las categorías y/o funciones del inciso anterior y cualquiera fuere el
 término de su contratación.
 j.- Los Coordinadores, cualquiera fuere el área y la función a cumplir, que
 se encuentren asimilados a las categorías y/o funciones señaladas, o que
 perciban adicionales que los equiparen con dichas categorías.
 k.- Los interventores de áreas o reparticiones municipales para el supuesto
 en que fueren designados.-
 l.- Los Asesores aún cuando sean denominados externos, u aún cuando sean
 ad-honorem.
 m.- Todo funcionario o empleado municipal que tenga funciones o integre
 comisiones o juntas de adjudicación de licitaciones de compra o de recepción
 de bienes, o contribuya en la decisión de licitaciones o compras.-
 Artículo 5o) La declaración jurada patrimonial se presentará en formulario
 normalizado en el anexo a la presente Ordenanza, con el siguiente contenido:
 5.-1.- Datos personales y familiares:
 a.- Datos personales, incluyendo los de filiación, estado civil, domicilio,
 número de matrícula de identidad, y, - si los tuviere - de Clave Única de
 Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y de Clave Única de Identificación
 Laboral (C.U.I.L.).-
 b.- Datos del cónyuge e hijos menores.-
 5.-2.- Detalles de los bienes, radicados en el país o en el extranjero, con
 especificación del costo de origen.-
 a.- Bienes inmuebles.
 b.- Bienes muebles registrables y semovientes: automotores, motocicletas,
 naves, aeronaves, yates, embarcaciones y similares.-
 c.- Otros bienes muebles: equipos, instrumental, joyas, objetos de arte,
 etc., que tengan un valor superior a los diez mil pesos ($ 10.000.-).
 d.- Capitales invertidos en títulos, acciones y demás valores cotizables o
 no en Bolsa de Comercio, o que pertenezcan al capital de una empresa sea
 ésta personal o societaria.-
 e.- Depósitos radicados en el país o fuera de él, en bancos y otras
 entidades financieras, nacionales o extranjeras, en moneda nacional o
 extranjera, indicándose la entidad, tipo de operatoria financiera, números
 de cuentas y/o certificados de depósitos a plazo fijo, de cajas de seguridad
 y de tarjetas de débito o de crédito que posea.
 f.- Dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera.-
 5.-3.- Detalle de los créditos y deudas hipotecarias y prendarias comunes.
 5.-4.- Detalle de los ingresos, mensuales o anuales;
 a.- Derivados del trabajo en relación de dependencia, con mención del
 b.- Derivados del ejercicio de actividades autónomas: profesión, oficio,
 comercio, industria, etc.-
 c.- Derivados de rentas o de sistemas previsionales.-
 5.-5.- Manifestaciones de bienes del cónyuge e hijos menores (adjuntos).
 5.-6.- Si el declarante estuviese inscripto en el régimen de Impuestos a las
 ganancias o de bienes personales o en cualquiera que los sustituyese a uno u
 otro o a ambos, deberá acompañar también copia autenticada de la última
 declaración presentada ante el ente oficial de recaudación tributaria.-
 Artículo 6o) Las declaraciones juradas, deberán presentarse ante el
 Escribano Municipal quién será el encargado de su depósito y guarda,
 remitiendo copia a la Tribunal Municipal de Ética Pública.
 Las mismas se presentarán por triplicado firmándose todas y cada una de las
 hojas. Al presentante se le entregará una de las copias fechada y sellada,
 la cual servirá como constancia de recepción.-
 Artículo 7o) Las personas que no hayan presentado las actualizaciones de sus
 declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma
 fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan
 en el plazo de quince (15) días. El incumplimiento de dicha intimación será
 considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva,
 sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponderle.-
 Artículo 8o) Las personas que no presenten su declaración jurada al egresar
 de la Función Pública Municipal en el plazo correspondiente, serán intimadas
 a presentarla en forma fehaciente en el plazo de quince (15) días. Si el
 intimado persistiere en su incumplimiento, será pasible de las sanciones que
 correspondan.-
 Artículo 9o) Las declaraciones juradas podrán ser consultadas por cualquier
 particular interesado, quién podrá obtener copias, a su costo, con la debida
 intervención del Escribano Municipal, y con la única condición de su previa
 identificación. Asimismo, podrán ser difundidas por los medios de
 comunicación social. Si de dicha publicación se observare intencionalidad
 encubierta o maliciosa o aprovechamiento personal en interés propio o de un
 tercero que tienda a causar perjuicios de índole económica o moral al
 funcionario afectado, le queda a éste el legítimo recurso de acudir al Poder
 Judicial ordinario a los efectos de requerir la reparación correspondiente.
 Este artículo será notificado de modo fehaciente a la persona que solicite
 copia y/o consulte cualquier declaración jurada de un funcionario o servidor
 Artículo 10o) La firma y presentación de una declaración jurada tal como ha
 sido previsto en el presente, implica autorización irrevocable para que todo
 funcionario competente, pueda requerir todo tipo de información acerca de la
 existencia de bienes, cuentas bancarias, depósitos, títulos, valores,
 negocios o intereses de cualquier naturaleza, tanto localmente como a las
 oficinas pertinentes de países extranjeros, bancos o entidades nacionales y
 extranjeras, dentro y fuera del país.-
 Este artículo deberá incluirse en los formularios de Declaración Jurada
 Patrimonial Integral, que deberán presentar los funcionarios.-
 Régimen de Obsequios.-
 Artículo 11o) Los sujetos mencionados en el artículo segundo de la presente
 Ordenanza, no podrán recibir obsequios cuyo valor supere los Pesos Cien
 ($100) convertibles.
 Si le fueren ofrecidos o enviados obsequios que superen dicho valor, podrán
 aceptarlos en nombre del Municipio. Deberán comunicarlo de inmediato a la
 autoridad de aplicación prevista en la presente, poniendo el obsequio a
 disposición del Municipio, según los siguientes criterios:
 a) El bien obsequiado o el producido de su venta, será destinado a fines de
 salud, acción social y/o educación.
 b) En el caso de obras de arte, se destinarán las mismas al Museo de la
 Ciudad o a los museos municipales de la ciudad de Rosario, conforme las
 características que exhiba o represente la obra.-
 c) En el caso de bibliografía, publicaciones y/u otro material didáctico, se
 destinarán los mismos a las bibliotecas municipales.
 Los únicos obsequios que excepcionalmente se pueden admitir son, de acuerdo
 a lo definido en los Artículos 1.-6.- y 1.-7.- de la presente Ordenanza,
 aquellos regalos protocolares en relación al cargo que detenta el
 funcionario, indicándose que dichos obsequios son de exclusiva propiedad de
 Artículo 12o) Se asignará a los obsequios y regalías el valor vigente del
 mercado, determinándose de la siguiente manera:
 a.- Si el regalo ha sido recientemente adquirido o se encuentra disponible
 en el mercado, el valor será su precio de venta al público en general,
 contactando comercios que vendan ítems de similares características para
 determinar su costo real en el mercado.-
 b.- Si el ítem no está disponible en el mercado, tal es el caso de obras de
 arte, objetos artesanales, o antigüedades, el funcionario estimará de buena
 fe el valor del regalo.-
 c.- El término disponible en el mercado, significa que el ítem generalmente
 está disponible para su venta en cualquier establecimiento dentro del área
 metropolitana más cercana al domicilio de residencia del funcionario.-
 Artículo 13o) Un funcionario puede renunciar a un regalo definido según los
 Artículos 1.-6.- y 1.-7.- y, en ese caso, emitirá su decisión por escrito
 ante el Tribunal Municipal de Ética. Se hará a sobre cerrado identificando
 al funcionario y su cargo y los motivos por los cuales solicita esa
 Artículo 14o) El que incurriera en incumplimiento de las obligaciones
 impuestas por el Artículo 11o, será reprimido con una multa equivalente a
 cincuenta (50) veces el valor del obsequio recibido, como mínimo, y de
 quinientas veces (500) como máximo.-
 Del Registro de Obsequios.-
 Artículo 15o) Créase un Registro de Obsequios, conforme los alcances de la
 ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Santa Fe y de
 Ordenanza de Contabilidad de la Municipalidad de Rosario, en lo atinente al
 cuidado de los archivos de las dependencias del Municipio y a la
 administración de los bienes de propiedad del municipio, con su consecuente
 obligación de custodia y rendición de cuentas documentada de lo allí
 registrado por parte de los miembros integrantes del Tribunal Municipal de
 Artículo 16o) El Registro de Obsequios plasmará en forma inventariada lo
 estipulado en el Capítulo anterior de la presente Ordenanza; dicho
 inventario deberá llevarse por triplicado, con detalle del carácter del
 obsequio conforme a los Artículos 11o y 12o de la presente Ordenanza, y con
 las formalidades que establezca la respectiva reglamentación, pudiendo ser
 complementados por archivos magnéticos susceptibles de ser procesados
 electrónicamente; estando un ejemplar a cargo de la Secretaria de Hacienda,
 otro en la Contaduría General y el tercero en poder del Tribunal de Ética
 Artículo 17o) Los órganos municipales mencionados en el Artículo 15o
 ejercerán el control y vigilancia sobre el destino de los obsequios,
 conforme lo estipulado en la presente Ordenanza .-
 Artículo 18o) El inventario contendrá un informe pormenorizado que
 identificará y describirá al obsequio y/o regalía, contendrá informes de
 valores de aquellos cuyo monto supere los cien pesos ($ 100.-), cualquiera
 sea la procedencia del regalo. Para la clase de los regalos que se
 relacionen con motivos de viajes, incluir el itinerario, fechas y la
 naturaleza de los dineros provistos. En caso de que el funcionario recibiere
 fondos públicos superiores a los cien pesos ($ 100.-) -para viajes
 relacionados con la incumbencia de sus funciones-, deberá incluir en su
 informe la identidad del recurso asignado y una breve descripción del
 itinerario, fechas y motivos por los que concurre.-
 Artículo 19o) El inventario no necesita contener informaciones sobre
 obsequios y/o regalías que, por esta Ordenanza, se consideren recibidos de
 familiares o durante el periodo en que el funcionario no revistiera
 funciones. Adicionalmente, cualquier alimento, alojamiento o
 entretenimiento, recibido en carácter de "hospitalidad personal para
 cualquier individuo", no necesita declararse, como asimismo los obsequios
 y/o regalías a los que el funcionario hubiere renunciado aceptar.-
 Artículo 20o) Cualquier obsequio y/o regalía con valor de mercado de hasta
 cien pesos ($ 100.-), no requiere ser agregado al inventario. A pesar de
 esto, su aceptación, sean o no declarables, está sujeta a las restricciones
 impuestas por la presente Ordenanza en lo referido a estándares de conducta
 Bases de Conducta Ética.-
 Artículo 21o) Cada empleado deberá respetar y acatar los principios de
 conducta ética establecidos en esta Ordenanza. Los principios generales que
 a continuación se detallan son aplicables a cada empleado público y
 constituyen las bases de conducta ética contenidas en este Capítulo.
 1) El Servicio Público es un Derecho Público, que requiere que el empleado
 público guarde lealtad a la Constitución, las leyes y la normativas
 municipales vigentes.-
 2) Los empleados públicos no deberán sostener intereses financieros que
 entren en conflicto con el adecuado desempeño de sus obligaciones .-
 3) Los empleados públicos no deberán involucrarse en transacciones
 financieras utilizando información gubernamental no pública ni permitir el
 mal uso de dicha información para el favorecimiento de intereses privados.-
 4) Un empleado público no podrá solicitar ni aceptar recompensa u otro tipo
 de donación monetaria de cualquier persona o entidad que se encuentre
 gestionando una acción oficial; a través de negocios o actividades reguladas
 por el organismo empleador en cuestión o cuyos intereses pudieran ser
 afectados considerablemente por el desempeño o no de las obligaciones del
 empleado publico.-
 5) Los empleados públicos deberán realizar con honestidad el desempeño de
 sus obligaciones.-
 6) Los empleados públicos no deberán efectuar, conscientemente, ningún tipo
 de compromiso o promesa no autorizada, pretendiendo obedecer al gobierno.-
 7) Los empleados públicos no deberán utilizar la oficina pública para fines
 8) Los empleados deberán actuar en forma imparcial sin dar tratamiento
 preferencial a ningún tipo de organización privada o individual.-
 9) Los empleados públicos deberán proteger y conservar la propiedad
 municipal y utilizarla solamente para actividades autorizadas.-
 10) Los empleados públicos no deberán involucrarse en empleos o actividades
 externas que incluyen la búsqueda o negociación de empleos, de manera de no
 generar conflictos con sus responsabilidades y obligaciones oficiales.-
 11) Los empleados públicos deberán revelar los gastos, fraudes, abusos y
 corrupción a la autoridad correspondiente.-
 12) Los empleados públicos deberán satisfacer fehacientemente sus
 obligaciones como ciudadanos, incluyendo todas sus obligaciones financieras,
 especialmente aquellas nacionales, provinciales o locales.-
 13) Los empleados públicos deberán acatar todas las reglamentaciones y leyes
 que brindan igualdad de oportunidades a los habitantes del municipio sin
 tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, edad
 o discapacidad.-
 14) Los empleados públicos deberán esforzarse por evitar cualquier tipo de
 acción que presuponga la violación a la presente Ordenanza o las bases
 éticas establecidas en este Capítulo. El hecho que una circunstancia
 particular presuponga la violación a las antes mencionadas será determinado,
 desde la perspectiva de una persona en uso de razón y con conocimiento total
 de los acontecimientos.-
 Artículo 22o) Además de estas bases de conducta ética establecidas en este
 capítulo, existen estatutos y normas municipales que prohiben ciertas
 conductas, que son aplicables a todos los empleados públicos y deben ser
 considerados para determinar si una conducta ha sido correcta. Además los
 empleados públicos son advertidos que existen restricciones estatutarias y
 reglamentaciones que les son aplicables en forma general o como empleados de
 organismo específico. Dado que a un empleado público se lo considera al
 tanto de los requisitos contenidos en cualquier estatuto y/o normativa
 municipal vigente, deberá confiar en el estatuto mismo o norma municipal
 vigente y si es necesario, pedir el asesoramiento del Tribunal Municipal de
 DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE ÉTICA PÚBLICA
 De la creación del Tribunal Municipal de Ética Pública.-
 Artículo 23o) Créase el Tribunal Municipal de Ética en el ámbito
 jurisdiccional de la ciudad de Rosario, como organismo con autonomía
 funcional de los otros poderes del Municipio, y con las funciones, poderes,
 deberes y responsabilidades que le otorga la presente Ordenanza.-
 De la composición; requisitos y selección.-
 Artículo 24o) El Tribunal Municipal de Ética, estará conformado por siete
 (7) personas, que tengan como mínimo dos (2) años de residencia efectiva en
 la ciudad de Rosario, treinta años de edad como mínimo y reconocida y
 pública honorabilidad, conducta social valorada y solvencia moral. Los
 miembros serán nominados y confirmados para la conformación del Tribunal de
 a) Un (1) miembro que será nombrado por el Colegio de Abogados de la ciudad
 de Rosario, elegido entre sus Colegiados.-
 b) Un (1) miembro elegido por el Intendente municipal de la ciudad de
 c) Cuatro (4) miembros elegidos por el voto de las 2/3 partes de los
 Concejales que integran el Honorable Concejo Municipal de Rosario, de las
 nóminas propuestas por organismos y/o instituciones de la sociedad civil con
 personería jurídica, quedando expresamente excluidos los partidos políticos.
