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El contrato de hospedaje en el proyecto de código civil y comercial 2012 | Todavía Somos Pocos
 Posted on 28/08/2013 por Susy Bello Knoll Por Esteban Javier Arias Cáu (*). Publicado en Microjuris, secciòn doctrina, el 9 de mayo de 2013, MJD 6265
 Sumario: I.- Introducción. II.- El depósito necesario. El contrato de hotelería: nociones generales. III.- De la responsabilidad del hotelero. Distintos supuestos. Comparación. IV.- De los establecimientos asimilables. V.- Conclusión.
 La obligación de custodia puede ser obligación principal o secundaria, de acuerdo a los distintos contratos, civiles y comerciales que los particulares pueden perfeccionar en nuestro derecho privado.
 El contrato de hospedaje es una figura que ha adquirido su relevancia en la economía de los países, especialmente en aquellos que por su paisaje y geografía (islas) ofrecen al turista un lugar de esparcimiento, siendo en algunos de ellos el ingreso más importante de divisas. Con razón se ha dicho que “la industria del turismo actualmente se la considera como la segunda de mayor importancia en el mundo[1]”.
 Por ello, nos ha parecido que el tratamiento del Proyecto de Código Civil y Comercial 2012 por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación es una buena oportunidad para estudiar su noción conceptual, elementos, efectos y como siempre aquellas consecuencias responsabilizatorias, en virtud que los primeros comentarios publicados no han profundizado sobre el tópico.
 II.- El depósito necesario. El contrato de hotelería: nociones generales
 II.1 Aclaraciones preliminares
 En el depósito, en cualquiera de sus subtipos legales, ya sea regular o irregular, necesario o voluntario, la obligación de custodia y posterior reintegro de la cosa objeto del contrato consiste en la obligación principal o nuclear del negocio jurídico. En cambio, existen otros contratos en los cuales también existe una obligación de custodia, pero es de naturaleza accesoria o secundaria, como cuando se deja una prenda para su lavado y luego ésta es robada; o el caso de los automóviles en la plaza de estacionamiento de un hipermercado o shopping que sufren algún daño.
 La aclaración preliminar tiene su razón de ser en virtud que el ingreso a los hoteles o posadas, se encuentra regulado en el Código Civil vigente como una asimilación del depósito necesario. La doctrina caracteriza al depósito necesario o forzoso en sentido estricto, también denominado depositum miserabile[2] en el Derecho Romano, “por un evento externo, es decir absolutamente ajeno a la voluntad del depositante, que le impide la elección del la persona del depositario[3]”. En otros términos, en este supuesto se encuentra limitada la libertad de conclusión del contrato ya que no se tiene la facultad de elegir contratar y, en caso de hacerlo, preferir la persona de la contraparte; por el contrario, en virtud de un acontecimiento externo se debe contratar para resguardar las cosas, encontrándose limitada dicha facultad de elección.
 En tal sentido, el art. 2227 del Código Civil prescribe: “Será depósito necesario, el que fuese ocasionado, por incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos, o por otros acontecimientos de fuerza mayor, que sometan a las personas a una imperiosa necesidad; y el de los efectos introducidos en las posadas por los viajeros”. Más adelante, ingresa el tema en particular en los arts. 2229 al 2237.
 La custodia de los objetos introducidos en las posadas fue motivo de preocupación para el Derecho Romano por dos motivos: “por un lado, una rudimentaria organización de la actividad hotelera llevaba a que de hecho no se diera una posibilidad de elección de una posada por el cliente, y por el otro, había una natural desconfianza respecto a los posaderos a los que se presumía en posible colusión con gente de mal vivir[4]”. El Código de Vélez incluyó en la regulación del depósito necesario[5] a los efectos introducidos por los viajeros en las posadas como un modo de brindarles protección, garantizándoles la amplitud de medios probatorios para acreditar su existencia y valor, siguiendo el criterio del derecho francés[6]. En tales términos, se afirmó que el depósito necesario “tiende a ser un derecho singular, puesto que resulta admisible toda prueba (art. 2238). El sistema de responsabilidad contractual se extiende contra el depositario, sin perjuicio de dejar a salvo el evento fortuito v. la culpa exclusiva del depositante (arts. 2230 a 2232, 2235 a 2237)[7]”.
 II.2 De la política legislativa. Crítica metodológica
 Desde el punto de vista metodológico, esta inclusión fue cuestionada por la doctrina elaborándose al efecto dos tesis: a) Que los efectos introducidos configuran un “contrato de depósito accesorio” al contrato de hospedaje[8]; b) Se perfecciona un contrato de hospedaje y “como una cláusula imperativa de él, la custodia hotelera. La custodia hotelera resulta sí de un contrato, pero no de un contrato autónomo de depósito, y ni siquiera de un contrato accesorio de depósito, sino directamente del contrato de hospedaje[9]”.
 En el caso del contrato de hotelería, en virtud de estar asimilado los efectos introducidos al depósito necesario, se debe demostrar, en el ámbito del Código Civil, el supuesto de hecho querido por la ley: “que se trata de un establecimiento o fondo de comercio que implique la existencia de la posada u hotel (art. 2233), y que quien alegue la existencia del depósito y su contenido sea viajero (art. 2234)[10]”.
 El Proyecto de Código Civil y Comercial 2012 —en adelante, el Proyecto 2012— define (art. 1368) al depósito necesario: “Es depósito necesario aquél en que el depositante no puede elegir la persona del depositario por un acontecimiento que lo somete a una necesidad imperiosa, y el de los efectos introducidos en los hoteles de los viajeros”. El método seguido por el Proyecto 2012 ratifica pues el Código de Vélez, toda vez que recepta la primera postura doctrinaria que considera que se perfecciona un contrato de depósito, como supuesto de un depósito necesario[11].
 Ello surge de la lectura de la sección 3a denominada como “Depósito necesario”, donde se define al subtipo (art. 1368) y acto seguido se regula el depósito en hoteles (art. 1369). Empero, difiere la política legislativa en cuanto a dejar de lado los criterios de amplitud probatoria y capacidad de hecho del depósito necesario de Vélez, aplicables extensivamente a la introducción de efectos de los viajeros, para incluir una sola norma que regule la responsabilidad del hotelero por los daños ocasionados, como veremos más abajo. Asimismo, agrupa los artículos que se referían a la responsabilidad por daños del posadero, ya sea sobre los efectos de toda clase (art. 2230, Cód. Civ.) como de los carros (art. 2231, Cód. Civ.), en una sola norma, actualizando su redacción: por ejemplo, el vocablo carros por el más moderno de vehículos.
 En nuestra opinión, hubiera sido más acertado regularlo como un contrato típico. En efecto, esta circunstancia había sido motivo de crítica, porque en el estado actual de la hotelería como servicio de esparcimiento ocupa un lugar principal, pudiendo ser calificada como un engranaje importante de la industria del turismo, también conocida como la industria sin humo, entendida como un contrato comercial y de consumo. En tal sentido, se ha dicho que ya “no estamos en presencia de un viajero al que sorprende la noche y debe dejar sus efectos en una posada aislada y sin poder elegirla, sino ante un viajero que circula por una red comercial de hoteles con servicios programados por cadenas nacionales y multinacionales, con una abundante oferta, publicidad, y una impresionante organización de medios instrumentales destinados a la captación de los clientes[12]”.
 En rigor, cuando una persona se aloja en un hotel la figura central que perfecciona es el contrato de hospedaje u hotelería, “constituyendo el depósito de los efectos personales del pasajero una relación jurídica accesoria necesariamente derivada de dicho contrato principal[13]”.
 Precisamente, para resguardar los efectos de los viajeros y facilitar la prueba el Codificador asimila esa relación accesoria al depósito necesario, pero en el estado actual de la doctrina consideramos que hubiera sido técnicamente más correcto legislar directamente el contrato de hotelería como contrato autónomo.
 El Proyecto 2012 define, en su artículo 1369, al depósito en hoteles: “El depósito en los hoteles tiene lugar por la introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los entreguen expresamente al hotelero o sus dependientes y aunque aquellos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos”.
 De su comparación con la norma vigente (art. 2229), es dable advertir que se actualiza la redacción al incluirse el vocablo “hoteles”, que reemplaza al más antiguo de posadas. Empero, la finalidad es la misma el depósito se perfecciona por la introducción en ellos de los efectos de los viajeros, “aunque no se entreguen expresamente al hotelero o sus dependientes”. Se reconoce, pues, un período precontractual porque basta la simple introducción sin que sea necesaria la entrega al hotelero o sus dependientes. En el caso de los dependientes es más simple, ya se haga la entrega en el hotel o fuera de él. Por ejemplo, es el caso del viajero que llega a una ciudad, “en su aeropuerto, en el puerto, en la estación de ómnibus, y puede entregar sus pertenencias a alguien perteneciente al hotel que lo va a buscar; todavía no se alojó, pero ya rige el depósito[14]”.
 II.3 Contrato de hotelería. Concepto. Caracteres. De su ámbito de aplicación
 Desde un punto de vista clásico se entiende por contrato de hospedaje cuando “una de las partes se obliga a proporcionar por lo menos alojamiento a la otra, y ésta se obliga a pagar, por ello, un precio en dinero nacional o en moneda extranjera[15]”. En cambio, modernamente se lo ha definido como “aquel contrato en que una de las partes organizada profesionalmente para prestar el servicio de hospedaje, se obliga a facilitarle a la otra llamado pasajero, o huésped el uso de una habitación para tal efecto, y servicios accesorios (de mucama, de bar o restorán, de custodia, etc.) por un lapso de tiempo, a cambio de un precio en dinero[16]”.
 Los caracteres del contrato son: bilateral, consensual, oneroso, comercial, de consumo, parcialmente típico[17]. Tomando la moderna clasificación de los contratos según su finalidad económica-social debería incluirse dentro de los contratos de turismo[18].
