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La realización de los Derechos Humanos en Venezuela constituye el eje central del proyecto político de la refundación de una sociedad y un Estado democráticos. La voluntad de renuncia a la represión como política de Estado es la premisa inicial y fundamental sobre la cual estamos devolviendo al pueblo venezolano el disfrute de los derechos civiles y políticos conculcados por más de doscientos años de experiencia republicana. La segunda premisa, la inclusión social, como objetivo de políticas públicas esta dirigida a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre estos descansa la posibilidad del goce pleno y sustantivo de la condición de ciudadanía para las mayorías. La realización de este cambio profundo representa un ejemplo pedagógico para los pueblos de América Latina y del mundo.
 En resistencia a este cambio, una Oposición apátrida y subversiva, de concierto con los dictados del Imperio, financiada y amparada política e ideológicamente por este, se han propuesto crear una matriz de opinión nacional e internacional de un Gobierno venezolano que desconoce lo derechos humanos, a fin de deslegitimarlo mediante una condena nacional e internacional.
 Los hechos conocidos podrían describirse como una acusación orquestada y cotidiana, contra el gobierno por violación de Derechos Humanos por acción u o misión difundida por los medios de comunicación privados manipulando la información con el apoyo y sustentación de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales y secundada por una ofensiva de los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolla una incesante actividad contra Venezuela en la sustanciación de denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos. Las violaciones imputadas al Gobierno no se definen como hechos casuales sino como secuencia reiterativa de una política deliberada y sistemática de desconocimiento de los derechos humanos; ya sea por excesos en la acción de los órganos de mantenimiento del Orden público y Seguridad del Estado, o por inercia, demora o lentitud del Ministerio Público en la apertura de investigación de agresiones privadas, identificación de los agresores e iniciación de los procesos penales respectivos. A estos se suma la adopción de medidas cautelares, generalmente a favor de comunicadores sociales que denuncian agresión de partidarios del gobierno a quienes califican como “Círculos Violentos”
 De esta manera se pretende poner en tela de juicio la credibilidad del Gobierno y de la República Bolivariana de Venezuela como Estado, e inducir un juicio negativo en los órganos que tienen a su cargo la observación, el seguimiento y sanción, del cumplimiento de los derechos en la Organización del Estados Americanos y en las Naciones Unidas. El fin último consiste, en lo interno fomentar de esta manera el rechazo de la población y el descontento dentro de la Fuerza Armada; como justificación para un golpe de Estado y crear en lo externo condiciones y supuestos que favorezcan la desestabilización del orden político a fin de legitimar una intervención multilateral auspiciada por la O.E.A. o las Naciones Unidas, con el pretexto de poner cese una supuesta ingobernabilidad del país, lo que produciría impredecibles consecuencias.
 A contrapelo de esta campaña las realizaciones más significativas que en materia de protección y promoción de los derechos humanos puede exhibir la Revolución Bolivariana con orgullo ante la Comunidad internacional son las siguientes: En materia de derechos civiles y políticos podemos exhibir muchas realizaciones tangibles. En primer lugar, en Venezuela existe hoy día una libertad de expresión del pensamiento, libertad de prensa y como libertad de reunión y asociación sin restricciones. Son múltiples y cotidianos los testimonios del ejercicio por parte de los venezolanos, de estos derechos.
 En cuanto al derecho a la vida y la integridad personal, si bien la creciente polarización de la vida política ha cobrado vidas y causado imprevisibles e inevitables perjuicios a la integridad personal de habitantes del país, no es menos cierto que el Estado venezolano a través del Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo han desplegado y desarrollan cada vez que ocurren sucesos que afectan derechos humanos elementales, actuaciones para investigar los delitos cometidos y abrir paso a la aprehensión y sometimiento a juicio de los responsables de aquellos, sean estos funcionarios públicos o particulares.
 Del mismo modo, la transformación del Poder Judicial, para facilitar el acceso colectivo a los órganos de este, es un proyecto en marcha, con resultados evidentes, a pesar del corto plazo transcurrido y la ominosa herencia de un pasado de corrupción e ineficiencia.
 Constituye además un ejemplo emblemático de la responsabilidad ética y social del Estado Venezolano el reciente reconocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su responsabilidad como Estado por los criminales sucesos, de carácter genocida, imputables a gobiernos pasados, conocidos como el caso de las víctimas de El Amparo de 1985 y de El Caracazo de 1989. En cumplimiento del deber que engendró dicha responsabilidad, la República Bolivariana de Venezuela ha pagado recientemente a los familiares de las victimas de los hechos nombrados indemnizaciones cercanas a los dos millardos de bolívares.
 Por último hacemos mención del Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el año 2003, un malicioso adefesio jurídico, además de un libelo difamatorio contra la República Bolivariana de Venezuela. A el hemos respondido en un contrainforme contundente y definitivo, que puede ser consultado, en la página Web de nuestra Misión ante la OEA.
 En materia de derechos sociales y económicos los hitos más importantes son: PLAN BOLÍVAR 2000 (Derechos a la salud, vivienda y trabajo)
 La Fundación “Proyecto País”, generadora del Plan Bolívar 2000, ha formulado y adoptado como postulados institucionales básicos: la Cooperación Ciudadana, entendida como la acción espontánea que va de lo individual hacia la colectivo, direccionada hacia un fin común y la Solidaridad Humanitaria, como mecanismo de estímulo a la sociedad a participar activamente en las soluciones que surjan para contrarrestar la problemática existente de exclusión social.
 Esta Fundación, ha establecido una serie de políticas destinadas a satisfacer el propósito para el cual fue creada, abarcando diversas áreas de acción. Sus directrices básicas se orientan a: · Contribuir a elevar la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral de la población excluida y de menores recursos de la sociedad venezolana.
 · Propiciar una nueva cultura social, basada en la cooperación ciudadana y la solidaridad humanitaria, que promueva la participación, eleve la autoestima y contribuya a reducir significativamente la deuda social acumulada.
 · Cooperar, conjuntamente con otros entes públicos y privados, en la disminución de los principales indicadores sociales que caracterizan la pobreza y marginalidad.
 · Desarrollar programas y convenios con instituciones y entes públicos y privados, con el fin de promocionar y contribuir, de manera conjunta, al logro de los objetivos de la Fundación.
 · Coordinar esfuerzos de diversa procedencia y naturaleza, de sectores públicos y privados, propiciando la unificación de criterios y la maximización de la participación de la Comunidades en el planeamiento y solución de sus problemas.
 La Fundación “Proyecto País”, como organismo adscrito al Ministerio de la Defensa, enmarcada dentro de la misión constitucional encomendada a la Fuerza Armada Nacional que establece su participación en el Desarrollo Nacional, ha asumido la responsabilidad institucional de gerenciar la acción social a ser ejecutada por el sector militar. En tal sentido, ha establecido una serie de estrategias que caracterizan sus acciones y condicionan los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros. Las estrategias son las siguientes:
 · Apoyar campañas de difusión de información preventiva y educativa.
 · Acometer el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de interés y servicio público.
 · Acometer el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de recreación y esparcimiento.
 · Contribuir a la reactivación de diversos sectores económicos.
 · Realizar actividades de saneamiento ambiental y de urbanismo.
 · Efectuar atención médica, preventiva y curativa.
 · Desarrollar actividades integrales de apoyo a la comunidad.
 · Garantizar la prestación de servicios y actividades que permitan la participación de toda la población.
 · Propiciar el acceso de la población a productos de la cesta básica a precios por debajo del mercado.
 · Ejecutar programas de capacitación para el trabajo y organización empresarial.
 · Asesorar para el desarrollo de micro-empresas y cooperativas de producción familiares y comunitarias.
 · Realizar la contratación directa y temporal preferente de la mano de obra local. · Facilitar y apoyar la organización de las comunidades.
 Las actividades que desarrolla la Fundación “Proyecto País” se enmarcan dentro del artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que asigna a la Fuerza Armada como parte de su misión medular “La participación activa en el desarrollo nacional”. En este sentido, la Fundación ha asumido como órganos de ejecución por excelencia a los Teatros de Operación Social (Comandos de Guarnición), tanto por la capacidad de respuesta y alcance de esta infraestructura, como por su cercanía a las comunidades, lo que a permitido una interacción más profundas con la misma a fin de detectar sus necesidades prioritarias y actuar de manera inmediata en la solución de las mismas.
 Esta circunstancia ha determinado que el desarrollo de las actividades de la Fundación se despliegue en dos niveles básicos: el primero que ejerce las actividades de planificación, seguimiento, control y evaluación, desempeñado por la Oficina Central; y el segundo una instancia operativa y ejecutora, ejercida por los Teatros de Operación Social (T.O.S.).
 El nivel planificador realiza la asignación de recursos financieros en atención a diversas variables socio-económicas propias de cada entidad federal, al tiempo que el nivel ejecutor elabora el diagnóstico y jerarquización de las propiedades de las respectivas comunidades; estableciéndose de esta forma un plan de metas trimestrales.
 Los planes básicos, expresados en meta por los T.O.S, que desarrolla este ente se centra principalmente en Mantenimiento Preventivo y Correctivo de instalaciones educativas, médico-asistenciales, y otras de interés público; la realización de Jornadas de Asistencia Social y Humanitarias generales e integrales, la ejecución de programas de Cirugía, el programa de Asistencia de Médica Directa, capacitación para el Trabajo, y Asesoría en la conformación de Microempresas y Cooperativas, un Plan Especial de Salud, activar los niveles de calidad en la alimentación en los venezolanos a través del programa Cultivos Organopónicos y Microhuertos Familiares, y además, crear una red distribución de minoristas con imagen corporativa, con la construcción de mercados permanentes en las principales ciudades con el slogan “Mercal”.
 Promocionar el funcionamiento de las actividades que se vinculen con la administración y organización del “Proyecto País”, a fin de incentivar e impulsar a todos los sectores de la vida nacional, para alcanzar mayores niveles de desarrollo calidad de vida y bienestar social de los sectores más necesitados del país, por medio del aporte de los recursos necesarios y la participación de la Fuerza Armada Nacional y de la Sociedad Civil.
 El Presidente de la República, en su inquietud de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, de manera inmediata, promovió un conjunto de políticas, objetivos y acciones estratégicas de instrumentación simultánea, a las cuales denominó Plan “Bolívar 2000”. Fue concebido para ser ejecutado mediante cuatro niveles de actuación: EL “Proyecto País”, orientado a atender las emergencias, corto plazo; el “Proyecto Patria”, orientado fundamentalmente a atender los problemas prioritarios del país, de corto a mediano plazo; el “Proyecto Nación “, el cual se corresponde con el Plan de la Nación, con un alcance de mediano plazo; y un cuarto plan, a largo plazo, con el cual se pretende alcanzar y consolidar la VENEZUELA que todos queremos.
 En este orden de ideas, el primer nivel de actuación da como origen lo que se conoce hoy como Fundación “Proyecto País” y para responder de manera inmediata, según el objeto del plan y percibido el colapso de los servicios de asistencia social, y el deterioro progresivo de la infraestructura de interés público a nivel nacional. Estos fueron los factores determinantes para que el esfuerzo concertado Sociedad Civil - Fuerza Armada Nacional- entes públicos y privados, se orientase en forma inmediata e integral a dar solución a las necesidades básicas y apremiantes de la población más desasistida del país y por ende de escasos, y en muchos casos, inexistentes recursos económicos.
 Esta dinámica ha permitido proporcionar asistencia inmediata y puntual a la población más necesitada y en situación de máxima exclusión social, mediante la cogestión y la acción conjunta de los diferentes organismos responsables del diseño y ejecución de las actividades propias del Proyecto.