 A los efectos, el Honorable Concejo Municipal remitirá las invitaciones o
 comunicará fehacientemente a fin de que se remitan las nóminas de candidatos
 propuestos a integrar el Tribunal Municipal de Ética. -
 Un (1) miembro que será elegido por los seis anteriores.-
 El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Rosario convocará,
 específicamente a los efectos de la presente Ordenanza, a sesión
 extraordinaria con un plazo de antelación de quince (15) días
 improrrogables, para confirmar todas las nominaciones de los miembros
 postulados para integrar el Tribunal Municipal de Ética Pública, mediante el
 voto de las 2/3 partes del total de los Concejales. Si alguno de los
 nominados no resultara apto o declinara a ocupar el cargo en el Tribunal, o
 no fuera confirmado por el Honorable Concejo Municipal, la autoridad
 correspondiente a los efectos del nombramiento, designará a otra persona
 para cubrir la postulación al cargo.-
 De la duración de los miembros en el cargo.-
 Artículo 25o) Todos los miembros durarán en el desempeño de sus cargos por
 un término de cuatro (4) años. Ninguno de los miembros que haya cumplido un
 período completo de cuatro (4) años podrá ser reelecto.
 A los fines de obtener un sistema rotativo permanente de los miembros y a
 los efectos de la constitución del Tribunal, se estipula, por vez única, que
 la duración inicial para los nominados según los inc. a), b) y d) del
 Artículo 17o será de dos (2) años contados a partir de su confirmación en el
 cargo por parte del Honorable Concejo Municipal. Transcurrido este período
 inicial, se designará a los miembros sucesivos por términos de cuatro (4)
 Cualquier vacante que ocurra durante un plazo no finalizado, deberá
 completarse por un suplente según corresponda, en un plazo que no supere los
 treinta (30) días, bajo la forma establecida por el artículo anterior para
 los nombramientos originales. Ningún miembro dejará el Tribunal hasta que su
 sucesor haya sido designado por la autoridad correspondiente y confirmado
 por el Honorable Concejo Municipal.
 El Tribunal Municipal de Ética Pública administrará su propia organización
 interna y elegirá, entre sus miembros, a un presidente y a un vicepresidente
 que cumplirá las funciones del presidente sólo en caso de ausencia. Tanto el
 presidente como el vicepresidente durarán en dicha función por el término de
 dos (2) años, podrán ser reelectos, pero no se extenderá este término por
 más de cuatro (4) años sucesivos.-
 De las reuniones y el Quórum.-
 Artículo 26o) El Tribunal Municipal de Ética mantendrá reuniones abiertas en
 los casos que éstas lo permitan, y se constituye en quórum con la presencia
 de la mayoría de los miembros a los efectos de las decisiones que se tomen.
 Una opinión mayoritaria de los miembros será asumida como decisión del
 Incompatibilidades y Cesación en el cargo:-
 Artículo 27o) Ningún miembro podrá ser empleado o funcionario que preste
 servicios como personal permanente o no permanente en las distintas áreas de
 la municipalidad, sus organismos descentralizados y/o autárquicos, aunque se
 encuentre gozando o haya solicitado licencia, justificaciones o franquicias
 para el desempeño de su función, estándole vedada, además, toda actividad
 política partidaria y la realización de aportes a campañas políticas para
 Artículo 28o) El cargo de Miembro del Tribunal Municipal de Ética es
 incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad pública, comercial
 o profesional, a excepción de la docencia, siéndole aplicable el régimen
 previsto por el Estatuto y Escalafón del Personal de las Municipalidades y
 Comunas de la Provincia de Santa Fe Ley No 9.286, en lo estipulado por sus
 artículos 13 -Deberes y Prohibiciones- y 14 -Prohibiciones e
 Incompatibilidades.-
 Artículo 29o) Las causales de cesación de las funciones de los miembros del
 Tribunal Municipal de Ética Pública son las siguientes:
 Vencimiento del plazo de su mandato;
 Muerte o incapacidad sobreviniente;
 Haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delitos
 dolosos;
 Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por
 haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista en la presente
 Ordenanza;
 Por abandono de la residencia en la ciudad;
 Cuando el miembro designado por el Colegio de Abogados sea suspendido en la
 matrícula profesional.-
 Artículo 30o) Los casos enunciados en el inciso d) y e) del artículo
 anterior, serán evaluados por el propio Tribunal Municipal de Ética, quienes
 emitirán el dictamen correspondiente a los fines de que el Honorable Concejo
 Municipal, mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, ordene o
 no la cesación en el cargo y en sus funciones del miembro perteneciente al
 Tribunal Municipal de Ética Pública incurso en la tipificación de la norma
 Artículo 31o) Se adoptará para el Tribunal Municipal de Ética Pública, la
 aplicación analógica del sistema de recusación y excusación de sus miembros,
 especificado en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la
 Provincia de Santa Fe .-
 Artículo 32o) Para cualquiera de los casos de excusación o recusación no se
 impedirá el derecho de los restantes miembros en lo que respecta al
 ejercicio de sus funciones en el Tribunal Municipal de Ética.-
 Del Reglamento interno y de las remuneraciones de sus miembros.-
 Artículo 33o) Dentro de los noventa (90) días de su designación, los
 miembros del Tribunal Municipal de Ética Pública, deberán dictar su
 reglamento interno, el cual deberá garantizar los principios de la debida
 defensa, celeridad, inmediatez y publicidad en la tramitación de sus
 Artículo 34o) La remuneración de los integrantes del Tribunal Municipal de
 Ética Pública, será equivalente al ochenta por ciento (80%) del sueldo que
 perciba el señor Intendente Municipal de la ciudad.-
 De las Funciones y Facultades del Tribunal.-
 Artículo 35o) Son funciones del Tribunal Municipal de Ética Pública las
 a) Iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte de un interesado,
 cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u
 omisiones de la Administración Pública Municipal y de sus agentes o
 funcionarios que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular,
 abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o
 inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los
 intereses difusos o colectivos de la comunidad.-
 b) Prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una
 falla sistemática y general de la administración pública, de sus agentes o
 funcionarios, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o
 disminuir dicho carácter.-
 c) Emitir opinión por escrito basada en un conjunto de circunstancias reales
 y/o hipotéticas, cuando le sea requerido por cualquier empleado o
 funcionario del municipio o por quien esté personal y directamente
 involucrado en algún asunto que requiera la interpretación de este Tribunal.
 Cuando una persona tenga conocimiento de algún hecho que entre en colisión
 con la presente Ordenanza deberá remitir tal información al Tribunal de
 Ética para proceder a la investigación. Tal opinión será remitida conforme
 sólo por escrito, indicando concretamente y en forma detallada el asunto a
 ser sometido al Tribunal. Las opiniones del Tribunal deberán ser de carácter
 público y podrán examinarse o publicarse sin ninguna modificación y/u
 omisión sustantiva.-
 d) Determinar que una vez presentado un hecho que prima facie entre en
 colisión con lo dispuesto por la presente Ordenanza, iniciará una
 investigación sumaria en la forma que establezca la reglamentación
 pertinente, para el esclarecimiento de los supuestos formulados, y que una
 vez concluida la actuación comunicara lo actuado y resuelto al denunciado, y
 remitirá copia de lo dictaminado a las reparticiones municipales pertinentes
 encargadas de la aplicación de medidas y sanciones disciplinarias, de
 cesantía o exoneración, con debida remisión a la Justicia Civil y Penal en
 caso de así corresponder.-
 Artículo 36o) A los fines dispuestos por la presente Ordenanza los miembros
 del Tribunal Municipal de Ética Pública estarán facultados para:
 a) Solicitar expedientes administrativos, informes, documentos, antecedentes
 y todo otro elemento que estimen útiles y necesarios a los efectos de la
 b) Realizar inspecciones, verificaciones y en general, determinar la
 producción de toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento del
 hecho investigado.-
 c) Formular con motivo de sus investigaciones, advertencias,
 recomendaciones, recordatorios de deberes legales y funcionales y propuestas
 para la adopción de nuevas medidas.-
 d) Establecer recomendaciones adicionales a la presente Ordenanza; emitir
 opiniones de carácter consultivo; emitir y publicar reglamentaciones y
 ejemplos relacionados con la interpretación y cumplimiento del presente
 Código de Ética para la función pública municipal.-
 e) Hacer recomendaciones al Intendente Municipal y al Honorable Concejo
 Municipal para posibles reformas en lo referido a la Ética en la Función
 Pública Municipal o conflictos de intereses creados en el ámbito de la
 administración pública municipal, e informar cada dos (2) años al Honorable
 Concejo Municipal, lo concerniente a la efectividad de la presente
 f) Solicitar Personal de la Planta Permanente de la Municipalidad, a la
 repartición correspondiente, a los fines de que los mismos cumplan y
 desarrollen las tareas necesarias tendientes al normal desenvolvimiento y
 desarrollo de las facultades y funciones otorgadas por la presente
 Ordenanza, para el Tribunal Municipal de Ética Pública.-
 g) Mantener canales de divulgación.-
 h) Tener total y completo control de su entidad, ser responsable de su
 propia administración, y remitir anualmente una propuesta de presupuesto.-
 Artículo 37o) Son deberes adicionales del Tribunal Municipal de Ética:
 a) Emitir consejos a personas interesadas, sobre la base de una petición
 formulada al Tribunal, al respecto de sus deberes bajo lo previsto en esta
 Ordenanza. El Tribunal, dentro de los catorce (14) días, deberá ya sea
 remitir una opinión por escrito como un consejo a la persona que hizo la
 solicitud si la opinión será emitida.-
 b) Prescribir modelos para informes, declaraciones, notificaciones y otros
 documentos requeridos por la presente Ordenanza.-
 c) Preparar y publicar manuales e instrucciones para la debida
 implementación de la presente Ordenanza.-
 d) Desarrollar un programa educacional que abarque lo siguiente:
 1) Seminarios, cuando se considere apropiado, para familiarizar a los nuevos
 empleados y funcionario elegidos y/o designados, candidatos a cargos
 electivos, con la importancia de la ética para la confianza pública en un
 gobierno municipal.-
 2) Seminarios anuales destinados a funcionarios de alta jerarquía,
 incluyendo a los electos, para informarlos acerca de cualquier cambio en la
 legislación municipal relacionados con la ética en la función pública.-
 3) Un manual que incluirá resúmenes, en un lenguaje simple y no técnico, de
 la presente Ordenanza e instrucciones para completar los formularios
 requeridos, preguntas y respuestas referidas a problemas y situaciones
 comunes, e información relacionada con los mecanismos de asistencia para la
 resolución de problemas. El manual será actualizado cada vez que sea
 necesario de forma tal que se reflejen los cambios en las normativas que se
 encuentren en vigencia y que rijan la conducta ética de los empleados y
 funcionarios municipales.-
 De las Investigaciones y Procedimientos.-
 Artículo 38o) El Tribunal Municipal de Ética conducirá investigaciones de
 acuerdo a lo previsto en esta Ordenanza, en los casos relacionados con
 conflictos de intereses y ética gubernamental, llevados adelante por
 empleados o funcionarios que presten servicios como personal permanente o no
 permanente en las distintas áreas de la municipalidad, sus organismos
 descentralizados y/o autárquicos.-
 Artículo 39o) Si el Tribunal Municipal de Ética, sobre la denuncia de
 cualquier persona o bajo su propia iniciativa, determina en primera
 instancia que hay causa suficiente para iniciar una investigación, deberá
 proceder a investigar las violaciones a la presente Ordenanza municipales,
 que se refieran a conflictos de intereses y ética gubernamental, sólo si en
 la denuncia se identifica la violación específica que conforma los
 fundamentos de la demanda y si contiene suficientes hechos para garantizar
 la investigación.-
 Artículo 40o) Dentro de los catorce (14) días luego de presentada la
 denuncia, el Tribunal deberá notificar por escrito a la persona que realizó
 la denuncia, la resolución ya sea ésta de acción o no-acción, que haya
 tomado o planificado tomar, respecto a la denuncia, junto con las razones
 que la fundamentan. Si no se asumiera ninguna decisión dentro de los catorce
 (14) días, el demandante será notificado de las razones en virtud de las
 demoras.-
 Artículo 41o) La investigación será conducida en forma confidencial.
 Cualquier miembro o empleado del Tribunal u otra persona que, previo a una
 determinación del Tribunal concerniente a causa probable, difunda
 información acerca de cualquier investigación preliminar, excepto la
 necesaria para conducir la investigación, será pasible de que se le aplique
 la sanción de destitución o remoción en su cargo.-
 Artículo 42o) La persona denunciada por haber cometido la infracción será
 notificada de la denuncia por correspondencia con aviso de recibo, se le
 brindará un resumen de la evidencia, e informará su derecho a presentarse en
 forma personal y a ser representado por un abogado, para cualquier
 procedimiento que inicie el Tribunal a los propósitos de considerar si la
 causa probable existe por creer que la persona ha cometido la infracción. La
 notificación al demandado será debidamente realizada en días hábiles, con la
 firma y fecha correspondientes en el aviso de recibo, o en caso de que el
 aviso de recibo no sea firmado, la fecha en que fue devuelto por el correo.
