type: wikipedia

text:
Šiaurinis elnias (Rangifer tarandus) – elninių (Cervidae) šeimos porakanopis žinduolis. Gyvena grupėmis Eurazijos, Šiaurės Amerikos tundroje, lygumų ir kalnų taigoje. Šiaurės Amerikoje gyvenantis šiaurinio elnio porūšis vadinamas karibu vardu.
 Apibūdinimas
 Patinų kūno ilgis iki 220 cm, aukštis ties mentėmis iki 140 cm, masė iki 220 kg. Patelės mažesnės. Šiaurinis elnias apaugęs ilgais tankiais plaukais. Vasarą pilkai rusvas, žiemą beveik baltas. Ant kojų kailis tamsesnis. Galva nedidelė, ausys trumpos. Ragai masyvūs, su akine atšaka vienoje pusėje. Patinų ragai didesni negu patelių. Kojų viduriniai pirštai platūs, plokšti, šoniniai ilgi, todėl lengvai gali vaikščioti po gilų sniegą.
 Gyvena bandomis. Minta kerpėmis, samanomis, medžių pumpurais, lapais, uogomis, grybais, nors laikomas žolėdžiu, bet retkarčiais minta lemingais. Žiemą migruoja į pietus, kur ieško miškų prieglobsčio. Kasdien nueina 15–65 km. Poligamas. Veda 1, rečiau 2 jauniklius. Nėštumas 210–240 d. Jauniklius veda gegužės – birželio mėn. Subręsta antraisiais gyvenimo metais.
 Kultūrinė reikšmė
 Antropologai teigia, kad šiaurinis elnias gali būti pats svarbiausias medžiojamas gyvūnas žmonijos istorijoje. Tiek Šiaurės Amerikos, tiek Eurazijos gyventojams ši rūšis buvo labai svarbi išgyvenimo atžvilgiu, ypač medžiotojams ir rankiotojams gyvenusiems taigoje bei tundroje. Manoma, jog jų medžioklė prasidėjo vidurinio ir vėlyvojo akmens amžiaus laikotarpyje.
 Speigratyje gyvenantys inuitai iki šių dienų išlaikę karibų medžiojimo tradicijas. Pastarieji nepasiduoda prijaukinimui, o Sibiro tautos (nencai, chantai, dolganai, čiukčiai, koriakai, evenkai, evenai) ir Laplandijos samiai verčiasi elnininkyste.
 Mėsa valgoma, iš odos siuvami drabužiai. Iš laukinių šiaurinių elnių kilo naminiai ir taip atsirado naujas verslas – elnininkystė.
 Šaltiniai
 Elniniai


type: other

text:
N° 17 - Propiedad Intelectual e Industrial by LegalPublishing - issuu
 semana del 15 al 19 de octubre de 2012
 INNOVACIÓN, A PESAR DEL
 ESQUEMA ACTUAL DE
 Socio Sargent & Krahn
 Hoy nos encontramos en medio de una vorágine de declaraciones, seminarios, anuncios y acciones gubernamentales y
 privadas que tienen como centro de gravedad el tema de la
 Innovación. Sólo como ejemplos pueden mencionarse la reciente y publicitada modificación de la Ley de Investigación
 y Desarrollo (I+D), dirigida a estimular esas actividades por
 la vía de incentivos tributarios, la designación del año 2013
 como el Año de la Innovación, etc., todo lo cual confirma la
 relevancia que el Gobierno le atribuye como propulsora del
 En ese mismo contexto, en el mes de marzo pasado el Ministerio de Economía abrió una consulta pública para que
 la ciudadanía opinara respecto al borrador de un Proyecto
 de Ley de Propiedad Industrial destinado a reemplazar íntegramente el actual estatuto contenido en la ley N° 19.039
 del año 1991. Este proyecto se encuentra aún en estudio en
 el seno de los Ministerios de Economía y Secretaría General
 de la Presidencia, pero todo indica que estaría próximo a
 despacharse al Congreso durante este mes de octubre.
 Se trata de un mega proyecto que considera casi 400
 artículos, absorbe la regulación de organismos hoy gobernados en distintas leyes, como el caso del mismo Instituto
 Nacional de la Propiedad Industrial (Inapi), crea nuevos títulos de protección como los nombres comerciales, e incorpora nuevas instituciones, como por ejemplo el uso marcario,
 llamadas a producir cambios fundamentales en las formas
 de adquisición, mantención y ejercicio de los derechos de
 propiedad industrial en Chile. (ver p. 3)
 OBSERVANCIA DE DERECHOS
 DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
 ¿EL VASO MEDIO LLENO O
 ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA NORMATIVA Y
 DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
 Socio Estudio Villaseca
 Como consecuencia directa de la suscripción de Acuerdos
 Internacionales por parte del Estado chileno, tales como
 Adpic (o TRIPS, según su sigla en inglés), o los Tratados
 de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, nuestro país debió modernizar su legislación sobre
 Desde que se empezó a implementar el sistema de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el país, básicamente, mediante la aplicación de las
 medidas de frontera y la utilización de las acciones criminales, para la persecución de los delitos (favorecido por la
 instauración de la nueva justicia penal), se ha experimentado un evidente y notorio avance, respecto del escenario
 existente hasta antes del año 2004.
 En efecto, y gracias a la coordinación de los distintos
 agentes que intervienen en el proceso, ya sean éstos fiscalizadores aduaneros, miembros de las brigadas especializadas de la PDI o de Carabineros (creadas en tiempo reciente, para estos efectos), Fiscales del Ministerio Público,
 Jueces de Garantía y los representantes de los titulares, se
 ha alcanzado un satisfactorio nivel de éxito en la persecución de los delitos que afectan a la propiedad intelectual
 e industrial, con un claro énfasis en la segunda, por sobre
 la primera. (ver p. 6)
 Vicepresidente de la Asociación Chilena de la Propiedad
 Intelectual (Achipi)
 Director de Marcas y Patentes de Alessandri & Compañía
 El derecho de propiedad industrial es aquella rama de
 la propiedad intelectual que regula los derechos sobre
 invenciones y nuevas formas en el campo tecnológico y
 los signos distintivos en el comercio, los que según sus
 características propias reciben el nombre de patentes,
 variedades vegetales, marcas, indicaciones geográficas
 y denominaciones de origen. Por “sistema” de propiedad
 industrial podemos entender tanto por la promoción
 como la observancia de este tipo de derechos, y en nuestro país intervienen en dicho sistema todos los poderes
 del Estado, en sus funciones administrativa, legislativa y
 judicial, sin que sea dable ensayar una exposición parcelada, ya que en su accionar confluente éstas se interrelacionan. A la vez, nuestro sistema de propiedad industrial
 presenta en la actualidad la paradoja virtuosa de estar a
 la vez en un momento de acción y de reflexión.
 En la promoción de la propiedad industrial como herramienta de competitividad e innovación —si bien no
 la única ciertamente un pilar fundamental— destacan
 actores del sector público y privado. En un primer lugar
 bien ganado, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) se ha caracterizado por la difusión del área
 a través de charlas abiertas al público, capacitación de
 expertos, cursos online, publicación de directrices y recopilaciones normativas. (ver p. 8)
 Otorga beneficios a deudores de crédito con garantía
 estatal y modifica ley
 No 20.027.
 510 5000 • www.legalpublishing.cl
 Uno de los aspectos de mayor dinamismo en
 los últimos años en el sistema legal chileno lo
 ha constituido las materias vinculadas a propiedad intelectual. tras el marco jurídico dictado el
 año 1991, la adopción de las reglas de la Organización Mundial de comercio, los tratados de
 libre comercio suscritos por chile, los tratados
 asociados a propiedad intelectual de la última
 década, la incidencia de ellos en cuestiones sensibles como el sector salud, el establecimiento
 del Instituto de Propiedad Intelectual y del tribunal de Propiedad Industrial, los debates sobre propiedad intelectual se han transformado
 en un interesante espacio de discusión legal,
 hasta ahora encerrados en el círculo de los especialistas.
 la protección de la Propiedad Intelectual resulta esencial en el funcionamiento de las economías contemporáneas, considerando además
 sus efectos en el comercio y las reglas de competencia cuya manifestación, por ejemplo, está
 vinculada a cuestiones tan diversas como denominaciones de origen, acceso a productos, la
 polémica watch list o el debatido linkage.
 como se sabe, el régimen de propiedad intelectual se encuentra regulado en la constitución
 de un modo separado al derecho de propiedad
 común. la razón fundamental, es que teóricamente se ha sostenido que a diferencia de la propiedad común, que es perpetua, o sea vitalicia y
 hereditaria, este tipo de propiedad (intelectual)
 es temporal y transitoria, sólo “por el tiempo que
 señale la ley”. Así se comprende lo que parte de
 la doctrina constitucional chilena afirma, en la
 relación entre el invento y la patente, en el sentido de que la propiedad no es dominio originario
 del inventor. en efecto, el invento y la patente de
 invención emanan de esa concesión que efectúa
 el estado, entendido aquí la palabra concesión
 en el sentido de un acto administrativo por el
 cual el órgano estatal competente otorga, hace
 merced y gracia del esfuerzo empleado por el
 inventor en el hallazgo o descubrimiento, reconociéndolo como tal desde ese momento. es
 decir, siguiendo esta tesis, el inventor se hace
 dueño de su invento por un título de protección
 que otorga el estado, como una concesión, y no
 a raíz de ser él quien, con su imaginación y talento, con sus recursos y esfuerzos, logre crear
 un producto o procedimiento de aplicación industrial definida y útil.