 Jornadas de Asistencia Social y Humanitarias:
 Han sido actividades de intereses sociales; médicas, quirúrgicas y asistenciales que se desarrollan en todo el territorio nacional, para garantizar la atención integral a la población de menores recursos. Los órganos ejecutores de este programa son los 27 Teatro de Operación Social y para el ejercicio fiscal 2003 esta Fundación logro beneficiar a 739.780 personas. Asistencia Médica Quirúrgica: Este programa esta dividido en dos sub. programas:
 a. Plan Nacional de Cirugía: Se lleva a cabo como mecanismo de atención permanente a las principales afecciones que caracterizan la salud de la población de menores recursos. Comprende exclusivamente intervenciones quirúrgicas mayores; donde el paciente es atendido en un centro clínico público o privado hasta su recuperación. b. Asistencia Médica Directa: Su objeto es brindar apoyo en tratamientos médicos a pacientes que por la complejidad patológica o por sus altos costos, no pueden acceder al tratamiento para su cura. Esta Fundación ha entregado 109 ayudas médicas en el 2003. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura de Interés Social:
 La concepción de este programa, que caracteriza a la Fundación “Proyecto País”, se realizó en base a las necesidades de mejoramiento de estructuras físicas de instalaciones educativas e instalaciones médicas y otras. A través de este programa se recuperaron 30 obras en el área de educación de la Zona Metropolitana. Se construyó una unidad educativa y un hospital en el Estado Trujillo; en el Estado Zulia, también se construyó un ambulatorio; además de otras obras de mantenimiento realizadas en el Estado Aragua.
 PLAN DE TRABAJO OCASIONAL
 El Plan de Trabajo Ocasional se define como una estrategia que contempla la generación de empleos de forma eventual u ocasional por jornada efectiva de trabajo, dirigido a la masa de población económicamente activa, personal profesional y obreros calificados, obreros no calificados y obreros supervisores, en función de las necesidades y / o requerimientos de las comunidades de las diferentes regiones del país. Este plan se fundamenta desde el punto de vista laboral, en las previsiones de la Ley Orgánica del Trabajo.
 A través de este programa se generaron 933 empleos directos y 4.665 empleos indirectos en el 2003.
 PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD
 En marzo del año 2003, por orden del ciudadano Presidente de la República se creó un programa especial de salud que refuerza los existentes en esta Fundación; dirigido a atender solo el área médico quirúrgica, a fin de mitigar la deuda en salud tuviera del Estado. Una vez concebido el programa y ejecutado en todo el ámbito nacional los frutos cosechados fueron sorprendentes, se alcanzó atender a 1.175.203 personas en el 2003.
 1. En el asentamiento Campesino “La California” del Municipio Camatagua, Estado Aragua, se establecieron setenta y uno (71) Cooperativas Agropecuarias, se ha otorgado financiamiento a cuarenta y cuatro (44) Cooperativas, beneficiándose a trescientos cuarenta y un (341) Reservistas, de igual forma, se han efectuado en los mencionados asentamientos los siguientes trabajos:
 -Dotación de tierras por parte del INTI.
 -Mejoramiento y construcción de dos (02) lagunas.
 -Construcción y mejoramiento de la vía principal y vías de penetración interna.
 -Se elaboró Proyecto para el sistema de Riego y el sistema de Electrificación de cada Asentamiento. 2. Se realizaron reuniones con Entes Crediticios Regionales y Nacionales e Instituciones relacionadas con Programas Productivos, con el propósito de obtener financiamiento para las Cooperativas y Microempresas de las Unidades Especiales de Reservistas para la Producción y Desarrollo Nacional.
 3. Se ejecutó un Plan de visitas a los Teatros de Operación Social a nivel nacional (Aragua, Apure, Mérida, Barinas, Guarico, Cojedes, Carabobo, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Lara, Falcón, Bolívar, Zulia, y Distrito Capital); allí se establecieron los parámetros para la evaluación de proyectos, asesoramiento legal, económico y técnico, corrección de fallas comunes en la formulación de proyectos, con la finalidad de evitar en lo sucesivo, errores, y por ende retardo en el proceso de evaluación y gestión.
 4. Para la conformación de Asociaciones de Cooperativas, se coordinó con la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACCOP), los tramites necesarios para la expedición de la Constancia de Reserva de Denominación, para que las asociaciones puedan registrar su Acta Constitutiva, y así formular sus Proyectos ante los Entes Crediticios. En 2003 se han logrado expedir trescientas (300) constancias de Reserva de Denominación.
 5. Apoyo a la formulación del Proyecto de Cultivos Organopónicos.
 CULTIVOS ORGANOPONICOS Y MICROHUERTOS FAMILIARES
 Este programa fue creado con el objeto estimular la producción de alimentos con la participación activa de núcleos familiares y comunidades organizadas. En microhuertos familiares se logró incorporar a 2.802 familias, se impartieron 240 cursos y estas familias han logrado sembrar 2.752 m2 en diferentes rubros de hortalizas; además se han creado cuatro cooperativas para la producción de estas tierras, contando con la participación activa de 82 personas dedicadas a la producción de huertos intensivos.
 De igual manera, se han cultivado 08 Hectáreas de cultivos Organopónicos constituidos de la siguiente manera: Bolívar I ubicado en la Avenida México de la ciudad de Caracas, Bolívar II ubicado de igual manera en la Avenida México de esta ciudad Capital., Tiuna I, ubicado en Fuerte Tiuna, Tiuna II se encuentra en Fuerte Tiuna, Tiuna V, ubicado en los alrededores de la Escuela Ecológica y 35 RPM y por último el cultivo Chupulún, situado en el Municipio Cristóbal Rojas de Charallave.
 MISIÓN BARRIO ADENTRO (Derecho a la Salud)
 Esta Misión cumple con el mandato constitucional de construir un Sistema Público Nacional de Salud regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad; en el que la Participación Protagónica del pueblo cumple un papel fundamental. Especialmente permite materializar los artículos de la constitución que hacen referencia a la salud: Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.
 Con el nacimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Salud pasa a ser un Derecho Social Fundamental y el Estado recupera su papel rector en la construcción del Sistema Público Nacional de Salud de carácter “intersectorial, descentralizado y participativo”.
 La Constitución hace hincapié en los principios de corresponsabilidad, solidaridad, protagonismo y participación que implican una nueva relación Estado-Sociedad, en la que las comunidades recuperan su papel en la “formación, ejecución y control de la gestión pública”. Esta nueva relación Estado-Sociedad es la base del Plan Barrio Adentro que el 16 de abril de 2003, en el marco del Convenio Venezuela-Cuba como respuesta del Estado venezolano a la solución de las principales necesidades sociales y de salud, constituyéndose como el punto de partida para el desarrollo de la Red de Atención Primaria Integral, prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Público Nacional de Salud.
 El Plan Barrio Adentro se ha desarrollado en varias fases. Una primera de experimentación entre abril y junio de 2003 que consistió en medir el impacto y el apoyo de las comunidades, la constitución de los primeros Comités de Salud, la adaptación de los médicos y médicas cubanas y la evaluación de las enfermedades más frecuentes en cada localidad. Esta fase piloto se desarrolló en el Municipio Libertador a través del Instituto de Economía Local (IDEL) de la Alcaldía de dicho municipio. Una segunda fase entre junio y agosto de 2003 que consistió en la expansión del Plan Barrio Adentro hacia diversos estados del territorio nacional. Una tercera fase, entre septiembre y diciembre de 2003, que consistió en la extensión masiva del Plan hasta alcanzar todos los Estados y el Distrito Capital, llegando a un total de 10.179 médicos y médicas en todo el territorio nacional, cada uno de los cuales realiza 26 actividades médicas diarias que incluyen consultas, educación para la salud, actividades de preparación de líderes comunitarios, promoción de salud, visitas directas a pacientes enfermos, es decir todo tipo de actividades relacionadas con la salud integral de las 250 familias que están a su cargo. El 14 de diciembre de 2003, comenzó una nueva fase con el nacimiento de la Misión Barrio Adentro y se inauguraron los primeros 20 Consultorios Populares o Casas de la Salud y la Vida, como primer paso para alcanzar la meta estimada de 5000 para el año 2004.
 En la implementación y desarrollo de la Misión Barrio Adentro juega un papel fundamental la comunidad organizada, quien participa activamente a través de los Comités de Salud, entre otras organizaciones. Además la Misión Barrio Adentro se basa en el concepto de Salud Integral, el cual trasciende la vieja visión reduccionista, que asocia la salud exclusivamente a la asistencia médica. Para la Misión Barrio Adentro la salud se relaciona con la economía social, la cultura, el deporte, el ambiente, la educación y la seguridad alimentaría, de allí la importancia de la organización comunitaria y la presencia de los médicos y médicas que cotidianamente viven en y con las comunidades. MERCAL (Derecho a la alimentación)
 Mercados de Alimentos, Sociedad Anónima, “MERCAL S.A.”, es una Sociedad de Comercio del Estado Venezolano creada por la Corporación Venezolana Agraria, autorizada mediante Decreto No 2.359, de fecha 09 de Abril de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 37.672. Dio inicio a sus operaciones el 22 de Abril del 2003, con la inauguración de los Módulos de las Parroquias: Caricuao (Ruiz Pineda), Parroquia San Juan (Los Eucaliptos) y Parroquia Sucre (Lomas de Urdaneta) y con un Centro de Acopio y venta denominado Mampote, ubicado en Guatire, Estado Miranda.
 El Gobierno Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela creó la Empresa MERCAL, como una organización destinada a operar permanentemente a nivel nacional en el mercado mayorista y minorista de alimentos y de otros productos de primera necesidad, tendente a abastecer al pueblo venezolano y especialmente a la población de menos recursos económicos.
 El objetivo fundamental de la Misión de MERCAL, S.A. es efectuar el mercadeo y comercialización, permanente, al mayor y detal de productos alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, bajos precios y fácil acceso, para mantener abastecida a la población venezolana muy especialmente la de escasos recursos económicos, incorporando el grupo familiar y las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas, mediante puntos de comercio fijos y móviles; desarrollando además una imagen corporativa en todos sus procesos, con apego a las normas que rigen la materia, para así garantizar la seguridad alimentaría.
 Los objetivos específicos son: · Contribuir con el abastecimiento de la población venezolana, urbana, rural y a los pueblos indígenas. · Satisfacer las necesidades alimenticias de por lo menos el 30% de la población venezolana.
 · Definir políticas en materia de comercio interno y planificar el abastecimiento.
 · Adquirir productos alimenticios y otros de primera necesidad de origen nacional e internacional.
 · Incorporar el grupo familiar, las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas a los programas de MERCAL.
 · Reabastecer oportunamente los inventarios de las unidades de mercado asociadas.
 · Propiciar el intercambio comercial intermunicipal e interestatal.
 · Instalar puntos de mercados fijos o móviles a nivel nacional.
 · Mantener permanentemente stock de productos.
 · Competir con el mercado minorista colocando los productos a precios accesibles.
 · Incentivar la producción nacional.
 · Incrementar los niveles de empleos directos e indirectos.
 · Alcanzar un rendimiento mínimo del 10% al final del año fiscal 2003 con miras a la reinversión.
 Durante su primer año de actividades, Mercal S.A. ejecutó acciones tendentes al logro de sus objetivos y metas, dando prioridad a la conformación de la Red de Almacenamiento, Distribución y Venta de Alimentos, a fin de garantizar el acceso físico y económico de nuestros productos a la población objetivo del Programa.
 A continuación realizaremos una descripción de los alcances y logros obtenidos en cada área del Programa.
 Red de Almacenamiento, Distribución y Venta de Alimentos:
 La “Red Mercal”, está constituida por Centros de Acopio, Módulos, Bodegas ( Abastos ) Asociadas y Bodegas Móviles, también se proyectó la participación en Mercados a Cielo Abierto (Megamercados) y el establecimiento de Convenios o Alianzas Estratégicas con Gobernaciones a fin de ejecutar y coordinar el Programa en los Estados.
 Para noviembre de 2003, los alcances en la instalación y consolidación de la Red a nivel nacional, fueron los siguientes:
 Los Centros de Acopio, son establecimientos de almacenamiento, distribución y ventas al (mayor) de alimentos de Mercal. Su importancia fundamental radica en el hecho de representar uno de los instrumentos de la empresa para apoyar la seguridad y soberanía alimentaría en lo que respecta al mantenimiento de un nivel de reservas alimenticias estratégicas para la población venezolana. Geográficamente, los Centros de Acopio están distribuidos estratégicamente, a fin de facilitar el proceso de abastecimiento por parte de los proveedores así como la distribución a los puntos de ventas al detal. Para noviembre de 2003, Mercal había puesto en funcionamiento 09 Centros de Acopio a nivel nacional, con una capacidad de almacenamiento de 9.621 Toneladas. Como se ha dicho son una fuente de empleo directo e indirecto. Actualmente han generado empleo directamente a 99 personas e indirectamente a aproximadamente 198 personas. Es evidente que representan un elemento fundamental para tanto para el almacenamiento y comercialización como para el mantenimiento de reservas estratégicas de alimentos para la población venezolana.