 Los procedimientos llevados adelante para la determinación de causa probable
 son de carácter confidencial a no ser que el demandado acuerde con el
 Tribunal, por escrito, que el procedimiento puede ser público.-
 Artículo 43o) Cuando el Tribunal determine que hay causa probable de
 violación a lo previsto en esta Ordenanza, realizará una audiencia pública
 para determinar si se produjo o no tal violación. Cuando el Tribunal
 determine sobre la base de evidencias substanciales presentadas en la
 audiencia que, en efecto, ha ocurrido tal violación, deberá emitir una orden
 mediante la cual se requerirá al infractor:
 a) Suspender y desistir la infracción;
 b) Conservar cualquier información, declaración u otros documentos
 requeridos por Ordenanzas vigentes, Leyes provinciales, nacionales y
 cualquier otra normativa que así lo disponga.-
 c) Pagar una multa equivalente al monto que la persona haya omitido
 declarar, haya contribuido, gastado, dado o recibido ilegalmente, con
 noticia al Tribunal Municipal de Cuentas y/o la repartición municipal
 correspondiente encargada de hacer ejecutar la orden emitida.-
 Cuando la Comisión determine que no hay tal infracción, publicará la
 declaración correspondiente.-
 Artículo 44o) Cualquier persona que viole cualquiera de los artículos de
 esta Ordenanza referida, o que provoque, asista e instigue a que otra
 persona incurra en una infracción de ese tipo, será expuesto a las sanciones
 que por la presente o por Ley le correspondan.-
 Artículo 45o) El Tribunal tiene derecho a citar a un testigo, tomar
 evidencia y requerir por citación la producción de cualquier tipo de libros,
 papeles, grabaciones, o u otros ítems materiales para la ejecución de los
 deberes del Tribunal o el ejercicio de sus poderes.-
 Artículo 46°) Derógase toda norma anterior que se contradiga o se superponga
 con la presente.-
 Artículo 47o) Comuníquese con sus considerandos.-
 ANTESALAS, 25 de junio de 1998.-
 Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 - contiene enmiendas incorporadas por varias otras leyes:
 Para promover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un Código de Etica para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, establecer disposiciones referentes a los funcionarios y empleados de las Ramas Judicial y Legislativa y para los ex servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; crear la Oficina de Etica Gubernamental y determinar sus funciones; requerir que funcionarios gubernamentales que ocupen cargos electivos, de alto nivel y sensitivos sometan informes sobre sus finanzas personales para evitar posibles conflictos de intereses; imponer ciertos deberes y conceder ciertas facultades al Secretario de Justicia; establecer penalidades, proveer fondos para la ejecución de esta Ley, y para derogar la Ley Núm. 110 de 12 de mayo de 1943, según enmendada y la Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948, según enmendada.
 Nuestro pueblo creció históricamente con una ejemplar tradición cultural y una moralidad de corrección y de excelencia. Como pueblo, como personas y, aún más, como funcionarios públicos, no podemos alejarnos de esa orientación.
 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como cuerpo político, está comprometido con una responsabilidad moral y con una responsabilidad ética en el sentido de obrar de acuerdo a unas normas y principios que rigen la conducta del buen vivir de su gente. Esa responsabilidad ética obliga a un continuo examen del comportamiento social y público de sus ciudadanos.
 En todo momento, tiene el Estado que garantizar el respeto al derecho y la obediencia a la ley. Esta misión le es fundamental especialmente cuando se trata de la conducta de aquellos funcionarios públicos que lo representan como servidores.
 Hay ocasiones en que, por desventura, surgen unas acciones improcedentes por parte de algunos funcionarios que, al incurrir en claras faltas a las normas de ética, ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Es intolerable que existan funcionarios públicos en representación de la administración del Gobierno que puedan lucrarse del patrimonio del pueblo. Los conflictos de intereses, especialmente financieros, en abierta violación a las leyes, son también intolerables.
 Para restaurar la confianza del pueblo en su Gobierno y en sus funcionarios públicos, cuando muchos de ellos han rebasado el nivel de lo tolerable, es preciso adoptar nuevas medidas legislativas que sean eficaces para prevenir y para penalizar el comportamiento delictivo de aquellos funcionarios que, en el desempeño de sus labores gubernamentales, vulneren los principios básicos de una ética de excelencia.
 En vista de estas consideraciones, entendemos que la aprobación de un Código de Etica para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y la creación en esta Ley de la Oficina de Etica Gubernamental es una medida cuya aprobación es de trascendental importancia.
 CAPITULO I TITULO Y DEFINICIONES
 Artículo 1.1 Esta ley se conocerá como la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
 Artículo 1.2 Definiciones
 Para propósitos de este capítulo, las palabras o frases que a continuación se enumeran tendrán el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surja claramente otro significado:
 (a) funcionario público - incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública.
 (b) empleado público incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no están investidas de parte de la soberanía del Estado y comprende los empleados públicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de nombramiento transitorio y los que se encuentran en período probatorio.
 (c) servidor público incluye a los funcionarios y a los empleados públicos.
 (d) ex servidores públicos incluye a las personas que hayan servido como funcionarios o empleados públicos en las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial.
 (e) agencias ejecutivas incluye los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendo las corporaciones públicas, los municipios y las agencias que estén bajo el control de esta Rama.
 (f) persona privada incluye las personas naturales y las jurídicas o grupos de personas.
 (g) unidad familiar incluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas que comparten con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público.
 (h) acción oficial incluye, entre otros, las decisiones o acciones ejecutivas o administrativas tales como la concesión de permisos, licencias, órdenes, autorizaciones, exenciones, resoluciones y contratos. No incluye la aprobación de legislación estatal.
 (i) contribución incluye pago, regalo, suscripción, préstamo adelantado y cualquier promesa o acuerdo de concederlo.
 (j) ingreso significa todo ingreso de cualesquiera procedencia incluyendo, pero no limitado, a las siguientes categorías: salarios, remuneración por servicios, ingreso bruto derivado de un negocio, ganancias derivadas de transacciones en propiedad, intereses, rentas, dividendos, regalías, anualidades, ingreso de contratos de seguros de vida y dotales, pensiones, participación proveniente de una sociedad e ingreso correspondiente a un interés en una sucesión o fideicomiso. No se considerará "ingreso" o "regalo" las contribuciones hechas a organizaciones políticas o candidatos conforme a la autorización provista por las leyes electorales vigentes.
 (k) regalo ‐ incluye, entre otros, dinero, bienes o cualquier objeto, oportunidades económicas, propinas, descuentos, o atenciones especiales.
 (l) interés o participación controlante la propiedad de más del cincuenta por ciento de una entidad, negocio o bien o la propiedad de una parte suficiente para otorgar el control efectivo de las decisiones.
 (m) Gobierno de Puerto Rico ‐ significa Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
 (n) Rama Legislativa ‐ significa la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, el Contralor de Puerto Rico, el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos cuerpos legislativos.
 (o) Rama Judicial - significa los Jueces del Tribunal de Primera Instancia, los Jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones y los Jueces del Tribunal Supremo.
 (p) Oficina significa la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.
 (q) Director significa el Director de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.
 (r) contrato - significa un convenio o negocio jurídico para hacer o dejar de hacer determinado acto, otorgado con el consentimiento de las partes contratantes, en relación con un objeto cierto que sea materia del contrato y por virtud de la causa que se establezca.
 (s) conflicto de intereses - significa aquella situación en la que el interés personal o económico del servidor público o de personas relacionadas con éste, está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público.
 CAPITULO II CREACION DE LA OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL
 Artículo 2.1- Creación
 Se crea la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en adelante denominada Oficina, la cual tendrá a su cargo velar por que se cumplan estrictamente las disposiciones de ley que establecen determinadas prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos por razón de sus cargos o empleos o que exigen a determinados funcionarios la divulgación de información financiera.
 A fin de promover la independencia administrativa que es indispensable para ejercer la delicada función que se le encomienda, la Oficina estará excluida de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y de la Ley Núm. 164 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales.
 No obstante lo anterior, las operaciones fiscales de la Oficina serán auditadas y examinadas por el Contralor de Puerto Rico. La Oficina tendrá capacidad para demandar y ser demandada.
 Artículo 2.2‐ Nombramiento y Destitución del Director Ejecutivo.
 (1) La Oficina estará dirigida por un Director Ejecutivo, en adelante denominado Director. Tan pronto se apruebe esta ley, el Secretario de Justicia deberá convocar a los ex Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico con la encomienda de que éstos recomienden al Gobernador una lista de por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.
 En caso de que el número de ex Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico sea menor de cinco, el Secretario de Justicia nombrará ex Jueces del Tribunal Superior para que, conjuntamente con los ex Jueces del Tribunal Supremo, constituyan un panel de cinco miembros con la encomienda de recomendar por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.
 Cuando no haya ex Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico el Secretario de Justicia nombrará un panel de cinco ex Jueces del Tribunal Superior para que recomienden al Gobernador por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.
 En caso de que los ex Jueces no sometan al Gobernador el listado de candidatos recomendados dentro de treinta (30) días luego de ser convocados por el Secretario de Justicia, el Gobernador realizará la designación.
 Nada de lo aquí dispuesto se entenderá como una limitación a la facultad constitucional del Gobernador para ejercer con absoluta discreción su poder de nombramiento. El Director será nombrado por el Gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes.
 (2) El Director servirá por un término de diez (10) años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. La persona designada para ocupar tal cargo no podrá ser nombrada por más de un (1) término. En caso de que surja una vacante antes de expirar el término de diez (10) años en el cargo de Director, el nuevo nombramiento se extenderá por el término de diez (10) años.
 En todos los nombramientos sucesivos se seguirá el mismo proceso de nombramiento establecido en el inciso anterior. Tan pronto ocurra una vacante en este cargo, el Secretario de Justicia convocará los ex Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y nombrará los ex Jueces del Tribunal Superior en los casos previstos en el inciso anterior.
 (3) El Director no podrá:
 (a) aportar dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos.
 (b) desempeñar o hacer campaña para ocupar cargo alguno en la dirección u organización de un partido político ni postularse para un cargo público electivo.
 (c) participar ni colaborar, directa o indirectamente, en campaña política de clase alguna.
 (d) influenciar en alguna decisión de algún funcionario gubernamental, excepto cuando ello corresponda dentro de sus funciones oficiales.
 (4) El Director podrá ser destituido de su cargo sólo por las siguientes causas:
 (a) conducta inmoral, ilícita o reprensible, o la violación de las prohibiciones relativas a su cargo que establece esta ley;
 (d) abuso manifiesto de la autoridad o la discreción que le confieren ésta u otras leyes;
 (e) abandono de sus deberes.
 El Director podrá ser separado de su cargo por causa de incapacidad física o mental. La separación se considerará como una renuncia voluntaria a todos los efectos y consecuencias legales.
 El Director sólo podrá ser destituido o separado de su cargo, mediante la debida formulación de cargos ante el Tribunal Supremo, el cual establecerá el procedimiento a seguir y tomará la decisión correspondiente.
 Artículo 2.3- Requisitos y Sueldo
 El cargo de Director sólo podrá ser desempeñado por un individuo mayor de edad, ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico, que sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral y tenga conocimientos de la administración pública y la gestión gubernamental.
 En los últimos cuatro años inmediatamente anteriores a su nombramiento, la persona no podrá haber sido candidata en un proceso de primarias o en elecciones generales o especiales.
 El Director devengará un sueldo anual equivalente a setenta y cinco mil (75,000) dólares, o el sueldo equivalente al de un Juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones, lo que resulte mayor.
 El Director tendrá la opción de ingresar, darse de baja o reingresar al Sistema de Retiro de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 447 aprobada el 15 de mayo de 1951, según enmendada, y al Fondo de Ahorro y Préstamo creado por la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada.
 Artículo 2.4- Facultades y Poderes
 El Director tendrá los siguientes deberes y poderes:
 (a) Promover y formular políticas y programas de conducta ética y moral para los servidores públicos dirigidos a la consecución de los siguientes objetivos:
 1. el establecimiento de criterios de excelencia, integridad personal, honestidad, responsabilidad y veracidad en las gestiones públicas para inspirar, fomentar y restituir la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.
 2. el compromiso por parte de todos los servidores públicos de que los intereses personales no sustituirán los intereses públicos y de que se eliminará toda norma de ilegalidad, discriminación, fraude o impericia administrativa.
 3. el apoyo continuo y la realización de talleres y programas de adiestramiento para facilitar el cumplimiento del sistema de mérito y para que se logre la excelencia y el profesionalismo en el servicio público.
 4. el comportamiento de todos los servidores públicos con actitud de respeto, cortesía y preocupación por las necesidades de los ciudadanos más allá de la conveniencia personal del funcionario o empleado y más allá de la complacencia con el estado de situación.
 5. la protección de toda aquella información confidencial a la que privilegiadamente tenga acceso el servidor público como parte de sus responsabilidades.
 6. la motivación en todos los servidores públicos para que ejerzan el máximo de la discreción que le sea permitida para promover la eficiencia gubernamental y el interés público.
 (b) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y las reglas y reglamentos que establecen determinadas prohibiciones respecto a la conducta de ciertos funcionarios y empleados públicos o que rigen las cuestiones de ética, de conflicto de intereses y de radicación de informes financieros.
 (c) Resolver controversias sobre la aplicación de esta ley.
 (d) Establecer y administrar procedimientos para identificar violaciones a la ética y a la honestidad, para prevenir los conflictos de intereses y para tomar u ordenar las medidas disciplinarias administrativas o civiles autorizadas por esta ley, luego de las correspondientes investigaciones y vistas en las que las partes afectadas tengan adecuada oportunidad de ser oídas y de defenderse.
 (e) Examinar y obtener copia de toda la prueba relevante relacionada con cualquier asunto que esté investigando, estudiando, o que esté en controversia ante la Oficina y designar oficiales examinadores para celebrar vistas y recibir prueba.
 (f) Tomar juramentos, por sí o a través de cualquier funcionario de su Oficina en quien delegue, y solicitar del Tribunal Superior citaciones requiriendo la comparecencia y declaración de testigos, y la presentación de documentos y toda prueba que se relacione con un asunto pendiente ante la Oficina.
 (g) Emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con sus funciones, responsabilidades y deberes bajo esta ley.
 (h) Promulgar los reglamentos que sean necesarios y convenientes para cumplir con los propósitos de esta medida, incluyendo reglas de procedimiento para las vistas e investigaciones que celebre, las cuales tendrán fuerza de ley.
 (i) Llevar a cabo la revisión de los informes financieros que se radiquen, a fin de determinar si dichos informes revelan posibles violaciones a las leyes o reglamentos aplicables a conflictos de intereses, y recomendar la acción correspondiente para corregir cualquier conflicto de intereses o cuestión de ética revelado por dicha revisión.
 (j) Establecer por reglamento la información que deberá incluirse en los informes financieros, y la accesibilidad de los mismos para pública inspección. Estos reglamentos tendrán vigencia con respecto a personas de la Rama Ejecutiva y los alcaldes, a partir de la fecha en que sean aprobados por el Gobernador, y promulgados; con respecto a los miembros de la Asamblea Legislativa, a partir de la fecha en que sean aprobados por el Senado y por la Cámara de Representantes, según sea el caso, y promulgados.
 En relación a los miembros de la Rama Judicial, a partir de la fecha en que sean aprobados por el Hon. Juez Presidente del Tribunal Supremo y promulgados.