 Sin embargo, al margen de esa determinación
 constitucional la propiedad intelectual se ha
 transformado en una de las discusiones protagónicas en la actualidad, porque tras ella no
 sólo está en juego el incentivo a la invención,
 sino el desarrollo de todo una política de innovación promovida desde el propio estado.
 en este número de La Semana Jurídica se podrá
 comprender la gran cantidad de complejidades
 a la que ha llegado el debate en torno a la propiedad intelectual y las razones por las cuales
 está no sólo debería ser una preocupación de
 los círculos de especialistas.
 bOLetín no: 8059-13
 fecha de ingresO: 23.11.2011
 prOYectO: Modifica ley no 20.305 sobre condiciones de retiro de funcionarios públicos con bajas
 tasas de reemplazo de sus pensiones, reconoce
 pagos y otorga beneficios.
 materia: corrige la ley en relación a la fecha de
 pago del beneficio por el Servicio de tesorerías,
 que debe efectuarse a contar del día primero del
 mes siguiente a la dictación del acto administrativo de su concesión, lo que dificulta la revisión de
 antecedentes e impide disponer el pago en breve
 plazo. Propone reemplazar la obligación de pagar
 el bono al mes subsiguiente a dicha data.
 estadO: tercer trámite constitucional (c. diputados).
 bOLetín no: 6190-19
 fecha de ingresO: 6.11.2008
 prOYectO: Permite introducción de televisión digital terrestre.
 materia: la transmisión digital permitirá superar
 las restricciones tecnológicas que impiden desarrollar la actividad televisiva, ampliando la diversidad
 programática de la televisión abierta de libre recepción, desarrollando los medios regionales, locales y
 comunitarios, y posibilitando a los actuales canales
 a expandir su oferta televisiva a través de señales
 estadO: Segundo trámite constitucional (Senado)
 Segundo informe de comisión de educación, cultura, ciencia y tecnología y de transportes y telecomunicaciones, unidas.
 nOrma: decreto no 20
 fecha pubLicación dO: 9.10.2012
 OrganismO: Ministerio desarrollo Social.
 materia: Modifica decreto no 291, de 2006,
 que reglamenta el diseño, uso y aplicación de la
 en caso que una municipalidad comunique al
 Ministerio de Planificación la imposibilidad de
 hacerse cargo del proceso de encuestaje o bien,
 que por razones técnicas o metodológicas debidamente fundadas, el mencionado Ministerio establezca respecto de una determinada comuna
 la necesidad que dicho proceso no sea realizado
 por la municipalidad respectiva, este encuestaje
 será ejecutado por el Ministerio de Planificación,
 directamente o a través de terceros, los que en
 cualquier caso deberán ser entidades públicas
 o privadas con las que el Ministerio convenga o
 contrate la referida acción.
 nOrma: ley no 20.634
 fecha pubLicación dO: 4.10.2012
 OrganismO: Ministerio de educación.
 materia: Otorga beneficios a deudores de crédito con garantía estatal y modifica ley no 20.027
 Se beneficia a estudiantes que accedieron al sistema de créditos con aval del estado antes del
 31/12/2011, rebajando las tasas de interés y reduciendo las cuotas a pagar. la rebaja les permitirá
 a partir del año 2012 disminuir las tasas que pagarán hasta finalizar sus créditos, a un 2,0% real
 Si la cuota es mayor que el monto equivalente al
 10% del promedio total de la renta obtenida durante los últimos 12 meses, puede optar por pagar este monto, acreditando su renta mediante
 declaración jurada, acompañar declaración anual
 de impuesto a la renta y el certificado de remuneración de su empleador, si corresponde.
 ESQUEMA ACTUAL DE TRAMITACIÓN
 Hoy nos encontramos en medio de una vorágine de
 declaraciones, seminarios, anuncios y acciones gubernamentales y privadas que tienen como centro
 de gravedad el tema de la Innovación. Sólo como
 ejemplos pueden mencionarse la reciente y publicitada modificación de la Ley de Investigación y Desarrollo (I+D), dirigida a estimular esas actividades por
 la vía de incentivos tributarios, la designación del
 año 2013 como el Año de la Innovación, etc., todo lo
 cual confirma la relevancia que el Gobierno le atribuye como propulsora del desarrollo.
 En ese mismo contexto, en el mes de marzo pasado
 el Ministerio de Economía abrió una consulta pública
 para que la ciudadanía opinara respecto al borrador
 de un Proyecto de Ley de Propiedad Industrial destinado a reemplazar íntegramente el actual estatuto contenido en la ley No 19.039 del año 1991. Este
 proyecto se encuentra aún en estudio en el seno de
 los Ministerios de Economía y Secretaría General de
 la Presidencia, pero todo indica que estaría próximo
 a despacharse al Congreso durante este mes de octubre.
 Se trata de un mega proyecto que considera casi
 400 artículos, absorbe la regulación de organismos
 hoy gobernados en distintas leyes, como el caso del
 mismo Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
 (Inapi), crea nuevos títulos de protección como los
 nombres comerciales, e incorpora nuevas instituciones, como por ejemplo el uso marcario, llamadas a
 producir cambios fundamentales en las formas de
 adquisición, mantención y ejercicio de los derechos
 de propiedad industrial en Chile.
 El proyecto considera también una serie de cambios
 en el procedimiento de tramitación y concesión de
 patentes de invención para, se asume, modernizarlo
 y hacerlo más expedito facilitando así la constitución
 del derecho de propiedad industrial más directamente vinculado con la innovación.
 No obstante, según el articulado que ha sido dado
 a conocer a la comunidad, el proyecto, sorprendentemente, mantiene e incluso exacerba la perniciosa
 duplicidad que hoy día encarece y dilata el trámite
 de patentamiento.
 En efecto, se preserva un modelo decisorio dual en
 que el mérito de la invención se discute latamente y
 durante varios años, entre el solicitante y profesionales técnicos, peritos y examinadores de Inapi, pero
 en el que la decisión final de concesión o denegación
 queda entregada y debe ser dictada por un funcionario, hoy el Director de Inapi y de acuerdo al proyecto un Director de Patentes, que tal cual lo regla el
 modelo, permanece mayormente ajeno a dicha tramitación y que, por lo tanto, está muy mal equipado
 y en la práctica imposibilitado de ejercer una labor
 jurisdiccional propia e independiente con respecto a
 la opinión experta.
 Este modelo decisorio parece injusto, muchas veces
 resulta ineficiente e incluso puede promover la dictación de resoluciones ilegales.
 El modelo decisorio puede resultar injusto, ya que
 durante la tramitación de sus solicitudes de patentes de invención sus titulares están relativamente inermes, ya que, como no sea la de contestar y
 eventualmente pedir una segunda opinión pericial,
 y más aún del mismo cuerpo de peritos, no tienen la
 posibilidad de interponer recurso alguno en contra
 de las opiniones y juicios de los peritos y examinadores.
 El modelo decisorio se torna ineficiente, porque el
 encargado de ejercer la potestad resolutoria carece
 del conocimiento del caso y del tiempo necesario
 para su análisis y por tanto, casi invariablemente se limita a confirmar la opinión de aceptación o
 rechazo del experto sin atender los demás antecedentes allegados a la causa por los solicitantes. Así
 esta etapa adicional en la tramitación de la patente
 resulta normalmente ociosa, la extiende injustificadamente durante varios meses, y de paso recorta
 proporcionalmente su plazo de vigencia. En efecto,
 de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial el plazo
 de vigencia de las patentes es de 20 años contados
 desde la presentación de la solicitud, con lo cual
 cada día extra de tramitación redunda en un día menos de protección.
 Más aún, tal como lo sancionó expresamente la Corte Suprema en su decisión del caso Geobiotics Inc.,
 No 7244-10, de 28 octubre de 2011, las resoluciones
 rendidas bajo este modelo decisorio son además
 potencialmente ilegales, ya que en definitiva han
 dejado entregada la potestad decisoria a un experto
 que en la elaboración de sus informes y opiniones no
 está sujeto a los resguardos y procedimientos que la
 ley contempla para asegurar la independencia, calidad e imparcialidad del trabajo judicial, y que en
 el contexto de la ley actual y también del proyecto,
 afectan única y exclusivamente el ejercicio de las
 funciones resolutivas del Director de Inapi o del Director de Patentes.
 Parecía entonces que era el momento, y tal vez aún
 lo sea, de repensar el tema, abandonando el modelo
 decisorio dual, concentrando el poder resolutivo en
 un solo estamento. Si son los peritos y examinadores los que asumirán esta función, por supuesto que
 en la misma ley deberán establecerse las reglas que
 gobernarán sus actuaciones y resoluciones para garantizar se ajusten a ciertos parámetros que garanticen su calidad e independencia, y más importante
 aún, el régimen de recursos del que dispondrán los
 solicitantes para eventualmente controvertirlas.
 En un modelo de esta naturaleza, que por lo demás
 es el que impera en grandes Oficinas de Patentes
 como las de Estados Unidos y Europa, deben contemplarse además los procedimientos necesarios
 para garantizar la idoneidad tanto técnica como
 legal de los peritos y examinadores que ejerzan la
 Con procedimientos más rápidos y con el derecho
 a defensa de los solicitantes adecuadamente res-
 En el presente trabajo se somete a examen el
 rendimiento de la Tesis “tradicional” (naturalística) del delito de estafa frente a las necesidades político-criminales del presente. Para este
 sistema, entre sus diferentes elementos típicos,
 se exige una relación de causalidad.
 Al día de hoy cabría preguntarse si esta solución es conveniente, es decir, si responde eficientemente a los supuestos problemáticos
 que plantea la realidad contemporánea de los
 guardados, es posible augurar un aumento en la
 utilización del sistema de patentes, satisfaciendo
 de esta manera la aspiración gubernamental de
 elevar la investigación, desarrollo e innovación en
 Chile precisamente a través de un mayor patentamiento.
 “Se trata de un mega proyecto que considera casi 400
 artículos, absorbe la regulación
 de organismos hoy gobernados
 en distintas leyes, como el caso
 del mismo Instituto Nacional
 de la Propiedad Industrial (Inapi), crea nuevos títulos de protección como los nombres comerciales, e incorpora nuevas
 instituciones, como por ejemplo el uso marcario, llamadas a
 producir cambios fundamentales en las formas de adquisición, mantención y ejercicio de
 los derechos de propiedad industrial en Chile”.
 Obligación de compensar a usuarios por
 interrupciones del suministro de energía
 eléctrica. Compensación de carácter
 legal, no contractual.
 Persona jurídica demandada que tiene
 pluralidad de domicilios. Tribunal competente para conocer de la acción de
 Empresa distribuidora de energía eléctrica demanda
 a una distribuidora para que se declare la nulidad de
 derecho público de la obligación indemnizatoria que
 establece la Ley General de Servicios Eléctricos por
 interrupción del suministro. Los jueces del fondo rechazan la acción y el demandante deduce casación
 en la forma y en el fondo, pero ambos recursos serán
 rechazados por la Corte Suprema, al no ser efectivos
 los reproches efectuados por el actor.
 Actores demandaron indemnización de perjuicios
 por responsabilidad extracontractual contra la
 empresa dueña del bus en que viajaban y que se
 siniestró, accionando en el tribunal de la ciudad en
 que compraron los pasajes. La demandada planteó
 la incompetencia de aquel tribunal, excepción que
 fue acogida por el tribunal de primera y segunda
 instancia. Sin embargo, la Corte Suprema, conociendo la casación en el fondo deducida, rechaza
 aquella excepción y declara competente al tribunal
 en que se había interpuesto la demanda.
 Rol: 8495-2009, de 8 de octubre de 2012
 Partes: Empresa Eléctrica Pangue S.A. con Chilectra
 Ministros: Sres. Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, María Eugenia Sandoval Gouet, Alfredo
 Pfeiffer Richter y Abogado Integrante Arnaldo Gorziglia Balbi
 El actual artículo 99 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos aplicable a los hechos materia del juicio
 –DFL No 1, de 1982, del Ministerio de Minería– dispone
 que las generadoras deberán pagar a sus clientes distribuidores cada kilowatt–hora de déficit que los haya
 afectado al valor que indica la misma norma, y que
 los clientes distribuidores, a su vez, deberán traspasar
 íntegramente el monto recibido a sus clientes finales.