 Red de Bodegas (abastos) Asociadas:
 Los productos que comercializa por Mercal, cuentan con la estructura de ventas al detal más arraigada en la población venezolana, la tradicional “Bodega Popular”.Por su tradición y arraigo popular, a través de la Red de “Bodegas Asociadas”, se garantiza, no sólo el acceso a nuestros productos, sino que incorporamos activamente al grupo familiar los programas, generando de esta manera nuevos empleos e ingresos a familias de bajos recursos económicos.
 Para noviembre de 2003, se habían afiliado en forma directa 312 Bodegas y a través de convenios se atendieron 773 Bodegas, con un total de 1.085 Bodegas asociadas directa e indirectamente a Mercal S.A.
 A través de las bodegas anteriormente señaladas, se atiende en promedio alrededor de 303.800 personas al mes. A fin de garantizar y facilitar a las familias de bajos recursos su participación en la Red de Bodegas Asociadas, Mercal S.A., concede un financiamiento inicial en mercancía, el cual permite a las familias asociadas a través de las bodegas dar inicio a sus operaciones.
 Mercados a Cielo Abierto:
 MERCAL ha participado conjuntamente con otras instituciones del Estado en Mercados a Cielo Abierto y Megamercados. Esta iniciativa del Gobierno Bolivariano ha permitido el acceso a una mayor variedad de productos, donde además de los productos comercializados por Mercal, la población venezolana tiene acceso a otros rubros y productos de primera necesidad. Los Mercados a Cielo Abierto y los Megamercados se han convertido en la alternativa de la población venezolana no sólo en el área alimenticia sino de otros productos de primera necesidad.
 A fin de promover la cooperación interinstitucional, se planteó la necesidad de establecer alianzas estratégicas con Gobernaciones de Estado, a fin de que éstas se encargaran del desarrollo y ejecución del Programa Mercal en dichos estados. Durante el año 2.003, se firmaron Convenios con las Gobernaciones de los estados Nueva Esparta, Lara, Barinas y Portuguesa.
 La naturaleza de la actividad que ejecuta MERCAL, implica una serie de articulaciones que generan gran cantidad de empleos directa e indirectamente. La creación y crecimiento de Mercal S.A., ha generado directamente 986 empleos e indirectamente 1.972 empleos.
 CASA C.A.: (Derecho a la alimentación)
 Se estableció con carácter temporal la Comisión de Abastecimiento con el objeto de asesorar al Ejecutivo Nacional en las medidas que pudieran ser adoptadas para garantizar el abastecimiento permanente de alimentos y demás bienes y servicios, así como el acceso oportuno a los mismos por parte de los consumidores”. Está Comisión generó y activó el Plan Excepcional de Seguridad Alimentaría (PESA); el cual se ejecuta y formula a partir de las siguientes consideraciones: Atender a un aproximado de 8 millones de habitantes de mayor pobreza, distribuidos en el ámbito nacional. Este plan tiene como base el abastecimiento de 14 rubros básicos importantes en la dieta del venezolano (arroz, pasta alimenticia, harina de maíz precocida, leguminosas, azúcar, sal, café, aceite comestible, pollo, embutidos o mortadela, huevos, pescado en conservas, leche en polvo y harina de trigo Toma en cuenta las pautas del Instituto Nacional de Nutrición sobre el requerimiento de 2600 calorías. para personas adultas. Se estima el consumo hipotético mensual por persona de 14 Kg. Esto significa un aporte al individuo de 59,74% de las Kcal., requeridas, en proteínas y grasas, 76,51% y 46,82%, respectivamente. Para satisfacer los requerimientos de alimentación de la población antes mencionada, el Ejecutivo Nacional aprobó la cantidad de doscientos sesenta y un millones de dólares americanos (261.000.000 M USD), para la adquisición de quinientas un mil toneladas métricas (501.000 TM.) de productos alimenticios, tal como se estableció en el Decreto N° 2.340 de fecha 14 de mayo de 2003, se encuentra en plena ejecución. Siguiendo con la política de abastecimiento, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, respondiendo a las necesidades de la nación y el pueblo, dio cumplimiento al artículo 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala: “El Estado fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura,” mediante la aplicación de la Ley de Silos. Asimismo se planificó un Programa de inversión destinado a la recuperación de esta infraestructura propiedad de la Institución, con el objetivo de ofrecer un espacio a los medianos y pequeños productores del agro venezolano. Para este fin se hizo una inversión de dos millardos quinientos sesenta millones quinientos veinticinco mil trescientos sesenta y dos bolívares con veintidós céntimos (Bs. 2.560.525.362,22) destinados a la reparación, ampliación, mantenimiento de las Plantas. Estas Plantas de Silos se encuentran ubicadas estratégicamente con posibilidades de recuperar su alta eficiencia productiva en los renglones (Maíz, Arroz y Sorgo).Actualmente se realizan esfuerzos para recuperar, en un 80%, la capacidad operativa de nueve (9) plantas de silos, equivalentes a quinientos setenta y ocho mil toneladas métricas (578.000 TM), que darán beneficio a 17.834 productores y generan 206 empleos directos y 812 empleos indirectos. Para el próximo año se espera recuperar el resto de las plantas bajo la administración CASA S.A., lo que ayudará a una ampliación ostensible de las capacidades de depósito con los consecuentes beneficios a nuestro pueblo, ya que ayudara al abastecimiento sistemático de los mercados estatales que llevarán sus productos directamente a la población de más bajos ingresos.
 MISIONES EDUCATIVAS (Derecho a la educación)
 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace descansar en la interacción entre educación y el trabajo el logro de sus fines. Se concibe que en este proceso la “escuela” es el centro del quehacer de la comunidad y eje del desarrollo local, fortaleciendo integralmente al niño, niña, adolescente, joven y adulto en todas las instituciones del Estado. Ellos se hace mediante programas como “Simoncito” para atender niños 0 a 6 años, la Escuela Bolivariana para atender la educación básica, la Escuela Robinsoniana para atender la educación técnica y el Programa de Abastecimiento Alimentario. Todo ello a partir de las definiciones de las siguientes funciones de la Escuela:
 · La escuela como factor productivo · La escuela como espacio comunitario para la paz
 · La escuela como lugar para los Consejos Comunitarios
 · La escuela como comunicación alternativa
 · La escuela como espacio de salud y vida
 · La escuela como espacio de creatividad
 Los esfuerzos del Estado en materia educativa se centran en tres líneas estratégicas: 1- modernización y actualización del diseño curricular en cada nivel, 2- mejoramiento del docente en lo profesional y social. 3- rehabilitación y dotación de planta física. El compromiso del Gobierno Nacional con la educación significa un esfuerzo para garantizar la ampliación de la cobertura de los sistemas escolares, la reducción del analfabetismo, la extensión y mejora de la protección y educación integral desde la primera infancia, la plena participación, la igualdad de oportunidades e introducir reformas educativas para mejorar la calidad de la educación a lo largo de toda la vida.
 La educación integral se logra a través de la creación de infraestructura y ambientes equipados, horario integral, alimentación diaria, formación en educación, cultura y deportes, tareas dirigidas, orientación, salud, recreación y maestros a dedicación exclusiva, quienes se forman de manera permanente para la consolidación del Proyecto de participación de la familia y la comunidad.
 Asegurar una educación para todos permitirá el cumplimiento pleno de los derechos humanos, paso imprescindible para generar procesos de desarrollo, la consolidación de los sistemas democráticos y el establecimiento de leyes transparentes y efectivas que generen la confianza de los individuos y se respeten las instituciones.
 Desde 1999 se ha logrado la conversión y construcción de más de tres mil planteles en Escuelas Bolivarianas. La atención en dichas Escuelas Bolivarianas de más de 850.000 niños; la construcción de 277 nuevos planteles para el servicio de Escuelas bolivarianas del total de más de 400 nuevos planteles construidos en la actual gestión gubernamental y la rehabilitación de 5.026 para el mejoramiento de la planta física. Además el Plan Nacional de Promoción, Divulgación y Formación de los Derechos Humanos del Ministerio de Educación Cultura y Deportes y el Consejo Nacional del Niño y el Adolescente se ha aplicado a través del Taller “Educación en Derechos Humanos para la Formación Docente de la Primera y Segunda Etapa de Educación Básica de las Escuelas Bolivarianas de la Región Capital”. Se han adelantado otros proyectos como “La Cultura en las Escuelas Bolivarianas” a través de 2.667 talleres a nivel nacional que han atendido 143.450 niños y niñas, el proyecto “El Cine va a la Escuela”, aplicado en 307 escuelas, el proyecto “Consolidación de la Educación Sexual y la Equidad en las Escuelas”, para 180 mil niños y niñas con el apoyo del FNUAP para la prevención del VIH, embarazo adolescente y la violencia familiar en la tercera etapa de la Educación Básica, con más de 252.065 alumnos formados en más de 1.036 escuelas, el Programa Integral de Danza en las Escuelas Bolivarianas (atendiendo a más de 89.092 niños y niñas) y el Programa “Taima por la Paz” en mayo del presente año, con la participación de diferentes Estados del país. Merece especial mención el programa de alimentación escolar. Persigue acciones de carácter estructural, destinadas a contribuir con el mejoramiento del nivel nutricional, el rendimiento académico, la permanencia y la prosecución de los estudiantes en el sistema educativo, mediante el suministro de una alimentación diaria, variada y adecuada a los requerimientos nutricionales, a los patrones culturales y a la disponibilidad de insumos en el área que habitan. Se atienden a los alumnos de los niveles de Educación Inicial, Básica, Educación Especial, Media, Diversificada y Profesional, inscritos en planteles oficiales y en aquellos que atienden niños y niñas en situación de exclusión social.
 Hoy, con la Constitución Bolivariana que consagra como valor fundamental el derecho a una educación de calidad y sin exclusión, el Gobierno Nacional ha emprendido una cruzada en pro de la democratización de la educación, a fin de lograr un equilibrio social, el cual se encuentra orientado, no sólo a corregir las enormes diferencias que afectan a nuestra sociedad con su gran carga de exclusión e injusticia social, sino que además concuerda con el desarrollo pleno del ciudadano en los aspectos básicos del ejercicio de la democracia. Este gobierno ha puesto en práctica una serie de medidas socio-educativas que están permitiendo la erradicación del analfabetismo, la deserción y la exclusión escolar. a.- Misión Robinsón:
 La Misión Robinsón es la operación cívico militar más importante de la historia republicana de nuestro país. Tiene como finalidad formar conciencias para la libertad, enseñando a leer y a escribir a más de un millón de venezolanos distribuidos por todo el territorio nacional. Pueblo y Fuerza Armada forman llevan un mensaje de amor y patria que no podrá ser borrado jamás. La misión llega a las comunidades más remotas del país y su objetivo es alcanzar la independencia cultural del pueblo venezolano. Instituciones civiles y militares en un esfuerzo mancomunado han realizado la tarea enseñar a leer y escribir a un millón de venezolanos en condición de analfabetismo, cumpliendo así con el sueño de Robinsón y de Bolívar, de consolidar la libertad, la preeminencia de la educación para el fortalecimiento de los pueblos y la integración de América Latina. Se trata de un método de alfabetización que se apoya en los valores humanos, aumenta la autoestima en el nuevo lector, propicia en el destinatario un crecimiento como ser humano, se desarrolla a través del vínculo entre números y letras, relaciona lo conocido con lo desconocido., es un método flexible; se sustenta en una actividad práctica, constante, de forma gradual y ascendente; amplía el horizonte cultural de las personas y utiliza diferentes medios instruccionales.
 A la fecha, en nuestro país hay aproximadamente un millón quinientos mil analfabetas, de los cuales existen 1.245.135 venezolanos captados por la Misión, se ha superado la meta establecida en un 128%. De 1.203.314 de analfabetos ya están en clases. 139.307 voluntarios los atienden como instructores.