 (k) Desarrollar y adoptar mediante reglamentos consistentes con esta ley, las normas para regir los procedimientos de radicación y revisión de los informes financieros que radiquen los funcionarios y empleados que tengan la obligación legal de rendir dichos informes.
 (l) Supervisar e investigar el cumplimiento individual o agencial con cualesquiera requisitos de informes financieros o de revisión interna establecidos por ley.
 (m) Estudiar los informes del Contralor de Puerto Rico y de la Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor con el fin de identificar posibles violaciones a las disposiciones de esta ley, llevar a cabo las investigaciones que estime necesarias y tomar las acciones pertinentes aquí autorizadas.
 (n) Establecer un servicio de opiniones emitidas sobre los asuntos de su incumbencia que sean de aplicación general o sobre asuntos específicos que se le consulten. Las opiniones del Director deberán ser recopiladas, publicadas y estar disponibles tanto para los organismos de gobierno así como para el público en general. El Director podrá fijar y cobrar al público un cargo razonable para compensar los costos de impresión y distribución de estas opiniones.
 (ñ) Solicitar de las agencias aquellos informes que estime necesarios.
 (o) Colaborar con el Secretario de Justicia en la evaluación de la efectividad de las disposiciones legales que rigen los conflictos de intereses y hacer las recomendaciones pertinentes.
 (p) Evaluar la necesidad de introducir enmiendas a las reglas y reglamentos relativos al conflicto de intereses y a las cuestiones de ética en el Gobierno con el propósito de atemperarlos, o de que suplementen adecuadamente, a las leyes sobre estos conflictos.
 (q) Desarrollar las normas generales relativas a la prevención de conflictos de intereses por los funcionarios y empleados en el servicio público y un sistema efectivo para informar al Secretario de Justicia sobre posibles violaciones a las leyes sobre estos conflictos.
 (r) Proveer información y promover la difusión y comprensión de las normas de ética en las agencias para orientar al público y para educar y enterar a los servidores públicos y a los ciudadanos sobre las funciones de la Oficina y sobre la ética gubernamental en general.
 (s) Delegar, bajo su supervisión, en cualquier funcionario de su agencia o de cualquier otra agencia gubernamental que al efecto designe, cualquier facultad o poder, cuando ello fuere necesario, excepto el poder de reglamentación. Estos delegados serán reconocidos, para todo efecto legal, como si sus funciones las estuviese ejerciendo directamente el Director.
 (t) Organizar la Oficina y nombrar o contratar el personal que sea necesario para llevar a cabo las funciones y deberes que se establecen en esta ley de acuerdo a los criterios que aseguren la prestación de servicios de la mejor calidad, sin estar sujeto a las leyes de personal.
 (u) Tomar cualquier otra acción o medida que sea necesaria y conveniente para cumplir con los propósitos de esta ley.
 Artículo 2.5- Acceso a Información y Servicios
 A requerimiento del Director toda agencia deberá:
 (a) poner a disposición del Director, al máximo posible, sus servicios, personal y facilidades para llevar a cabo las disposiciones de esta ley.
 (b) excepto cuando esté expresamente prohibido por ley, suplir al Director toda la información en su poder que el Director estime necesaria para llevar a cabo sus funciones.
 (c) considerar las enmiendas a la reglamentación de personal que esté en vigor y que a juicio del Director sean necesarias para incorporar las disposiciones relacionadas con la ética, para prevenir los conflictos de intereses de los servidores públicos, para tipificar la conducta que constituirá violación a los reglamentos vigentes y para establecer las sanciones administrativas correspondientes que no estén cubiertas por tal reglamentación o cuando proceda suprimir las discrepancias existentes.
 Artículo 2.6- Comités de Etica Gubernamental
 A requerimiento del Director toda agencia ejecutiva y gobiernos municipales creará un Comité de Etica Gubernamental, en adelante “el Comité”, compuesto por los servidores públicos que ocupen los siguientes puestos o similares:
 (a) Ayudante Especial del Jefe de la agencia ejecutiva, o del alcalde o en su defecto aquella persona en quien éste delegue.
 (b) Director de la División Legal o su representante.
 (c) Director de la Oficina de Recursos Humanos o su representante.
 (d) Director de Auditoría Interna o Finanzas o su representante.
 (e) Oficial de Enlace de la agencia ejecutiva o del gobierno municipal con la Oficina, si no fuera uno de los anteriores.
 (f) Cualquier otra persona nombrada por el jefe de la agencia ejecutiva o el alcalde según entienda necesario.
 Los Comités tendrán las siguientes funciones y deberes, entre otros:
 (1) Mantener informado al jefe de la agencia ejecutiva o al alcalde, según sea el caso, sobre los trabajos llevados a cabo por el Comité.
 (2) Velar que se dé seguimiento y se cumpla con los señalamientos en informes de intervención de la Oficina del Contralor, así como en informes de auditorías internas y externas realizadas en las agencias ejecutivas y gobiernos municipales.
 (3) Velar que se establezcan controles administrativos que impidan y desalienten al personal a incurrir en violaciones a esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra ley dirigida a atacar la corrupción en el servicio público.
 (4) Velar que el personal cumpla con las disposiciones de esta Ley, así como constatar, de tiempo en tiempo, la efectividad de los controles administrativos establecidos y velar que se cumpla con los mismos.
 (5) Realizar cualquier otra función que a juicio del Director de la Oficina sea necesaria para lograr el objetivo de prevenir la corrupción gubernamental.
 (6) Los Comités coordinarán sus acciones de conformidad con las normas que establezca la Oficina.
 (7) Las agencias ejecutivas y los gobiernos municipales informarán al Director de la Oficina los nombres de los miembros de sus Comités. De surgir cualquier cambio o puesto vacante sobre los componentes del Comité deberán informar los mismos al Director, durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de efectuados los cambios.
 CAPITULO III . CODIGO DE ETICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA EJECUTIVA; RESTRICCIONES PARA LAS ACTUACIONES DE EX‐SERVIDORES PUBLICOS, DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS RAMAS JUDICIAL Y LEGISLATIVA
 Artículo 3.1- Jurisdicción y Alcance
 Este Código reglamenta la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus corporaciones públicas y las agencias que estén bajo el control de dicha Rama, sus municipios, corporaciones y consorcios municipales. También este Código establece algunas restricciones para las actuaciones de ex servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
 Además de lo que dispongan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes, los reglamentos y las órdenes ejecutivas en vigor, se establecen ciertas disposiciones en cuanto a la aprobación de normas para regir la conducta de los servidores públicos de la Rama Legislativa y Judicial.
 Artículo 3.2- Prohibiciones Eticas de Carácter General
 (a) Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya sea personalmente o actuando como servidor público, las leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de los Tribunales de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agencias de la Rama Ejecutiva que tengan autoridad para ello.
 (b) Ningún funcionario o empleado público dilatará la prestación de los servicios que las agencias ejecutivas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están obligadas a ofrecer ni entorpecerá el funcionamiento eficiente de la Rama Ejecutiva.
 (c) Ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley.
 (d) Ningún funcionario o empleado público solicitará ni aceptará bien alguno de valor económico como pago por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo aparte del sueldo, jornal o compensación a que tiene derecho por su función o empleo público.
 (e) Ningún funcionario o empleado público aceptará o solicitará de persona alguna, directa o indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor económico, incluyendo regalos, préstamos, promesas, favores o servicios a cambio de que la actuación de dicho funcionario o empleado público esté influenciada a favor de esa o cualquier otra persona.
 (f) Ningún funcionario o empleado público que esté regularmente empleado en el Gobierno, recibirá paga adicional o compensación extraordinaria de ninguna especie del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las funciones ordinarias de dicho funcionario o empleado a menos que la referida paga o compensación extraordinaria esté expresamente autorizada por el Artículo 177 del Código Político o por alguna otra disposición de ley.
 (g) Ningún funcionario o empleado público revelará o usará información confidencial, adquirida por razón de su empleo, para obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad.
 (h) Ningún funcionario público podrá intervenir en forma alguna en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga un conflicto de intereses.
 (i) Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad en la que tenga interés en la agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga la facultad de decidir o influenciar, a cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público dentro del tercer grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad.
 Cuando el funcionario público o empleado público entienda que es imprescindible por el bienestar del servicio público y el buen funcionamiento de la agencia contratar, nombrar, promover o ascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antes mencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá que solicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican tal contrato, nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar a cabo dicha acción, de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina de Ética Gubernamental.
 La Oficina de Ética Gubernamental o el Comisionado de Asuntos Municipales deberá, dentro del término de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa, autorizar o denegar la misma. Si denegare la solicitud de dispensa deberá fundamentar dicha decisión o si transcurriere el término de treinta (30) días sin haber sido considerada, dicha solicitud de dispensa quedará automáticamente aprobada y la entidad con facultad para otorgar dicha dispensa, perderá jurisdicción sobre la misma.
 La prohibición que aquí se establece no será de aplicación a la situación de un funcionario o empleado público que nombre, promueva o ascienda en un puesto de carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o empleado público que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando el funcionario o empleado, nombrado, promovido o ascendido haya tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes mediante un proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones de preparación y experiencia, y se haya determinado objetivamente que es el candidato idóneo o mejor cualificado en el registro de elegibles para el puesto en cuestión y el pariente con facultad no haya intervenida en el mismo. Asimismo las prohibiciones antes descritas, con excepción de la de nombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o funcionarios públicos que advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en esta Ley después de su nombramiento o designación.
 Artículo 3.3- Prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o negocios
 (a) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá un empleo o relaciones contractuales o de negocio, o responsabilidades adicionales a las de su empleo o cargo público, ya sea en el Gobierno o en la esfera privada que, aunque legalmente permitidos, tenga el efecto de menoscabar su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales.
 (b) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá relaciones contractuales de negocio, con una persona, negocio o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisiones institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio o entidad.
 (c) Ningún funcionario o empleado público que esté autorizado para contratar a nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja, podrá llevar a cabo un contrato entre su agencia y una entidad o negocio en que él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario.
 (d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados o algún miembro de las unidades familiares de éstos, tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, lo autorice.
 (e) Ningún funcionario o empleado público podrá ser parte o tener algún interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier otra agencia ejecutiva o dependencia gubernamental a menos que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, expresamente lo autorice. Sólo podrá llevarse a cabo la contratación en el caso previsto en este párrafo sin solicitar y obtener la autorización del Gobernador cuando se trate de:
 1. Contratos por un valor de $3,000.00 o menos y ocurran una sola vez durante cualquier año fiscal.
 2. Contratos de arrendamiento, permuta, compraventa, préstamo, seguro hipotecario o de cualquier otra naturaleza que se refieran a una vivienda y/o solar provisto o a ser financiado o cuyo financiamiento es asegurado o garantizado por una agencia gubernamental.
 3. Programas de servicios, préstamos, garantías e incentivos auspiciados por agencias gubernamentales.
 En los casos especificados en los apartados 2 y 3 la agencia contratante autorizará las transacciones siempre que concurran los siguientes requisitos:
 a. Se trate de contratos, préstamos, seguros, garantías o transacciones accesibles a cualquier ciudadano que cualifique.
 b. Las normas de elegibilidad sean de aplicación general.
 c. El funcionario o empleado público cumpla con todas las normas de elegibilidad y no se le otorgue directa o indirectamente un trato preferente o distinto al del público en general.
 (f) Ningún funcionario o empleado que tenga la facultad de aprobar o autorizar contratos podrá evaluar, considerar, aprobar o autorizar un contrato entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en que él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario.
 (g) Ningún funcionario o empleado público podrá otorgar o autorizar un contrato con persona privada a sabiendas de que esta persona a su vez esté representando intereses particulares en casos o asuntos que involucren conflictos de intereses o de política entre la agencia gubernamental contratante y los intereses particulares que representa dicha persona privada. A esos efectos, toda agencia gubernamental requerirá de toda persona privada con quien contrate la inclusión de una cláusula contractual en la que dicha persona privada certifique que no está incursa en un conflicto de intereses o de política pública conforme a lo descrito en este inciso.
 (h) En todo caso en que se haya concertado un contrato en violación a lo dispuesto en este Artículo, y que señalada la violación por el Director de la Oficina de Etica Gubernamental no se han realizado gestiones para obtener la dispensa dentro de los diez (10) días siguientes al señalamiento, el contrato será anulable y se autoriza a la Oficina de Etica Gubernamental y al Secretario de Justicia a solicitar a los tribunales de justicia, en representación del Estado Libre Asociado, que tal contrato sea declarado nulo. Cuando se otorgue un contrato sin obtener la dispensa a la que se refieren los Incisos (d) y (e), o cuando la misma sea obtenida luego de otorgado el contrato, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental podrá imponer una multa a los funcionarios responsables por la omisión de obtener la dispensa, conforme a lo dispuesto en la Sección 7.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Las gestiones para obtener la dispensa dentro de los diez días siguientes al señalamiento del Director de una violación a los Incisos (d) y (e) serán consideradas como atenuantes pero no eximirán de responsabilidad a los funcionarios objeto del señalamiento.
 (i) Las prohibiciones establecidas en este Artículo no se aplicarán a los contratos celebrados por cualquier agencia ejecutiva para la adquisición de derechos sobre la propiedad literaria o artística, o patentes de invención de sus funcionarios y empleados públicos.
 Artículo 3.4‐ [Prohibiciones] Relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con las funciones oficiales
 (a) Ningún funcionario o empleado público podrá representar, directa o indirectamente, a persona privada alguna para lograr la aprobación de una ley u ordenanza, para obtener un contrato, el pago de una reclamación, un permiso, licencia o autorización ni en cualquier otro asunto, transacción o propuesta, si él o algún miembro de su unidad familiar ha participado o participará o probablemente participe en su capacidad oficial en la disposición del asunto. Esta prohibición no será aplicable cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario o empleado público dentro del ámbito de su autoridad.
 (b) Ningún funcionario o empleado público podrá representar directa o indirectamente, a persona privada alguna ante una agencia ejecutiva, respecto a cualquier reclamación, permiso, licencia, autorización, asunto, transacción o propuesta que envuelva acción oficial por parte de la agencia si él o algún miembro de su unidad familiar posee autoridad ejecutiva sobre esa agencia.
 (c) Ningún funcionario o empleado público podrá representar o de cualquier otra manera asesorar, directa o indirectamente, a persona privada alguna ante cualquier agencia ejecutiva, tribunal u otra dependencia gubernamental, en casos o asuntos relacionados con el Gobierno de Puerto Rico ni en casos o asuntos que envuelvan conflictos de intereses o de política pública entre el Gobierno y los intereses de dicha persona privada.