 Nos detendremos particularmente en dos de los caracteres precitados. Lo de parcialmente típico ha sido explicado por Spota-Leiva Fernández afirmando que “el contrato de hotelería no se agota en el depósito de los efectos del viajero, ya que nos hallamos ante un contrato sustentando en un acto objetivo de comercio (art. 8, Cód. de Comercio), implicando prestaciones locativas y, en su caso, de suministro de comestibles[19]”. Su naturaleza jurídica sería, para cierta doctrina, una “locación de cosa con prestaciones combinadas de otros tipos contractuales, como la prestación de servicios y, en su caso, de suministros[20]”.
 Empero, interesa destacar que estaremos en presencia de un contrato de consumo cuando se perfeccione una relación de consumo, entre el consumidor y un proveedor (empresario hotelero), siendo aplicables las normas genéricas previstas en el Proyecto 2012 (arts. 1092, 1093, 1094, 1095, 1097 y 1100, entre otros) como en el régimen especial contenido en la ley 24.240 y sus modificatorias.
 Desde el punto de vista subjetivo, el Código Civil dispone que son partes del contrato de hospedaje los viajeros y los titulares de los establecimientos que se dediquen de modo profesional a brindar el servicio de hotelería. En tal sentido, se afirmó que “los contratos que celebran los hoteles son habitualmente de carácter comercial y de consumo, por lo que caen dentro de la normativa del Código de Comercio y de la ley 24.240[21]”.
 En su ámbito de aplicación por tanto se encuentran comprendidos dentro del tema desarrollado, las posadas, los hoteles “y todos aquellos cuya profesión consiste en dar alojamiento a los viajeros” (art. 2230). El Proyecto de Código Civil de 1998 (art. 1297), referido a establecimientos y locales asimilables, reza: “Las normas de esta sección se aplican a los hospitales, sanatorios, casas de salud y deporte, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares, que presten sus servicios a título oneroso”.
 En términos similares se expide el Proyecto 2012 (art. 1375) “Establecimientos y locales asimilables. Las normas de esta Sección se aplican a los hospitales, sanatorios, casas de salud y deporte, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que prestan sus servicios a título oneroso. La eximente prevista en la última frase del artículo 1371 no rige para los garajes, lugares y playas de estacionamiento que prestan sus servicios a título oneroso”.
 Por el contrario, el régimen legal vigente no se aplica “a los administradores de fondas, cafés, casas de baños y otros establecimientos semejantes, ni respecto de los viajeros que entren en las posadas, sin alojarse en ellas” (art. 2233) como tampoco se aplica “respecto de los locatarios de piezas, a particulares que no fuesen viajeros, o que no estén como huéspedes, ni respecto a las personas que viviendo o pudiendo vivir en los pueblos, alquilan piezas como locatarios en las posadas” (art. 2234).
 Desde el punto de vista objetivo, para el Código Civil son materia del contrato de hospedaje “los efectos introducidos en las posadas por los viajeros” (art. 2227) como los “carros y efectos de toda clase que hayan entrado en las dependencias de las posadas” (art. 2231), aplicándose extensivamente a los automóviles y muebles en general. El Proyecto de Código Civil de 1998 en su art. 1293, referido a los vehículos, dispone: “Los hoteleros también son responsables por la sustracción o daños que sufran los vehículos de los viajeros que reciban en el establecimiento, en garajes u otros lugares adecuados para guardarlos; no responden por las cosas dejadas en ellos”.
 La norma habla de los efectos introducidos, habiéndose interpretado que “debe tratarse de cosas susceptibles de ser introducidas (cosas muebles, semovientes, inmuebles por su carácter representativo)[22]”, incluyéndose expresamente a los vehículos o automóviles (art. 1370 inc. b, Proyecto 2012); distinguiéndose, en cambio, su valor ya que puede ser efectos comunes o de gran valor. Comprende “los efectos” de toda clase comprendiéndose el equipaje, dinero, joyas, ropa como también del medio de transporte, de propiedad del viajero, que se utilizó para llegar al hotel.
 Sin embargo, había sido objeto de aclaración la circunstancia que hayan sido traídos por los viajeros. Así, se sostuvo que “el depósito en las posadas abarca toda clase de efecto (...) sólo en cuanto hayan sido traídos por los viajeros durante su viaje. Los efectos que el viajero adquiera durante su estadía en la posada, por más que sean introducidos en ella, escapan a este régimen especial de depósito en las posadas[23]”.
 II.4 Momento del perfeccionamiento
 Una cuestión interesante resulta aquella de determinar cuál es el momento del perfeccionamiento del contrato. Así, se infiere del art. 2229 del Código Civil un período precontractual, cuando reza: “el depósito hecho en las posadas se verifica por la introducción en ellas de los efectos de los viajeros, aunque expresamente no se hayan entregado al posadero o sus dependientes, y aunque ellos tengan la llave de las piezas donde se hallen los efectos”. Es el caso del viajero que llega a una ciudad, “en su aeropuerto, en el puerto, en la estación de ómnibus, y puede entregar sus pertenencias a alguien perteneciente al hotel que lo va a buscar; todavía no se alojó, pero ya rige el depósito[24]”.
 Aquí es donde se advierte el yerro de la metodología elegida. En efecto, cabe advertir que el depósito como contrato del Código Civil vigente, ya sea en sus subtipos regular o irregular, se perfecciona por la entrega de la cosa, es decir es un contrato real: antes de la entrega de la cosa no hay contrato; por ende, no es válida la promesa de contrato de depósito. Sin embargo, en esta asimilación del depósito necesario a la introducción de efectos en las posadas, la ley consagra una tutela mucho más amplia para el equipaje en general de los pasajeros porque se verifica aunque “no se hayan entregado al posadero o sus dependientes”, lo que ha llevado a sostener que se ha producido “un giro hacia la consensualidad enderezada a garantizar la tutela del sujeto más débil de la relación contractual, es decir del viajero[25]”.
 Es por ello, que a partir del Proyecto de Código Civil de 1998, con la derogación de los contratos reales (art. 900) es posible que la mentada asimilación haya perdido parte de interés, por lo menos para la crítica. En efecto, el Proyecto de Código Civil de 1998 (art. 1291), referido al Depósito en los hoteles, reza: “El depósito en los hoteles tiene lugar por la introducción e ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los entreguen expresamente al hotelero o sus dependientes, y aunque aquéllos tengas las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos”. Por su parte, el Proyecto 2012 (art. 1369) expresa: “Depósito en hoteles. El depósito en los hoteles tiene lugar por la introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los entreguen expresamente al hotelero o sus dependientes y aunque aquéllos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos”.
 Como vemos si bien mantiene el término introducción al haberse derogado la categoría precitada, existe este período de responsabilidad precontractual aún cuando no se haya “depositado” los efectos en el hotel. Nos remitimos al siguiente capítulo para mayores precisiones.
 III.- De la responsabilidad del hotelero. Distintos supuestos. Comparación.
 III.1 La responsabilidad del hotelero en el Código Civil. Carácter. Limite
 Corresponde adelantar que en la regulación del ámbito de responsabilidad del hotelero, el Código Civil incluye una regulación de naturaleza jurídica bifronte, toda vez que posee normas de marcado carácter extracontractual (art. 1118, Cód. Civil) y otras de carácter contractual (art. 2230), que dentro del método seguido por Vélez resultan lógicas. En tal sentido se ha dicho que no hay inconveniente “en que se acumulen una responsabilidad extracontractual con una contractual, en el limitado sector donde se superponen los arts. 1118 y 2230: responsabilidad del posadero por los hechos de los dependientes dañosos para los efectos de los viajeros. El damnificado tiene la opción entre la vía extracontractual (art. 1118) y la contractual (art. 2230)[26]”.
 El Código Civil establece una doble responsabilidad agravada para estos casos, pudiéndose afirmar que se trata de una “responsabilidad contractual objetiva; de la que no se eximen demostrando su falta de culpa, y sólo pueden invocar el caso fortuito, pero también agravado (...) respondiendo por sus propios hechos y los de los dependientes, y también por los de las personas extrañas, como los proveedores[27]”.
 En principio, es dable advertir que el titular del establecimiento responde “de todo daño o pérdida que sufran los efectos de toda clase introducidos en las posadas, sea por culpa de sus dependientes o de las mismas personas que se alojan en la casa; pero no responden de los daños o hurtos de los familiares o visitantes de los viajeros” (art. 2230) como también “responde de los carros y efectos de toda clase que hayan entrado en las dependencias de las posadas”.
 Se advierten claramente dos excepciones a la regla de responder. Por un lado, no responden de aquellos daños ocasionados o de los hurtos realizados por familiares de los viajeros, debiendo acreditar esa negligencia. Por otro lado, tampoco responde por caso fortuito o fuerza mayor incluyéndose dentro de este concepto “los sucesos extraordinarios, imprevisibles, irresistibles y actuales que son causa adecuada del perjuicio y extraños al riesgo propio de la actividad o la culpa de la víctima o de ciertos terceros por los cuales no debe responder[28]”. Empero, se exige que sea un casus o una fuerza mayor más agravada[29] porque, por ejemplo, no es fuerza mayor la “introducción de ladrones en las posadas si no lo hiciesen con armas, o por escalamiento que no pudiese resistir el posadero” (art. 2237, Cód. Civ.).