 En la mitad del tiempo previsto, los resultados del proyecto de alfabetización venezolano, inédito en el mundo, demostraron que ha sido posible integrar a la sociedad y al sistema educativo formal a 1.070.000 personas. b.- Misión Robinsón II:
 La extensión de la Misión Robinsón dado su éxito, se realizó a partir del mes de octubre del presente año, y hasta la fecha se han inscrito para la Misión Robinsón II un total de 554.127 personas, en 31.730 ambientes con 36.085 facilitadores dispuestos a continuar con el éxito de la Misión. c.- Misión Ribas:
 Actualmente existen 5 millones de personas que no han concluido sus estudios de bachillerato y se encuentran excluidas del sistema educativo. Dentro del nuevo esquema político, el Gobierno Bolivariano emprende la "Misión Ribas", con la cual logrará que todos los venezolanos y venezolanas sean bachilleres, impulsando así, un nuevo proyecto educativo nacional, que en forma sistemática coadyuvará de manera contundente a la transformación del país. Estamos ante una nueva cultura política que plantea democratizar la educación dentro de un marco de integración nacional, garantizando el acceso a un sistema educativo de calidad para todos los venezolanos.
 Esta Misión beneficiará a todos los ciudadanos que sin importar su edad, quieran terminar sus estudios secundarios luego de haber concluido la educación primaria. La misión consiste en proporcionar a la población venezolana acceso y participación a un sistema educativo sin exclusión y de calidad que facilite su incorporación al aparato productivo nacional y al sistema de educación superior, mejorando su calidad de vida a corto y mediano plazo. El objetivo es graduar de bachiller a todo aquel ciudadano o ciudadana que no haya culminado el ciclo de educación secundaria que exige el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para otorgar el Título de Bachiller, con la finalidad de democratizar la educación en un marco de integración nacional, garantizando el acceso a un sistema educativo de calidad para todos los venezolanos. El Censo de los interesados comenzó el 1 de noviembre del 2003 y hasta la fecha los resultados determinan 1.263.658 personas inscritas. Esto representa todo un éxito para la Misión. Se beneficiarán a 200 mil estudiantes con becas, previo estudio socio-económico. El 17 de noviembre de 2003, con la incorporación a clases de los primeros 400 mil alumnos -63 mil de ellos becados-, se inició este proyecto educativo impulsado por el Gobierno Nacional. En todo el territorio nacional se iniciaron también las actividades, en un total de 13 mil centros de enseñanza que servirán para impartir clases televisadas, grabadas por profesores de alto nivel, con apoyo presencial de facilitadores seleccionados por el Ministerio de Educación.
 d.- Misión Sucre:
 El Plan denominado “Misión Sucre”, es una iniciativa del Estado Venezolano que tiene por objeto potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y transformar los excluidos del subsistema de educación superior en ciudadanos activos y cultos con posibilidades reales de ejercer su derecho a la participación política.. En esta Misión se conjuga una visión de justicia social, con el carácter estratégico de la educación superior para el desarrollo humano integral sustentable, la soberanía nacional y la construcción de una sociedad democrática y participativa, para lo cual es indispensable garantizar la participación de la sociedad toda en la generación, transformación, difusión y aprovechamiento creativo de los saberes y haceres. En materia de educación superior los avances han sido notables. En las últimas décadas del siglo pasado, el Estado fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en materia educativa y específicamente en lo que se refiere al nivel de educación superior. De hecho, la inversión realizada en educación superior en Venezuela desde 1989 hasta 1998, evidenció una tendencia descendente, afectada por la propensión a realizar recortes presupuestarios en todos los sectores del ámbito social y, en especial, como una estrategia para construir la viabilidad del proyecto de privatización de la educación superior. Esto trajo como consecuencia una amplia deuda social acumulada, pues la matrícula universitaria sufrió un estancamiento, favoreciendo la exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más pobres. En efecto, diversos estudios afirman que el ingreso a la educación superior favoreció a los sectores con mayores ingresos, a la población de las grandes ciudades y a los estudiantes provenientes de planteles privados. A la par de este fenómeno, la educación superior de gestión oficial disminuyó sensiblemente su participación en favor de la educación de gestión privada.
 Desde 1999, el Gobierno Bolivariano ha dedicado sus mejores esfuerzos a fortalecer todo el sistema educativo venezolano y hacer realidad el ejercicio de la educación como derecho humano, para lo cual ha sido indispensable rescatar la iniciativa del Estado como garante de oportunidades educativas de calidad para todos, tal y como lo señala el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refiere: Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad (...)
 Por una parte, se ha revertido la tendencia de las últimas décadas a la disminución del presupuesto público dedicado a la educación, pasando del 3.2% del PIB en 1998 al 4.6% en el año 2002, la cual es una proporción significativa en comparación con el conjunto de la América Latina que destina en promedio al 4.4% del PIB a la educación, aún cuando queda un amplio trecho por recorrer para alcanzar niveles de inversión como los de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. El Gobierno Nacional ha logrado la expansión de la matrícula de los Institutos y Colegios Universitarios y en buena parte de las Universidades Nacionales Experimentales, en una labor conjunta con las autoridades y las comunidades de estas instituciones. Además, desde 1999 se han creado cinco nuevas universidades, a saber: la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (creada por decreto en el gobierno de Rafael Caldera y abierta en la gestión del presidente Chávez); la Universidad Marítima del Caribe; la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada; la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago y la Universidad Bolivariana de Venezuela (punta de lanza de la Misión Sucre). Igualmente, se han creado cuatro nuevos Institutos Universitarios de Tecnología, como son: el IUT del Estado Bolívar, el IUT del Estado Apure, el IUT del Estado Barinas y el IUT en la Fría, Estado Táchira. Estas instituciones son nuevas oportunidades de estudio para el gran número de bachilleres que egresan de la educación media, y además responden a la necesidad de transformar el sistema de educación superior, en términos de cobertura geográfica, en función de la construcción del Equilibrio Territorial diseñado en los lineamientos del Plan Económico y Social de Desarrollo 2001-2007. Estos ejemplos son una muestra de la decisión y de la acción estratégica del Estado para cancelar y superar la deuda social y garantizar el acceso a la educación superior de todas y todos. Sin embargo, este esfuerzo resulta aún insuficiente, toda vez que la deuda social acumulada es de enormes proporciones. Existe un aproximado de más de 500.000 bachilleres excluidos del sistema de educación superior.
 El sistema de selección y admisión que se aplica a los estudiantes que aspiran a ingresar a la Educación Superior ha sufrido, casi desde sus inicios, el cuestionamiento de diferentes sectores de la comunidad académica . Básicamente el sistema de selección se comparte entre los procedimientos aplicados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), que combina los resultados de las calificaciones de Educación Media (Promedio del Bachillerato) con los de la prueba de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Matemático) en un índice que los integra, denominado Índice Académico; y el utilizado por las universidades que, fundamentalmente, está constituido por las llamadas Pruebas Internas, las cuales combinan exámenes de aptitud con las de conocimientos específicos, según la naturaleza e interés del área o disciplina correspondiente . El aspecto que más se ha cuestionado es la discriminación social que el procedimiento establece entre los aspirantes, evidenciándose que los resultados de las pruebas tienden a favorecer a los estudiantes de mayores recursos socioeconómicos, característica que es válida tanto en el sistema nacional de admisión, como en el de las pruebas internas de las universidades, aunque más acentuadamente en este último. MISIÓN VUELVAN CARAS (Derecho al trabajo)
 El objetivo de la Misión Vuelvan Caras es facilitar herramientas para encausar a los participantes hacia labores productivas que generen servicios y bienes que cubran las necesidades de la zona de despliegue de cada Núcleo de Desarrollo Endógeno.
 Es decir, multiplicar en todo el país centros de producción que devenguen en bienestar económico y mejores servicios, además del crecimiento de la producción de productos terminados de óptima calidad que permita depender menos de la industria foránea y de los oligopolios internos para catapultar al país, en principio, hacia un liderazgo regional. No se trata dar trabajo a un millón de personas, sino articularlos en la red de producción, a través de la voluntad de los participantes y el esfuerzo del Gobierno Nacional. Las misiones Ribas, Sucre, Robinsón y su hermana Robinsón II, son vitales por el grado de organización que poseen, pero la razón más importante es que Vuelvan Caras es el escalón que viene dentro de la escalera de la nueva plataforma de producción.
 La idea es desplegar en el Territorio Nacional centros de desarrollo de múltiples bienes y servicios que estarán relacionados entre si y se extenderán y fortalecerán dependiendo de las necesidades de los grupo sociales que conformen el núcleo endógeno y sus alrededores.
 Vuelvan Caras piensa generar una masiva respuesta de participación y voluntariado a través de las ideas y símbolos nacionalistas, para incorporar, de manera entusiasta, a todos los venezolanos con voluntad de cambio en la tarea de transformar la estructura social y productiva de la nación, mediante de un nuevo modelo económico independiente, soberano, competitivo, con ideas venezolanas y sostenibles en el tiempo.
 La Misión es la participación del pueblo venezolano junto al Gobierno Revolucionario, en la transformación social y económica del país, mediante la educación y el trabajo hasta lograr una calidad de vida digna para todos.
 Al inicio de la Misión los participantes van a hacer los patriotas que han demostrado deseos de superación al formar parte de las Misiones Ribas, Robinsón I y II, y Sucre, aquellos venezolanos y venezolanas excluidos históricamente, los más pobres, privados de educación, salud y servicios. En fin, está dirigida a todos los venezolanos y venezolanas que deseen asumir el reto de transformar nuestra patria en la nación próspera que todas y todos queremos.
 Lineamientos Estratégicos de Acción:
 · Convertir, mediante el trabajo, el potencial del pueblo en poder popular.
 · Articular el proceso educativo al proceso productivo.
 · Orientar los esfuerzos hacia las actividades económicas de carácter estratégico con mayor capacidad generadora de empleo y potencial de desarrollo territorial.
 · Focalizar la apertura de opciones de empleo o marginada del mercado laboral.
 · Colocar el acento en la economía social.
 · Promover la concertación entre el sector público y el privado para la recuperación del tejido empresarial.
 · Poner el empleo en el centro de la política económica y social. Impulsar la nueva institucionalidad para el desarrollo de las políticas de promoción de empleo, y la seguridad social.
 Frentes de Batallas:
 Los Frentes de Batallas son las áreas de producción en donde actuará la misión Vuelvan Caras:
 · Frente Industrial: Se Utilizarán los parques industriales ya existente para reactivarlos en función de la nueva producción que se generará.
 · Frente Turístico: Busca desarrollar todos los escenarios naturales manteniendo los lineamientos ecológicos que están contemplados en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Turismo.
 · Frente agrícola: fuimos un país agrícola, nuestra tradición es esa y volveremos a ella para no depender más de la importación agroalimentaria, además de la repartición equitativa de la tierra y asesoramiento técnico.
 · Frente de infraestructura: grandes, medianos y pequeños proyectos que permitirán mejorar los servicios.
 · Frente de desarrollo de las industrias básicas y estratégicas del Estado: la meta será llegar a la máxima industrialización de las Industrias Básicas para mejorar sus costos y así su rendimiento en los ingresos por percibir.
 · Frente de Servicios: La escasez de servicios es uno de los frentes con mayor urgencia en desarrollar.
 · Todos ellos concatenados en un mismo Núcleo de Desarrollo Endógeno.
 La inversión inicial que tendrá esta Misión será de 300 millardos de bolívares, con estos recursos el Ejecutivo Nacional dará becas de 186.000 bolívares mensuales a los participantes, que en principio asciende a 100.000 personas.
 Los participantes de esta Misión mantendrán sus becas mientras estén en la fase de capacitación, una vez que comiencen a producir se les retirarán las becas debido a que ya tendrán sus propios ingresos. Este proyecto forma parte de una visión distinta más allá del modelo capitalista.