 (d) Ningún funcionario o empleado público a jornada completa podrá, durante horas laborables, representar, asesorar o servir como perito de personas o entidades privadas en litigios, vistas, audiencias públicas o cualquier asunto ante tribunales de justicia, organismos cuasi judiciales y agencias administrativas.
 (e) Para los fines de este Artículo y del Artículo 3.7 el término "asunto" significa aquéllos en que el funcionario o empleado haya participado personal y sustancialmente y que ocurrieron mediante decisión, aprobación o desaprobación, recomendación o consejo, o investigación particular que involucre partes específicas. No incluye la intervención o participación del funcionario o empleado en la promulgación de normas o reglamentos de aplicación general o de directrices e instrucciones abstractas que no aludan a situaciones particulares o casos específicos.
 Artículo 3.5- Normas de conducta para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa.
 La conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de la Rama Legislativa, de la Oficina del Contralor y de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), se regirá por las disposiciones de las leyes vigentes aplicables a cada una de esas Ramas de Gobierno y oficinas, y por la reglamentación que éstas adopten.
 Dentro de un año a partir de la vigencia de esta ley, la Rama Legislativa o cada una de las Cámaras y la Rama Judicial deberán aprobar Códigos de Etica o enmiendas a la reglamentación en vigor que incorporen los principios aquí enunciados, hasta donde ello sea posible sin que constituya un menoscabo de la autonomía que les confieren la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado para regir la conducta de sus funcionarios y empleados respectivos. La Oficina del Contralor y la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) aprobarán sus respectivos Códigos de Etica no más tarde del 30 de junio de 1995.
 Artículo 3.6- Deber de Informar Situaciones de Posibles Acciones Antiéticas o de Conflictos de Intereses.
 Cualquier funcionario o empleado público de la Rama Ejecutiva que tenga que tomar alguna acción oficial que constituya una violación a las prohibiciones que establecen los artículos 3.2, 3.3 y 3.4 de esta ley deberá informar el hecho a la Oficina de Etica Gubernamental antes de tomar dicha acción. El funcionario o empleado público podrá solicitar ser relevado de tener que intervenir con el asunto o participar en las deliberaciones de la agencia que estén relacionadas con la materia.
 El funcionario o empleado gubernamental entregará a su supervisor inmediato una copia de la declaración que radique en la Oficina de Etica Gubernamental.
 La existencia de una situación conflictiva no impedirá que el funcionario o empleado público tome la acción oficial cuando su actuación o participación sea requerida por ley o sea impostergable.
 Cuando la Oficina entienda que no existe una situación de conflicto de intereses y que procede autorizar que se tome la acción, así lo hará constar en una opinión que notificará al funcionario o al empleado y a la agencia gubernamental concernida.
 Las dispensas que se concedan a tenor con los dispuesto en este Artículo o en cualquier otra disposición de esta ley se remitirán a la Oficina de Etica Gubernamental y se mantendrán en un Registro disponible al público.
 Artículo 3.7- Restricciones para las actuaciones de ex servidores públicos.
 (a) Ningún ex servidor público podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, ya fuere personalmente o a través de otra persona privada, a cualquier persona de intereses contrarios a los del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en aquellos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones que estuvieron en alguna forma sometidos al conocimiento, estudio, investigación, resolución, decisión, o trámite ante alguna agencia, oficina, dependencia o tribunal del Gobierno de Puerto Rico mientras dichos ex servidores prestaban servicios en esa agencia, oficina, dependencia o tribunal y siempre que dichos ex servidores hubieran tenido que ver directa o indirectamente con dichos asuntos y acciones.
 Ningún ex servidor público podrá cooperar en forma alguna, ya fuera personalmente o a través de otra persona privada, en la preparación o tramitación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de dichos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones ni usar ni facilitar el uso contra el Estado Libre Asociado de la información de hecho obtenida mientras fue funcionario o empleado público.
 (b) Ningún ex servidor público podrá, durante el año siguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniario alguno, con persona o entidad alguna con la cual la agencia, oficina, dependencia o tribunal en que trabajó hubiese efectuado contratos de bienes y servicios durante la incumbencia de dicho funcionario o empleado y éste participó directamente en la contratación.
 (c) Ningún ex servidor público, ningún miembro de su unidad familiar ni el negocio en el cual él o algún miembro de su unidad familiar sea socio, miembro, o empleado podrá, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo, ofrecer información, asesorar o representar en cualquier capacidad a persona alguna ante la agencia, dependencia o sala del tribunal para el cual el ex servidor público trabajó, respecto a aquellos casos o asuntos con los cuales el ex servidor hubiere tenido que ver directa o indirectamente mientras fue funcionario o empleado público.
 (d) Ningún ex servidor público podrá, durante el año siguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniario alguno, con persona o entidad alguna si la agencia, oficina, dependencia o tribunal en que trabajó le hubiese efectuado a dicha persona o entidad alguna investigación, examen de auditoría, en la cual él participara directamente durante el año previo a la terminación de su empleo.
 (e) Ninguna agencia ejecutiva contratará con o para beneficio de personas que hayan sido funcionarios o empleados públicos de dicha agencia ejecutiva, hasta tanto haya transcurrido dos años desde que dicha persona haya cesado en sus funciones como tal. El Gobernador podrá expedir dispensa en cuanto a la aplicabilidad de esta disposición siempre que tal dispensa resulte en beneficio del servicio público. Esta prohibición no será aplicable a contratos para la prestación de servicios ad honorem.
 (f) Las agencias, oficinas, dependencias o tribunales, por iniciativa propia o a petición del Director de la Oficina, rehusarán las actuaciones o intervenciones de los ex servidores públicos que violen las disposiciones de este Artículo.
 Artículo 3.8- Sanciones y remedios
 (a) Acciones de Naturaleza Penal
 (1) Toda persona que viole intencionalmente las prohibiciones y disposiciones establecidas en los incisos (c),(d) (e) y (g) del Artículo 3.2, en los Incisos (b), (c), (d) y (e) del Artículo 3.3, en el Artículo 3.4 y en el Artículo 3.7, todos de este Capítulo, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada por cada violación con pena de reclusión por un término fijo de un (l) año o con multa de dos mil (2,000) dólares: o ambas penas a discreción del tribunal.
 De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta tres mil(3,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de nueve (9) meses o hasta mil (l,000) dólares.
 (2) La persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o empleo público, sujeto a lo dispuesto en la Sección 3.4 de la Ley Núm. 5 del l4 de octubre de l975, según enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.
 (4) La persona convicta por los delitos establecidos en este Capítulo no tendrá el beneficio de sentencia suspendida.
 (b) Acciones de Naturaleza Civil
 (1) La Oficina tendrá facultad para solicitar del Tribunal Superior la expedición de un interdicto para impedir cualquier violación de este Capítulo e interponer las acciones que procedan para cobrar las sanciones civiles que se impongan a favor del Estado.
 (2) La Oficina podrá acudir al Tribunal Superior para solicitar que se impida, suspenda o paralice la ejecución de cualquier acción oficial que constituya una violación a las prohibiciones que establece este Capítulo.
 (3) Toda persona que reciba un beneficio económico como resultado de la violación de este Capítulo vendrá obligado a pagar al Estado como sanción civil por su incumplimiento una suma equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido.
 (4) La violación de cualquiera de las disposiciones de este Capítulo puede ser penalizada, en los casos aplicables, con cualquiera de las siguientes sanciones administrativas impuestas por la autoridad correspondiente.
 b. suspensión de empleo y sueldo
 c. destitución o despido
 CAPITULO IV - RADICACIONES DE INFORMES FINANCIEROS POR DETERMINADOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS.
 Artículo 4.l- Aplicabilidad
 (a) Las disposiciones de este Capítulo que requieren someter informes financieros son aplicables a los siguientes funcionarios y empleados públicos:
 (1) El Gobernador
 (2) El Contralor de Puerto Rico y el Procurador del Ciudadano.
 (3) Funcionarios de la Rama Ejecutiva cuyos nombramientos requieran el consejo y consentimiento del Senado, o del Senado y la Cámara de Representantes.
 (4) Jefes de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a nivel de Secretario, Subsecretario, y los jefes de las corporaciones municipales.
 (5) Presidentes, Vicepresidentes, Directores y Subdirectores de las corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales.
 (6) Los miembros de la Asamblea Legislativa, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.l0 (D).
 (7) Alcaldes, Vicealcaldes, Directores de Finanzas o persona que ocupe un puesto similar.
 (8) Los miembros de la Rama Judicial, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.10 (e).
 (9) El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; el Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, o de cualquier Plan de Pensiones o Retiro establecido por la Legislatura de Puerto Rico o implantado por las Corporaciones Públicas.
 (10) Cualquier otro cargo o puesto, incluyendo pero no limitado, al cargo de Secretario Auxiliar, Director de Negociado o Jefe de Oficina, cuya inclusión sea recomendada por el jefe de la agencia y ordenada por el Director de la Oficina.
 (11) Todos los miembros de las Juntas de Subastas, oficiales de compra o delegado comprador o cualquier persona que ocupe un puesto similar en cualquier agencia ejecutiva.
 (b) El Director de la Oficina de Etica Gubernamental o el Gobernador de Puerto Rico podrán eximir de la obligación de radicar informes a las personas que rinden sus servicios sin paga o que sólo reciben dietas.
 (c) La obligación de rendir informes financieros bajo esta ley no quedará afectada por la obligación de rendir informes de esta naturaleza bajo otras leyes o autoridades.
 Artículo 4.2- Frecuencia y Cubierta de los Informes Financieros Requeridos.
 (a) Todo empleado o funcionario público radicará en la Oficina, dentro de los primeros sesenta (60) días siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado público tome posesión de un cargo o puesto enumerado, un informe detallado que contenga toda la información requerida por La Oficina. Dicho informe financiero no tendrá que ser radicado por aquellas personas que han abandonado un cargo o puesto enumerado antes de que hayan transcurrido sesenta (60) días desde que asumieron un nuevo cargo o puesto enumerado.
 Este primer informe cubrirá el último año natural y en sección separada, el tiempo transcurrido del año hasta la fecha en que comenzó en su cargo o empleo.
 Aquellos servidores públicos que, a la fecha de vigencia de esta ley, hayan ocupado por más de sesenta (60) días un puesto o cargo que esté sujeto a la obligación de rendir informes financieros, someterán su primer informe dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Director prepare el formulario y el apéndice explicativo que requiere el Artículo 4.3 de esta ley.
 Toda persona nominada por el Gobernador para ocupar un cargo o puesto enumerado que requiera la confirmación por el Senado o por el Senado y la Cámara de Representantes radicará, dentro de los primeros quince (l5) días siguientes a la fecha en que dicha nominación haya sido enviada a la Asamblea Legislativa, un informe financiero que contenga la información requerida por la Oficina.
 (b) Los informes anuales se someterán no más tarde del lro. de mayo de cada uno de los años siguientes a aquel en que rinda el primer informe siempre y cuando el funcionario o empleado público haya ocupado el puesto por más de sesenta (60) días del año natural anterior. El informe cubrirá el año natural anterior.
 (c) Al cesar en un cargo o puesto enumerado, toda persona radicará, en o antes de sesenta (60) días con posterioridad a haber cesado en dicho cargo o puesto, un informe financiero que contenga toda la información requerida por la Oficina, para el año calendario anterior si aún no lo hubiese radicado y cubriendo hasta la fecha en que dicha persona cesó en tal cargo o puesto, a menos que hubiese pasado a ocupar otro de los cargos o puestos enumerados.
 (d) El Director de la Oficina de Etica Gubernamental podrá conceder un plazo adicional para radicar los informes financieros que requiere esta ley, conforme a la reglamentación que adopte, pero este período adicional no excederá de sesenta (60) días.
 (e) No obstante lo dispuesto en este artículo, hasta tanto el Director no haya preparado el formulario y apéndice explicativo que requiere el Artículo 4.3, no habrá obligación de someter los informes financieros requeridos.
 Artículo 4.3- Contenido de los Informes
 El Director de la Oficina de Etica Gubernamental determinará por reglamento, adoptado conforme a lo dispuesto en el inciso (J) del Artículo 2.4, la información que deberán incluir los informes financieros de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, diseñará el formulario oficial y el apéndice explicativo que se utilizará para remitir la información exigida y tendrá disponibles las copias necesarias del formulario y del apéndice explicativo para toda persona que tenga obligación de cumplimentarlos y someterlos. Para cada tipo de información a divulgarse, el Director determinará por reglamento e indicará en el formulario, el método de divulgación, incluyendo si deberá divulgarse la fuente, si se indica la cuantía exacta o se informa el valor mediante categorías o renglones y el grado de identificación de la información sometida.
 Será obligación del Director preparar y publicar guías sobre los métodos de contabilidad y para someter la información requerida que serán utilizadas por las personas que sometan informes financieros bajo esta ley.
 La persona que someta el informe calculará el valor aproximado de cada renglón a base de las guías que prepare y publique el Director.
 Artículo 4.4- Información requerida
 La reglamentación que adopte el Director de la Oficina de Etica Gubernamental podrá exigir que todo informe financiero incluya la siguiente información para el período cubierto en el informe relativo a la persona que someta el informe y su cónyuge:
 (1) Nombre y dirección oficial y cargo o empleo público ocupado por la persona que somete el informe.
 (2) Nombre o nombres bajo los cuales hacen negocios.
 (3) La ocupación, profesión u oficio.
 (4) Nombre y dirección del principal lugar de negocios o de trabajo.
 (5) Todas las relaciones de empleo o negocio.
 (6) Nombre, dirección y nombre o nombres bajo los cuales hacen negocios otros miembros de su unidad familiar que son funcionarios o empleados públicos, que han realizado negocios con o han prestado servicios al Gobierno de Puerto Rico o sus municipios durante el período cubierto por el informe financiero o que son socios, directores o empleados de negocios o entidades que han realizado negocios o han prestado servicios al Gobierno de Puerto Rico o sus municipios durante ese período.
 (7) Ingresos e intereses en propiedades muebles o inmuebles y en cualquier propiedad en su acepción más amplia.
 (8) Acciones, bonos de empresas privadas, pólizas de seguro y otras participaciones propietarias en empresas o negocios cuyo valor en conjunto exceda de mil (l,000) dólares, incluyendo indicación de cada empresa o negocio envuelto.
 (9) Bonos estatales o municipales cuyo valor en conjunto exceda de mil(l,000) dólares, y toda transacción relacionada durante el período cubierto por el informe.
 (10) Deudas que hayan tenido un balance de más de mil (l,000) dólares en cualquier momento durante el período cubierto por el informe, indicando tipo de interés de cada deuda, e incluyendo toda la liquidación de deuda o reducción a mil (l,000) dólares o menos durante el período cubierto por el informe.