 Comprende los efectos de toda clase comprendiéndose el equipaje, dinero, joyas, ropa como también del medio de transporte, de propiedad del viajero, que se utilizó para llegar al hotel. Sin embargo, se dispone un limite indirecto, en palabras de Lorenzetti, que se aplica cuando el pasajero no notifica al hotelero que lleva bienes u objetos de gran valor, por lo cual “no hay responsabilidad[30]”. Se ha explicado la naturaleza jurídica de esta notificación, afirmándose que se trata de una carga que “pesa sobre el viajero, es decir de un imperativo en su propio interés, ya que de no cumplimentar la exigencia legal de informar al hotelero de la existencia de objetos de valor en su equipaje (por ejemplo, joyas, divisas, monedas antiguas, obras de arte, etc.), o bien de mostrarlos si se lo pidiere, no puede endilgar responsabilidad alguna a este último en caso de pérdida o deterioro de dichos objetos[31]”.
 III.2 La responsabilidad del hotelero en el Proyecto 2012. Comparación y diferencias
 El Proyecto 2012 (1370) dispone: “Responsabilidad: El hotelero responde al viajero por los daños y pérdidas sufridos en: a) los efectos introducidos en el hotel; b) el vehículo guardado en el establecimiento, en garajes u otros lugares adecuados puestos a disposición del viajero por el hotelero”.
 De su lectura puede advertirse que la técnica legislativa supera a la del Código de Vélez, en tanto agrupa los artículos que se referían a la responsabilidad por daños del posadero, ya sea sobre los efectos de toda clase (art. 2230, Cód. Civ.) como de los carros (art. 2231, Cód. Civ.), en una sola norma, actualizando su redacción: por ejemplo, el vocablo carros por el más moderno de vehículos.
 La norma comentada resulta, también, más acertada desde el punto de vista técnico, que la contenida en el Proyecto de 1998 (art. 1292) que disponía la responsabilidad del hotelero “salvo caso fortuito externo a su actividad” y además incluía un límite máximo de “cien veces el precio convenido por persona para cada día de alojamiento, salvo que la pérdida o el daño sean atribuibles a culpa del hotelero o a la de sus dependientes”. Se ha explicado que “las razones invocadas para no fijar límites de responsabilidad residen según se expresa, en que se sancionan normas que permiten a las partes resolver entre si los problemas que se susciten, que el hotelero debe asumir los riesgos derivados de su actividad lucrativa, entre los cuales se encuentran los daños o pérdidas de las cosas introducidas, y que estos riesgos son normalmente asegurables[32]”.
 III.3 Análisis. Consecuencias prácticas
 El Proyecto 2012 dispone un único precepto de responsabilidad por daños. Sin embargo, parafraseando a López de Zavalía, podríamos decir que su texto se infiere de los principios generales. El sujeto activo será el viajero o pasajero en tránsito que se aloje en el hotel. El sujeto pasivo será el hotelero, debiéndose interpretar que será aquella persona física o jurídica (titular del establecimiento) que se dedique de modo profesional a brindar el servicio de hotelería.
 El ámbito de aplicación de su obligación de responder implica dos supuestos: a) Los efectos introducidos en el hotel, dentro del marco del art. 1369 y siempre que se denuncie su valor, art. 1372 del Proyecto; b) El vehículo guardado en el establecimiento, “en garajes y otros lugares adecuados puestos a disposición del viajero por el hotelero”, pero no de las cosas dejadas adentro (art. 1371). Esta salvedad ha sido objeto de reciente crítica afirmándose que “se impone a los depositarios responder por lo dejado en ellos[33]”.
 A diferencia del Proyecto de 1998 (art. 1292) no se ha establecido una responsabilidad limitada a un monto máximo, sino que se ha dejado al libre arbitrio del juez y según las circunstancias del caso, lo que estimamos más acertado.
 III.4 De las eximentes de responsabilidad
 III.4.1 El Código Civil
 El Código Civil, en su art. 2232, prescribe que el posadero no se exime de su responsabilidad por avisos que ponga ni por cualquier pacto que la limite, siendo de ningún valor cualquier cláusula en contrario.
 En virtud de las características especiales de la custodia hotelera, el Código Civil incluyó una norma prohibiendo la eximición de responsabilidad del hotelero o posadero, ya sea por avisos que incluyera en su establecimiento anunciando que no respondía por los efectos introducidos, o bien por pactos posteriores que pretendieran evitar su responsabilidad agravada[34].
 Advertimos que esta norma está teñida de orden público, en el sentido que limita la autonomía de la voluntad de ambas partes, con una finalidad tuitiva para el viajero, siendo una reglamentación moderna dentro del Código Civil de Vélez.
 III.4.2 Del método del Proyecto 2012: Regla y excepciones
 La regla del régimen de responsabilidad específico del hotelero, en materia de daños, consiste en que responde frente al viajero por los daños en los efectos introducidos en el hotel y por el vehículo (art. 1370). Esta regla se integra con la norma de orden público prescripta en el art. 1374, que tiene por no escrita toda “cláusula que excluya o limite la responsabilidad del hotelero”.
 Las excepciones a dicha regla están contenidas en el artículo 1371[35], a la cuales denomina como eximentes, estableciendo dos supuestos: a) Caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera; b) Por las cosas dejadas en los vehículos de los viajeros.
 La primera excepción ya estaba contenida en el Proyecto de 1993 (art. 1367) siempre y cuando el caso fortuito o la fuerza mayor fueran “notoriamente ajenos al riesgo de su actividad”, entendiéndose a contrario que deben responder, por lo general a través de un seguro de responsabilidad civil, de todo daño causado por un siniestro incluido o propio de su actividad. En la segunda excepción, tampoco responderán por las cosas dejadas en los vehículos de los viajeros, pero si sobre el automóvil propiamente dicho, aspecto por demás criticable, como ya señalamos.
 Sin embargo, el régimen debe ser completado con los artículos 1372 y 1373 del Proyecto que permiten limitar la responsabilidad del hotelero por aquellos efectos de valor superior que no sean denunciados y guardados en las cajas de seguridad a su disposición en el establecimiento, permitiéndose responder hasta el límite del “valor declarado”; o bien, cuando sean “excesivamente valiosos en relación con la importancia del establecimiento, o su guarda causa molestias extraordinarias, los hoteleros pueden negarse a recibirlos”.
 El carácter de excepciones a la regla implica que su interpretación es restringida, por tratarse de un contrato de consumo.
 III.5 De las cosas de valor
 La responsabilidad del posadero por los efectos introducidos en las posadas es objeto de tratamiento por el Código Civil, estableciéndose como regla su responsabilidad objetiva. Sin embargo, el art. 2235 establece un límite a dicha responsabilidad para cuando el viajero introduzca objetos de gran valor, que no se llevan ordinariamente en un viaje, imponiéndole la carga de denunciárselo al hotelero, bajo apercibimiento de eximirlo de la obligación de responder para el caso de pérdida.
 III.5.1 Objetos de gran valor. Carga de aviso
 El artículo 1372[36] del Proyecto impone la carga al viajero de hacer saber al hotelero que trae objetos de gran valor para que sean debidamente resguardados. La norma reconoce su antecedente en el art. 2235 del Cód. Civ. que establecía un deber de hacer saber al posadero dicha circunstancia.
 La doctrina infería del artículo anterior una clasificación y una limitación. Se distinguía entre objetos o efectos de gran valor y aquellos comunes u ordinarios, encontrándose dentro de la norma los primeros. Estos objetos valiosos podían ser “joyas, títulos, sumas de dinero importantes, etc.[37]”. Empero, lo más relevante era la limitación, en virtud de la cual estos efectos de gran valor debían ser aquellos que el viajero haya traído consigo, por lo cual no comprendían los “efectos que el viajero adquiera durante su estadía en la posada, por más que sean introducidos en ella, escapan a este régimen especial de depósito en las posadas[38]”.
 La norma proyectada mejora la redacción del art. 2235 Cód. Civ. eliminando el signo de puntuación, y además incluyendo términos más modernos como “efectos de valor superior a los que ordinariamente llevan los pasajeros”. Mantiene la carga de hacerlo conocer al hotelero, pero impone la obligación de guardarlos en las cajas de seguridad que se encuentren en el establecimiento, por lo común, se encontrarán en la propia habitación del pasajero. Sin embargo, elimina la obligación de mostrárselos al hotelero, ya que bastará con la declaración jurada del pasajero, realizada por lo común en un formulario tipo, siendo aplicables las normas del contrato de consumo del Proyecto como del régimen específico de la ley 24.240.
 La fuente inmediata de la norma es el art. 1295 del Proyecto de 1998. Por su parte, el Proyecto de 1993 (art. 1364) en su segundo párrafo agregaba que: “Si en el hotel no hubiere cajas de seguridad o si, por su tamaño o cualquier otra circunstancia, ellas no fueren adecuadas para guardarlos, el viajero deberá entregarlos en custodia al hotelero”.
 III.5.2 Efectos del incumplimiento del viajero
 El art. 2235 del Cód. Civ. prescribe que la falta de conocimiento del posadero de los efectos de gran valor que trae consigo el viajero, o bien el incumplimiento de la obligación de mostrárselos implica que no sea responsable por su pérdida. En otros términos, “queda aquél exento de responsabilidad ante la imposibilidad de llevar a cabo medidas de seguridad para el resguardo conveniente de esos objetos[39]”.
 Por el contrario, el Proyecto 2012 ha seguido otro criterio, que estimamos más acorde con el desarrollo de la responsabilidad civil en nuestros días, y que consiste en establecer un límite a la responsabilidad del hotel: el valor declarado de los efectos depositados.
 Como ya vimos, se trata de uno de los pocos supuestos 3⁄4con carácter de excepción3⁄4 que contiene el régimen especial y que permite al hotelero limitar su responsabilidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la norma. En efecto, no debe olvidarse que estamos en presencia de un contrato de consumo (art. 1093, Proyecto 2012), el cual se perfecciona entre un consumidor y un proveedor, debiéndose interpretar sus cláusulas “conforme con el principio de protección del consumidor” y prevaleciendo aquella hermenéutica más favorable al consumidor (art. 1094, Proyecto 2012).