 Las personas que están en la misión tienen que formar cooperativas en las áreas en las cuales trabajarán. Hasta el presente fueron aprobados 600 millones de dólares para adquisición de ganado. Con esta Misión se tiene prevista bajar la tasa de desempleo a 5% en un año, lo que implica generar 1,2 millones de puestos de trabajo. Instituto Nacional del Deporte( Derecho al Deporte)
 Una de las Políticas Públicas desarrolladas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela son los planes desarrollados en materia educativa y deportiva, a fin de fortalecer los Derechos sociales y culturales de los Individuos contenidos en la Carta Fundamental y en las leyes Internacionales en especial en la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a el Desarrollo Progresivo, en donde los Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas sociales y sobre educación y cultura. El Deporte en Venezuela es asumido como un Derecho Humano importante, ello debido a su impacto en la construcción de una sociedad y contribuye a la formación integral de los individuos en ella y además tiene injerencia en la salud de las personas, y el Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha venido promoviendo la practica de la educación física, el deporte y la recreación como medios eficaces para desarrollar una cultura física integral de los ciudadanos y ciudadanas.
 El Gobierno de Venezuela en el área deportiva a logrado importantes y muy novedosos avances en la región y durante el año 2003 el Ministerio a logrado hacer de la sociedad mas participativa en las distintas áreas de formación y capacitación deportivas que brinda el Instituto Nacional de Deportes entre tantas se podría resaltar:
 • La realización de 250 cursos y talleres de capacitación y actualización en Metodología del Entrenamiento Deportivo en el Béisbol Menor, Ajedrez, Fútbol, Atletismo, Boxeo, Voleibol, Deportes para personas con Discapacidad, Baloncesto, Kenpo y Gimnasia Rítmica; Evaluación de la Educación Física en la I y II etapa de Educación Básica, Proyectos Deportivos Municipales y de Organizaciones No Gubernamentales, así como, en Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, los cuales contaron con la participación de 10.301 entrenadores y dirigentes deportivos de las 24 entidades federales del país, con una inversión total de 163,4 millones de bolívares.
 • Aprobó recursos por un monto de Bs. 250.781.667,00, para cubrir los gastos del Plan Vacacional INDITO 2003; puesto en marcha en todas las Parroquias del Dtto Capital.
 • Coordinó la creación de 18 Consejos Deportivos Parroquiales en la Parroquias: El Valle, San Agustín, El Junquito, Macarao, La Vega, 23 de Enero, Antímano, La Pastora, Paraíso, San Juan, Sucre, Altagracia, Catedral, Caricuao, El Recreo, Santa Rosalía, San Pedro y La Candelaria
 La suscripción de convenios de cooperación técnico deportiva entre:
 • El Instituto Nacional de Deportes, el Centro Simón Bolívar y la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), para el rescate y restauración del Polideportivo ubicado en San Agustín del Sur, Distrito Libertador.
 • El Instituto Nacional de Deportes y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyos objetivos persiguen programar y ejecutar conjuntamente acciones de cooperación, asistencia técnica y científica en materia de Educación Física, Deporte y Recreación, que permitan la efectiva utilización por ambas partes de sus respectivos recursos institucionales, físico y humanos, en provecho del país y particularmente de su juventud.
 Dio continuidad a los convenios suscritos con:
 • El Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología entre cuyas actividades resaltan las donaciones y apoyo al Centro de Caricuao.
 • La Fundación para el Desarrollo del estado Lara y Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte, mediante el cual se ha otorgado apoyo financiero para la preparación y entrenamiento deportivo de selecciones nacionales.
 • La Armada Venezolana, en cuyo marco se desarrollaron actividades relacionadas a cursos y talleres tratándose variados temas de la Medicina Deportiva.
 • La Asociación Civil Fe y Alegría, mediante el apoyo logístico para la realización de los juegos deportivos zonales en las instalaciones del Velódromo Teo Capriles.
 • El Ministerio de Interior y Justicia, organismo al cual se le efectuaron donaciones para su utilización en los diferentes centros penitenciarios del país.
 • Firmó el Calendario Deportivo 2003, en el marco de los Convenios de Cooperación Deportivas vigentes suscritos con el Consejo Superior de España (CSE) y el Instituto Colombiano del Deporte (ICD).
 Suscribió acuerdos:
 • Educacional y financiero para programas de intercambio estudiantil a largo plazo entre la Sendai Ikuei school de Japón y el Instituto Nacional de Deportes.
 • De cooperación con la Cámara Binacional Brasil - Venezuela, mediante el cual las partes acordaron el intercambio de selecciones deportivas y capacitación y actualización de recursos humanos en materia deportiva.
 • Convenio de Intercambio Deportivo con la Secretaría de Turismo y Deporte de la República Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Coordinó la firma de Memorando de Entendimiento con:
 • La Fundación Educacional Satoe Gakuen y Saitama Sakae High School de Japón y este Instituto, para el envío de dos venezolanos a fin de cursar estudios de educación Superior.
 • El Ministerio del Deporte de la República Federativa del Brasil.
 • El Consejo Nacional de Deportes de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Cultura Física y Deportes.
 • La incorporación de 6 médicos venezolanos para cursar estudios superiores (Maestría en Control Médico), así como, de 19 bachilleres para cursar Licenciatura en Cultura Física, y 240 jóvenes para participar en curso de promotores deportivo, en Cuba.
 • Gestionó ante el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, la viabilidad de apoyo financiero para la realización de cursos de promotores deportivos a nivel nacional.
 • Traslado de 139 personas a las bases de entrenamiento en Cuba, para su preparación en las disciplinas deportivas: Fútbol, Voleibol, Baloncesto, Lucha, Polo Acuático, Kenpo, Sillas de Ruedas y Pelota Vasca.
 • Efectuó evaluación en el marco de la IV Comisión Mixta del Convenio Integral de Cooperación Cuba – Venezuela, a través de visitas en las 24 entidades federales del país.
 • Otorgó recursos por la cantidad de Bs. 500.000.000, destinados a cubrir la fase municipal, estadal y regional de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, presentados por la Federación Venezolana de Deporte Escolar, a fin de incorporar la mayor cantidad posible de la población estudiantil a la práctica deportiva. Así mismo, a la Federación Venezolana de Educación Superior el monto de Bs 280.000.000 para la ejecución de los Juegos Universitarios. • Organizó, coordinó y realizó los V Juegos Deportivos Nacionales Escolares Táchira 2.003, contando con la presencia de 5.756 personas entre: Estudiantes, atletas, delegados, técnicos, médicos, protocolo, personal del Comité Organizador, Fuerzas Armadas Nacionales y diferentes Guarniciones, Federación Venezolana de Deporte Escolar (F.V.D.E) y el Instituto Nacional de Deportes, con una participación de 85 atletas de Ajedrez, 601 Atletas de Atletismo, 154 Atletas de Baloncesto, 138 Atletas de Béisbol, 126 Atletas de Fútbol de Campo, 81 Atletas de Fútbol Sala, 151 Atletas de Fútbol de Salón, 72 Atletas Tenis de Mesa, 158 Atletas de Voleibol y 83 Atletas de Voleibol de Playa, para un total de 1.649 Atletas participantes de las 24 entidades federales del país, en edades comprendidas entre 12 y 14 años en 10 disciplinas deportivas. Dichos Juegos tuvieron una inversión total de 1.495,2 millones de bolívares.
 • Coordinó la instalación del Proyecto de Natación en Educación Inicial, realizado en las instalaciones del “Poliedrito” en el Instituto Nacional de Hipódromos, con una asistencia de 2.500 personas de veintisiete planteles escolares.
 • Participó en la I Jornada Nacional de Integración del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, en la cual participaron veinticuatro Zonas Educativas, dicha jornada tuvo como propósito elaborar y presentar una propuesta para el Diseño Curricular de la Educación Física.
 • Coordinó la realización de 7 Festivales Deportivos Estadales, en los la siguientes entidades federales: Barinas (3), Distrito Capital (2), Mérida (1) y Miranda (1), con una inversión total de 96.8 millones de bolívares.
 • Aprobó el pago de (101) becas escolares por la cantidad de bolívares 273.000.000, correspondientes al primer y segundo semestre del año en curso beneficiando a estudiantes-atletas participantes en las distintas fases de los Juegos Nacionales Escolares.
 • Se orientó la discusión curricular en las 24 Zonas Educativas del país al fortalecer los equipos de formación permanente de las divisiones académicas conjuntamente con la división de deportes.
 • Efectuó la dotación de Kits Deportivos a 478 Planteles Educativos de 19 entidades federales del país, apoyando con estos insumos la práctica deportiva en dichos planteles.
 • Se remitió a la DG de Deporte de Rendimiento 14 Proyectos de Creación de UE de Talentos Deportivos en los estados : Trujillo, Apure, Delta Amacuro, Amazonas, Monagas, Miranda, Cojedes, Falcón, Guarico, Nva. Esparta, Portuguesa, Sucre, Zulia y Yaracuy.
 • Coordinó la realización del I Taller de Iniciación de Balonmano el cual contó con la participación de 39 docentes de Educación Física de nuestro país y 7 coordinadores de Educación Física, el mismo tuvo como objetivo dar a conocer nuevas herramientas para la enseñanza de esta disciplina Deportiva, en el marco de este taller se efectuó la dotación de 1 Balón Especial para la práctica de este deporte a los Jefe de División de todos los estados.
 • En el marco de los V Juegos Deportivos Nacionales Escolares, se efectuó el 1er. Intercambio Deportivo Fronterizo gracias al Convenio Andrés Bello, tratado de Derecho Internacional Público suscrito y ratificado por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, España, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela.
 • Este evento se desarrolló entre la Delegación de Venezuela representada por los estados Táchira y Trujillo vs. San José de Cúcuta del Norte de Santander, en las disciplinas de Fútbol de Salón, Baloncesto y Voleibol de cancha, con la participación de 114 Atletas.
 • Apoyó a diferentes organizaciones deportivas y entes públicos y privados logística y financieramente para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y para la salud, según se detalla:
 • 17 Federaciones No Olímpicas: Físicoculturismo y Fitness, Sambo, Polideportiva de la Fuerza Armada, Hapkido, Wushu, Coleo, Montañismo y Escalada, Karting, Kickimbol, Motociclismo, Cazadores Deportivo, Bridge, Actividades Subacuáticas, Surfing, Squash, Potencia y Balonmano, a los fines de cubrir gastos de funcionamiento, honorarios profesionales de entrenadores, organización, asistencia y participación en eventos nacionales e internacionales, alojamiento y alimentación, equipos de oficina, compra de uniformes y material deportivo, con una inversión de Bs. 882,1 millones de bolívares.
 • 7 organizaciones deportivas de nuevos deportes para preparación,
 asistencia y participación en eventos deportivos, por un monto de 49,8 millones de bolívares.
 • 98 municipios de 18 entidades federales, por un monto total de 448,3 millones de bolívares para la ejecución de los Proyectos de Deporte Municipal en el marco del Convenio IND – Estado – Municipio año 2003.
 • 12 Institutos Deportivos Regionales con un monto de 118,9 millones de bolívares y 162 Institutos Deportivos Municipales con un monto de 517,3 millones de bolívares, para un total general de 636,2 millones de bolívares dirigidos a cubrir gastos de alojamiento, alimentación, uniformes, material deportivo y transporte a los atletas de los municipios participantes en las fases municipal y estadal para la asistencia a la fase nacional de los Primeros Juegos Deportivos Nacionales Municipales 2003.
 • Apoyo la realización de 24 cursos de iniciación y actualización del Kenpo - Karate, por un monto de 14.400.000,00.
 • Efectuó 2 eventos masivos para la promoción del programa Deporte para Todos, a saber: Día Mundial de Caminar y Festival de Deportes de Montaña, con la participación de 3.000.150 personas a nivel nacional con una inversión de 20 millones de bolívares.
 • Entregó 1602 dotaciones deportivas estimadas en Bs. 1.200.000.000 a institutos u organizaciones pertenecientes a comunidades de bajos recursos. Entre las Entidades Federales que han sido atendidas, se encuentran: Dto. Federal, Barinas, Yaracuy, Lara, Apure, Miranda, Sucre, Portuguesa, Mérida, Carabobo, Nva. Esparta, Guarico, Falcón, Vargas, Zulia, Monagas, Anzoátegui, D. Amacuro, Amazonas y Bolívar.
 • Otorgó 35 ayudas económicas a atletas, representantes deportivos y personas de la sociedad civil por un monto de Bs. 28.868.285.