 (11) Deudas en relación a las cuales se esté recibiendo cualquier tipo de tratamiento especial o preferencial al compararse con el que reciben otros deudores del mismo acreedor en circunstancias similares por el mismo tipo de deuda.
 (12) Transacciones de compra, venta o permuta de propiedades muebles o inmuebles.
 (13) Arreglos o acuerdos para remuneración futura.
 (14) Una relación de todo regalo recibido, excluyendo pago de transportación, comidas, alojamiento y entretenimiento, con indicación del nombre y dirección del donante cuyo valor agregado por donante exceda de doscientos cincuenta (250) dólares por año y que haya sido recibido de personas que no tengan parentesco de por lo menos el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y que no hayan constituido una muestra de hospitalidad estrictamente personal o familiar.
 (15) Toda otra información que, a juicio de la persona que somete el informe o del Director, sea pertinente para la correcta evaluación de su situación financiera en el contexto del interés público que inspira la presente ley.
 Artículo 4.5- Excepciones en determinados casos
 (a) El Director de la Oficina de Etica Gubernamental tendrá facultad para, de su propia iniciativa o a solicitud de persona interesada, eximir del requisito de rendir el informe financiero a una persona desaparecida, fallecida o incapacitada a tal grado que le impida presentar su informe o de eximir a cualquier persona de incluir en el informe determinados datos, o autorizar alguna modificación en su presentación, si concluye que la aplicación estricta del requisito de ley ocasionaría perjuicio irrazonable al solicitante o a un tercero, y que al hacer la excepción no se frustrarán los propósitos de esta ley.
 (b) En casos de seguridad u otro interés público apremiante el Director podrá eximir a determinadas personas de cumplir con las disposiciones especiales de esta ley o establecer condiciones y procedimientos especiales para dichas personas.
 (c) Toda excepción autorizada bajo el presente Artículo se limitará en su alcance a lo estrictamente necesario para evitar el perjuicio anticipado.
 Artículo 4.6- Juramento. Auditoría
 Los informes financieros requeridos por esta ley serán juramentados por el funcionario o empleado público cuya situación describe.
 El Director podrá requerir que el informe financiero sea auditado por un contador público autorizado. De requerir que el informe sea auditado, la Oficina podrá reembolsarle a la persona por el costo de los servicios prestados por un contador autorizado, sujeto a los requisitos que el Director establezca por reglamento.
 Artículo 4.7- Entrega de los Informes
 Los informes financieros requeridos por esta ley se someterán a la Oficina de Etica Gubernamental o al funcionario en quien éste delegue, mediante entrega personal o envío por correo certificado.
 Artículo 4.8‐ Custodia y Acceso Público a los Informes Financieros Requeridos por esta ley
 (a) El Director podrá permitir la inspección y el acceso a los informes financieros que se radiquen a tenor con lo dispuesto en esta ley únicamente cuando estos informes sean finales y cuando la persona interesada demuestre al Director que necesita la información para someter datos adicionales que revelen la posible violación a las disposiciones de esta ley. El Director suministrará, libre de costo, copia de los informes financieros que sean finales cuando sean requeridos por las agencias gubernamentales como parte de una gestión oficial.
 (b) Toda persona que obtenga acceso a parte o a la totalidad de un informe de situación financiera radicado ante la Oficina, podrá usar la información así obtenida únicamente para los propósitos relacionados con los fines de este ley. Cualquier otro uso que haga de la referida información será ilegal.
 (c) Se prohibe el uso de parte o de la totalidad de un informe financiero radicado ante la Oficina bajo esta ley con el fin de obtener algún beneficio comercial, para determinar o establecer la clasificación de crédito de una persona o para tratar de conseguir algún beneficio particular ajeno a los objetivos de esta ley.
 (d) No obstante lo dispuesto en el Inciso (a) de este Artículo, no se permitirá la inspección pública de estos informes financieros, ni se suministrará copia de estos informes, ni se permitirá copiarlos hasta que la persona interesada haya radicado una solicitud escrita bajo juramento en que informe lo siguiente:
 (1) el nombre, dirección y ocupación del solicitante.
 (2) el nombre, dirección de la persona, organización o dependencia gubernamental para la cual solicita el informe.
 (3) que el solicitante conoce las prohibiciones y restricciones en cuanto al uso de estos informes.
 (4) los datos o información en que el solicitante fundamente su creencia de que existe una posible violación a las disposiciones de esta Ley que justifique la concesión de acceso al informe financiero.
 Se exceptúa a las agencias gubernamentales de cumplir con el requisito de juramentación.
 (e) Toda persona que, a sabiendas y voluntariamente, suministre datos contenidos en los informes financieros radicados ante la Oficina o permita copiarlos sin la autorización del Director incurrirá en delito grave que será castigado con reclusión por un término fijo de un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.
 De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses un (1) día o hasta mil (1,000) dólares.
 Artículo 4.9- Conservación de los Informes Financieros
 La Oficina establecerá por reglamento, el período por el cual habrá de conservar y mantener accesibles al público los informes financieros que se radiquen a tenor con lo dispuesto en esta ley. La Oficina tendrá la obligación de conservar estos informes por un período no menor de tres (3) años después que el funcionario público haya cesado en su cargo. Ningún documento podrá ser destruido cuando sea necesario para completar una investigación que se haya iniciado.
 Artículo 4.l0- Acciones con relación a los informes
 Una vez recibido cada informe de situación financiera de los requeridos por esta Ley, la Oficina lo examinará y estudiará dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de radicación con miras a lo siguiente:
 (a) Si después de estudiar y analizar el informe financiero el Director opina que, a base de la información que contiene dicho informe, la persona que somete el mismo ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables, así lo hará constar en el informe financiero y lo firmará.
 (b) Si el Director determina que es necesario que se someta información adicional, notificará a la persona que radicó el informe financiero la información adicional que se requiere y le exigirá que someta dicha información adicional dentro de un período no mayor de treinta (30) días, a partir de la fecha de dicha notificación. Si, en su opinión, basado en la información sometida, la persona no está cumpliendo con las leyes y los reglamentos aplicables, así se lo notificará a dicha persona, indicando específicamente los aspectos en que se considera que el informe no cumple con los requisitos de ley. En dicha notificación, el Director le informará a la persona su derecho de presentar su contención por escrito, y, además, si así lo interesare, solicitar una vista ante la Oficina. Basado en toda la información sometida, el Director preparará una determinación preliminar, la cual notificará a la persona, y le proveerá tiempo razonable para contestar la misma, que no excederá de treinta (30) días.
 Luego de considerar dicha contestación, de ello proceder, modificará el informe, y rendirá un informe final, el cual se considerará un documento público. El Director deberá mantener la estricta confidencialidad de los procesos de revisión con anterioridad al informe final. Si ello procediera, el Director podrá, directamente o mediante la ayuda del Secretario de Justicia, tomar la acción procedente en caso de que dicho informe revele que ha ocurrido alguna violación de ley que requiera acción penal o de otra índole.
 (c) En todo caso en que al comparar el más reciente informe con el anterior, se detecte algún incremento o cambio sustancial en algún renglón para el cual el Director considere que no hay explicación satisfactoria, se requerirá al informante que ofrezca una explicación y las pruebas demostrativas del origen lícito de tales recursos. De considerarlo necesario, el Director procederá a realizar la investigación correspondiente. Si luego de ofrecidas las pruebas y la explicación pertinente por parte del servidor público, el director estima que las mismas no son satisfactorias podrá, directamente o mediante la ayuda del Secretario de Justicia, tomar las acciones pertinentes.
 (d) Cuando se trate de informes financieros de los miembros de la Asamblea Legislativa, el Director recibirá y evaluará los informes para constatar que la información este completa. Una vez verifique que la información está completa, determinará que el informe es final para que se considere como un documento público. El acceso público a dicho informe se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de esta Ley y en los Códigos de Etica de la Rama Legislativa o de la Cámara correspondiente. Cuando a juicio del Director exista la posibilidad de que un funcionario o empleado de la Rama Legislativa haya violado las disposiciones de este Capítulo, el Director remitirá el informe financiero a la Cámara correspondiente para que se tomen las acciones que correspondan.
 (e) Cuando se trate de informe financiero de la Rama Judicial, el Director recibirá y evaluará los informes para constatar que la información esté completa.
 Una vez verifique que la información está completa, determinará que el informe es final y lo devolverá al Hon. Juez Presidente del Tribunal Supremo. El acceso público a dicho informe se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de esta Ley y en el Código de Etica de la Rama Judicial. Cuando a juicio del Director exista la posibilidad que un juez, director administrativo o funcionario de alta jerarquía haya violado las disposiciones de este subcapítulo, el Director remitirá el informe financiero conjuntamente con una relación de sus hallazgos al Tribunal Supremo para que se tomen las acciones que correspondan según su Código de Etica y Reglamento.
 Artículo 4.11- Incumplimiento o Falsificación
 A. Acción de Naturaleza Penal
 1. Toda persona que, a sabiendas y voluntariamente, falsifique o deje de radicar o divulgar cualquier información sustancial que este Capítulo le requiere someter, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada por cada violación con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal.
 2. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses un (1) día o hasta mil (1,000) dólares.
 3. La persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o empleo público sujeto a lo dispuesto en la Sección 3.4 de la Ley 5 del l4 de octubre de l975, según enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.
 4. Los delitos establecidos en este artículo prescribirán a los siete (7) años.
 5. La persona convicta no tendrá el beneficio de sentencia suspendida.
 B. Acciones de Naturaleza Civil
 1. El Secretario de Justicia tendrá facultad para solicitar del Tribunal Superior la expedición de un interdicto para impedir cualquier violación de este Capítulo e interponer las acciones que procedan para cobrar las sanciones civiles que se imponen a favor del Estado.
 2. Toda persona que reciba un beneficio económico como resultado de la violación de este Capítulo vendrá obligado a pagar al Estado como sanción civil por su incumplimiento una suma equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido.
 3. Además de las sanciones penales y civiles antes señaladas, la violación de cualquiera de las disposiciones de este Capítulo puede ser penalizada, en los casos aplicables, con cualquiera de las siguientes sanciones administrativas impuestas por la autoridad correspondiente:
 CAPITULO V PARTE FINAL
 Artículo 5.l- Capacidad para promover investigaciones
 A. Cualquier ciudadano privado o cualquier funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá solicitar de la Oficina, mediante querella escrita y bajo juramento, que ésta inicie una investigación bajo cualquiera de las disposiciones de esta Ley. A tal fin el promovente deberá exponer en su querella todos los hechos en que se fundamenta su creencia de que procede la investigación.
 B. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de la querella, la Oficina realizará una evaluación y notificará al querellante la acción que se propone seguir. Si la Oficina entiende que es innecesario llevar a cabo una investigación, así lo informará al querellante dentro del término antes descrito.
 C. Si la Oficina entiende que procede efectuar una investigación, deberá concluir la misma dentro del término de los ciento veinte (l20) días siguientes a la fecha en que haya notificado al querellante la acción que se proponía seguir. Concluida la investigación, la Oficina decidirá si ha de proceder judicial o administrativamente contra el funcionario o empleado querellado o si habrá de eximirlo de responsabilidad ulterior.
 Artículo 5.1A.- Acceso a información
 La información bajo custodia de la Oficina, recopilada con el objeto de hacer cumplir esta Ley, podrá ser inspeccionada por cualquier ciudadano siempre y cuando al así hacerlo:
 (a) no interfiera con los procedimientos para hacer cumplir esta Ley;
 (b) no prive a una persona del derecho a un procedimiento adjudicativo justo y a una determinación final imparcial, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico";
 (c) no constituya una intrusión injustificada de la intimidad del querellado o de alguna otra persona;
 (d) no revele la identidad de una fuente confidencial;
 (e) no revele técnicas y procedimientos investigativos;
 (f) no ponga en peligro la vida o la seguridad física del personal que hace cumplir esta Ley, la del querellante o la de un testigo.
 Sólo el Director Ejecutivo podrá autorizar la divulgación de información relacionada con el funcionamiento, operación o actividades de esta Oficina. Cualquier empleado, funcionario, Oficial o persona que por descuido u omisión, o deliberadamente, ofreciere información, diere a la publicidad o públicamente comentare cualquier investigación en progreso de la Oficina, sin estar autorizado para ello, será culpable de delito grave y convicto que fuere se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de un (1) año o multa de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.
 Artículo 5.2- Revisión Judicial
 Todo funcionario público que resulte afectado por alguna decisión, resolución, orden o acción de la Oficina tendrá derecho a revisión judicial sometiendo la correspondiente petición ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, con notificación a la Oficina, dentro de los treinta (30) días de haberle sido notificada la decisión, resolución, orden o acción. Las conclusiones de hecho de la Oficina que estén apoyadas por evidencia sustancial a base de la totalidad del récord, serán obligatorias para el Tribunal.
 Cuando se trate de una solicitud de revisión judicial de una decisión o resolución de la Oficina denegando una solicitud de acceso a información bajo custodia de la Oficina, aplicará el procedimiento siguiente:
 (a) A petición de la parte recurrente, el tribunal podrá ordenar al Director Ejecutivo que someta una relación bajo juramento de todos los documentos recopilados en la Oficina que sean pertinentes a la solicitud de revisión.
 (b) El Director Ejecutivo especificará qué documentos a su juicio no deben ser revelados expresando las razones para ello. El tribunal podrá ordenar que el Director Ejecutivo los produzca para ser inspeccionados por el juez con exclusión de las partes y sus abogados.
 (c) Hecho el examen, el tribunal ordenará al Director Ejecutivo que entregue copia de los documentos o porción de documentos sobre los que no hubiere ninguna objeción o de aquellos que, a pesar de la objeción, el tribunal estime que no están protegidos por los criterios de exclusión establecidos en el Artículo 5.1A.
 En todo caso, el tribunal tendrá amplia discreción para regular y dirigir estos procedimientos de forma que se garantice que personas ajenas a la función judicial no tendrán acceso a aquellos documentos, si alguno, que no deban ser divulgados.
 Artículo 5.3- Informes Anuales
 La Oficina de Etica Gubernamental rendirá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no más tarde del 30 de junio de cada año, un informe detallado que contenga, entre otra, la siguiente información:
 (a) descripción detallada del trabajo realizado por la Oficina durante el año anterior, desglosando su presupuesto y la utilización de los recursos.
 (b) el total de casos radicados, pendientes y resueltos durante el período cubierto por el informe relacionado con posibles violaciones a los cánones de ética o a otras normas de conducta aplicables a los funcionarios y empleados gubernamentales.