 El precepto en comento establece una obligación de
 pago de las generadoras a los clientes finales, siendo
 la función de las empresas distribuidoras únicamente
 de intermediaria de esas compensaciones, pero no beneficiaria de ellas. De lo antedicho, fluye que la referida
 obligación de compensar no proviene propiamente del
 contrato de suministro, sino se trata de una obligación
 legal, que alcanza a todos los usuarios que hayan visto
 interrumpido el suministro de energía eléctrica. Así las
 cosas, no ha habido una modificación a los contratos
 de suministro y, por tanto, no es acertado sostener que
 la ley No 19.613 –que modificó el artículo 99 bis– sólo
 incidiría en aquellos contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigencia, quedando todos los
 que se hubieren celebrado antes de su dictación, como
 aquel celebrado entre la generadora demandante con
 la distribuidora demandada, al margen de la misma
 (considerandos 14o a 17o).
 De este modo, al no tener la obligación de compensación el carácter de contractual, sino de legal, ello
 no conlleva que se esté haciendo una aplicación con
 efecto retroactivo, toda vez que no se ha establecido
 el pago para situaciones de corte del suministro ocurridas antes de su entrada en vigencia (considerando
 18o).
 Cita online: CL/JUR/2240/2012
 Arts. 99 bis del DFL No 1, de 1982, del Ministerio de
 Minería; 2o No 2 de la ley No 19.613.
 Tipo: Recurso de casación en el fondo (acogido)
 Rol: 4308-2010, de 5 de octubre de 2012
 Partes: Paulo Acuña C. y otros con Compañía de
 Transportes IGI Llaima Internacional S.A.
 Ministros: Sres. Patricio Valdés Aldunate, Gabriela
 Pérez Paredes, Rosa Egnem Saldías y Abogados Integrantes Guillermo Piedrabuena Richard y Ricardo Peralta Valenzuela
 El art. 142 inciso 2o del COT dispone que si la persona
 jurídica demandada tuviere establecimientos, comisiones u oficinas que la representen en diversos lugares, como sucede con las sociedades comerciales,
 deberá ser demandada ante el juez del lugar donde
 exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que dio
 origen al juicio. Si bien el Código Civil no se ocupa
 del domicilio de las personas jurídicas, la doctrina
 entiende que su artículo 67, sobre pluralidad de domicilios, es aplicable a éstas, especialmente si tiene
 agencias o sucursales y, por tanto, si concurren en
 varias secciones territoriales circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas
 ellas lo tiene (considerandos 5o y 7o sentencia de casación).
 De esta manera, siendo la demandada una sociedad comercial que tiene establecimientos u oficinas
 en diversos lugares, entre ellos, en la ciudad en que
 los actores compraron los pasajes para viajar en un
 bus de aquélla, trayecto en el cual se produjo un accidente que les ocasionó los daños cuya reparación
 persiguen mediante la interposición de la acción de
 indemnización de perjuicios haciendo valer la responsabilidad extracontractual de la empresa, se concluye que ésta tiene una oficina, comisión o establecimiento que la representa con fines comerciales en
 tal ciudad, misma que intervino en el hecho que dio
 origen al juicio, configurándose la situación prevista
 por el art. 142 inc. 2o del COT (considerandos 8o a 11o
 de la sentencia de casación y 2o y 3o de la sentencia
 de reemplazo).
 Cita online: CL/JUR/2229/2012
 Arts. 67 del CC; 303 No 1 del CPC; 142 del COT.
 Caso bombas. Titular de la garantía del
 debido proceso es el imputado. Procedencia de impedir rendir prueba respecto de hechos y sujetos amparados
 por sobreseimiento definitivo.
 El Ministerio Público y el Ministerio del Interior,
 como querellante, deducen recursos de nulidad
 contra la decisión del tribunal de juicio oral en lo
 penal que absolvió a los imputados por los delitos
 de colocación de artefactos explosivos, de colocación de artefacto incendiario y de financiamiento de
 asociación ilícita terrorista, en el marco del denominado “Caso Bombas”. Fundamentan sus recursos en las causales de los artículos 373 letras a) y
 b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es,
 por vulneración de la garantía del debido proceso,
 errónea aplicación del derecho e incumplimiento
 de los requisitos de la sentencia. Sin embargo, el
 Máximo Tribunal rechaza los recursos interpuestos
 por cada una de las causales antedichas.
 Tipo: Recurso de nulidad (rechazado)
 Rol: 6463-2012, de 10 de octubre de 2012
 Partes: Felipe Guerra Guajardo y otros con Ministerio Público
 Ministros: Sres. Milton Juica Arancibia, Hugo Dolmestch Urra, Carlos Künsemüller Loebenfelder,
 Haroldo Brito Cruz y Juan Escobar Zepeda
 El Ministerio Público desarrolla con exclusividad la
 investigación penal y tiene la facultad de ejercer y
 sustentar la acción penal pública, razón por la cual
 el imputado está frente a un codetentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza desbordarse frente a un imputado que aparece en posición
 de desigualdad y que debe, por ello, ser protegido por
 las instancias más elevadas de la organización jurídica, mediante la garantía de un procedimiento formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento
 equilibrado y sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el fundamento
 básico para su defensa. De lo expuesto, se colige que
 las garantías a que se refiere el artículo 373 letra a)
 del Código Procesal Penal están establecidas en beneficio del imputado y no del Ministerio Público ni
 del Estado querellante, de modo que estos últimos
 no pueden recurrir de nulidad por esta causal, quedándoles a salvo, naturalmente, las restantes causales y medios de impugnación que establece el Código
 mencionado. Dicho de otro modo, el Ministerio Público carece de la posibilidad anulatoria del artículo
 373 letra a).
 Cita online: CL/JUR/2261/2012
 Arts. 1o, 6o y 19 No 3 de la CPR; 1o inciso 2o, 7o, 9o,
 10, 162, 255 inciso 2o, 259, 277, 292, 296, 297, 373
 letra a) y 374 letra e) del CPP.
 Procedimiento y causales de nulidad
 reguladas en la Ley sobre Arbitraje
 La parte demandada en un juicio arbitral sobre incumplimiento de contrato de franquicia interpone
 recurso de nulidad contra el laudo del árbitro, que
 acogió la demanda del franquiciante. Funda su recurso en una serie de infracciones, tanto de forma
 como de fondo, en las que habría incurrido el juez
 árbitro. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechaza el arbitrio procesal, estimando que el laudo
 se ajustó a la normativa aplicable, principalmente, el
 Rol: 1420-2010, de 9 de octubre de 2012
 Partes: Ann Arbor Foods S.A. con Domino’s Pizza
 Ministros: Sr. Javier Moya Cuadra, Sra. María Soledad Melo Labra y Abogado Integrante Sr. Jaime
 Guerrero Pavez
 La Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional estableció un tratamiento sistemático de esta materia. En
 el procedimiento que regula, aparece de manifiesto el
 principio de autonomía de la voluntad. De ello resulta
 que las partes son libres de crear las reglas del procedimiento al que ajustarán su actuación, con las limitaciones que al efecto la misma normativa consagra.
 El sistema de impugnación establecido es la acción de
 nulidad y las causales previstas abarcan prácticamente todos los aspectos relativos al arbitraje, comprendiendo desde la regularidad del procedimiento arbitral, las exigencias de validez del convenio y el eventual
 control frente a la infracción al orden público chileno
 (considerando 6o).
 El artículo 34 de la ley antedicha consagra causales
 de nulidad relacionadas con vicios in procedendo
 sustentadas en falta de emplazamiento o indefensión,
 en falta de jurisdicción o ultra petita y en nulidad por
 contradicción con la voluntad de las partes y/o con el
 orden público procesal chileno y vicios en cuanto a que
 el laudo sea contrario al orden público chileno. Dichas
 causales están referidas más bien a infracciones de
 ley y situaciones donde de manera manifiesta y con
 un grado de entidad suficientes vulneren la normativa
 impuesta por la legislación nacional en determinados
 tópicos. Sin embargo, en la especie, tal situación no
 se constata en las alegaciones invocadas por el recurrente, ni tampoco se encuentran acreditadas (considerando 29o).
 Cita online: CL/JUR/2254/2012
 Arts. 768 No 4 del CPC; 1o y 34 de la ley No 19.971.
 Historial de visitas de páginas web de
 computador institucional del Ministro
 del Interior es privado. Test de daños.
 Se dedujo amparo contra Ministerio del Interior por
 denegación de información solicitada relativa al historial de visitas de las páginas web de computadores
 del Ministro del Interior, fundado en que se afectaría
 el interés nacional. El Consejo señaló que realizado
 el test de daños, se estima que debe prevalecer el
 secreto, pues si bien se trata de una autoridad pública, es posible que utilice internet tanto para fines
 públicos como privados (con voto disidente).
 Decisión amparo C775-12, 26 de septiembre de 2012
 (...) El historial (de visitas de páginas web) puede
 asociarse a persona natural identificada, por lo que
 constituiría un dato personal que no podría divulgarse a menos que existan disposiciones legales que
 lo autoricen o el titular consienta en ello (art. 4o ley
 No 19.628). El Consejo ha resuelto que estimar que
 toda información subsumible en la categoría de dato
 personal siempre sería secreta “obviaría la inteligencia
 o sentido de la regla de publicidad de la información
 que obre en poder de la Administración, contenida en
 arts. 5o, 11 letra c) y 21 de LT”. “Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los
 efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando
 los denominados tests de daños y de interés público:
 ‘Ambos, que pueden ser complementarios, consisten
 en realizar un balance entre interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar
 si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría
 causar su revelación. El primero pondera si la divulgación puede generar un daño presente, probable y
 específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo,
 pondera si el interés público a obtener con la entrega
 de la información justifica su divulgación y vence, con
 ello, la reserva’”. Realizado el test, Consejo estima que
 debe prevalecer el secreto, pues si bien se trata de una
 autoridad pública, cuyo ámbito de privacidad laboral
 es más restringido que los particulares pues desempeña una función pública que debe ejercerse de forma
 proba y transparente (art. 8o de la Constitución y art.
 3o de la LBGAE), es posible que utilice internet tanto
 para fines públicos como privados, cuestión natural
 en un mundo interconectado como el que nos toca
 vivir. Prohibirlo sería ineficiente e irreal y, siendo así,
 sería muy complejo saber cuándo la navegación tiene
 que ver con la vida privada y cuándo con el ejercicio de
 funciones públicas, impidiendo aplicar el principio de
 divisibilidad del art. 11 e) de LT.
 Cita online: CL/JADM/1179/2012
 Artículo 4o de la ley No 19.628; artículos 5o, 11 y 21 de
 la Ley de Transparencia; artículo 8o de la Constitución; artículo 3o del DFL No 1-19653.
 Sistema de Información y Control del
 Personal de la Administración del Estado. Acceso de organismos de la Administración a datos contenidos en plataforma Siaper. Facultad de Contraloría.