 III.5.3 De la negativa a recibir
 El Código Civil no establece una opción para que el hotelero se niegue a recibir efectos demasiado valiosos o bien cuando su guarda le cause molestias.
 III.5.4 Clasificaciones de los objetos
 El Código Civil establece la responsabilidad del posadero haciendo una clasificación de los efectos que traigan los viajeros, a saber: a) Responsabilidad objetiva por “los efectos de toda clase” (art. 2230); b) Responsabilidad objetiva “de los carros y efectos de toda clase” (art. 2231); c) Exención de responsabilidad para “efectos de gran valor” para el caso no hacerlo saber al posadero (art. 2235)
 De esta enumeración resulta sencillo concluir que existen efectos comunes o de toda clase que llevan ordinariamente los pasajeros cuando viajan, de aquellos otros que son de gran valor, y que no llevan regularmente consigo (joyas, sumas importantes de dinero, etc.)
 Por el contrario, de la lectura de las normas aplicables (arts. 1369, 1370, 1372) del Proyecto 2012, se infiere otra clasificación: a) Efectos comunes de los viajeros y vehículos; b) Efectos de valor superior; c) Efectos excesivamente valiosos; d) Efectos que causan molestias ordinarias; e) Efectos que causan molestias extraordinarias.
 III.5.5 Consecuencias prácticas
 El supuesto a), que ya hemos analizado, determina que la responsabilidad para los efectos comunes de los viajeros y sus vehículos es de naturaleza objetiva, respondiendo el hotelero por cualquier daño que sufrieren. El supuesto b), también ya analizado (art. 1372, Proyecto 2012) dispone una excepción a la regla antedicha y limitando la responsabilidad al valor declarado de los efectos.
 En cambio, el art. 1373[40] prescribe ahora la negativa a recibir objetos por parte del hotelero que sean “excesivamente valiosos”. Se explica en los Fundamentos que el “hotelero debe asumir una serie de riesgos derivados de la actividad, que son normalmente asegurables; en cambio, cuando hay objetos de valor que exceden ese riesgo, puede pactar la exclusión”. En este supuesto c) el criterio dependerá de las circunstancias de hecho, puesto que los efectos serán excesivamente valiosos “en relación con la importancia del establecimiento”. No será lo mismo, por ejemplo, un auto importado de alta gama que se encuentre resguardado en un garaje de un hotel cinco estrellas, que en uno de rango inferior. Parafraseando a López de Zavalía: “Hay posadas y posadas y hay viajeros y viajeros[41]”.
 Por otra parte, el supuesto d) nos parece que no implica inconveniente alguno para el hotelero, encontrándose dentro del régimen de responsabilidad objetiva y no puede negarse a recibirlos. Por último, el supuesto e), es decir cuando los efectos de su guarda si causare molestias al hotelero o a los demás huéspedes, resulta factible incluir una cláusula de limitación o de liberación de responsabilidad por parte del titular del establecimiento. O bien, directamente, negarse a recepcionarlo en su hotel, configurándose otra excepción al régimen habitual de responsabilidad del hotelero.
 El Proyecto de 1993 (art. 1366) tiene un texto similar al proyectado, pero permitía clasificar la negativa del hotelero en fundada e infundada. En el segundo caso, incluía como último párrafo el siguiente texto: “Si su negativa fuere injustificada, responderán por las consecuencias de dicha negativa”. El mismo criterio fue seguido por el Proyecto de la Comisión Federal de Juristas de 1993 (art. 2230) que disponía: “Los propietarios responden por las consecuencias de su injustificada negativa a recibir las cosas que se le hubieran ofrecido en custodia”. Por su parte, el Proyecto de 1998 (art. 1296) optó por incluir dos opciones a favor del hotelero: a) Negarse a recibir los efectos excesivamente valiosos; b) Convenir con el pasajero la limitación o exclusión de su responsabilidad.
 III.6 De las cláusulas de responsabilidad
 Este apartado, a nuestro juicio, posee una importancia superlativa y es por ello que preferimos incluirlo como un acápite especial.
 En efecto, recordemos que el Código Civil (art. 2232), ya incluía una norma moderna fundada en el orden público clásico que tacha de nula toda eximición de responsabilidad por parte del posadero, ya sea por avisos que ponga como por cualquier pacto o cláusula que implique limitarla.
 III.6.1 De las cláusulas de eximición de responsabilidad. Regla y excepción
 El artículo 1374[42] dispone que como regla toda cláusula que excluya o limite la responsabilidad del hotelero se tiene por no escrita. Es decir, que toda cláusula que incluya el titular del establecimiento en el contrato o bien mediante avisos o carteles en las zonas comunes del hotel o garajes, en las cuales pretenda eximirse de su eventual responsabilidad civil serán consideradas nulas, debiéndose integrar el contrato por el juez. Ya advertimos que esta norma está teñida de orden público, en el sentido que limita la autonomía de la voluntad de ambas partes, con una finalidad tuitiva para el viajero. Además, dentro de la configuración moderna del contrato de hospedaje como contrato de consumo, permite la aplicación de los artículos 1117 y concordantes del Proyecto en tanto régimen general como también el art. 37 in fine de la LDC, en tanto régimen especial, que dispone la nulidad de aquellas cláusulas que limiten la responsabilidad del proveedor, en desmedro del consumidor, considerándolas abusivas.
 Empero, el sistema incluye también excepciones a dicha regla y son aquellas cláusulas que permiten limitar la responsabilidad del hotelero con relación a los efectos de valor superior (art. 1372, Proyecto 2012) y puede excluir su responsabilidad negándose a recibir efectos excesivamente valiosos del viajero (art. 1373, Proyecto 2012). Salvo estas excepciones, que tienen interpretación restrictiva, el titular del establecimiento no puede eximirse de responsabilidad por daños a los efectos de los viajeros.
 III.6.2 Conclusión
 En otras palabras, salvo los supuestos de declaración de objetos de valor (art. 1372, Proyecto 2012) y guarda en cajas de seguridad en los cuales el hotelero limita su responsabilidad al valor declarado y la negativa a recibir los efectos de excesivamente valiosos o molestos (art. 1373, Proyecto 2012), en ningún caso se puede incluir cláusula alguna que limite la responsabilidad del titular del establecimiento.
 IV.- De los establecimientos asimilables
 En el Código de Vélez no existían una norma similar que dispusiera que la las normas de la sección del depósito necesario fueran aplicables a otros establecimientos análogos; por supuesto, salvo para excluir la aplicación del régimen a aquellas “fondas o cafés”, como vimos más arriba.
 Sin embargo, ya había sido propiciada por la doctrina[43] y por anteriores proyectos de unificación[44] para resguardar aquellos objetos introducidos en establecimientos en los cuales se materializa una obligación de custodia, ya sea como objeto principal o accesorio.
 IV.1 Ámbito de aplicación. Comparación
 El art. 1375 del Proyecto 2012 incluye una cláusula de extensión para todos aquellos establecimientos que se dediquen, de un modo profesional, al resguardo de objetos o efectos a título oneroso, pudiendo ser 3⁄4a nuestro juicio3⁄4 tanto públicos como privados, como también comerciales o bien comprendidos en el ámbito del consumidor. De este modo, el régimen de responsabilidad específico, de naturaleza objetiva, que se regula para el hotelero y que fuera objeto de análisis, se aplica también a todos aquellos establecimientos que cumplan una función similar.
 La enumeración es claramente enunciativa, quedando a cargo de la doctrina incluir los denominados “establecimientos similares” que también prestan el servicio de guarda o custodia.
 La norma tiene sus antecedentes en los proyectos de unificación anteriores, introduciéndose algunas modificaciones en la enumeración, pudiendo ser útil una comparación en su redacción. En el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (art. 1369) sólo comprendía “a los hospitales, sanatorios, casas de salud, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares, que prestaren sus servicios a título oneroso”. El Proyecto de la Comisión Federal contenía una escueta enumeración (art. 2233): “a los sanatorios, hospitales, casas de salud y establecimientos similares”. En el Proyecto de Código Civil de 1998, en cambio, la redacción es casi idéntica al primer párrafo del artículo comentado.
 Por el contrario, el segundo párrafo del art. 1375 del Proyecto 2012, en cuanto prescribe la inaplicabilidad de la eximente de responsabilidad contenida en el art. 1371 segundo párrafo, es un agregado original del Proyecto, y que será objeto de análisis a continuación.
 IV.2 De la limitación y exclusión. Una crítica fundada
 Se establecen dos clases de precisiones. La primera es una limitación de índole genérico estriba en que se trate de un contrato a título oneroso, es decir que deben existir ventajas y sacrificios recíprocos de las partes, impidiendo su aplicación analógica a los contratos a título gratuito en los cuales sólo existe una ventaja, por razones de equidad.
 La segunda se trata de una exclusión, de naturaleza específica, estipulándose que la eximente de responsabilidad prevista en la última frase del art. 1371, en la cual se prescribe que el hotelero no responde por las cosas dejadas en los vehículos, no resulta de aplicación para los “garajes, lugares y playas de estacionamiento que prestan sus servicios a título oneroso”. Ello resulta razonable en virtud que, en esos contratos, la obligación de custodia tiene el carácter de nuclear y alguna doctrina la considera de resultado, debiéndose restituir el automóvil en el mismo estado en el cual se lo recibió.
 En nuestra opinión, teniendo en cuenta el desarrollo doctrinario y jurisprudencial como la importancia económica que tiene en nuestros días el contrato de garaje, hubiera sido recomendable su tipificación por el Proyecto. En otros términos, lo ideal hubiera sido su incorporación como contrato particular dentro del Título IV, y no regular exclusivamente la responsabilidad del titular del establecimiento que se dedica a título oneroso a brindar un servicio de garaje.