 (c) el total de informes financieros radicados durante el período comprendido en el informe, indicando los casos que han sido objeto de investigación, de requerimiento de información adicional por parte de la Oficina, o de señalamiento de naturaleza grave.
 (d) las acciones de naturaleza civil o criminal que ha instado la Oficina o el Secretario de Justicia durante el período comprendido en el informe por alegadas violaciones a las disposiciones de esta ley.
 (e) las medidas correctivas que ha instado la Oficina de parte de otros funcionarios y agencias gubernamentales y la disposición final tomada.
 (f) una descripción de los sistemas establecidos para informar al Secretario de Justicia sobre las alegadas violaciones a las leyes sobre conflictos de intereses y sobre informes financieros y una evaluación de la eficacia de estos sistemas.
 (g) las recomendaciones sugeridas por la Oficina para mejorar la efectividad de las disposiciones legales que rigen los conflictos de intereses y las normas de conducta de los funcionarios y empleados públicos.
 Artículo 5.4- Asignación de Fondos
 Se asigna a la Oficina de Etica Gubernamental la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para iniciar y llevar a cabo las funciones de esta Oficina durante el año l985‐86. En años fiscales subsiguientes, el Gobernador incluirá los cálculos para los gastos corrientes de la Oficina en el Presupuesto sin revisarlos.
 Artículo 5.5- Nada de lo contenido en esta ley será interpretado o aplicado de forma que limite o conflija con el poder de la Asamblea Legislativa para disciplinar sus miembros o para llevar a cabo procesos de residenciamiento ni con los poderes de la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales, ni con la facultad de las agencias gubernamentales para disciplinar a los servidores públicos que en ellas trabajan.
 Artículo 5.6‐ Separabilidad de las Disposiciones
 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte de esta ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte declarada inconstitucional.
 Artículo 5.7- Derogación
 Se deroga la Ley Núm. 110 del l2 de mayo de l943 y la Ley Núm. 28 del 8 de junio de l948, según enmendadas. Esta derogación no afectará los procedimientos instados o que puedan instarse al amparo de las disposiciones de estas leyes.
 Artículo 5.8- Vigencia
 Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días siguientes a la fecha de aprobación, excepto la disposición relativa a la asignación de fondos la cual entrará a regir el día lro. de julio de l985.
 [1]Este documento fue preparado por la Oficina de Etica Gubernamental. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley de Etica Gubernamental a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dichas leyes.
 CRITERIOS PARA ELABORAR UN CÓDIGO DE ÉTICA
 Fredy Giraldo Rivera
 Miembro de TRANSPARENCIA Perú
 fredyg@transparencia.org.pe
 La ética en el funcionario público o la ética en la función pública, son dos aspectos que se han venido estudiando desde hace muchos años, teniendo como primera vertiente la tesis de Max Weber. En el caso peruano, las nuevas leyes y las directivas que la Contraloría General de la República han ido direcccionando el actuar de los funcionarios públicos hacia bases éticas más profundas. Sin embargo, aún falta mucho, sobre todo cuando existen diversas propuestas sobre ética pública con diferentes criterio valorativos. Aún falta mucho para pasar de la reflexión ética a la acción ética.
 Con el nacimiento de la era moderna y los pensadores de la Ilustración, empezó a surgir la idea de la representación y que el poder de los soberanos pertenecían al pueblo, esto se fue cimentando con la aparición de los partidos y la idea de intermediación y el peso preponderante del electorado. Surgieron así las Revoluciones Inglesas, Norteamericanas y Francesa que buscaban retornar el poder en su auténtico depositario: el pueblo. El Estado de ente personalizado pasó a la idea de un ente impersonal desapareciendo la idea de la cargos públicos como una propiedad privada, considerándose al Estado un ente dotado de una autoridad moral de la cual las personas que la ejercían lo hacían merced a una representación popular que otorgaba a la función el status de un deber que debían cumplir en beneficio de una colectividad.
 El fundamento de los códigos de ética reside, en consecuencia, en la idea misma de Estado y el fin que persigue no son sino aquellos que fundamentan la idea de un Estado - social y democrático - que busca en la voluntad general el requisito indispensable para su actual sostenimiento.
 1. La autoridad del Estado
 Antiguamente la idea de Estado solía encarnarse en la idea de propiedad perteneciente a un "soberano", encarnado normalmente en la idea de una persona. Esta, que podía adoptar la figura de Rey, Emperador, Señor Feudal o Inca, era el poseedor del poder absoluto y todo aquello que lo rodeaba decía pertenecerle. Esto motivó a que los estudios políticos de la época mirasen en él a una persona que "no podía obrar mal" dado su origen divino o revelador. Entonces la existencia de normas se limitaban a las disposiciones que estas personas dictaban sin más limitaciones que el poder soberano que ostentaban. El fundamento de la política empezaba y terminaba en el soberano.
 Con el tiempo, y con el nacimiento de las ciudades y los prósperos comerciantes, empezaron a surgir una nueva clase que buscaba acomodarse dentro de los linderos del poder del soberano. Empezaron a surgir nuevos ideales políticos pero más que reinvindicaciones generales eran más bien particulares y específicas, conforme esta nueva clase empezaba a obtener una cuota de poder. Y el poder del Estado empezó a ser compartido entre el soberano y estos nuevos agentes.
 Y la humanidad seguía creciendo a pasos agigantados y esta nueva clase - ahora sí política - empezó a tomar conciencia del rol preponderante que tenía dentro de la marcha del Estado. Empezó a surgir la idea de la limitación del poder del soberano y de que tenían que existir reglas y normas explícitas que busquen regular las convivencias existentes. Esto motivó a que los soberanos, con el fin de asegurar su predominio, buscasen alianzas con esta clase política a cambio de una compensación pecuniaria. Empezó a gestarse un funcionariado dentro de la estructura estatal que era controlado por el soberano vía la compra de cargos y de autorictas. En la medida que se compraban los cargos, empezó a surgir la idea de que se poseía propiedad sobre los mismos. Es decir, frente a la idea de una propiedad universal empezó a surgir la de propiedad específica o particular. Esto último permitió la configuración de patrones de conducta entre quienes ostentaban dichos cargos e hizo su aparición la idea de gobierno que fue defendida por Montesquieu sobre la base de la eficiencia y por Burke como un derecho de propiedad legítimo.
 2. La idea de lo ético
 Por ético puede entenderse aquello que es bueno o que es correcto. En el primero subyace la idea de un valor netamente abstracto y que tiene variable significativa en la vida en sociedad, del segundo podemos decir que atiende al criterio de eficacia y eficiencia pero sobretodo al cumplimiento de normas y regulaciones. Dependiendo de donde nos ubiquemos, lo ético puede referirse a aquello que es bueno o malo para nosotros o para la colectividad, en tal sentido, lo ético puede ser (o es) el referente inmediato para decir que tal o cual acción es reprochable o no para el común de la colectividad o que es correcto porque la existencia de determinadas normas (de índole siempre colectivo) nos señala el derrotero de aquello que es correcto o incorrecto. En cualesquiera de las dos formas siempre va a existir la idea de un colectivo que no nos va a ser ajeno y que más bien es inherente a nosotros.
 En cualquier sentido, entonces, lo ético siempre nos va a trasladar a la idea un colectivo y aquello que es moralmente aceptable por la colectividad. Y esto siempre va a ir ligado a la existencia de normas sin las cuales lo colectivo no podría convivir. Estas normas regulan los modos de convivencia y establecen normas y pautas de conducta que deben ser obedecidas por todos. Si tomamos el planteamiento de Rousseau diremos que estas normas han sido producto de las voluntades de cada uno de los integrantes de una sociedad, por tanto, el fundamento de la obligación política encuentra su sustento y razón de ser en esta cuestion originaria.
 Estas obligaciones se han ido acrecentando con el paso de tiempo, y han tomado para el caso del Estado, el carácter de fines.
 Lo ético por el lado del Estado se define en el cumplimiento de los fines que se encuentran en estricta concordancia con el peso que, como dijimos ut supra, ejerce como autoridad moral.
 Creeemos por ello que el fundamento de la implantación de códigos de ética se encuentran en la idea misma de Estado y, por tanto, lo ético, es decir, todo aquello que consideramos correcto porque así han sido impuestos por las normas y por la convivencia social, tiene el carácter de elemento esencial para existencia del Estado.
 3. El Estado y los fines
 Raphael (Problemas de Filosofía Política:1996) señala que la existencia del Estado débese a la necesidad de contar con un ente capaz de servir de mediador en las relaciones sociales. Así, señala que si existe el deber moral de no matar y algunos la infringen, surge el Estado como ente capaz de proteger el real ejercicio de ese deber y de usar la fuerza en caso contrario. Es por el peso de autoridad moral que tiene el Estado. Señala más adelante el profesor Raphael que esto nos lleva a decir que el Estado es un medio para conseguir un fin moral, los marcos de obediencia hacia las actuaciones estatales tienen un peso gravitante en esto último.
 En todo esto juega un papel muy importante los fines sobre los cuales se asienta y ejerce su autoridad todo Estado. ¿Y cuales son esos fines? en términos globales todo ello estaría centrado en el BIEN COMUN (denominada por algunos como función positiva, los negativos serían aquellas funciones estatales que buscan preservar el orden y la seguridad), véanse cada articulado de nuestra Constitución ( en especial el primer párrafo del artículo 44°) y verán que en cada de ellos hay un fin a seguir y que los mismos se encuentran "orbitando" alrededor del BIEN COMUN.
 Y los fines son diversos pero ajenos para quien se encarga de perseguirlo, esto es, que el marco de actuación de los fines, que en definitiva recae en las personas llamadas gobernantes, funcionarios o servidores públicos, se encuentra centrado en buscar el BIEN COMUN o, en todo caso, acercarse a ella. Esto nos lleva a tocar otro tema de vital importancia cual es la imposibilidad de cumplimiento de los fines ya sea por no haberse cumplido las metas o porque existió una suerte de desviación de los fines, volviéndose éstos propios y ya no ajenos.
 4. El fenómeno de la corrupción
 La corrupción es un tema que puede ser analizado y estudiado desde cualquier punto de vista teniendo en consideración el efecto inmediato (para el investigador) que produce. Así, podemos estudiarla desde el punto de vista:
 Etico, si consideramos que la corrupción pasa por una pérdida de valores morales - individual o colectivo - en una determinada sociedad.
 Jurídico, si consideramos la existencia de normas jurídicas que alientan la corrupción (como dar un mayor margen de discrecionalidad a una actuación estatal, por citar un ejemplo). Una variante, sería considerar el Derecho Penal o , concretamente la justicia penal, en el sentido de que podrían existir normas muy benignas o figuras delictivas no acordes con la realidad, que provocan o alientan la corrupción.
 Político, si consideramos que la corrupción tiende a debilitar la estructura de poder establecido en una Constitución provocando un desequilibrio entre poderes.
 Económico (economía política), si consideramos que la corrupción desvía los recursos del Estado y alienta enriquecimientos ilegales (sobretodo en funcionarios públicos), una variante de ella sería considerar que la existencia de una "Excesiva Regulación Estatal", desalienta la competencia y crea o consolida una elite burocrática y empresa ineficientes.
 Social, si consideramos que la corrupción socava la sociedad al punto de incapacitarla.
 Cultural e Histórico, si consideramos que la corrupción tiene un origen histórico (en el caso nuestro a partir de la conquista) que ha mellado en la cultura de la sociedad y la ha hecho parte de ella.
 Desarrollo Social y Económico, que podría ser una variante de las tres anteriores, en el sentido de que la corrupción desalienta el desarrollo de un país y la atrasa.
 En fin, dependiendo de nuestra formación (es decir, si somos operadores del derecho, sociólogos, historiadores, economistas, etc.) o de lo que queramos hallar en nuestra búsqueda por encontrar una solución a este problema, diremos que la corrupción socava las bases sociales, económicas, políticas, culturales, etc., de una sociedad o de una comunidad internacional (Latinoamérica, por ejemplo) y que por tanto la solución al mismo está en la misma sociedad (incentivando o concientizando sobre el problema, etc.), en el modelo económico (estatista o regulador o demasiado liberal, por ejemplo), en la existencia de un real funcionamiento del sistema político (el famoso checks and balances), etc.
 Con motivo de la Octava Conferencia Anticorrupción realizada en Lima elaboramos un documento de trabajo donde señalábamos de manera sucinta los diversos enfoques que existen sobre la corrupción, uno de los enfoques nos la da Hurtado Pozo (Corrupción el caso peruano:1996) cuando refiere que existe corrupción (que el llama institucionalizada) cuando hay una "distorsión significativa que existe entre la sociedad que formula exigencias y el Estado que no puede o no quiere responder convenientemente a las mismas". La corrupción se da por la existencia de desviaciones en el "correcto ejercicio de las funciones estatales", estas desviaciones pueden asumir cualquier tipo de situaciones pero todas ellas dejan de lado la búsqueda del BIEN COMUN y asumen un cariz particular y específico denominado por los corruptólogos como "beneficio propio o particular". La corrupción, su definición y causas, va a depender del especial enfoque que se le de, así, en el documento de trabajo citado, econtramos el siguiente cuadro:
 CAUSAS, EFECTOS, FORMAS DE COMBATIRLAS
 1.Medio Social.- subdesarrollo
 1. economicismo social, cambio de valores, nuevas fuentes de riqueza.
 1. Distribución inequitativa de los recursos, distorsión de la información en el mercado.
 1. Libre economía social de mercado, organización y estructuración de la participación ciudadana.
 2.Arbitrariedad en el proceso de toma de decisiones.- acaparamiento del poder en manos de un sólo órgano.
 2. Inestabilidad política, alineación ciudadana respecto al sistema político.
 2. Manejo altamente consensual del poder, creación de mecanismos de control del poder.
 3. Sistema Económico y político.- que estimula, produce o inmuniza la corrupción.
 3. Desperdicio de recursos, legislación ineficiente, leyes que crean privilegios a determinadas empresas.
 3. Legislación eficiente que no cree privilegios, órganos autónomos que se encarguen de prevenir la corrupción.
 4. Rompimiento del código de ética colectivo.- la gente a veces propicia la corrupción
 4. Desviación de energía de funcionarios, gente empieza a buscar la manera de ser corrupta.
 4. Red ciudadana de grupos en defensa de intereses sociales, campañas de educación y de información, códigos de ética.
 Como podrá apreciarse uno de los enfoques sobre la corrupción se da por la existencia de códigos de ética colectivos que tienen su sustento por una parte en las reglas de convivencia explícitas o implícitas de toda sociedad y en el propio Estado. La fractura de estos códigos de ética suponen la fractura de los fines de convivencia o de la existencia y funcionamiento del Estado. Es por ello que la corrupción es mal vista por la mayoría de los ciudadanos al punto que, como señala Alfonso Sabán (El marco jurídico de la corrupción: 1991) su sola enunciación hace que " todo un sistema de valores sociales se resquebraje".