 Se ha solicitado a Contraloría un pronunciamiento
 acerca de restricciones a que podría estar sujeto el
 acceso de organismos de la Administración a antecedentes contenidos en plataforma Siaper (Sistema
 de Información y Control del Personal de la Administración del Estado).
 Dictamen No 62.236, 8 de octubre de 2012
 I.El Sistema de Información y Control del Personal de
 la Administración del Estado –SIAPER–, tiene por objeto la tramitación y procesamiento, en soporte electrónico, de actos administrativos, facilitando el acceso
 de organismos de la Administración a esos datos. En
 la ejecución de esas labores, la Contraloría debe ajustarse a normativa correspondiente, en particular, a ley
 No 19.628. El procesamiento de antecedentes reunidos en Siaper se inscribe en el ámbito de competencias y potestades que la Constitución y su ley orgánica No 10.336, le confieren en relación con el personal
 de la Administración, dando cumplimiento al art. 20
 de ley No 19.628, conforme al cual el tratamiento de
 datos personales por parte de un organismo público
 sólo podrá efectuarse respecto de materias de su competencia y con sujeción a ese cuerpo legal, no siendo
 necesario contar con el consentimiento del titular. Los
 organismos de la Administración pueden acceder a la
 información contenida en ese Sistema, en el marco de
 II. En lo que respecta a los servicios públicos que pueden acceder a los antecedentes contenidos en el Siaper, en virtud de letra e) de art. 8o de ley No 19.974, la
 Agencia Nacional de Inteligencia puede requerir de los
 servicios de la Administración comprendidos en el art.
 1o de ley No 18.575, los antecedentes e informes que
 estime necesarios para el cumplimiento de sus fines,
 como puede ser información relativa al personal que
 presta servicios en instituciones, estando en este caso
 los organismos respectivos obligados a otorgarla en
 condiciones que se indican. Por tanto, si la agencia solicita a Contraloría tales antecedentes, éstos deberán
 ser puestos a su disposición. En relación a la Unidad
 de Análisis Financiero, la ley No 19.913, que crea esa
 entidad, en su art. 2o, letra i), atribuye a esa repartición
 la facultad de acceder, en la forma que se convenga
 con el jefe superior de la entidad respectiva, a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de
 datos de los organismos públicos, que sean necesarios para el ejercicio de sus labores.
 Cita online: CL/JADM/1155/2012
 Artículo 20 de ley No 19.628; ley No 10.336; artículo
 8o de ley No 19.974; artículo 2o de ley No 19.913.
 ObSERVANCIA DE DERECHOS DE
 PROPIEDAD INTELECTUAL: ¿EL VASO
 estas materias. es un hecho conocido que el Ministerio Público reclama mayor dotación y recursos para
 enfrentar el incremento en su carga de trabajo. entonces, no resulta difícil darse cuenta que, para cumplir con las metas que se les establecen, deben priorizarse algunas materias por sobre otras, con lo que,
 evidente y hasta razonablemente, en algunos casos,
 se posterga o abandona la persecución de estos ilícitos, bajo la facultad de no perseverar en la investigación, para abocarse a temas más contingentes o de
 mayor repercusión social.
 Otros problemas prácticos recurrentes tienen que ver
 con la custodia de las mercancías infractoras durante
 la etapa de investigación, y los costos que esto genera. Otro tanto sucede con el tema de la destrucción
 de las especies: ¿quién, cómo y cuándo lo realiza?
 ¿Quién asume el costo de ello?
 ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA NORMATIVA Y POLÍTICAS DE
 como consecuencia directa de la suscripción de
 Acuerdos Internacionales por parte del estado chileno, tales como AdPIc (o tRIPS, según su sigla en
 inglés), o los tratados de libre comercio con estados
 Unidos y con la Unión europea, nuestro país debió
 modernizar su legislación sobre Propiedad Intelectual.
 desde que se empezó a implementar el sistema de
 protección de los derechos de propiedad industrial e
 intelectual en el país, básicamente, mediante la aplicación de las medidas de frontera y la utilización de
 las acciones criminales, para la persecución de los
 delitos (favorecido por la instauración de la nueva
 justicia penal), se ha experimentado un evidente y
 notorio avance, respecto del escenario existente hasta antes del año 2004.
 agentes que intervienen en el proceso, ya sean éstos
 fiscalizadores aduaneros, miembros de las brigadas
 especializadas de la PdI o de carabineros (creadas
 en tiempo reciente, para estos efectos), fiscales del
 Ministerio Público, jueces de garantía y los representantes de los titulares, se ha alcanzado un satisfactorio nivel de éxito en la persecución de los delitos que
 afectan a la propiedad intelectual e industrial, con un
 claro énfasis en la segunda, por sobre la primera.
 es así, como año a año ha ido aumentando la cantidad de retenciones e incautaciones por parte de
 las autoridades aduaneras y policiales, de la misma
 manera que se ha incrementado el número de imputados formalizados que se acogen a alguna salida
 alternativa: suspensiones condicionales o acuerdos
 reparatorios, siempre bajo condición de que se destruya la mercancía infractora, logrando mantener a
 raya un incipiente y lucrativo negocio ilícito.
 Actores destacados en esta etapa han sido, por una
 parte, los funcionarios fiscalizadores del Servicio nacional de Aduanas, en sus distintas sedes regionales,
 y por otra, los miembros de la brigada Investigadora
 de delitos de Propiedad Intelectual (bridepi), quienes
 han colaborado activamente en esta actividad. esto
 ha permitido que lentamente sean también cada día
 más los titulares que se convencen de hacer efectivos
 sus derechos de PI en el país.
 Sin embargo, no todo es ideal, ni perfecto, en este
 mundo de la observancia (enforcement) de los derechos de propiedad intelectual e industrial, puesto
 que aún existe una serie de dificultades que se deben
 sortear para alcanzar los resultados esperados.
 el primer gran escollo que deben enfrentar los titulares afectados, es el brevísimo plazo de cinco días
 para obtener la notificación de la incautación judicial
 de las mercaderías infractoras, considerando que, en
 la mayoría de las veces, al cabo de ese lapso sólo se
 alcanza a interponer las acciones correspondientes.
 Pretender que en ese mínimo período se pueda: notificar al titular; obtener fotografías o muestras de
 los productos sospechosos; presentar la denuncia o
 querella y notificar a la Aduana de la resolución del
 tribunal de garantía que ordena la incautación judicial de los productos falsificados, resulta utópico y
 lejano a toda realidad.
 Por ello, resulta fundamental la interpretación armónica de la ley, con los tratados Internacionales
 vigentes suscritos por chile, ya que de lo contrario,
 se tiende a dejar indefectiblemente a las víctimas en
 Otro gran problema que se constata en forma cotidiana es la ausencia de fiscales especializados en
 en nuestra opinión, son varios los elementos que faltan para completar el cuadro, pero los más necesario
 o urgentes son:
 - voluntad política real o una política criminal decidida a perseguir los delitos que afectan a la propiedad intelectual (derecho de autor), entendiendo que
 son precisamente, delitos, y no meras infracciones o
 “asuntos entre particulares”, como se ha escuchado
 decir a más de algún juez de garantía;
 - la existencia de fiscales especializados en materias
 de PI, que dispongan del tiempo y los recursos suficientes para investigar y perseguir estos delitos, ya
 que muchas veces bajo una apariencia inocente y de
 baja escala, se esconden verdaderas redes o mafias
 - un mayor respaldo por parte de los titulares a la
 actividad de Aduanas y las Policías. no son pocas las
 veces en que grandes cantidades de productos falsificados ingresan al país y son detectados y retenidos,
 pero frente a la nula o tardía respuesta de los presuntos interesados, la mercancía debe ser liberada.
 es indudable que nos encontramos en mejor pie, que
 hace una década atrás, pero por otro lado, no debemos caer en la tentación de creer que está todo bien
 y quedarnos en la autocomplacencia, ya que aún
 quedan muchos desafíos pendientes por resolver,
 para situar al país en el nivel que debe tener, conforme con lo que se espera de nosotros, como país
 en vías de desarrollo y miembro de la Oecd, pero
 principalmente, consecuente con los compromisos
 Universidad de Talca – Universidad Gabriela Mistral
 Universidad de Chile – Universidad Adolfo Ibáñez
 La protección de las denominaciones de origen (en
 adelante D.O.) constituye un reconocimiento a la
 existencia de ciertos productos que gozan de características que les resultan propias y los dotan de una
 calidad superior, las cuales son fundamentalmente
 atribuibles al lugar del cual proceden y se deben a
 las particulares condiciones naturales presentes en
 el medio en que han sido elaborados (factor natural)
 y a la utilización de ciertas técnicas tradicionales en
 su producción (factor humano). Precisamente, esta
 diferenciación construida socialmente, que justifica
 la protección de las denominaciones, exige una vinculación entre el producto y su lugar de elaboración,
 permitiendo que sean una útil herramienta para el
 desarrollo económico y un mecanismo de preservación de conocimientos ancestrales.
 En efecto, son muchos los beneficios que pueden
 ser identificados en la protección de las D.O. Éstas
 favorecen a los consumidores, quienes sirviéndose
 de ellas podrán identificar en un mercado donde
 existen muchos productos sucedáneos cuales tienen una calidad superior, al encontrarse revestidos
 de ciertas características especiales atribuibles a
 su origen geográfico, mejorando la información en
 base a la cual adoptarán su decisión de compra y
 reduciendo los costos de búsqueda; a los productores, quienes podrán a través de la D.O. identificar
 sus bienes a través de un signo que expresa calidad
 y que es reconocido por los consumidores, mejorando de esta forma su acceso al mercado (hasta
 el punto de poder crear mercados especializados) y
 obteniendo una mayor retribución en su comercialización; y en términos generales a la región donde
 son producidos, al permitir aprovechar los recursos
 locales y convertir al territorio mismo en un atributo,
 favoreciendo tanto el desarrollo económico regional
 como la conservación de aquellos elementos culturales que forman la identidad de la localidad.
 La importancia que revisten las D.O. ha sido bien
 comprendida en los países europeos que presentan
 una fuerte tradición agrícola, como son los mediterráneos, que incorporaron esta figura hace mucho
 en sus legislaciones (Francia fue el país pionero, con
 su regulación de 1935, siendo el hito internacional
 más importante la suscripción del Arreglo de Lisboa
 de 1958). Esto no es de extrañar, si consideramos
 que, según un documento de 2003, la Dirección
 General de Comercio de la Comunidad Europea
 destacaba que los quesos franceses que gozan de
 una D.O. se venden a un precio medio mayor de dos
 euros; al tiempo que éstas permiten la subsistencia de 138.000 explotaciones agrícolas en Francia y
 300.000 personas en Italia; pudiendo su valor total
 en cada uno de estos países estimarse en 19.000 y
 12.000 millones de euros, respectivamente1. Por es LE GOFFIC, Caroline. La Protection des Indications Géographiques. France - Union européenne – États-Unis. París. IRPI-Litec. 2010. Traducción
 de los autores, pp. 2-3.
 tas razones, parece especialmente elogiable el esfuerzo desarrollado por el Ministerio de Economía,
 a través del programa “Sello de Origen”, en orden a
 favorecer el registro de las D.O., las cuales constituyen importantes fuentes de riqueza y de desarrollo
 en los mercados modernos.