 Esperamos haber brindado un panorama descriptivo de los cambios propiciados por el Proyecto de Código Civil 2012 al contrato de hotelería, en el cual ya hemos advertido consecuencias favorables y otras desfavorables. No hemos desarrollado, por razones de espacio, la sección 4a nominada como “Casas de depósito” dejándola para posteriores estudios.
 En suma, podemos concluir que las modificaciones proyectadas han seguido en su mayoría a las normas del Proyecto de Código Civil de 1998, introduciéndose pocos agregados originales, pero que persiguen la finalidad de obtener mayor seguridad jurídica para un contrato que pide a gritos su tipificación legal, sobre la cual avizoramos su próxima inclusión como lo que es, un verdadero contrato autónomo.
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 (*) Profesor Adjunto de Derecho Civil III (Contratos), Universidad Católica de Santiago del Estero, DASS. Secretario de la sede Jujuy, del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales, dependiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
 [1] MOEREMANS, Daniel E., “Responsabilidad del hotelero en el contrato de hospedaje u hotelería”, en LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P. (dir.), Responsabilidad civil. Homenaje al Profesor Doctor René A. Padilla, La Ley, Buenos Aires, 2010, pág. 355.
 [2] Cfr., PETIT, Eugene, Tratado elemental de Derecho Romano, traducido de la 9 edición francesa y aumentado con copiosas notas por José FERRANDEZ GONZÁLEZ, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1975, pág. 476: “es decir, un depósito al que se ha visto forzado por alguna catástrofe, como un naufragio o un incendio”.
 [3] Conf., FACCO, Javier H., “Depósito”, en NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, pág. 808.
 [4] LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 475, agregando: “Bien se ha observado que habiendo desaparecido esas circunstancias, la regulación especial de la custodia hotelera se justifica hoy en la idea de riesgo profesional”.
 [5] SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 797: “La severidad primitiva ha disminuido y resulta no justificable que el hotelero se obliga a asegurar, con más cuidado que un depositario, la seguridad de los efectos del viajero, salvo en aquello de que la circulación en el hotel, torna necesaria la vigilancia del hotelero, ya que el viajero no puede ejercerla en forma eficiente por sí mismo”.
 [6] LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 683, quien menciona que “Vélez se inclinó por la doctrina francesa, la cual lo consideraba depósito necesario, a diferencia de lo que ocurría en el Derecho Romano y en las leyes de Partidas (...) La evolución posterior, principalmente en el antiguo Derecho francés, flexibilizó esta postura a fin de permitir que fuera probado por testigos, y se lo consideró un depósito necesario, lo que fue incorporado al Código Napoleón”.
 [7] SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 797 y sig.
 [8] FACCO, Javier H., “Depósito”, en NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, pag. 810. Parecería sustentar esta tesis, por lo menos, para el derecho vigente Spota-Leiva Fernández. Cfr., SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 801: “empero, con respecto a los efectos introducidos por los viajeros surge el contrato de depósito necesario”.
 [9] LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 474, justificando que “no hay contrato autónomo de depósito nos paree por demás evidente, ya que es requisito de la custodia hotelera el que haya hospedaje. Y que la custodia hotelera resulta directamente de una cláusula imperativa del contrato de hospedaje, lo afirmamos con apoyo en el art. 2323”.
 [10] SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 800.
 [11] Conf., SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 797.
 [12] LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 684, quien agrega: “En la hotelería actual, hay una gran organización que aúna hoteles, compañías de turismo, servicios de transporte, empresas que mandan a sus empleados, todo lo cual conforma un núcleo compacto que actúa en red, frente a un consumidor que sólo adhiere, y con un alto grado de cautividad”.
 [13] FACCO, Javier H., “Depósito”, en NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, pág. 809 y sig.
 [14] LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 687.
 [15] Cfr., LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. 2a edición, Zavalía, Buenos Aires, 2001, t. 3, pág. 497.
 [16] Conf., MOEREMANS, Daniel E., “Responsabilidad del hotelero en el contrato de hospedaje u hotelería”, en LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P. (dir.), Responsabilidad civil. Homenaje al Profesor Doctor René A. Padilla, La Ley, Buenos Aires, 2010, pág. 356.
 [17] Conf., LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. 2a edición, Zavalía, Buenos Aires, 2001, t. 3, pág. 499, tomando partido por dicha caracterización y afirmando que los distintos autores no se ponen de acuerdo: “Ven unos en el hospedaje un subtipo de la locación de cosas, mientras otros lo subsumen en la locación de servicios, o en la de obra, o lo presentan como una combinación de contratos, lo que nos lleva al terreno de lo innominado, atípico, calificación ésta que sustenta buen número de autores”. Por nuestra parte, hasta tanto se incluya una expresa regulación legal, es un contrato atípico o bien cuenta con tipicidad social.
 [18] Conf., LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 684.
 [19] SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 798: “Esa combinación de obligaciones, frente a la obligación única del viajero, o sea pagar el precio, nos enfrenta ante el contrato combinado, pero ene cual lo decisivo es el aspecto locativo, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el depósito necesario, tratándose del viajero que no se subsume en el art. 2233. O sea, que o todo contrato de hotelería implica un depósito necesario”.
 [20] Cfr., SPOTA, Alberto G. – LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P., Contratos. Instituciones de Derecho Civil, t. VII, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 801: “empero, con respecto a los efectos introducidos por los viajeros surge el contrato de depósito necesario”
 [21] Cfr., LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 685.
 [22] LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 480.
 [23] LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 481.
 [24] LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 687, con cita de Jorge MOSSET ITURRASPE.
 [25] Conf., FACCO, Javier H., “Depósito”, en NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, pág. 811.
 [26] Conf., LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 487 y sig.
 [27] LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 687. Conf., FACCO, Javier H., “Depósito”, en Nicolau, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, pág. 812.
 [28] MOEREMANS, Daniel E., “Responsabilidad del hotelero en el contrato de hospedaje u hotelería”, en LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F.P. (dir.), Responsabilidad civil. Homenaje al Profesor Doctor René A. Padilla, La Ley, Buenos Aires, 2010, pág. 370.
 [29] Conf., LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 687.
 [30] LORENZETTI, Ricardo L., Tratado de los contratos, Reimpresión, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, t. III, pág. 688.
 [31] FACCO, Javier H., “Depósito”, en NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. II, pág. 812.
 [32] Conf., GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., “Depósito, mutuo, comodato y donación”, en RIVERA, Julio C. (dir.) – MEDINA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, pág. 734.
 [33] GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., “Depósito, mutuo, comodato y donación”, en RIVERA, Julio C. (dir.) – MEDINA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, pág. 733.
 [34] Decimos responsabilidad agravada, habiéndose afirmado por Lorenzetti que se trata de una “responsabilidad contractual objetiva; de la que no se eximen demostrando su falta de culpa, y sólo pueden invocar el caso fortuito, pero también agravado (...) respondiendo por sus propios hechos y los de los dependientes, y también por los de las personas extrañas, como los proveedores”.
 [35] Las fuentes de la norma comentada son: Código Civil, art. 2232; Proyecto de unificación de 1987, art. 2234; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1367; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1293.
 [36] Las fuentes de la norma son: Código Civil, art. 2235; Proyecto de unificación de 1987, art. 2230; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1364; Proyecto de la Comisión Federal de Juristas de 1993, arts. 2227 y 2228; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1295.
 [37] CIFUENTES, Santos (Director) – SAGARNA, Fernando A. (Coordinador), Código Civil. Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. III.
 [38] LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 481.
 [39] CIFUENTES, Santos (Director) – SAGARNA, Fernando A. (Coordinador), Código Civil. Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. III.
 [40] Sus fuentes son: Proyecto de unificación de 1987, art. 2232 y 2233; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1366; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1296.
 [41] LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 481.
 [42] Las fuentes de la norma comentada son: Código Civil, art. 2232; Proyecto de unificación de 1987, art. 2235; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1368; Proyecto de la Comisión Federal de Juristas de 1993, art. 2232; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1294.
 [43] Conf., LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., Teoría de los contratos. Parte especial (3), Zavalía, Buenos Aires, Reimpresión, 2003, t. 4, pág. 485: “Razonable y respetuosa de la letra, es esta otra interpretación: quedan incluidos los establecimientos públicos de todo género en que habiten personas. No solo las posadas sino también los hospitales, sanatorios, albergues universitarios, casas de retiro, hospicios, etc.”, con cita de Aguiar y de Borda.
 [44] A tales efectos, remitimos al Proyecto de unificación de 1987, art. 2216; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1369; Proyecto de la Comisión Federal de Juristas de 1993, art. 2233; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1297.


type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 EVROPSKÁ KOMISE
 V Bruselu dne 14.12.2015
 COM(2015) 641 final
 2015/0292(NLE)
 Návrh
 ROZHODNUTÍ RADY
 o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 DŮVODOVÁ ZPRÁVA
 Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé byla podepsána v Bruselu dne 1. dubna 2002 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006.
 Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chorvatská republika k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy prostřednictvím protokolu k těmto dohodám.
 Přiložený návrh představuje právní nástroj pro uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.
 Rada dne 14. září 2012
 1
 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi s cílem uzavřít příslušné protokoly. Jednání s Libanonskou republikou byla úspěšně uzavřena.
 Výsledky jednání jsou hodnoceny jako uspokojivé. Komise žádá Radu, aby přijala přiložená rozhodnutí o uzavření protokolu.
 Rada se vyzývá, aby protokol po obdržení souhlasu Evropského parlamentu uzavřela.