 • Tramitó recursos económicos a 110 Organizaciones Deportivas Comunales por un monto de Bs. 2.054.779.438 Bs. pertenecientes a diferentes entidades del país, atendiendo un total de beneficiarios de 60.500 personas; lo cual denota un incremento en cuanto al apoyo a ONG’s Deportivas respecto años anteriores.
 • Mantuvo la promoción y práctica de actividades físicas tales como: Taebox, Tai Chi, Bailoterapia, con una participación de 36.000 personas durante el año 2003 con una inversión de 50.780.000 Bs.
 • Aprobó recursos por un monto de Bs. 250.021.526, para el Financiamiento del Proyecto Salto, Formación de Promotores Deportivos Integrados Comunitarios, mediante el cual fueron capacitados 4.128 promotores de 170 municipios, para el desarrollo deportivo en la 24 entidades federales del país.
 • Organizó, coordinó y realizó los Primeros Juegos Nacionales Municipales, Barinas 2003, en los cuales participaron 158 municipios de las 24 entidades federales del país, con una participación general de 4.182 personas entre: atletas, delegados, técnicos, médicos, protocolo, personal del Comité Organizador y del Instituto Nacional de Deportes; En estos juegos participaron un total de 2.329 atletas en edades comprendidas entre 11 y 14 años, en 12 especialidades deportivas a saber: Atletismo, Mini-Baloncesto, Fútbol de Campo, Fútbol de Salón, Mini-Voleibol, Bolas Criollas, Boxeo, Judo, Karate Do, Patinaje y Tae kwon Do, ocupando los primeros 8 lugares: el Municipio Sucre del Estado Sucre, Libertador del Distrito Capital, Iribarren del Estado Lara, Barinas del Estado Barinas, Valera del Estado Trujillo, San Fernando de Apure del Estado Apure, Girardot del Estado Aragua, Puerto Cabello del Estado Carabobo, Sucre del Estado Zulia y Biruaca del Estado Apure, de acuerdo al sistema de punto y medallas obtenidas. Dichos Juegos tuvieron una inversión total de 1.900 millones de bolívares. Garantizó la participación de la Selección Venezolana en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, conformada por 276 atletas, 161 masculinos y 115 femeninas de 28 disciplinas deportivas, obteniendo el sexto (6) lugar de medallero final con una inversión de 1.386 millones de bolívares.
 • Aprobó Contratos a 20 técnicos extranjeros por un monto anual de 917 millones de bolívares, por concepto de honorarios profesionales, para laborar en diferentes Federaciones Nacionales de acuerdo las solicitudes efectuadas.
 • Aprobó recursos para cancelar bono único por un total de Bs.128.000.000, a 64 entrenadores deportivos que participaron en los XIV Juegos Deportivos Panamericanos 2003.
 • Autorizó 4.411 asistencias alimentarías y de alojamientos en concentraciones permanentes, por un monto de 3.482 millones de bolívares, así como, 3.339 asistencias alimentarías y de alojamientos en concentraciones periódicas de atletas, por un monto de 850 millones de bolívares.
 • Se atendieron 31 atletas Esperanza Olímpica, con becas diferenciadas, gastos de preparación, por un monto de 748 millones de bolívares.
 • Otorgó y canceló 763 becas académico - deportivas a igual número de atletas de alta competencia de treinta y nueve disciplinas deportivas, con un costo total anual de Bs. 2.951,157.812, previo estudio y evaluación de los currículos deportivos de los atletas postulados por las diferentes federaciones, de acuerdo a sus niveles competitivos, así como, 80 becas para estudios en el exterior, por un monto anual de Bs. 500.000.000 y 31 becas a igual número de “Atletas Esperanzas Olímpicas” de distintas especialidades deportivas, por un monto de Bs. 481.500.000.
 • Canceló 331 ayudas económicas a atletas de alto rendimiento para resolver carencias y problemas eventuales, por un monto de 557,7 millones de bolívares, así como a 104 ayudas a Ex - atletas del deporte nacional, por un monto total de Bs. 56,1 millones.
 • Aprobó recursos para contratar un seguro HCM nacional para los atletas y sus familiares, con una cobertura de 10 millones.
 • Aprobó recursos para contratar un seguro internacional para los atletas.
 • Otorgó recursos económicos para la cancelación de matrículas escolares de estudios en el país, en sus diferentes niveles y modalidades a 103 atletas de alto rendimiento, por un monto de Bs. 77.724.365.
 • Otorgó recursos económicos para la cancelación de matrículas de estudios universitarios en el exterior a 19 atletas, por un monto anual de Bs. 151.200.000.
 Tramitó la adquisición de:
 • 2.752 insumos odontológicos por 34 millones de bolívares, 3.096 insumos de laboratorio clínico por 25 millones de bolívares y 4.414 medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales por 83 millones de bolívares, Control Doping a atletas de las diferentes disciplinas deportivas, por un monto total de 9 millones de EUROS, 25 insumos médico–quirúrgicos para la dotación de consultorios, por 22 millones de bolívares.
 • 26 equipos médicos para dotar los consultorios de Cardiología, Fisioterapia y otros, por un monto de 46 millones de bolívares, así como, 11.348 materiales médicos quirúrgicos por un monto de 17 millones de bolívares y dos unidades odontológicas por 50 millones de bolívares.
 • Efectuó 6.263 atenciones odontológicas y 16.345 exámenes de laboratorio clínico en 2.343 atenciones a atletas de diferentes disciplinas deportivas.
 • 1.465 controles doping a atletas de diferentes disciplinas deportivas, así como, atletas participantes en los Juegos Nacionales Cojedes 2003, y la travesía Paso a Nado Internacional de los Ríos Orinoco-Caroní; resultando 3 atletas positivos: 1 en Baloncesto Profesional y 2 en Pesas.
 • 837 circuitos médicos a atletas a fin de evaluar sus condiciones físicas y antropométricas generales y expedir los respectivos certificados para asistir a competencias.
 • Suministró 23.160 medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios, realizando un total de 6.641 consultas para la atención nutricional de atletas de alta competencia.
 CONSEJO NACIONAL DEL DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTES (Derechos del niño, niña y adolescentes) Durante el año 2003 el Consejo Nacional del Niño y del Adolescente (CNDNA) desarrolló un conjunto de actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Protección, así como del proceso de transferencia de recursos destinados a la ejecución de planes, programas y proyectos de protección y atención integral a niños, niñas y adolescentes mediante el financiamiento y cofinanciamiento con recursos del Fondo Nacional de Protección; del mismo modo, amplió su capacidad de respuesta oportuna ante los casos de denuncias de violación y amenaza derechos difusos y colectivos, ante la complejidad del escenario socio político que vivió el país desde diciembre 2002 y febrero 2003 y sus repercusiones en los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en materia de salud, educación, protección y participación; además, de abrir nuevos espacios para la coordinación interinstitucional con organizaciones públicas, privadas y redes de ciudadanos. Apoyo al Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
 Para el año 2003, se continuó en el marco del fortalecimiento al Sistema de Protección brindando apoyo técnico a los órganos administrativos. Asimismo, se desarrollaron una serie de actividades y propuestas para el funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las cuales de enuncian a continuación:
 · Seis (6) talleres realizados en materia de análisis situacional y formulación de Políticas Públicas para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigidos al personal técnico de los Consejos de Derechos, representantes de los Consejos Locales de Planificación y comunidad en general de los Estados Carabobo, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira y Trujillo.
 · Un (1) Lineamiento “Instructivo para la Inscripción de Programas Nacionales, Regionales e Internacionales” diseñado y aprobado.
 · Un (1) paquete de información técnica de interés público, orientado a apoyar el diseño de programas en perspectiva de derechos y doctrina de protección integral, cuyos beneficiarios fueron cincuenta (50) personas tanto de naturaleza jurídica como natural, con el propósito de hacer efectiva la inscripción de programas ante el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente.
 · Una (1) propuesta sobre Lineamientos para la Elaboración de Planes de Acción y Aplicación; Distribución de Recursos a los Fondos Estadales y Municipales; y Criterios para el Financiamiento de Programas de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, diseñada y presentada para su aprobación.
 · Un (1) documento base para la formulación de Políticas Públicas de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado.
 · Un (1) documento base y propuesta de Lineamiento para la Estructuración y Funcionamiento de los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente, en el marco del fortalecimiento al recurso humano e institucional, elaborado.
 · Dos (2) eventos de fortalecimiento a los Consejos de Protección realizados en los Estados Guarico y Trujillo con la participación de ciento veinte (120) Consejos de Protección, perteneciente a los Estados Mencionados, a fin de intercambiar experiencias exitosas y unificar criterios de funcionamiento bajo la normativa legal vigente.
 · Un (1) Plan Nacional orientado a implantar el “Sistema de Información, Capacitación, y Apoyo Técnico” dirigido a los Órganos Administrativos, Jurisdiccionales, Entidades de Atención, Defensorias y Servicios, diseñado.
 · Un (1) “Estudio del Arte” 1998-2003, en materia de Infancia y Adolescencia, cuyo documento contempló un arqueo de investigaciones y documentos a nivel nacional, elaborado.
 · Un (1) “Proyecto de Investigación Evaluativo de los Tipos de Defensorías del Sistema Nacional de Protección”, en coordinación con UNICEF, diseñado.
 · Un (1) Portafolios Tecnológico el cual contiene el diseño instruccional de los cursos dirigidos a los Fondos de Protección, en el marco del fortalecimiento institucional, elaborado.
 · Un (1) Lineamiento sobre la Aplicación de la Perspectiva de Derechos y Doctrina de Protección Integral en la Educación Inicial, elaborado.
 · Un (1) Proyecto “Construyendo Ciudadanía, con los Niños, Niñas y Adolescentes”, diseñado.
 Durante el año 2003, el CNDNA, en su esfuerzo sostenido continuó trabajando en la defensa de los derechos colectivos y difusos, con siguientes resultados:
 · Quince (15) acciones judiciales interpuestas contra medios de comunicación y gremios de educación que han incurrido en violaciones a los derechos legalmente constituidos.
 · Cincuenta y cinco (55) casos de denuncias atendidas, quince (15) acciones de protección intentadas, de las cuáles 8 están en proceso, debido a causas de diferente índole, tales como violación al derecho a la educación por gremios y centros educativos, acceso a la salud, deficiencia de la red hospitalaria estadal, ausencia de medicamentos para niños con cardiopatías. · Siete (7) Propuestas sobre la Instalación y Funcionamiento de los Órganos Administrativos, Oficina de Adopciones, Programas Socio-Educativos, Educación Inicial con Enfoque de Derechos, Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial, Identidad y Registro Civil, Inscripción de Programas, elaboradas.
 · Tres (3) Directrices Generales elaboradas, en materia de Protección, a saber: “Constancias de Nacimientos Vivos”, “Identidad e Identificación y Abuso Sexual”, y “Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes” aprobadas.
 · Un (1) Informe de Protección ante la “Vulneración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Paro Nacional”.
 · Veintitrés (23) Oficinas de Adopciones apoyadas técnicamente, de las cuales diecinueve (19) están en pleno funcionamiento, y cinco (5) están en proceso de ajuste para operar, lo que refleja un esfuerzo institucional sostenido en el acompañamiento y asistencia a dichas Oficinas para afrontar los retos en materia de Adopciones Nacionales e Internacionales.
 · Un (1) Taller de Inducción y Apoyo Técnico dirigido a ciento cincuenta (150) técnicos operarios de las Oficinas de Adopciones, realizados.
 · Treinta (30) actuaciones judiciales y administrativas a nivel nacional de casos de niños, niñas y adolescentes con posibilidades de adopción internacional.
 · Cinco (5) Solicitudes de Adopciones Internacionales: Venezuela como país de origen o país receptor, procesadas y acompañadas con su Informe respectivo de Idoneidad vía autoridad central.
 · Sesenta y dos (62) convenios firmados para la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Protección a los Fondos de Protección Estadales y Municipales por un monto de Bs. 2.781.2 millones con el objeto de financiar programas y proyectos de protección integral a niños, niñas, adolescentes y familias, destacándose la prevención y atención al abuso y explotación sexual comercial, maltrato infantil, explotación laboral, fármaco dependencia, protección a la lactancia materna, embarazo en adolescentes, Identidad, Colocación Familiar, Casas de Abrigo, entre otras prioridades establecidas a través de los procesos de protagonismo social. De total de recursos acordados sólo han sido transferidos Bs. 466.2 millones.