 Sin embargo, el solo interés en favorecer a un determinado grupo de productores o de potenciar
 una determinada zona geográfica no es suficiente
 para justificar el reconocimiento de una D.O. si no
 existe una vinculación entre las características propias y distintivas del producto y su origen geográfico. En este sentido, resulta particularmente elocuente la sentencia del Tribunal de la Comunidad
 Europea dictada el 20 de febrero de 1975 en el caso
 Sekt-Weinbrand, en el cual se consideró que la
 legislación alemana que reservaba el uso de esas
 expresiones, de carácter genérico y uso difundido
 en ese mercado, a los vinos espumosos y bebidas
 espirituosas provenientes de países de habla germana constituía una medida de efecto equivalente, que importaba una discriminación prohibida en
 contra de los productores extranjeros que afectaba
 el normal funcionamiento del mercado común. En
 “En Chile, la protección de las
 D.O. exige la existencia de una
 vinculación entre las características distintivas del producto y su origen geográfico (art.
 92 letra b) LPI), elemento que
 se ve resguardado por medio
 de la exigencia de una delimitación geográfica de la zona
 de procedencia de los productos, respaldada por un informe técnico (art. 97 letras c y
 e) y art. 99 letra b) LPI) y por
 la necesaria existencia de un
 reglamento de uso de la denominación (art. 97 letra f) y
 art. 99 inc. final LPI).”.
 Derecho Concursal Procesal
 Raúl Núñez Ojeda, Nicolás Carrasco Delgado
 El presente libro constituye el primer tomo de
 una obra mayor, que pretende abordar el estudio
 del derecho de quiebras desde la perspectiva del
 derecho procesal, sobre el entendido que la legislación de la insolvencia es propiamente adjetiva.
 Aborda especialmente la parte orgánica del juicio
 de quiebras, describiendo y examinando los distintos órganos que interactúan en dicho procedimiento, y la forma como se relacionan entre sí,
 así como respecto a los demás sujetos que participan en la quiebra. La obra también ofrece un
 análisis de la regulación normativa de la materia
 en aquellos países más representativos de las
 tradiciones del civil law y common law.
 el caso chileno, una argumentación similar puede
 ser construida a partir de lo dispuesto en el art. 19
 N° 22 inc. 1° CPol, que impone al Estado el deber de
 conferir un trato igualitario a los diversos agentes
 que participan en la actividad económica.
 En Chile, la protección de las D.O exige la existencia de una vinculación entre las características
 distintivas del producto y su origen geográfico (art.
 92 letra b) LPI), elemento que se ve resguardado
 por medio de la exigencia de una delimitación geográfica de la zona de procedencia de los productos,
 respaldada por un informe técnico (art. 97 letras c y
 e) y art. 99 letra b) LPI) y por la necesaria existencia
 de un reglamento de uso de la denominación (art.
 97 letra f) y art. 99 inc. final LPI). En esta materia
 deberá el Inapi ser muy cuidadoso al momento de
 controlar las solicitudes de registro, a fin de evitar
 que, por medio de exigencias reglamentarias que
 no digan relación con las características del producto, o a través de la delimitación de una zona de
 origen conforme a criterios comerciales y no técnicos, se pueda estar afectando el principio de libre
 acceso a la denominación que la ley reconoce. En
 efecto, como una consecuencia de la importancia
 que tienen los factores sociales en la construcción
 de la reputación del producto y al carácter colectivo
 que presenta la generación del conocimiento aplicado en las técnicas de elaboración, la ley establece que las D.O. no podrán ser objeto de apropiación
 individual o de gravamen alguno que impida su uso
 por parte de un productor que cumpla con las condiciones establecidas (art. 93 inc. 2° y 100 LPI), no
 debiendo este principio afectarse a través de la imposición de requisitos que no digan relación con la
 calidad o las características propias del producto
 que por intermedio de la D.O. es distinguido.
 PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DE
 PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE
 Vicepresidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi)
 Director de Marcas y Patentes de Alessandri & Compañía Abogados
 variedades vegetales, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por “sistema” de propiedad industrial podemos entender tanto por la promoción como la observancia de este tipo de derechos,
 y en nuestro país intervienen en dicho sistema todos
 los poderes del Estado, en sus funciones administrativa, legislativa y judicial, sin que sea dable ensayar una
 exposición parcelada, ya que en su accionar confluente éstas se interrelacionan. A la vez, nuestro sistema
 de propiedad industrial presenta en la actualidad la
 paradoja virtuosa de estar a la vez en un momento de
 acción y de reflexión.
 la única, ciertamente un pilar fundamental— destacan
 a través de charlas abiertas al público, capacitación
 de expertos, cursos online, publicación de directrices y
 recopilaciones normativas. Su nueva plataforma informática da cuenta de una vocación de modernización
 y su reciente designación como oficina internacional
 para la tramitación y examen de solicitudes de patentes posiciona a Inapi como un organismo de primer
 orden en el contexto mundial.
 Nada de lo anterior habría sido posible sin el apoyo
 sostenido y entusiasta del Ministerio de Economía,
 pudiendo destacarse en dicho accionar conjunto el
 programa Sello de Origen, cuyo objetivo fundamental
 es la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de nuestro país. En sintonía, el
 sistema público de fomento de la innovación, con la
 destacada participación de Corfo y el apoyo legislativo
 a través de normas de incentivos tributarios a la investigación y desarrollo, dan cuenta de una toma de conciencia que no se vislumbraba hace una decada.
 Aunque en rigor no constituyen categorías de propiedad industrial, los nombres de dominio de Internet
 presentan una estrecha relación con ella. Y en consonancia con la práctica mayoritaria internacional, en
 nuestro país existe un sistema de autorregulación a
 cargo de la Universidad de Chile (NIC Chile), que fue
 pionero a nivel mundial al establecer mecanismos de
 solución de controversias ya en el año 1998. En clara
 demostración de perfeccionamiento, el Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, organismo
 creado en el año 2003 por el Ministerio de Telecomunicaciones, aprobó el año pasado una nueva regulación de nombres de dominio que, sin desconocer las
 fortalezas del sistema actual, busca situar al .CL en
 un nivel análogo al de otros sistemas avanzados en el
 En el sector no gubernamental destaca sin duda la
 activa participación de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi) en el área académica, especialmente a través de sus jornadas anuales de exitosa
 convocatoria nacional y extranjera, como también en
 su rol de contraparte colaborativa de Inapi, tanto en
 asuntos de gestión como de generación de normas.
 La llamada observancia de los derechos de propiedad
 industrial está articulada por los organismos policiales, encabezados por unidades especializadas de combate a la piratería, a saber, la Brigada Investigadora de
 Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) creada en el
 año 2008 al interior de la Policía de Investigaciones,
 y la más reciente Sección Delitos Económicos, Propiedad Intelectual e Industrial del Departamento OS-9
 de Carabineros de Chile. Forma también parte de este
 esquema el Servicio Nacional de Aduanas, que desde
 hace varios años implementó un sistema de “alerta
 temprana” destinado a dar aviso a los titulares de marcas sobre la internación de mercancías falsificadas.
 En el ámbito jurisdiccional confluyen tanto órganos
 que forman parte de la Administración como del Poder
 Judicial y en ello existe un reparto de competencias.
 Así, en la primera instancia intervienen los tribunales
 ordinarios en la resolución de litigios civiles, penales y
 de competencia desleal vinculados con derechos de
 propiedad industrial, cuyas sentencias reflejan una
 compresión progresiva del respeto a esta clase de derechos. Inclusive, el Ministerio Público ha dictado instructivos para la investigación de estas materias y es
 posible advertir un grado creciente de especialización.
 INAPI es también un órgano jurisdiccional de primera
 instancia cuya competencia es estrictamente registral
 y su superior jurisdiccional, el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), cuenta con ministros especializados de
 generación mixta, con intervención de la Corte Suprema y del Ministerio de Economía. En pocos años, dicho
 tribunal puso fin al atraso histórico en la resolución de
 recursos de apelación, y en la actualidad ostenta el récord de tramitación promedio de no más de un mes.
 Adicionalmente, el TDPI ha elaborado un anteproyecto de ley orgánica que se espera pueda dotar a dicho
 órgano de mayores recursos para su funcionamiento y
 difusión de sus actividades y jurisprudencia.
 En la cúspide del sistema, desde el año 2006 la Excma. Corte Suprema conoce asuntos de propiedad
 industrial por la vía de la casación en el fondo contra
 las sentencias de segunda instancia dictadas por el
 TDPI. Si bien en un principio ejerció sus atribuciones
 de manera excepcional, muy probablemente como
 consecuencia de erradas estrategias forenses, el curso
 posterior demostró con creces el interés que la materia despertó en sus ministros, cristalizado en fallos de
 notable valor jurídico entre los años 2010 y 2011. En la
 actualidad es posible sostener que el Máximo Tribunal
 ha alcanzado un grado de madurez jurisprudencial en
 esta disciplina, corrigiendo los errores de Derecho en
 todos aquellos casos que efectivamente lo ameritan.
 Al inicio de estas líneas mencionamos que junto a la
 acción nos hallamos en un momento de reflexión, y
 con ello nos referimos básicamente al plano normativo. Por sobre el llamado proyecto de ley de “linkage”,
 que busca vincular la comercialización de productos
 farmacéuticos con las patentes vigentes, y cuyas bondades son más que discutibles, está el anteproyecto
 de ley que tiene por objeto sustituir íntegramente la
 actual Ley No 19.039 de Propiedad Industrial y de paso
 la ley No 20.254 que creó a Inapi.
 Como lo hemos dicho en otra ocasión, dicha ley de
 propiedad industrial, dictada en el año 1991, sufrió rápidamente de una “vejez prematura”, producto de la
 irrupción de la Organización Mundial del Comercio y
 su regulación internacional de la propiedad industrial
 y del derecho de autor. Luego llegó la época de los
 acuerdos comerciales, cuyos mayores impactos en el
 derecho de propiedad industrial tuvieron su fuente en
 el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la
 Comunidad Europea y el Tratado de Libre Comercio
 con los Estados Unidos en los años 2003 y 2004 respectivamente. Posteriormente, y como consecuencia
 directa de estos últimos, nuestro país adoptó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en
 2009 y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
 este año. Todo lo anterior exigió sucesivas reformas
 a la normativa de propiedad industrial en los años
 2005, 2007 y la más reciente de febrero del presente
 año, que terminaron por transformarla en un cuerpo
 parchado e inarmónico, no exento de dificultades interpretativas.