 2015/0292 (NLE)
 Návrh
 ROZHODNUTÍ RADY
 o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 RADA EVROPSKÉ UNIE,
 s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm a) této smlouvy,
 s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,
 s ohledem na návrh Evropské komise,
 s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
 vzhledem k těmto důvodům:
 (1)Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé byla podepsána v Bruselu dne 1. dubna 2002 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006.
 (2)Chorvatská republika se stala členským státem Evropské unie dne 1. července 2013.
 (3)Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má být přistoupení Chorvatské republiky k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé schváleno formou protokolu k uvedené dohodě uzavřeného mezi Radou, jež jedná jménem Unie a jednomyslně jménem členských států, a Libanonskou republikou.
 (4)Dne 14. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi. Jednání s Libanonskou republikou byla úspěšně uzavřena. Přístupový protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl podepsán jménem Evropské unie a jejích členských států v [...] dne [...].
 (5)Protokol by měl být schválen,
 PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
 Článek 1
 Jménem Evropské unie a jejích členských států se schvaluje Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 2
 .
 Znění protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.
 Článek 2
 Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Evropské unie a jejích členských států oznámení stanovené v článku 7 protokolu vyjadřující souhlas Evropské unie a jejích členských států být protokolem vázány.
 Článek 3
 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem ....
 V Bruselu dne
 Za Radu
 předseda/předsedkyně
 (1)
 Rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání o úpravě podepsaných nebo uzavřených dohod mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dokument Rady č. 13351/12 LIMITED).
 (2)
 Znění bylo zveřejněno v [odkaz na Úřední věstník] spolu s rozhodnutím o podpisu.
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 EVROPSKÁ KOMISE
 V Bruselu dne 14.12.2015
 COM(2015) 641 final
 PŘÍLOHA
 PROTOKOLk Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 EMPTY
 NávrhuROZHODNUTÍ RADY
 o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 PŘÍLOHA
 PROTOKOL
 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
 BULHARSKÁ REPUBLIKA,
 ČESKÁ REPUBLIKA,
 DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
 ESTONSKÁ REPUBLIKA,
 IRSKO,
 ŘECKÁ REPUBLIKA,
 ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
 FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
 CHORVATSKÁ REPUBLIKA,
 ITALSKÁ REPUBLIKA,
 KYPERSKÁ REPUBLIKA,
 LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
 LITEVSKÁ REPUBLIKA,
 LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
 MAĎARSKO,
 REPUBLIKA MALTA,
 NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
 RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
 POLSKÁ REPUBLIKA,
 PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
 RUMUNSKO,
 REPUBLIKA SLOVINSKO,
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
 FINSKÁ REPUBLIKA,
 ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
 smluvní strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „členské státy“) zastoupené Radou Evropské unie,
 a
 EVROPSKÁ UNIE (dále jen „Evropská unie“)
 na jedné straně
 a
 LIBANONSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Libanon“)
 na straně druhé
 pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,
 vzhledem k těmto důvodům:
 (1)Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (dále jen „Evropsko-středomořská dohoda“) byla podepsána v Bruselu dne 1. dubna 2002 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006.
 (2)Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) byla podepsána v Bruselu dne 9. prosince 2011 a vstoupila v platnost dne 1. července 2013.
 (3)Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má být její přistoupení k dohodě schváleno uzavřením protokolu k dohodě.
 (4)Proběhly konzultace podle čl. 22 odst. 2 Evropsko-středomořské dohody, aby se zajistilo zohlednění oboustranných zájmů Unie i Libanonu,
 SE DOHODLY TAKTO:
 Článek 1
 Chorvatská republika přistupuje jako smluvní strana k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé a přijímá a bere na vědomí, stejně jako ostatní členské státy Unie, znění dohody i společných prohlášení a prohlášení.
 KAPITOLA I
 Změny znění Evropsko-středomořské dohody a zejména jejích příloh a protokolů
 Článek 2
 Pravidla původu
 Protokol 4 se mění takto:
 1.V čl. 18 odst. 4 se doplňuje nová věta, která zní: „Izdano naknadno“.
 2.Příloha V se nahrazuje tímto:
 1. Příloha V
 ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ NA FAKTUŘE
 Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.
 Bulharské znění
 Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение No ... (
 1
 ) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (
 2
 ).
 Španělské znění
 El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ...(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial...(2).
 České znění
 Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).
 Dánské znění
 Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
 Německé znění
 Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
 Estonské znění
 Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
 Řecké znění
 Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
 Anglické znění
 The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
 Francouzské znění
 L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).
 Chorvatské znění
 Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .(1)..) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.
 Italské znění
 L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
 Lotyšské znění
 Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).
 Litevské znění
 Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.
 Maďarské znění
 A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.
 Maltské znění
 L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... (2).
 Nizozemské znění
 De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...oorsprong zijn (2).
 Polské znění
 Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.
 Portugalské znění
 O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
 Rumunské znění
 Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ... (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).
 Slovinské znění
 Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.
 Slovenské znění
 Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia ... (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).
 Finské znění
 Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.
 Švédské znění
 Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).
 Arabské znění
 .................................................................................................................................................. (
 3
 ) (Místo a datum)
 .................................................................................................................................................. (
 4
 )
 (Podpis vývozce; dále musí být čitelně uvedeno jméno osoby, která prohlášení podepisuje.)
 KAPITOLA II
 Přechodná ustanovení
 Článek 3
 Tranzit zboží
 Ustanovení dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Libanonu do Chorvatska nebo z Chorvatska do Libanonu, které je v souladu s ustanoveními protokolu 4 dohody a které bylo ke dni přistoupení Chorvatska buď na cestě, nebo v dočasném uskladnění nebo v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Libanonu nebo v Chorvatsku.
 V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, je-li celním orgánům dovážející země do čtyř měsíců ode dne přistoupení Chorvatska předložen doklad o původu vystavený dodatečně celními orgány vyvážející země.
 KAPITOLA III
 Závěrečná a obecná ustanovení
 Článek 4
 Libanonská republika se zavazuje, že v souvislosti s tímto rozšířením Unie nevznese žádný nárok, požadavek či žalobu, ani nezmění či nestáhne žádnou koncesi podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII GATT 1994.
 Článek 5
 V přiměřené lhůtě po parafování tohoto protokolu sdělí Unie svým členským státům a Libanonské republice chorvatské jazykové znění dohody. S výhradou vstupu tohoto protokolu v platnost se jazykové znění uvedené v první větě tohoto článku stává platným za stejných podmínek jako anglické, arabské, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské jazykové znění dohody.
 Článek 6
 Tento protokol je nedílnou součástí dohody.
 Článek 7
 Tento protokol schválí Evropská unie, Rada Evropské unie jménem členských států a Libanon podle svých postupů. Strany si vzájemně oznámí dokončení postupů potřebných k tomuto účelu. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.
 Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si všechny strany navzájem oznámí, že byly dokončeny postupy k tomu nezbytné.
 Až do jeho vstupu v platnost bude protokol ode dne 1. července 2013 prováděn prozatímně.
 Článek 8
 Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, arabském, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.
 NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní a řádně zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.
 V ... dne ... roku ...
 Za Evropskou unii a její členské státy
 Za Libanonskou republiku
 (1)
 Činí-li prohlášení na faktuře schválený vývozce ve smyslu článku 22 protokolu, uvede se na tomto místě číslo povolení schváleného vývozce. Nečiní-li prohlášení na faktuře schválený vývozce, slova v závorkách se musí vynechat nebo musí místo zůstat prázdné.
 (2)
 Uvede se původ produktů. Týká-li se prohlášení na faktuře zcela nebo zčásti produktů pocházejících z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 38 protokolu, musí je vývozce zřetelně vyznačit na dokladu, na němž je prohlášení činěno, pomocí zkratky „CM“.
 (3)
 Tyto údaje lze vypustit, je-li informace uvedena v samotném dokladu.