 · Catorce (14) Convenios suscritos con trece (13) Fondos Estadales de Protección. Cabe destacar, que del monto enunciado se le transfirió una cuota adicional al Estado Mérida para ejecutar el Plan de Emergencia, en el marco de las inundaciones ocurridas en el mes de junio de 2003.
 · Cuarenta y Ocho (48) Convenios suscritos con Fondos de Protección Municipales, por un monto de Bs. 2.086.9 Millones.
 · Un (1) Equipo Técnico responsable del proceso de Seguimiento, Evaluación y Control de los Planes de Acción y Aplicación y los Programas y Proyectos de Protección Integral, conformado.
 · Dos (2) Planes de Emergencia Financiados, como consecuencia de desastres naturales acaecidos en los Estados Apure y Estado Mérida, por un monto de Bs. 45 millones. · Tres (3) convenios suscritos con UNICEF, Universidad Central de Venezuela e Instituto Interamericano del Niño.
 · Un Convenio firmado con el Consejo Nacional de Tecnología e Información. · Coordinación y relación permanente para el intercambio intra e interinstitucional con el Instituto Nacional de estadística (INE), Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), Ministerio Público, Tribunales de Protección, Ministerio de Planificación y Desarrollo y demás órganos del poder público. · Un (1) Convenio de Apoyo Interinstitucional con el Instituto Nacional de la Mujer, a quién se le financió un proyecto por el orden de Bs. 50.7 millones para favorecer dentro de un esfuerzo conjunto el “abrigo a mujeres y niños en eminente situación de peligro”.
 · Una (1) Jornada relativa a la “Reflexión y Análisis del Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión” con la participación de los órganos administrativos del Sistema de Protección.
 · Un Convenio con el INE para la conformación del sub.-comité estadístico nacional de infancia y adolescencia, el cual tendrá por objeto la implantación de un sistema de indicadores sociales y estadísticos de infancia y adolescencia en el país.
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER. (Derechos de la mujer)
 El Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, es el órgano permanente de definición, ejecución, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer, según el artículo 47 de la Ley de Igualdad de Oportunidades.
 Inamujer tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres, los cuales también son derechos humanos y fueron reconocidos en 1993 por la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos Viena- Austria.
 El Estado venezolano como garante de los derechos humanos, se plantea en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el preámbulo hasta las Disposiciones Finales, el respeto de los derechos humanos de todos y todas. Establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida: familiar, laboral, político, social, comunitario, de participación, económico, entre otros. Visibiliza a la mujer, como sujeto social, utiliza un lenguaje no-sexista en todo el texto, reconoce el valor del trabajo doméstico (en el artículo 88) y los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres (en el artículo 76).
 Venezuela ha firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Pará).
 La preocupación permanente por la protección de los derechos humanos de las mujeres, se traduce en programas dirigidos a este sector que representa el 49.71 % de la población.
 Entre los programas más relevantes que lleva a cabo Inamujer, tenemos:
 Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia hacia la mujer. 2000-2005 Organización de los Puntos de Encuentro a Nivel Nacional.
 · Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
 Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer 2000-2005:
 El Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer tiene como objetivo general crear un sistema de intervención interinstitucional e intersectorial, que permita al estado venezolano, atender, sancionar e investigar la violencia hacia la mujer.
 Este plan tiene entre otros programas la línea telefónica gratuita y de cobertura nacional 0-800-Mujeres (0-800-6853737) que brinda atención psicológica primaria a víctimas de violencia e información sobre donde acudir. El servicio es atendido por psicólogas y abogadas, entre otras profesionales especialistas en brindar atención a mujeres maltratadas.
 Desde el año 1999 hasta Julio del 2003 hubo un total de 10.462 llamadas atendidas por el servicio. En lo que va del año 2003, el Servicio 0800 Mujeres ha atendido a 3150 mujeres; los datos básicos de la atención brindada se desagregan a continuación: las llamadas por primera vez al Servicio fueron 2256 (72%); las llamadas para hacer seguimiento a los casos 894 (28%). En el referido Plan contra la Violencia, se contempla como actividad acciones de abrigo y protección a la mujer y su familia víctimas de violencia a través de la creación de Casas de Abrigo para Mujeres en Peligro Inminente sobre su Integridad Física por Violencia Familiar. Las casas de abrigo, trabajan con el apoyo de servicios de salud y judiciales de la comunidad, fortaleciendo de esta manera una red de atención en las localidades de ubicación; de igual forma, las Casas de Abrigo se constituyen como infraestructura de servicio comunitario para un grupo poblacional con un perfil determinado por la violencia familiar. En el año 2002, el programa Casa de Abrigo en su sede de Aragua, que se encuentra habilitada para el hospedaje, brindó atención a 34 mujeres y 77 niños / as. Y en lo que va de año del 2003, se atendieron 45 mujeres y 82 niñas / os.
 Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer:
 Inamujer cuenta con una Defensoría Nacional de los derechos de la mujer, creada por mandato de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la mujer, en el año 2000. Entre sus funciones tiene la defensa de los derechos humanos de la mujer, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en Noviembre del 1999 y los establecidos en nuestras leyes y los convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Venezolano.
 Con relación a la asistencia jurídica otorgada por la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer; esta instancia ejecuta el programa sobre Derechos de la Mujer y Acceso a la Justicia con la finalidad de velar por el cumplimiento de las leyes, declaraciones, convenciones, reglamentos y disposiciones que guarden relación con los derechos de la mujer. En el marco de este programa se brinda atención a las mujeres a las cuales les fueron vulnerados sus derechos humanos y asesoría legal, acciones que constituyen el objetivo fundamental más importante de nuestra Defensoría.
 En el año 2002 se atendieron 1470 mujeres y en el año 2003 se atendieron 1.289 mujeres, por diversas causas que se dividen en la mayor parte de los casos en violencia hacia la mujer, violación de derechos de las mujeres y asesoría legal en diversos problemas. De todos los casos planteados, aproximadamente 248 presentaron como principal argumento la violencia física, lo que refleja que del total de casos planteados el 19,23% estuvieron motivados por la violencia física contra la mujer.
 Asimismo, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer dictó 32 talleres para funcionarias y funcionarios de organismos receptores de denuncias en temas relativos a la aplicabilidad de la Ley sobre la Violencia hacia la Mujer y la Familia y derechos de las mujeres, capacitando así a 1000 funcionarios / as.
 Hasta el año 2003 se han creado los siguientes entes gubernamentales y no gubernamentales para la atención de la mujer: Entes Gubernamentales:
 7-Institutos Estadales de la Mujer
 5- Institutos Municipales de la Mujer
 2- Consejos Regionales de la Mujer
 9- Oficinas de la Mujer
 1- Centro de Atención de la Mujer
 Entes No Gubernamentales 35 -Casas de la Mujer
 4- Oficinas no gubernamentales de la Mujer
 2 -centros de Atención Integral a la Mujer
 4 -Fundaciones de Atención a la Mujer.
 Es importante destacar el énfasis que Inamujer hace en la difusión de las políticas gubernamentales destinadas a la protección, difusión y respeto de los derechos humanos de las mujeres, es por ello que se hace un esfuerzo significativo en materia de comunicación para visualizar en los medios de comunicación el tema Mujer y Género. En tal sentido Inamujer a través de su Dirección de Comunicaciones realiza actividades dirigidas a aplicar las estrategias comunicacionales para transmitir sus políticas y programas, estableciendo y manteniendo contactos con entes comunicacionales, informativos y de opinión, públicos y privados, nacionales e internacionales.
 El proceso de democratización de la participación protagónica de las mujeres, ha sido posible, gracias a la creación de la figura de los Puntos de Encuentro con Inamujer, que constituyen organizaciones de base y funcionan como centros de enlace entre las comunidades y el organismo gubernamental. Su finalidad es relacionar a todas las mujeres de las comunidades con el Estado venezolano, para la defensa de sus derechos, su promoción y protagonismo en la vida pública con el fin de lograr la equidad de género en los ámbitos políticos, sociales y económicos y buscar soluciones a los problemas comunes que las afectan y ejercer su ciudadanía.
 Estas mujeres organizadas a través de los Puntos de Encuentro reciben talleres de capacitación e información sobre: sus derechos sexuales y reproductivos, género, atención y prevención de la violencia contra la mujer, autoestima, entre otros. Lo cual se traduce en el empoderamiento de estas mujeres, en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos como ciudadanas.
 Inamujer ha suscrito Convenios con los siguientes organismos nacionales e internacionales en el 2003: · Fondo de Desarrollo Micro financiero - FONDEMI
 · Consejo Nacional de Derechos
 · Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF · Fondo de Población de Naciones Unidas. UNFPA
 Dentro de la capacitación para las mujeres, se encuentra el programa de Fortalecimiento Protagónico y Participación Sociopolítica de la Mujer, cuyos objetivos son formar y capacitar a las venezolanas para el ejercicio de su ciudadanía brindándoles herramientas que le permitan el conocimiento y la defensa de sus derechos como humanas.
 Esta área de formación la ejecuta la Escuela Eumelia Hernández, que se constituye como un área docente de formación para las mujeres de todo el país.
 El Instituto Nacional de la Mujer, manifestando la voluntad política del Estado Venezolano, propició la reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que le permitió real operatividad como instituto autónomo, en el año 1999. Dicha Ley contempla la equidad, las oportunidades de empleo, el derecho al trabajo, la Remuneración y la seguridad social, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho de las mujeres. A partir de este momento, Inamujer se propone formular su primer Plan Nacional de Igualdad para las Mujeres y establecer formalmente la inclusión del enfoque de género en todas las instancias gubernamentales del país con la finalidad de garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades de las mujeres ya la defensa de sus derechos. Una vez realizada la consulta nacional, donde participaron 2500 mujeres y 35 expertas en el tema de género. El Plan Nacional de Igualdad para las mujeres, en la actualidad se encuentra en fase de revisión, para su formulación definitiva y así dar cumplimiento a los principios constitucionales donde se establece la no discriminación de todas y todos ante la ley, para lograr la igualdad, no solo de derecho sino de hecho, ya que las mujeres han estado histórica y culturalmente afectadas en sus derechos como ciudadanas.
 Inamujer a través de sus planes, programas y proyectos da cumplimiento a los preceptos constitucionales que garantiza el ejercicio de los derechos de todas y todos atreves, de la firma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Belén Do Para, que tienen jerarquía Constitucional según el Artículo 23 de nuestra Carta Magna.
 Tenemos que resaltar el incremento de la participación de la mujer en la defensa de sus derechos y la visibilidad que hemos adquirido las mujeres en la vida política y social de nuestro país a partir del año 1999, fecha de aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las mujeres venezolanas en fechas emblemáticas como el 8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer” y el 25 de Noviembre “Día Internacional de la no Violencia hacia la Mujer”, han tomado las calles y plazas Bolívar a lo largo del territorio nacional para dar muestra de su fortalecimiento en la defensa.
 INDÍGENAS (Derechos de los indígenas)
 Educación Indígena:
 Constituye el proceso social mediante el cual los miembros de un pueblo indígena internalizan, construyen, trasmiten y recrean conocimientos, valores y demás elementos constitutivos de su cultura. Se basa en los sistemas de crianza holístico, continua, individualizada, compartida y autogestionaria, sustentada en los principios del equilibrio y armonía cósmica ambiental.
 En el marco de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se han desarrollado acciones que concretan la sociedad multiétnica y pluricultural: Creación del Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idioma Indígena y el uso obligatorio de ellos en los planteles públicos y privados ubicados en eso hábitat, además del acompañamiento a las distintas comunidades para la construcción de los Proyectos Educativos por pueblos indígenas y la revitalización cultural a través de la incorporación de los nichos lingüísticos.
 Por primera vez en la historia, en Venezuela se redacta la Constitución vigente en idioma wayuu, así como se han adelantado la edición de libros de lecto escritura en wayuunaiki, un compilado de temas de la literatura indígena, un libro de la morfología yarura y un libro para aprender el idioma yaruro.
 Actividades de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional: Durante el 2003 la Comisión desarrolló las siguientes actividades, para lo cual ha dividido el trabajo (5) áreas especificas:
 1.-Trabajo Legislativo.