 En su defensa, podemos decir que nuestra actual legislación fue adecuándose paulatinamente a muchos
 estándares internacionales. A modo de ejemplo, se introdujo la posibilidad de registrar marcas que adquieren distintividad por medio de su uso, la regulación de
 acciones civiles por infracción, el aumento del plazo de
 protección de patentes cuando en su tramitación se
 producen demoras injustificadas, y nuevas categorías
 protegidas ex novo: dibujos industriales, marcas sonoras, marcas colectivas y de certificación, topografías de
 circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
 Sobre la base consolidada de dichos avances, el anteproyecto de ley se impulsa a un nivel superior, siendo
 quizá su sello el no obedecer a requerimientos impuestos por tratados internacionales, sino el fruto de
 la convicción espontánea de la oportunidad del perfeccionamiento normativo como un todo coherente. Y
 eso es algo que sólo se da allí donde se ha alcanzado
 un grado de avance tal que queda espacio y tiempo
 para la reflexión exenta de presiones.
 Más allá de los aspectos perfectibles, que son la excepción, la futura normativa llena ciertos vacíos en
 materia de procedimientos y categorías de derechos
 que no existen hoy en nuestro medio, pero también
 adopta instituciones valiosas del derecho comparado, como las marcas tridimensionales, los nombres
 comerciales y la protección de las marcas contra la
 dilución. Además, y esto es un salto cualitativo, se establece la caducidad de las marcas por falta de uso. En
 materia de patentes, se simplifica el procedimiento de
 registro de diseños industriales, que es una aspiración
 de la industria del ramo, se regula de mejor manera el
 procedimiento administrativo de patentes y se consagra la acción de usurpación de patente. En lo relativo
 a observancia de derechos, se aumentan las sanciones
 penales para los delitos contra derechos de propiedad
 industrial y se establecen penas privativas de libertad
 para la falsificación de marca.
 El esbozo del sistema de propiedad industrial que
 hemos intentado, en su presente y futuro próximo,
 nos demuestra que vamos transitando por la senda
 correcta. Ciertamente se puede hacer más, ello siempre ha sido una constante de la humanidad, pero no
 nos dejemos confundir. Dimensionado lo anterior en
 sus justos términos, sin soberbia, pero sin complejos
 tampoco, podremos aspirar a un desarrollo armónico
 y sostenido de los múltiples factores que componen el
 sistema de propiedad industrial. Tarea permanente,
 porque en definitiva la propiedad industrial es un sustento del mercado dinámico y el avance tecnológico
 constante de las naciones, y con ello está al servicio
 del progreso del mundo en general.
 N° 17 - Propiedad Intelectual e Industrial


type: contracts

jurisdiction: EU

text:
 Pomembno pravno obvestilo
 |
 22001D0111(03)
 Uradni list L 007 , 11/01/2001 str. 0005 - 0008
 Sklep Skupnega odbora EGPšt. 88/2000z dne 27. oktobra 2000o spremembi Priloge VII (Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij) Sporazuma EGPSKUPNI ODBOR EGP JE -ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,ob upoštevanju naslednjega:(1) Priloga VII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 190/1999 Skupnega odbora EGP z dne 17. decembra 1999 [1].(2) Direktiva 1999/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. junija 1999 o vzpostavitvi mehanizma za priznavanje kvalifikacij za poklicne dejavnosti iz direktiv o liberalizaciji in prehodnih ukrepih ter dopolnitvi splošnega sistema za priznavanje kvalifikacij [2]se vključi v Sporazum.(3) Direktiva 1999/42/ES razveljavlja več aktov, vključenih v Sporazum in ki jih je zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma -SKLENIL:Člen 1Za točko 1a (Direktiva Sveta 92/51/EGS) Priloge VII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:"1b. 399 L 0042: Direktiva 1999/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. junija 1999 o vzpostavitvi mehanizma za priznavanje kvalifikacij za poklicne dejavnosti iz direktiv o liberalizaciji in prehodnih ukrepih ter dopolnitvi splošnega sistema za priznavanje kvalifikacij (UL L 201, 31.7.1999, str. 77)."Člen 2Za namene tega sporazuma veljajo določbe direktive z naslednjimi prilagoditvami:Besedilo člena 1 (1) se nadomesti z naslednjim besedilom:"1. Ta direktiva se uporablja v zvezi z ustanavljanjem ali opravljanjem storitev v Evropskem gospodarskem prostoru s strani naslednjih fizičnih oseb in družb ali podjetij (v nadaljnjem besedilu "upravičenci"), ki želijo opravljati dejavnosti, naštete v Prilogi A.V zvezi z opravljanjem storitev:- državljani držav članic ES in držav Efte s stalnim prebivališčem v Evropskem gospodarskem prostoru,- družbe ali podjetja, ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice ES ali države Efte, katerih sedež, kot je določeno v njihovih statutih, ali glavna uprava ali matično podjetje se nahaja v Evropskem gospodarskem prostoru, pod pogojem, — če se samo sedež nahaja v Evropskem gospodarskem prostoru — da njihova dejavnost kaže dejansko in trajno povezavo z gospodarstvom države članice ES ali države Efte; taka povezava ne sme biti povezava po nacionalnosti, bodisi članic družbe ali podjetja, ali pa oseb na vodilnih ali nadzornih delovnih mestih ali lastnikov deležev v kapitalu,- pod pogojem, da storitev opravlja bodisi oseba, ki je sklenila pogodbo za opravljanje storitve, osebno, ali pa ena izmed njenih agencij ali podružnic, ustanovljenih v Evropskem gospodarskem prostoru.V zvezi z ustanavljanjem:- državljani držav članic ES in držav Efte ter družbe in podjetja, ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice ES ali države Efte, katerih sedež, kot je določeno v njihovih statutih, ali glavna uprava ali matično podjetje, se nahaja v Evropskem gospodarskem prostoru, in ki se želijo ustanoviti kot samostojni podjetniki v državi članici ES ali v državi Efte, in- državljani držav članic ES in držav Efte, ki imajo stalno prebivališče v državi članici ES ali državi Efte ter družbe in podjetja, kot je zgoraj navedeno, če se samo njihov sedež, kot je določeno s statutom, nahaja v Evropskem gospodarskem področju, pod pogojem da njihova dejavnost kaže dejansko in trajno povezavo z gospodarstvom države članice ES ali države Efte; taka povezava ne sme biti povezava po nacionalnosti, bodisi članic družbe ali podjetja ali oseb na vodilnih ali nadzornih delovnih mestih ali lastnikov deležev v kapitalu, ki želijo ustanoviti agencije, podružnice ali hčerinske družbe v državi članici ES ali državi Efte."Člen 3Besedila naslednjih točk v Prilogi VII k Sporazumu in naslovi, ki se na njih nanašajo, se črtajo:- točka 20 (Direktiva Sveta 64/222/EGS),- točka 21 (Direktiva Sveta 64/223/EGS),- točka 22 (Direktiva Sveta 64/224/EGS),- točka 23 (Direktiva Sveta 68/363/EGS),- točka 24 (Direktiva Sveta 68/364/EGS),- točka 25 (Direktiva Sveta 70/522/EGS),- točka 26 (Direktiva Sveta 70/523/EGS),- točka 29 (Direktiva Sveta 75/369/EGS),- točka 31 (Direktiva Sveta 64/427/EGS),- točka 32 (Direktiva Sveta 64/429/EGS),- točka 33 (Direktiva Sveta 64/428/EGS),- točka 34 (Direktiva Sveta 66/162/EGS),- točka 35 (Direktiva Sveta 68/365/EGS),- točka 36 (Direktiva Sveta 68/366/EGS),- točka 37 (Direktiva Sveta 69/82/EGS),- točka 38 (Direktiva Sveta 82/470/EGS),- točka 39 (Direktiva Sveta 63/607/EGS),- točka 40 (Direktiva Sveta 65/264/EGS),- točka 41 (Direktiva Sveta 68/369/EGS),- točka 42 (Direktiva Sveta 70/451/EGS),- točka 43 (Direktiva Sveta 67/43/EGS),- točka 44 (Direktiva Sveta 68/367/EGS),- točka 45 (Direktiva Sveta 68/368/EGS),- točka 46 (Direktiva Sveta 75/368/EGS),- točka 47 (Direktiva Sveta 82/489/EGS),- točka 48 (Direktiva Sveta 63/261/EGS),- točka 49 (Direktiva Sveta 63/262/EGS),- točka 50 (Direktiva Sveta 65/1/EGS),- točka 51 (Direktiva Sveta 67/530/EGS),- točka 52 (Direktiva Sveta 67/531/EGS),- točka 53 (Direktiva Sveta 67/532/EGS),- točka 54 (Direktiva Sveta 67/654/EGS),- točka 55 (Direktiva Sveta 68/192/EGS),- točka 56 (Direktiva Sveta 68/415/EGS),- točka 57 (Direktiva Sveta 71/18/EGS),- točka 72 (Priporočilo Komisije 65/77/EGS),- točka 73 (Priporočilo Komisije 65/76/EGS),- točka 74 (Priporočilo Komisije 69/174/EGS),Člen 4Besedili Direktive 1999/42/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.Člen 5Ta sklep začne veljati 28. oktobra 2000 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].Člen 6Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.V Bruslju, 27. oktobra 2000Za Skupni odbor EGPPredsednikG. S. Gunnarsson[1] Še ni bil objavljen v Uradnem listu.[2] UL L 201, 31.7.1999, str. 77.[3] Sporočene ustavne zahteve.--------------------------------------------------


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Ustavni pravnik o mariborskem sodišču: »Zaupanje bo težko vzpostaviti.« | Mariborinfo.com
 Ustavni pravnik o mariborskem sodišču: »Zaupanje bo težko vzpostaviti.«
 Uredništvo 6. Avgust 2019 06:49 v Politika in gospodarstvo
 »Veliko sodnikov dela odlično, nekaj pa je tudi takšnih, ki negativno luč mečejo na ostale. Sodniki sami bi morali med seboj te ljudi identificirati in jih naučiti, kako soditi v skladu s predpisi,« opozarja ustavni pravnik Jurij Toplak.
 Vrhovno sodišče je minuli teden sojenje nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju zaradi zaposlitve podžupanje preneslo na Okrajno sodišče v Novem mestu. Ugotovilo je okoliščine, ki bi lahko zbujale dvom v videz nepristranskosti mariborskega višjega sodišča.
 Ustavni pravnik Jurij Toplak je prepričan, da Kanglerju mariborska sodišča ne smejo več soditi, čeprav je vrhovno sodišče odločilo le v eni zadevi.
 »Iz obrazložitve je jasno, da bi odločali enako tudi o ostalih Kanglerjevih zadevah. Zato bo potrebno vse odprte zadeve Kanglerja prestaviti iz Maribora drugam. Jasno je, da v Mariboru ni mogoče njemu zagotoviti tega, kar se smatra kot pošten postopek,« meni Toplak.