 (4)
 Viz čl. 22 odst. 5 protokolu. Není-li vývozce povinen prohlášení podepisovat, vztahuje se toto osvobození i na jméno podepisující osoby.“


type: contracts

text:
 Ważna informacja prawna
 |
 22002D0007
 Dziennik Urzędowy L 088 , 04/04/2002 P. 0014 - 0017
 Decyzja Wspólnego Komitetu EOGnr 7/2002z dnia 1 lutego 2002 r.zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOGWSPÓLNY KOMITET EOG,uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,a także mając na uwadze, co następuje:(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. [1].(2) Decyzję Komisji 2001/397/WE z dnia 7 maja 2001 r. zmieniającą decyzję 98/483/WE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego zmywarkom do naczyń [2] należy włączyć do Porozumienia.(3) Decyzję Komisji 2001/405/WE z dnia 4 maja 2001 r. ustanawiającą kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły [3] należy włączyć do Porozumienia.(4) Decyzję Komisji 2001/540/WE z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniającą decyzję 98/634/WE ustanawiającą kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla materacy łóżkowych [4] należy włączyć do Porozumienia.(5) Decyzję Komisji 2001/607/WE z dnia 19 lipca 2001 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń [5] należy włączyć do Porozumienia.(6) Decyzję Komisji 2001/608/WE z dnia 19 lipca 2001 r. przedłużającą okres ważności decyzji 1999/10/WE ustanawiającej kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla farb i lakierów [6] należy włączyć do Porozumienia.(7) Decyzję Komisji 2001/686/WE z dnia 22 sierpnia 2001 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego programu dla komputerów osobistych [7] należy włączyć do Porozumienia.(8) Decyzję Komisji 2001/687/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego programu dla komputerów przenośnych [8] należy włączyć do Porozumienia.(9) Decyzję Komisji 2001/688/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego środkom ulepszania gleby i podłożom uprawowym [9] należy włączyć do Porozumienia.(10) Decyzję Komisji 2001/689/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego zmywarkom do naczyń [10] należy włączyć do Porozumienia.(11) Decyzje 2001/405/WE, 2001/686/WE, 2001/687/WE i 2001/688/WE ustalają 12 miesięczny okres wspólnej ważności dwóch kryteriów oznakowania ekologicznego począwszy od wejścia w życie decyzji,STANOWI, CO NASTĘPUJE:Artykuł 1W załącznik XX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:1) w pkt 2d (decyzja Komisji 98/483/WE) dodaje się co następuje:"zmieniony:— 32001 D 0397: decyzją Komisji 2001/397/WE z dnia 7 maja 2001 r. (Dz.U. L 139 z 23.5.2001, str. 21).";2) obecny pkt 2es otrzymuje oznaczenie pkt 2esa;3) po pkt 2er (decyzja Komisji 1999/698/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:"2es. 32001 D 0405: decyzja Komisji 2001/405/WE z dnia 4 maja 2001 r. ustanawiająca ustanawiającą kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (Dz.U. L 142 z 29.5.2001, str. 10).";4) z mocą od dnia 18 czerwca 2002 r. skreśla się pkt 2esa;5) w pkt 2em (decyzja Komisji 98/634/WE) dodaje się, co następuje:"zmieniony:— 32001 D 0540: decyzją Komisji 2001/540/WE z dnia 9 lipca 2001 r. (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 50).";6) po pkt 2esa (decyzja Komisji 98/94/WE) dodaje się co następuje:"2et. 32001 D 0607: decyzja Komisji 2001/607/WE z dnia 19 lipca 2001 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 30; sprostowanie: Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 34).";7) w pkt 2eh (decyzja Komisji 1999/10/WE) dodaje się co następuje:"zmieniony decyzją:— 32001 D 0608: decyzja Komisji 2001/608/WE z dnia 19 lipca 2001 r. (Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 43).";8) obecny pkt 2ep otrzymuje oznaczenie pkt 2epa;9) po pkt 2eo (decyzja Komisji 1999/179/WE) dodaje się co następuje:"2ep. 32001 D 0686: decyzja Komisji 2001/686/WE z dnia 22 sierpnia 2001 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego programu dla komputerów osobistych (Dz.U. L 242, 12.9.2001, str. 4; sprostowanie: Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 35).";10) z mocą od dnia 1 października 2002 r. skreśla się pkt 2epa;11) obecny pkt 2er otrzymuje oznaczenie pkt 2era;12) po pkt 2eq (decyzja Komisji 1999/427/WE) dodaje się co następuje:"2er. 32001 D 0687: decyzja Komisji 2001/687/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego programu dla komputerów przenośnych (Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 11).";13) z mocą od dnia 1 października 2002 r. skreśla się pkt 2era;14) obecny pkt 2ec otrzymuje oznaczenie pkt 2eca;15) po pkt 2eb (decyzja Komisji 94/10/WE) dodaje się co następuje:"2ec. 32001 D 0688: decyzja Komisji 2001/688/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego środkom ulepszania gleby i podłożom uprawowym (Dz.U. L 242, 12.9.2001, str. 17).";16) z mocą od dnia 1 października 2002 r. skreśla się pkt 2eca;17) obecny pkt 2d otrzymuje oznaczenie pkt 2da;18) po pkt 2c (decyzja Komisji 2000/45/WE) dodaje się co następuje:"2d. 32001 D 0689: decyzja Komisji 2001/689/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego zmywarkom do naczyń (Dz.U. L 242, 12.9.2001, str. 23).";19) z mocą od dnia 1 października 2002 r. skreśla się pkt 2da.Artykuł 2Teksty decyzji nr 2001/397/WE, 2001/405/WE, 2001/540/WE, 2001/607/WE; Sprostowanie: Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 34, 2001/608/WE, 2001/686/WE; Sprostowanie: Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 35, 2001/687/WE, 2001/688/WE i 2001/689/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie do EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.Artykuł 3Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 2 lutego 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu 103 ustęp 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [11].Artykuł 4Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2002 r.W imieniu Wspólnego Komitetu EOGP. WesterlundPrzewodniczący[1] Dz.U. L 65 z 7.3.2002, str. 44.[2] Dz.U. L 139 z 23.5.2001, str. 21.[3] Dz.U. L 142 z 29.5.2001, str. 10.[4] Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 50.[5] Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 30.[6] Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 43.[7] Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 4.[8] Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 11.[9] Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 17.[10] Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 23.[11] Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.--------------------------------------------------


type: wikipedia

text:
Les Plains-et-Grands-Essarts ist eine französische Gemeinde mit Einwohnern (Stand: ) im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté.
 Geographie
 Les Plains-et-Grands-Essarts liegt auf , neun Kilometer nordöstlich von Maîche und etwa 24 Kilometer südsüdöstlich der Stadt Montbéliard (Luftlinie). Das Dorf erstreckt sich im Jura, im Nordosten des Hochplateaus von Maîche, in einem breiten Becken am Nordfuß der Höhe von Verbois. Das Gemeindegebiet gehört zum Regionalen Naturpark Doubs-Horloger.
 Die Fläche des km2 großen Gemeindegebiets umfasst einen Abschnitt des französischen Juras. Der Hauptteil des Gebietes wird vom schwach reliefierten Becken von Les Plains eingenommen, das durchschnittlich auf 750 m liegt. Es ist überwiegend mit Wies- und Weideland bestanden und wird im Westen durch den schluchtartigen Einschnitt eines Trockentals begrenzt, das topographisch zum Einzugsgebiet des Baches Charbonney gehört. Das Plateau besitzt keine oberirdischen Fließgewässer, weil das Niederschlagswasser im verkarsteten Untergrund versickert. Flankiert wird das Becken im Norden von der Anhöhe Les Vérailles (). Daran schließt sich im Nordwesten die Talmulde von Trémeux (ebenfalls im Einzugsgebiet des Charbonney) und der Höhenrücken Queue de Veau () an, der das Hochplateau vom nördlichen Abschnitt des Doubs trennt. Nach Süden erstreckt sich das Gemeindeareal auf die bewaldete Höhe des Verbois () und auf den Höhenrücken von Montsassier, auf dem mit 945 m die höchste Erhebung von Les Plains-et-Grands-Essarts erreicht wird. Dieser Höhenrücken markiert den Übergang vom Becken von Les Plains zum südlichen Abschnitt des Doubstals.
 Zu Les Plains-et-Grands-Essarts gehören der Weiler Trémeux () am Südabhang der Queue de Veau sowie verschiedene Gehöfte. Nachbargemeinden von Les Plains-et-Grands-Essarts sind Soulce-Cernay und Courtefontaine im Norden, Indevillers im Osten, Fessevillers und Trévillers im Süden sowie Montandon im Westen.
 Geschichte
 Im Mittelalter gehörte Les Plains-et-Grands-Essarts zum Gebiet der Grafschaft La Roche von Saint-Hippolyte. Zusammen mit der Franche-Comté gelangte das Dorf mit dem Frieden von Nimwegen 1678 an Frankreich.
 Bevölkerung
 Mit Einwohnern (Stand ) gehört Les Plains-et-Grands-Essarts zu den kleinen Gemeinden des Départements Doubs. Nachdem die Einwohnerzahl in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich abgenommen hatte (1886 wurden noch 305 Personen gezählt), wurden seit Mitte der 1970er Jahre nur noch geringe Schwankungen verzeichnet.
 Sehenswürdigkeiten
 Die Geburts-Kirche (Église de l’Assomption) in Les Plains-et-Grands-Essarts wurde im 17. Jahrhundert erbaut und im 18. Jahrhundert verändert. Im Ortskern sind verschiedene Bauernhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert im traditionellen Stil des Haut-Doubs erhalten.
 Wirtschaft und Infrastruktur
 Les Plains-et-Grands-Essarts war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein vorwiegend durch die Landwirtschaft (Viehzucht und Milchwirtschaft) und die Forstwirtschaft geprägtes Dorf. Daneben gibt es heute einige Betriebe des lokalen Kleingewerbes. Viele Erwerbstätige sind auch Wegpendler, die in den umliegenden größeren Ortschaften ihrer Arbeit nachgehen.
 Die Ortschaft liegt abseits der größeren Durchgangsstraßen an einer Departementsstraße, die von Trévillers nach Indevillers führt. Weitere Straßenverbindungen bestehen mit Courtefontaine und Soulce-Cernay.
 Literatur
 Le Patrimoine des Communes du Doubs. Band 2, Flohic Editions, Paris 2001, ISBN 2-84234-087-6, S. 1259–1261.
 Weblinks
 Ort in Bourgogne-Franche-Comté


type: caselaw

jurisdiction: US

text:
 231 Md. 346 (1963)
 190 A.2d 533
 PINKSTON ET UX.
 v.
 SWIFT ET UX.
 [No. 222, September Term, 1962.]
 Court of Appeals of Maryland.
 Decided April 29, 1963.
 Motion for rehearing filed May 27, 1963.
 Denied June 14, 1963.
 The cause was argued before BRUNE, C.J., and PRESCOTT, HORNEY, MARBURY and SYBERT, JJ.
 Jack Pinkston for the appellants.
 Submitted on brief by Edward W. Cockrell for the appellees.
 SYBERT, J., delivered the opinion of the Court.
 This is an appeal from an order entered on July 27, 1962 denying a petition to vacate a decretal order of May 25, 1961 which refused specific performance of a lease-option agreement, and dismissing a bill of review filed to set aside the same decretal order.