 La pregunta surge como consecuencia de todo ello ¿puede un código de ética solucionar el problema de la corrupción? la respuesta salta a la vista: obviamente no, de lo cual surge otra interrogante ¿porqué entonces nuestro empecinamiento en buscar uno? creemos que la respuesta podría estar en el afán de querer regularlo todo y si para ello es necesario crear una regulación específica que busque evitar ciertas conductas entonces un código de ética resulta importante y primoridal.
 Creemos, sin embargo, hacer algunas precisiones:
 Del análisis que venimos haciendo, la idea de Estado trae consigo la idea de autoridad, y en el terreno de la ética, la idea de una autoridad moral.
 Esta idea de autoridad moral, surge a raíz del consentimiento que alguna vez, en algún momento de la historia, hicimos todos los miembros del Estado.
 De lo cual el Estado para diferenciarse de quienes la crearon, encuentra en la figura del ente (impersonal y soberano) el marco institucional para regular sus propios fines que nunca deben de ser ajenos a la colectividad porque son los mismos.
 De todo ello, si el objetivo primordial (funciones positivas) de todo Estado es el bien común, entonces todas las regulaciones que se adopten tienen que orientarse hacia ese objetivo, y si todas las regulaciones tienen ese norte, en consecuencia, la ejecución de las mismas no puede escapar a este marco.
 Ello da pie a señalar, en los mismos términos que nuestra Constitución señala (y de otras muchas como la chilena, argentina y colombiana), que quienes ejerzan las funciones del Estado lo hagan "dentro de los límites y responsabilidades que la propia Constitución y las leyes señalen".
 El bien común es un límite a la actuación de todo funcionario o servidor, en esto es explícito nuestra constitución que éstos "están al servicio de la nación" y deben servir a los fines de ella, no queda otra cosa más.
 5. La función pública
 Nuestra Constitución supedita la labor de los funcionarios y servidores a un interés estatal y señala además que nadie está exento de ella, por tanto, cabría decir que aún a pesar de lo insignificante, permanente o temporal labor que los funcionarios o servidores realicen ellos limitan su labor a un interés colectivo que está mas allá de sus intereses personales. Aunque no se define la función pública ni el concepto de funcionario o trabajador público, creemos necesario referirnos a la definición proporcionada por la Convención Interamericana contra la Corrupción dada su amplitud. Al respecto ésta señala en el art. 1o que son funcionarios o empleados del Estado o de sus entidades, los designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. El carácter temporal del ejercicio de una función o servicio a nombre del Estado no tiene relevancia.
 Tradicionalmente se ha establecido una distinción entre funcionario público y servidor. Para Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo:1998) la razón se ha dado no sólo por el criterio de jerarquía sino también por usar el criterio de "aquellos qure toman las decisiones" y "aquellos que ejecutan las decisiones tomadas", aspecto para este autor irrelvante por cuanto un servidor puede tomar también decisiones. Aún así, nuestra Constitución hace un distingo entre quienes ejercen la función pública: algunos serán llamados funcionarios y otros servidores. Para el art.39o de dicho cuerpo legal, son funcionarios el Presidente de la República, los congresistas, los ministros, etc. De esta manera, aunque no explícitamente, la Constitución efectúa dos distinciones:
 Los elegidos directamente por el pueblo, mediante votación popular y los designados por mandato expreso de la Constitución, y
 Los funcionarios llamados de carrera y aquellos que no lo son (caso de los ministros).
 De acuerdo a la Constitución los funcionarios y servidores están sujetos a control, ello encuentra su razón de ser en la distribución de funciones del poder. De esta manera la Constitución establece los órganos que se van a encargar de controlar, denunciar y /o sancionar los actos de los funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea la categoría o nivel que ostenten. Así los congresistas que controlan los actos del Ejecutivo y de los Organos Constitucionales, la Contraloría General de la República, que ejerce control del manejo de los recursos de los fucionarios, la Defensoría del Pueblo, que cumple una labor de supervisión de los actos de los órganos del Estado, a fin de proteger derechos ciudadanos, etc.
 Cabe resaltar que el artículo 41o de la Constitución remite a la normativa legal, establecer la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, ello se encuentra regulado en el D.Leg. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Esta Ley, en el art. 9o distingue a los servidores en: aquellos que son profesionales, los técnicos y los auxiliares. Ordenando, las personas que, en nuestra normativa legal, ostentan la función pública son:
 a. Elegidos o designados conforme a constitución.
 b. De carrera o no (contratados temporalmente)
 c. Auxiliares
 d. Contratados.
 Asimismo, señala que los servidores públicos están al servicio de la Nación y en tal razón deben:
 Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio, art. 3o de la Ley
 Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, art.21o inciso a) de la Ley.
 informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública, art. 21o inciso g) de la Ley.
 Señalando como prohibición:
 Percibir retribución de terceros para realizar u omitir actos de servicio ( art. 23o inciso b ).
 Celebrar o intervenir en los contratos en los que tenga interés el propio servidor o sus familiares ( art. 23o inciso d )
 El uso de la función con fines de lucro
 Si nos ponemos a repasar todas las leyes, donde se regulan las funciones y competencias de los funcionarios, encontraremos un código de ética, en el sentido de que establecen los regímenes de incompatibilidades y sus prohibiciones a la par que se remarcan el verdadero fin de su ejercicio. Vease, por ejemplo, el art. 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En fin, en todas la regulaciones sobre la función pública se encontrará un código de ética y esto es así porque, como dijimos ut supra, el Estado tiene una autoridad y un moral que es necesario preservar.
 Si ello es así, cuál es la importancia de los códigos de ética, creemos que en la existencia de una norma especial que de pautas específicas sobre la conducta en el ejercicio de la función que debe seguir todo funcionario o servidor público.
 6. Criterios a tomar en cuenta en un Código de Ética para la función pública
 La corrupción no es sólo el aprovechamiento del poder para fines privados, ello sólo es un aspecto de la desviación del poder, es también el no uso de los fines del Estado, en términos de Hurtado Pozo es el "no tomar en cuenta las exigencias populares", el no hacer nada a fin de cumplir los objetivos estatales, por ello, que cuando se habla de implantaciones de código de ética no sólo se tocan términos como moralidad e imparcalidad, sino también igualdad, eficacia, economía, transparencia, etc.
 Es que el campo de las actuaciones estatales es diverso y en algunos casos contradictorios, Humberto Njaim (La corrupción un problema de Estado:1995) señala que "al ser los fines del Estado diversos y contradictorios generan un clima de confusiones que hace que ésta se convierta en un caldo de cultivo para la aparición de prácticas corruptas". Es por ello que se establecen técnicas de control administrativo, financiero, de gestión o penal. Y cada uno de ellas toman en cuenta algún modelo de código de conducta a fin de prevenir la aparición de prácticas corruptas que busquen desviar hacia otros fines las atenciones estatales.
 De todo lo dicho consideramos que para que opere realmente un código de ética deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
 Buscar en el Estado el fundamento moral de su autoridad política
 Sistematizar y uniformizar los código de ética operativos en cada una de las normas que regulan la función pública. Al respecto, se encontrarán que existen pautas de conductas tanto en las Leyes Orgánicas de los Organismos Autónomos como en las leyes como de Contrataciones y Adquisiciones, también que será indistinto si lo encontramos regulado en un Tratado, como en la Constitución, una Ley o en un Decreto Supremo.
 Cuando hallamos reunido todas las normas que regulan la función pública y encontrado un código de ética (sin importar su tamaño o el nombre que se le de) perguntémonos ¿es necesario o no un código de ética? depéndiendo de la respuesta pasemos al siguiente punto.
 Si decimos que no, habría que tener en cuenta que los códigos de ética sirven a la universalización de las normas de conducta de los funcionarios público y faciltan su no dispersión.
 Si decimos que aún es necesario, tomemos en cuenta losd siguientes criterios:
 Establecer los fines, alcances y limitaciones de la función pública, tal como lo establece de manera extensa el Código de Etica de la Función Pública de Argentina.
 Señalar un capítulo abierto sobre definiciones operativas respecto de los criterios que se van a usar para medir la gestión pública. Tales son: Igualdad, Moralidad, Honradez, Eficacia, Economía, Celeridad, Inmparcialidad, Transparencia, Discrecionalidad y Responsabilidad
 Otro campo donde se señalen y especifiquen los usos adecuados para la función pública en razón del tiempo, oportunidad y carga de trabajo. Asimismo el régimen de incentivos y beneficios para el fiel cumplimiento del Código (aquí tomamos en cuenta lo señalado por Klitgaard: controlando la corrupción:1996)
 EL establecimiento de un Tribunal Etico o cualquiera entidad que tenga por fin velar por el fiel cumplimiento de este Código.
 Seguro que existirán otros indicadores y criterios más, pero creo que para que un Código de Etica muestra su operatividad es necesario tomar estas consideraciones. Debo señalar, finalmente, que un Código de Etica no sólo debe normas conductas sino los principios que la fundamentan y el procedimiento que se deben seguir para efectuar un seguimiento efectivo y oportuno de dichas conductas.
 Fredy Giraldo es peruano. Tiene 29 años, es bachiller en derecho por la Universidad Católica y es un estudioso del fenómeno de la corrupción en su país. Ha laborado en varias instituciones privada y públicas, de esto último laboró como en la Defensoría del Pueblo, CORPAC y FONCODES. Actualmente se desempeña como Jefe Nacional de Capacitación en la Asociación Civil TRANSPARENCIA. Tiene en su haber varias publicaciones entre los que destaca: Manual de Gestión Municipal, Texto de Educación Ciudadana, editados por TRANSPARENCIA y un documento de trabajo sobre el fenómeno de la corrupción para la Defensoría del Pueblo.
 Legislación, Artículos y otros documentos relacionados con la Etica en el website RESPONDANET
 LA ETICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION. Cuestiones Mundiales. Periódico electrónico del departamento de Estado de Estados Unidos Abril 2001, volumen 6, número 1 Contenido
 Definición del territorio del Cuarto Poder La Primera Enmienda, la economía y una presunción contra la regulación desempeñan funciones importantes en moldear la libertad de prensa en Estados Unidos.Profesor visitante de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa El periodismo en Estados Unidos en la época actual
 La función de los medios de información en construir una comunidad Una nueva clase de periodismo invita a los ciudadanos a participar y ayudar a resolver los problemas de sus comunidades.Por Jan Schaffer, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Cívico Pew
 Por qué la democracia necesita del periodismo investigador El reportaje investigador sigue siendo una de las contribuciones más importantes de la prensa a la democracia, pero los periodistas que se desempeñan en este terreno constantemente deben evaluar la ética de sus técnicas.Por Silvio Waisbord, autor de Watchdog Journalism in South America: News, Accountability, and Democracy (Periodismo Vigilante en Sudamérica: Noticias, Responsabilidad y Democracia).
 Un recorrido por el "Campo minado de la ética" Un reportero investigador afronta un dilema ético mientras recoge información para un artículolos sobre hijos de padres drogadictos.Por Tran Ha reportero de The Poynter Institute
 Grupos que vigilan a los medios de información Los grupos que vigilan a los medios tienen motivaciones y prejuicios propios que deben evaluarse para poder comprender sus críticas.Por Virginia Whitehouse, profesora asociada de Estudios de la Comunicación, Whitworth College, Spokane, Washington
 El periodismo en la era de la Web La rapidez y actividad recíproca que hacen atractivo el periodismo en línea pueden ser factores que socaven la tradicional búsqueda periodística de la exactitud, el equilibrio y la claridad.Por Bob Giles, director de Nieman Reports, Fundación Nieman para el Periodismo, Universidad de Harvard
 La noticia en la era del dinero Los periodistas que se ocupan de los temas de negocios se ven ante un dilema cuando cubren una economía próspera y tratan de distorsionar la cobertura para obtener ganancia de los mercados en crecimiento.Por Diana B. Henriques, redactora de finanzas de The New York Times
 Codigos de ética de los medios de información Dos de los principales expertos en ética de los medios informativos analizan los códigos de ética de los periodistas de 33 periódicos de Estados Unidos, y en su examen consideran todos los aspectos, desde los dilemas de tipo moral hasta el impacto de las nuevas tecnologías.Por Robert Steele y Jay Black
 Honduras: Código de Etica para Funcionarios Judiciales (13 Kb.)
 Código Internacional de Conducta para Oficiales. Resolución 51/59 de la Asamblea General de la ONU. (23 Kb.)
 Ponencias del Foro "Hacia una ética del desarollo". Caracas, Venezuela. 22 y 23 de febrero del 2001
 Brasil: Código de conducta de la alta administración federal
 Código de Etica de México. Código de Etica que deben cumplir los miembros del gabinete mexicano a los que les tomó protesta el presidente Vicente Fox el 1 de diciembre del 2000, y que se pretende sea adoptado por todos los funcionarios públicos federales.
 Hacia un Código de ética en la función pública. Fredy Giraldo Rivera. Miembro de TRANSPARENCIA. (37 Kb.)
 Etica Civil Empresarial
 Ley de ética de la función pública (33 Kb.) y Reglamento de la misma. República de Argentina, Noviembre de 1999.
 Foro Nacional de Ética: Promoción de Valores y Lucha contra la Corrupción. Guatemala, 30 de Septiembre de 1999
 La corrupción y la promoción de la ética en el servicio público. Por Robert Klitgaard.
 Decálogo ético, establecido por la Consejería Presidencial para la Administración Pública de Colombia
 Código de ética del auditor gubernamental de Perú. Contraloría General de la República de Perú. (12 Kb.)
 Modelo de Código de ética municipal. Remitido por la Fundación Futuro Solidario de Rosario, República de Argentina.
 Principios éticos de los Servidores Públicos. República de Panamá.
 Bases para la implementación de una política pública de ética gubernamental.
 Legislación, Artículos y otros documentos relacionados con la Etica en el website RESPONDANET en inglés
 http://www.respondanet.com/english/
 “International Code of Conduct for Public Officials”. Resolution 51/59 from the General Assembly of the UN.
 The Council for Ethics in Economics Website
 Business Ethics Quarterly Home Page
 The Corporate Ethics Boom: Significant, or Just for Show? The first time you try to access this particular website you will asked to sign-up (free)In an article on Nov. 13, 2000, in the Financial Times' Mastering Management series, Wharton legal studies professor Thomas Donaldson looks at the increase in corporate ethics programs throughout the world. Which are the most effective? Do they indeed make a company ethical? Do they improve return on investment and/or customer satisfaction? And what are the consequences of not having a program?
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