 »Ni dovolj, da je postopek samo pošten, ampak mora dajati tudi videz nepristranskosti, to pa je v Mariboru v njegovih zadevah že uničeno. Mariborska sodišča so velikokrat kršila pravo v njegovih zadevah, videza nepristranskosti več ne morejo vzpostaviti,« dodaja.
 Kangler že obsojen na sedem mesecev pogojne kazni, a zadeva padla na vrhovnem
 Spomnimo. Kanglerja tožilstvo bremeni sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Očitajo mu, da je kot župan izkoristil svoj vpliv na direktorico medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman, da je leta 2009 zaposlila podžupanjo Astrid Bah in da ji je sklad poravnal šolnino za podiplomski študij. Zaradi tega je bil Kangler že obsojen na sedem mesecev pogojne kazni, a je zadeva padla na vrhovnem sodišču.
 #odločitevvrhovnega
 V ponovljenem sojenju je na predobravnavnem naroku na mariborskem okrajnem sodišču Kangler podal predlog za prenos pristojnosti na drugo okrajno sodišče izven pristojnosti Višjega sodišča v Mariboru. Vztrajal je namreč, da so se v postopkih proti njemu zgodile številne postopkovne kršitve in da mu pred Višjim sodiščem v Mariboru ter pred okrajnimi sodišči z njegovega območja ne bo zagotovljeno pošteno sojenje, je poročal STA.
 To je utemeljeval tudi s tem, da so vsi postopki zoper njega na sodiščih izven Maribora odločeni v njegov prid, le na sodiščih v Mariboru ni bil uspešen, je pa uspel z zahtevo za varstvo zakonitosti.
 Tehten razlog za prenos pristojnosti je obstajal
 Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je podan tehten razlog za prenos pristojnosti in za odločanje o kazenski zadevi določilo Okrajno sodišče v Novem mestu, ki spada pod Višje sodišče v Ljubljani.
 V obrazložitvi so pojasnili, da se je v sodni praksi izoblikovalo stališče, da je tehten razlog za prenos krajevne pristojnosti podan takrat, kadar obstajajo okoliščine, ki objektivno ne zagotavljajo nepristranskega sojenja. Pri tem pa so dodali, da je »pomemben element pravice do nepristranskega sojenja med drugim zahteva, da se mora nepristranskost odražati navzven«.
 Iz omenjene pravice torej izhaja tudi zahteva, da sodišče pri ravnanju v konkretni zadevi ustvarja oziroma ohrani videz nepristranskosti.
 Bo mariborsko sodišče izgubilo zaupanje ljudi?
 »Kangler je več let opozarjal, da je na mariborskem sodišču ena skupinica oseb, ki so se odločile, da ga uničijo in to z nezakonitimi prijemi. Vse bolj se kaže, da je imel prav, še posebej s to odločitvijo vrhovnega sodišča. Ne spomnim se, da bi kdaj vrhovno sodišče odločilo o katerem sodišču tako,« komentira Toplak.
 »Za mariborsko sodišče to predstavlja hud udarec v zvezi z zaupanjem ljudi. Zaupanje bo težko vzpostaviti. Mislim, da so na potezi sodni svet in organi, ki postavljajo vodstva sodišč, da postavijo takšna vodstva, ki bodo spet vzpostavila zaupanje ljudi v ta sodišča,« pojasnjuje.
 Je izredni nadzor ministrstva ali vrhovnega sodišča korak v pravo smer? »Mislim, da je bil že davno čas za takšen nadzor. Zdaj pa še toliko bolj. Transparetnost je pot do poštenega sodstva in do zaupanja ljudi v sodstvo. Mislim, da je čas, da se objavijo na spletu vse odločitve vseh sodišč in da javnost dobi vpogled tudi v podatke o statistiki posameznih sodnikov. Samo tako bomo dosegli eno ureditev, kjer bomo lahko sodiščem zaupali,« meni ustavni pravnik.
 Toplak: Sodniki sami bi morali te ljudi identificirati.
 Kangler je prepričan, da so mariborski sodniki zavestno delali napake v postopkih zoper njega: »Tu gre za zavestne napake, ki so jih zavestno počenjali tako višji sodniki, okrožni, kot okrajni kazenski v Mariboru.«
 »Veliko sodnikov dela odlično, nekaj pa je tudi takšnih, ki negativno luč mečejo na ostale. Sodniki sami bi morali med seboj te ljudi identificirati in jih naučiti, kako soditi v skladu s predpisi,« še opozarja Toplak.
 Kaktene? (nepreverjen) 3 meseci 1 teden nazaj
 Riba smrdi pri glavi!
 Mafiji (nepreverjen) 3 meseci 1 teden nazaj
 se ne sme zaupati
 In reply to Riba smrdi pri glavi! by Kaktene? (nepreverjen)
 Kdo in čigav je ta Jurij Toplak, geni ostanejo, so primeri, da je pomemben priimek, vse ostalo je dogovorna ekonomija!
 In reply to se ne sme zaupati by Mafiji (nepreverjen)
 Premestit po sloveniji in premesat vse.


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Japonijos vėliava – oficialus Japonijos valstybės simbolis, kurį sudaro baltas stačiakampis su raudonu apskritimu viduryje, simbolizuojančiu saulę. Vėliavos istorija siekia kelis šimtmečius: žinoma, kad vėliavą Japonijos laivai naudojo jau XVI a., kaip valstybinė ji buvo įteisinta po Meidži restauracijos 1870 m., o po Antrojo pasaulinio karo naudota de facto ir teisiškai pripažinta kaip oficialus valstybės simbolis 1999 m. rugpjūčio 13 d. Japoniškai vėliava oficialiai vadinama nišioki ( – vėliava su saulės ženklu), tačiau kasdienybėje labiau paplitęs pavadinimas hinomaru ( – saulės apskritimas).
 Istorija
 Ryšys su Amaterasu
 Saulės reikšmė japonų mitologijoje ir religijoje yra labai didelė, nes yra manoma, kad Imperatorius yra tiesioginis saulės deivės Amaterasu palikuonis. Amaterasu yra pati svarbiausia dievybė Šinto religijoje, iš kurios, kaip teigia legenda, kilo Japonijos imperatoriška šeima. Ji gimė iš kairiosios savo tėvo Idzanagio akies. Jai gimus, jis apdovanojo Amaterasu brangakmenių vėriniu ir paskyrė prižiūrėti Takamagaharą () – visų dievų ir dievybių buveinę. Šalies pavadinimas, taip pat kaip ir vėliavos dizainas, atspindi saulės svarbą japonų kultūroje. Antikinėje istorijoje Šioku Nihongi () rašoma, kad Imperatorius Monmu (, 683–707m.) naudojo vėliavą, vaizduojančią saulę nuo 701 m., ir tai yra pirmas kartas, kai buvo užfiksuotas jos naudojimas.
 Ankstyvoji istorija
 Tiksli Japonijos vėliavos atsiradimo kilmė nėra žinoma. Tačiau aptikti istoriniai šaltiniai rodo, kad dabartinės šalies vėliavos simbolika atsirado dar antikos laikais. XII a. apysakoje apie Heikę () teigiama, kad samurajai nešiojosi vėduokles, vadinamas gunsen (), ant kurių buvo nupiešti raudoni apskritimai – saulės simboliai. Taip pat senovinė legenda teigia, kad budistų vienuolis Ničirenas (, 1222–1282), per XIII a. vykusią mongolų invaziją davė šiogūnui saulės vėliavą, kad neštųsi ją į karą kaip šalies simbolį.
 Anksčiausiai užfiksuotos vėliavos Japonijos istorijoje priklausė kiekvienam daimyo ir buvo daugiausia naudojamos kovose. Dažniausiai tokios vėliavos turėjo daimyo klano emblemas, vadinamas mon (). Tos pačios šeimos nariai, pavyzdžiui, sūnus, tėvas ar brolis turėjo ir į mūšio lauką nešėsi visiškai kitokias, nei valdovo, vėliavas. Jos buvo naudojamos kaip identifikacija ir buvo piešiamos ant arklių ir karių nugarų. Karo generolai taip pat turėjo savas vėliavas, kurios skyrėsi nuo paprastų karių tuo, kad buvo kitos formos.
 Seniausia iki šių laikų išlikusi vėliava yra senesnė nei XVI a. ir antikinė legenda teigia, kad ji XI a. Unpodžio šventyklai buvo duota Imperatoriaus Go Reidzei (, 1025–1068 m.)
 XV–XVI a. hinomaru taip pat buvo naudojama kaip karo simbolis. 1600 m. vykusį Sekigaharos mūšį vaizduojančiame paveiksle daug vėliavų naudojo hinomaru vėliavos motyvus turinčias vėliavas. Nors raudonas apskritimas baltame fone buvo naudojamas plačiausiai, tačiau turima įrodymų, kad pasitaikydavo ir tokių pavyzdžių, kai buvo piešiamas auksinis apskritimas tamsiai mėlyname fone.
 Balta vėliava su raudonu apskritimu viduryje šiek tiek kitokią reikšmę įgavo tik XVI a. pab.–XVII a. pr. Tuo metu Tojotomi Hidejoši ir Tokugava Iejasu pradėjo ją naudoti kaip valstybės simbolį. Vėliava buvo keliama prekybiniuose laivuose, kurie keliavo į užsienį, kad Japonijos laivynas nebūtų supainiotas su užsieniečių prekybiniais laivais.
 Po Meidži restauracijos
 1868 m. Tokugavos šeima prarado visą politinę galią ir vietoj jos įsikūrė Meidži vyriausybė. Remiantis Deklaracija Nr. 57, kuri buvo paskelbta didžiosios šalies tarybos 1870 m. sausio 27 d., hinomaru buvo oficialiai paskelbta nacionaline šalies vėliava, tačiau tik 1872 m. ji buvo pirmą kartą panaudota ant valstybinių pastatų. Tuo metu Japonijos piliečiai pradėjo kelti šią vėliavą per valstybines šventes ir bėgant metams buvo išleisti įstatymai, kurie dar labiau įtvirtino hinomaru, kaip valstybinio simbolio, statusą.
 Hinomaru naudojimas augo kartu su Japonijos imperija. Būtent ši vėliava buvo naudojama svarbiuose istoriniuose įvykiuose, tokiuose kaip laimėjus pirmąjį karą prieš Kiniją ir karą prieš Rusiją. Taip pat ji buvo naudojama propagandoje. Viename filme, pastatytame 1934 m., užsienio šalių vėliavos buvo traktuojamos kaip „brokuotos“, jų dizainai buvo netikę, tuo tarpu Japonijos vėliava, kaip ir dera propagandiniam filmui, buvo išaukštinta.