 The appellants, Jack Pinkston and wife, leased from the appellees, Theodore S. Swift and wife, a house and lot in Silver Spring, Maryland, for six months from June 1, 1959 at $140.00 per month. The written lease provided that the appellants could, at their option, purchase the premises for $24,000.00 upon payment *349 of a deposit of $5,000.00 to the appellees on or before November 30, 1959, with all of the rent theretofore paid to be credited to the $5,000.00 payment, and settlement of the balance to be had within 30 days. According to the appellants, the appellees were in the process of making certain renovations and repairs to the premises at the time the lease was executed, and although the contract was silent on the subject, the appellants maintain that the appellees agreed, as an inducement for the signing of the contract by the appellants, that they would complete the work already in progress at their own cost. Having paid their rent for six months, the appellants, on November 30, 1959, sought to exercise their option to purchase by a letter so notifying the appellees and by allegedly depositing $4,160.00 ($5,000.00 less $840.00 rent paid) in an escrow account in a bank. Subsequently the appellants filed a bill for specific performance seeking a conveyance of the property and praying that the appellees be required to make certain repairs and renovations mentioned in the bill, or, in the alternative, that the appellants be authorized to make such repairs and renovations, with the cost thereof to be deducted from the purchase price of the property.
 Appellees filed an answer denying that they had made any agreement concerning repairs which induced the appellants to execute the lease, and denying that appellants had effectively exercised their option to purchase in accordance with the terms of the contract. They prayed that the bill be dismissed, that appellants be required to vacate the premises and to pay rent until they should do so, and that the appellants be ordered to make such repairs to the property as might be required for them to surrender the premises to the appellees in as good condition as when received, in accordance with the terms of the lease.
 The case came on for hearing before Judge Shure in the Circuit Court for Montgomery County on February 21, 1961. Mr. Pinkston, who is an attorney and represented himself and his wife throughout these proceedings, made an extended opening statement, as did counsel for the appellees. Mr. Pinkston then called to the stand Mrs. Swift, one of the appellees, and questioned her at some length concerning the condition of the property at the time the lease was entered into. He also introduced seven exhibits, consisting of the lease and six letters between *350 counsel, mainly concerned with the matter of repairs to the premises. Thereupon, after considerable discussion between the court and the attorneys as to the facts and issues involved in the case, counsel for both sides agreed that there was little dispute as to the facts and concluded that the divergence of opinion existed only as to the law. Thereupon the Chancellor said to counsel, "The facts apparently are clear", to which Mr. Pinkston replied, "That is entirely right, your Honor." The Chancellor then suggested that both counsel submit memoranda on the law, stating that if he thought additional testimony were needed it would be taken, and that if counsel wished to put on further testimony he would consider it. Several days later both counsel submitted memoranda, neither requesting the taking of further testimony. The court, on May 25, 1961, filed an opinion finding that the appellants' purported exercise of the option was ineffectual because they had not paid the deposit money to the appellees, as provided by the contract, but instead had allegedly deposited it in an escrow account in a bank, and because appellants had expressly sought to attach certain impermissible conditions to the exercise of the option. Filed with the opinion was a decretal order which dismissed the bill for specific performance, ordered the appellants to deliver the property back to the appellees in the same condition as received, reasonable wear and tear excepted, and rendered a judgment in favor of the appellees against the appellants for $2,520.00, representing rent which had accrued since November 30, 1959.
 On June 7, 1961 appellants filed a "Motion that Opinion and Order be Set Aside, and for Resumption of Hearing Herein". The Chancellor refused to strike out the order, but set a hearing on the petition for June 21, 1961. However, on the day of the scheduled hearing, the appellant, Jack Pinkston, contacted the judge, stating that no additional hearing was desired and that he was taking no further action. A formal withdrawal of the motion was filed in the case on June 23, 1961.
 Appellants sent to the attorney for the appellees a check in the amount of $2,520.00 bearing the legend on its face that it was in "complete settlement" under the order. This, however, did not terminate the controversy. On July 20, 1961 the appellants *351 filed in the same case a "Petition to Vacate Opinion and Order" of May 25, 1961 after appellees had allegedly refused to accept their check and demanded an additional $3,141.99 to cover extensive damages to the property allegedly caused by the Pinkstons during their occupancy. On August 29, 1961 appellants also filed a bill of review to set aside the decretal order of May 25, 1961. The petition to vacate and the bill of review were heard together and on July 27, 1962 a memorandum opinion and an order denying both were filed. The Pinkstons took this appeal from that order.
 The order filed on May 25, 1961 was in the nature of a final decree; like the order in Pugh v. Waclawski, 211 Md. 346, 127 A.2d 376 (1956), "it contained no reservation of equities or power of further direction, but was final upon the rights of the parties." (p. 350 of 211 Md.). Hence, under Maryland Rule 671 a it became enrolled "from and after the expiration of thirty days" from its date.
 Under Rule 625 a court has full revisory power over a decree for a period of thirty days after its entry, "or thereafter pursuant to motion filed within such period". The rule also recognizes the revisory power of a court, after enrollment of a decree, in cases of "fraud, mistake or irregularity". As a general rule an enrolled decree may not be reopened or set aside except upon a bill of review for error apparent on the face of the decree or for newly discovered evidence, or upon an original bill for fraud. However, if a case has not been heard on its merits, an enrolled decree may be set aside on a petition filed in the original proceeding where there is a showing that the decree was entered by surprise or mistake, or where the circumstances are such as to satisfy the court in the exercise of a sound discretion that the enrolled decree should be set aside. Cramer, Trustees v. Wildwood Co., 227 Md. 102, 107, 175 A.2d 750 (1961); Kennard v. McKamer Realty Co., 224 Md. 490, 496, 168 A.2d 369 (1961); Pugh v. Waclawski, supra (at p. 351 of 211 Md.).
 We think that this case was heard upon its merits prior to the passage of the order filed on May 25, 1961. As noted earlier, counsel made opening statements; the plaintiffs offered the testimony of a witness and introduced a number of documents; *352 counsel argued the facts and the law, and later submitted memoranda to the court. The indicia here were at least as strong as in Pugh v. Waclawski, supra, where we ruled that a hearing at which documentary evidence was introduced and counsel heard, although no oral testimony was offered, constituted a hearing on the merits. See also the cases cited in Pugh. Since the substantive case was heard on its merits, it is questionable whether the petition to vacate, filed on July 20, 1961, well beyond the date upon which the decretal order of May 25, 1961 became enrolled, could be entertained, in view of the authorities noted above. However, we do not find it necessary to decide the point. The allegations in the petition to vacate and those in the bill of review are virtually identical, and since the Chancellor considered them together, we shall do the same.
 The appellants' basic complaint, both in the bill of review and in the petition to vacate, is the fact that the defendants-appellees demanded of them $3,141.99 as reimbursement for alleged damages to the leased property, in addition to the $2,520.00 judgment entered for accrued rent. The appellants allege that they received this demand after they had decided, in effect, to conform to the decretal order, and had withdrawn their original motion to set aside the order and forwarded a check for $2,520.00 to the appellees to cover the judgment, within the 30 day period in which they could have appealed from the order. The demand for $3,141.99 was not made, they say, until some two or three weeks after the time for appeal had expired. It is alleged that the demand constitutes fraud "practiced by the defendants upon the plaintiffs subsequent to the filing of the said Opinion and Order on May 25, 1961", and constitutes evidence newly discovered after the passage of the order. The Pinkston check for $2,520.00 itself shows that it was dated two days before expiration of the appeal period, and, if it was mailed the same day, it would presumably have been received by defendants one day before the end of the period.
 We do not think that the facts recited amount to fraud "perpetrated to deceive the court". See Kennard v. McKamer Realty Co., supra, and the authorities there cited. In Kennard it was said (at p. 497 of 224 Md.) that "In this State it is settled *353 that in order to impeach a decree for fraud, the deception practiced in obtaining it must be clearly established by proof before the propriety of the decree can be investigated." (Italics supplied). Here the matter complained of occurred several weeks after the passage of the decretal order, and obviously pertained to the mode of compliance with the order, and not to its passage. There is no showing that any act of the appellees prevented the appellants from appealing from the order, if they had so desired. Likewise, it is apparent that the matter mentioned does not constitute new evidence of the kind which would warrant setting the order aside.
 As errors apparent on the face of the decretal order, appellants cite two mistakes of fact made by the Chancellor in the accompanying opinion, i.e., a recitation that the lease had been prepared by the appellant, Jack Pinkston, although it had actually been drafted by appellees' counsel, and a statement that Mr. Pinkston had testified as to certain matters, whereas in fact he had not been sworn or taken the stand. As to the first, the opinion in a subsequent passage quotes a letter which stated that appellees' counsel had prepared the lease, and, as to the second, the matters referred to were simply some of the facts in the case as to which both sides agreed. It is obvious that the mistakes were inadvertent and that the Chancellor's opinion and order were not influenced by them, and hence they were not errors which, in law, were sufficient to vitiate and avoid the order. Bell v. Gosnell, 31 Md. 568 (1869).
 The other contentions advanced by the appellants as grounds for setting aside the decretal order, most of which referred to failure by appellees to comply with certain agreements alleged to have been made between the parties in 1959 concerning renovations and repairs, which failure was characterized as fraudulent, were all considered by the Chancellor prior to the passage of the order. The Chancellor properly noted that to have entertained evidence of such matters would have constituted, in effect, a rehearing of the original cause. As noted in Kennard v. McKamer Realty Co., supra (at p. 498 of 224 Md.), it was said in Bachrach v. Washington United Cooperative, 181 Md. 315, 321, 29 A.2d 822 (1943), that it is "well settled that a decree assailed on the charge of fraud will not be set aside for any *354 matter which has been actually considered in the case in which the decree was rendered."
 We find no error in the dismissal of the petition and the bill of review. Appellees filed a motion to dismiss this appeal on the ground that in reality it was an appeal from the decretal order of May 25, 1961 and was not timely filed. However, we find that it was noted on August 23, 1962 and was taken from the order of July 26, 1962, dismissing the bill of review and petition to vacate, and therefore the motion to dismiss is denied.
 Order affirmed; appellants to pay the costs.