 1937 m. grupė merginų iš Hirošimos prefektūros parodė vieningumą su šalies kariais, kurie tuo metu kariavo antrajame Kinijos-Japonijos kare „valgydamos vėliavas“ , kurios buvo padarytos ant baltų ryžių uždėjus raudoną fermentuotą slyvą umebošį (). Tai įgavo hinomoru bento ( – pietų, kuriuos sudaro tik balti ryžiai ir raudona slyva) pavadinimą ir tapo simboliu, kuriuo žmonės reiškė vieningumą su kariaujančiais kariais iki vėlyvo XX a. 4-tojo dešimtmečio. Japonijai laimėjus karą prieš Kiniją, vėliava ir vėl buvo naudojama švenčiant pergalę. To meto pergalės paraduose kiekvienas Japonijos pilietis rankose laikė šalies simbolį su raudonu apskritimu viduryje.
 Naudojimas mokyklose
 1952 m. švietimo ministrai paskelbė, kad vėliavų ir himno naudojimas mokyklose yra pageidautinas. Tuo metu žmonės vis dar gyveno žiauriais karo prisiminimais ir abu šie simboliai asocijavosi su perdėtu patriotizmu Antrojo pasaulinio karo metais, kuris pasmerkė daugelį tautiečių myriop, todėl įtikinti jų naudojimą ir svarbą buvo gana sunku. Didesni pokyčiai prasidėjo XX a. 8-ajame dešimtmetyje, kuomet 1984 m. ministras pirmininkas Jasuhiro Nakasonė įsteigė specialią patarėjų komisiją švietimui (), atsakingą už švietimo klausimus. Daug komisijos narių pritarė Naksonės nacionalistinėms idėjoms. Kai 1987 m. jie paskelbė oficialų pranešimą, viena iš rekomendacijų buvo, kad vaikai turėtų išmokti mylėti savo šalį ir suprasi vėliavos ir himno reikšmę. 1989 m. mokymo planas buvo dar kartą peržiūrėtas ir buvo paskelbta, kad vėliavos pakėlimas ir himno giedojimas mokyklose nuo šiol yra privalomas, o ne pageidautinas. Tiems, kurie nesilaikė šio įstatymo, buvo taikomos sankcijos. 1991 m. 125 mokyklų vadovai buvo paskelbti kaip nesugebėję atlikti savo pareigų ir buvo nubausti Švietimo ministerijos.
 Nepaisant visų sankcijų, žmonės vis tiek labai nenoriai pripažino vėliavą ir himną. Tam įtakos turėjo Japonijos mokytojų asociacija ir žmonių prisiminimuose vis dar išlikę skaudūs prisiminimai. Pastaroji priežastis ypač paveikė Hirošimos ir Okinavos prefektūras, kurios karo metu buvo vienos labiausiai nukentėjusių. Kai kuriose mokyklose ši tema tapo stipriai diskutuojama ne tik mokytojų, bet ir mokinių, tėvų ir kitų vietinių gyventojų tarpe. Tikriausiai geriausiai žinomas buvo Tokorodzavos vidurinės mokyklos atvejis, kur studentai, tėvai ir mokytojai priešinosi direktoriaus spaudimui net keletą metų.
 Dizainas
 Kai 1870 m. Ministras Pirmininkas išleido įsakymą Nr. 57, jame buvo pabrėžtos dvi nuostatos. Viena iš jų teigė, kas galėjo naudoti vėliavą, o kita – kaip ji turi atrodyti. Vėliavos kraštinių santykis buvo nustatytas 7:10. Raudonas diskas pagal įstatymą yra centre. Tų pačių metų spalio 3 d. nuostatos dėl dizaino buvo pakeistos ir buvo priimti nauji įstatymai dėl prekybinių ir karinio laivyno vėliavų. Prekybiniams laivams vėliavų santykis buvo nustatytas 2:3. Raudono disko dydis išliko toks pat, tačiau jis buvo arčiau strypo krašto 1/20, priešingai nei anksčiau, kai jis buvo talpinamas 1/100 arčiau.
 Kai 1999 m. išėjo įstatymas dėl nacionalinės vėliavos ir himno, matmenys buvo šiek tiek patobulinti, santykis išliko 2:3, tačiau raudonasis diskas buvo perkeltas į patį vėliavos vidurį, o jo dydis išliko toks pat. Vėliavos fonas yra baltas, o tikslus apskritimo atspalvis nustatytas nebuvo. Vienintelis dalykas, pasakytas šia tema, buvo tai, kad spalva yra sodraus raudono atspalvio.
 Protokolas
 Paprastai vėliavos kėlimo ceremonijos metu pirmenybė teikiama vėliavai, kurios šalyje atliekamas šis procesas. Ne išimtis yra ir Japonija. Tokioje situacijoje, kada yra keliamos trijų šalių vėliavos, Japonijos visada bus viduryje, o kitos dvi – pagal abėcėlės eilę, pradedant nuo kairės pusės. Lygiai tokia pat tvarka taikoma ir kai vėliavų skaičius yra nelyginis. Japonijos – visada viduryje. Kai keliamos dvi vėliavos, tekančios saulės šalies visada būna dešinėje pusėje. Taip pat, remiantis protokolu, todėl, kad Japonijos vėliava reprezentuoja visą šalį, ji neturėtų būti keliama kartu su vėliava, kuri atstovauja tam tikrą grupę. Tačiau jeigu tai yra neišvengiama, tuomet hinomaru privalo būti didesnė ir pakelta aukščiau. Iškilus situacijai, kada yra keliamos dvi vėliavos sukryžiuotais stiebais, užsienio šalies simbolio stiebas visada bus ant viršaus.
 Gedulo metu, vėliava pakeliama į vidutinį aukštį. Paprastai nėra konkrečios taisyklės, kuri nurodytų, kad tokioje situacijoje vėliava turi užimti tam tikrą poziciją, tačiau valstybinėms laidotuvėms ar renginiams, atitinkantiems valstybinių laidotuvių svarbą, vyriausybė išleidžia įstatymą ir vėliavos privalo būti kabinamos vidutiniame aukštyje.
 Požiūris šiandien
 Žmonių požiūris į nacionalinę vėliavą yra labai skirtingas. Dažnai japonai laiko šalies vėliavą svarbiu kultūriniu simboliu. Tačiau vėliava nėra dažnai demonstruojama dėl stiprios asociacijos su perdėtu nacionalizmu, patirtu praeityje.
 Hinomaru naudojimas ir nacionalinis himnas buvo nesibaigianti problema valstybinėms mokykloms nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Okinavos ir Hirošimos gyventojams vėliava simbolizuoja Antrojo pasaulinio karo įvykius ir vėlesnį Jungtinių Amerikos Valstijų armijos buvimą šalyje. Kitoms šalims, kurias okupavo Japonija, raudonas apskritimas baltame fone simbolizuoja agresiją ir imperializmą. Japonija savo vėliavą naudojo kaip būdą pavergti ir įbauginti okupuotas tautas. Nors vietinių vėliavų naudojimas buvo leistinas Filipinuose ir Indonezijoje, Korėjoje hinomaru ir kiti japoniški simboliai buvo naudojami pabrėžti, kad korėjiečiai priklauso imperijai, todėl ten ji turi ypač neigiamą atspalvį.
 Nepaisant visų neigiamų nuomonių tiek vakarietiški, tiek japoniški šaltiniai teigia, kad ši vėliava nepaneigiamai yra galingas ir ilgalaikį poveikį turintis imperijos simbolis. Net keletas Japonijos armijos vėliavų yra paremtos hinomaru motyvais. Ši vėliava taip pat yra kaip šablonas kitų šalies regionų vėliavoms. Jos visos atitinka tą patį motyvą, skiriasi tik spalvos ir papildomi dizaino elementai.
 Susijusios vėliavos
 Tekančios saulės vėliava
 Kylančios saulės vėliava yra dar vienas svarbus simbolis Japonijos kultūroje. Ji buvo naudota karinių ir savigynos pajėgų imperijos laikotarpyje. Jos dizaino pagrindą sudaro hinomaru motyvai.
 1870 m. Meidži periodu, ši vėliava turėjo šešiolika spindulių ir simbolizavo Imperinę Japonijos armiją. Vėliau, 1889 m. atsirado panašus vėliavos dizainas, kuris priklausė Imperiniam Japonijos laivynui. Laikui bėgant atsirado patobulinta vėliavos versija su aštuoniais spinduliais, kuri tapo visos Japonijos armijos simboliu.
 Ši vėliava karo metu buvo tarsi simbolis žiauraus Japonijos elgesio prieš okupuotas valstybes ir nusikaltimus prieš žmogiškumą. Tačiau Japonija vis dar naudoja šią vėliavą ir netgi didžiuojasi ja kaip kultūrine relikvija. Pekino Olimpinių žaidynių metu, japonai buvo įspėti Tarptautinio olimpinio komiteto, kad nenaudotų šios vėliavos, nes ji turi neigiamą politinį atspalvį. Pekinas pareiškė, kad vėliavos, susijusios su religine, etnine ar politine tematika yra uždraustos naudoti Olimpiniuose stadionuose. Tekančios saulės vėliava Azijos šalims yra lygiai tokia pat įžeidžianti, kaip svastika yra žydams, todėl šis sprendimas yra pateisinamas. Nors vėliava buvo uždrausta, šis simbolis šiais laikais vis dar yra naudojamas kituose sporto renginiuose palaikant savo komandą ir piešiamas ant nacionalinių sportininkų uniformų, taip pat madoje ir net animaciniuose serialuose vaikams.
 Imperatoriška vėliava
 1870 m. Imperatoriui, imperatoriaus žmonai ir kitiems karališkosios šeimos nariams buvo sukurtos atskiros vėliavos. Iš pradžių jo vėliava buvo įmantriai išpuošta įvairiais raštais su saule per vidurį. Imperatorius turėjo skirtingas vėliavas, kurias naudodavo jūroje ir sausumoje. Imperatoriškosios šeimos nariai taip pat turėjo atskirus simbolius, kurie buvo naudojami keliaujant skirtingomis transporto priemonėmis.
 1889 m. Imperatorius atsisakė visų skirtingų simbolių ir paliko vieną vienintelį su chrizantema, Japonijos nacionaline gėle. Šiais laikais imperatorius naudoja raudoną vėliavą, kurioje pavaizduota 16 žiedlapių turinti chrizantema, nuspalvinta auksine spalva. Imperatoriaus žmona naudoja tokį patį simbolį, tačiau vėliavos forma yra visiškai kitokia. Tuo tarpu princas ir princesė naudoja tokius pačius motyvus turinčias vėliavas, tačiau skiriasi tuo, kad chrizantema yra žymiai mažesnė ir turi baltą apvadą.
 Šaltiniai
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 Fukuoka International Exchange Foundation, 2016. Flag Display Etiquette
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 Ludden, K., 2012. Mystic Apprentice Master Volume with Mystics Dictionary Of Spirit Language. Lulu Publishing.
 Japonijos atributika
 Valstybinės vėliavos