 2.-Asistencia Social e Información al público.
 3.-Misiones.
 4.-Asistencia a talleres y Eventos
 5.-Otros Trabajos realizados.
 1.-Trabajo Legislativos: Este es uno de los objetivos primordiales de la Comisión y por lo tanto durante el año 2003, se estuvo trabajando en tres (3) Proyectos y Ante proyectos básicos, que conformaron la Agenda Legislativa de la Comisión, durante ese año. Ellos son: El Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos Y Comunidades (LOPCI), aprobado en Primera discusión en diciembre del 2002, por la Asamblea Nacional; los Ante Proyectos de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Uso de sus Idiomas y, de Creación del ente Rector de la Política Indígena del País, ambos aún sin la aprobación de la Asamblea Nacional, por las dificultades políticas que este Cuerpo ha confrontado durante todo el año 2003.
 No obstante la dedicación a esos tres (3) instrumentos, la Comisión ha realizado la revisión de otros Proyectos de Leyes.
 Que tienen que ver con la materia indígena y están a su cargo de otras Comisiones y, luego se han hecho las propuestas correspondientes. Entre esos Proyectos de leyes figuran:
 1.-De la Defensoría del Pueblo.
 2.-De la Ley Especial para el Desarrollo Sustentable del Delta del Orinoco.
 3.-De los Desechos y Residuos Tóxicos.
 4.-De ley Orgánica de Protección al Adulto Mayor y Otras Personas Especiales.
 5.-Del Ambiente.
 6.-De Ley Orgánica del Turismo.
 7.-De la Cultura.
 8.-De Régimen del Poder Público Municipal.
 9.-De Ley Orgánica del Ministerio Público.
 10.- De Reforma Parcial del derecho con Fuerza y Rango de Ley Orgánica de Identificación donde se preservan los nombres y apellidos indígenas.
 11.-De Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
 12.-Propuesta de Reglamento de Identificación, para la identificación de los indígenas, donde se hace énfasis en la necesidad de poder proveer de documentación personal a los indígenas desde su nacimiento, tomando en cuenta su origen y la importancia de las autoridades legítimas de las comunidades indígenas.
 2.-Asistencia social e información al público: En esta Comisión Permanente se atendieron durante todo el año 2003, treinta (30) estudiantes de niveles, básicos, medio y universitario, además de asesorar a estudiantes de instituciones militares, que acudieron solicitando información sobre los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la Constitución y, en relación a los instrumentos internacionales que consagran derechos humanos de las poblaciones indígenas.
 3.-Misiones: En el transcurso del año 2003, se asistieron a distintas misiones, en las diferentes Entidades con población indígena. Concretamente a las poblaciones de San Fernando de Apure, Puerto Ayacucho y Maracaibo a la presentación al Consejo Legislativo de la LOPCI. A Machiques, Perijá, Estado Zulia, a constatar denuncias sobre la explotación carbonífera que se pretende explotar en sus tierras; A Puerto La Cruz, a la Instalación del Primer Encuentro de Jóvenes Indígenas del estado Anzoátegui; A Cachama, Estado Anzoátegui, a la instalación del programa Rutas Turísticas Indígenas; a Tascabaña, a dictar un taller sobre la creación del Municipio Indígena, contemplado en la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal; A San Antonio de Roscio, Gran Sabana, Estado Bolívar, a constatar la problemática minera denunciada por los indígenas pemón de la localidad en visita a esta Comisión. 4.-Asistencia a eventos y talleres: Diferentes miembros de esta Comisión asistieron durante todo el año, a distintos eventos y talleres, entre los cuales mencionaremos:
 1.-Consulta Nacional al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
 2.-Los Aportes recibidos por el Tribunal Supremo de Justicia por parte del Banco Mundial.
 3.-Taller de Técnica Legislativa.
 4.-Derechos Humanos en la CRBV (Defensoría del Pueblo).
 5.-Gobiernos Locales y Gobernabilidad (CODENPE) Ecuador.
 6.-Ponencia sobre Psicología Jurídica: Administración de Justicia Indígena (Facultad de Humanidades, Escuela de Psicología, U.C.V).
 7.-Propiedad Intelectual (SAPI, Segunda Vice - Presidencia de la AN.).
 8.-Auditoria Interna e Implementación de la nueva Ley de Contraloría.
 9.-Derechos Humanos (Asamblea Nacional)
 10.-Acto sobre Acuerdo Binacional con la República de Colombia (Comisión de Política Exterior).
 5.- Otros trabajos realizados: Se elaboró la Agenda Legislativa y se preparó una Ponencia sobre Turismo Indígena, a dictarse en una comunidad indígena bolivarense. Se realizó un estudio comparativo de los Censos de población Indígena correspondientes a los años 1985, 1992 y 2001 para establecer el crecimiento poblacional indígena en los últimos quince (15) años. Se presentó una propuesta de Hemeroteca en la Comisión, utilizando preferentemente el servicio de Internet. Se cumplieron con todas las reuniones ordinarias previstas de la Comisión y de las dos sub. Comisiones que la conforman.. Se elaboró el Plan Operativo Anual y se colaboró con otras Instituciones en la preparación de Foros y Conferencias.
 A pesar de los resultados que vamos obteniendo en la realización de los derechos humanos en el país, existen dificultades que hay que enfrentar y superar. Estas dificultades son consecuencia de resistencias que derivan de la supervivencia en la sociedad y en el Estado de hábitos, mentalidades e intereses que se oponen al cambio. Entre los factores mas generales merece consideración especial una cultura burocrática de represión todavía persistente en muchos órganos del Estado, particularmente en los cuerpos armados, que es necesario desterrar; también se perciben todavía elementos de una atmósfera represiva y autoritaria en la educación, tanto la institucional como la que se genera en el núcleo familiar; igualmente, debemos mencionar deficiencias heredadas del pasado que persisten enquistadas en órganos del Poder Judicial en cuyas actuaciones como son la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos, no se han alcanzado todavía los niveles deseables de satisfacción. También podemos aludir al desempeño del Ministerio Público lastrado aun, en alguna medida por la mediatización. En ambos casos, la Oposición dispone todavía de Jueces y Fiscales políticamente orientados que actúan favoreciendo la impunidad. En todo caso hay que tener presente que las carencias y deficiencias que hemos reseñado han sido maximizadas y agravadas por una deliberada acción política de la Oposición, planificada con propósitos conspirativos y subversivos.
 Lo dicho nos sitúa ante una realidad que no podemos soslayar. Si estamos comprometidos en la República Bolivariana de Venezuela y con quienes la dirigen, legal y legítimamente es necesario una lúcida conciencia de que estamos librando una batalla en el terreno político nacional e internacional contra una política del Imperialismo norteamericano de ingerencia en nuestros asuntos internos Uno de los medios de intervención consiste en el asunto de los Derechos Humanos, incorporado como política de Estado por la Casa Blanca desde el gobierno de Jimmy Carter en 1977.
 La batalla nombrada se libra en un frente político que tiene dos teatros de operaciones principales, uno es la O.E.A. y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte interamericana de Derechos Humanos situados en Washington y Costa Rica respectivamente; el otro es la ONU, y, en particular, la Comisión de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza que constituye un órgano del Consejo Económico y Social, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la Organización y en el plenario mismo de esta, cuya sede es Nueva York. Un tercer teatro de operaciones en proceso de activación, es la Corte Penal Internacional de la Haya.
 Por lo que concierne a la CIDH y a la Corte es importante tener claro que existe un nexo profundo y concentrado entre ambos instituciones, a pesar de la aparente autonomía entre la una y la otra. En primer lugar, en razón del poder asignado a la CIDH para decidir, sin apelación ni posibilidad de control alguno que cualquier denuncia sustanciada por esta pueda transformarse en un litigio internacional contra el Estado, acusado como violador de los derechos humanos; en segundo lugar, que las Medidas Cautelares decididas por la CIDH que no tiene carácter obligatorio para los Estados, pueden ser transformados de mutuo acuerdo entre esta y la Corte IDH en Medidas Provisionales (que persiguen el mismo propósito) a los cuales sí deben acatamiento los Estados; en tercer lugar, que la actuación de asesoría jurídica de las denuncias y peticiones ante la CIDH y la Corte IDH está atribuido prácticamente a CEJIL, una ONG extranjera radicada en Washington que recibe, además, financiamiento privado norteamericano, con fines políticos; en cuarto lugar, que la mayoría de los miembros de ambos organismos interamericanos son profesionales del Derecho y jueces de nacionalidad latinoamericana pero ideológicamente solidarios y serviles, consciente o inconscientemente, a los intereses hemisféricos del Imperio. Por las razones indicadas, no es difícil llegar a la conclusión de que ambos organismos son y actúan a discreción como agencias subsidiarias o portavoces del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. A lo expresado se añade que las actuaciones de nuestro país ante la CIDH están y han estado expuestas, como las de cualquier otro miembro del sistema Estado a las arbitrariedades en que incurre aquella en sus funciones, mediante interpretaciones tendenciosas y violatorias de la normativa que la rige, con el agravante de que no existe en el sistema órgano alguno jerárquicamente superior ante quien acudir para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la CIDH. Lo que nos expone a una total indefensión.
 Por esta razón hemos solicitados a la Corte IDH una Opinión Consultiva para saber si existe o no en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos un órgano ante quien acudir para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la CIDH.
 Por lo que respecta a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La Cuarta Comisión de la Asamblea General y esta misma, la situación es diferente. En primer lugar, estos órganos tienen por su origen y contexto de operaciones, una dimensión universal donde actúan e interactúan mas de 190 Estados miembros de la O.N.U; en segundo lugar, por la amplitud y complejidad del escenario es más complicado para que la voluntad del Imperio pueda lograr sus fines con mayor eficacia y celeridad como sucede en la O.E.A; en tercer lugar, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas no dispone de los medios coercitivos de los que dispone el Sistema Interamericano. Esto significa que la condena política contra un Estado exige recorrer un camino más largo, y mas complicado. Este escenario de operaciones tiene un ambiente más distendido, menos amenazante y un margen de maniobra más amplio y flexible que el que existe en la O.E.A. para el Estado imputado, el Imperio quisiera injustamente victimizar. Resulta prácticamente difícil la condena de un Estado a menos que la violación de derechos humanos sea masiva y sistemática o institucional como fue el caso de Sudáfrica durante el régimen de Apartheid de la década de los ochenta y más recientemente el de Rwanda de 1994, o que exista una confrontación como la que existe actualmente entre Estados Unidos y Cuba. La reprobación de una conducta estatal calificada como violación de los derechos humanos, salvo la publicación de Informes condenatorios de la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U., corresponde a órganos de la Organización como la Asamblea General y eventualmente al Consejo de Seguridad. Por otra parte, en los dominios de las Naciones Unidas disponemos de condiciones más ventajosas para difundir de manera intensa y continua, los éxitos de la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. Estos logros despiertan desde ya profundo interés y receptividad en los países emergentes y en los mismos organismos de la O.N.U.
 En cuanto que se refiere a la Corte Penal Internacional, como decíamos, su operatividad apenas comienza. Además, los Estados Unidos de América no participan en esta, al menos como miembros de pleno derecho. Lo que no significa que no lo puedan hacer por interpuestas personas. El centro de gravedad del poder, en este Tribunal Internacional reside en la Unión Europea y sus intereses, hecho que merece atención y reflexión en nuestras andanzas de política exterior. Sin embargo, no es descartable la posibilidad de influencia cierta que en situaciones complejas puedan ejercer los Estados Unidos, en las decisiones del Tribunal, en razón del vínculo institucional que tiene el Estatuto de la Corte con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En todo caso, las denuncias ante este órgano jurisdiccional revisten peligrosidad en la medida en que a través de investigaciones o procesos judiciales se puedan inculpar, desacreditar y sancionar a líderes de Estados que actúan en defensa de los intereses populares, por el desafío que las transformaciones que ellos dirigen en sus respectivos países puedan representar para los intereses de los monopolios transnacionales y a las dirigencias de los Estados poderosos con quienes estos comparten dominación y explotación en la escala en que operan. Testimonio de esta realidad nos ofrece la reciente denuncia presentada ante la Corte contra el Presidente de la República y otras autoridades del alto gobierno, por supuestos delitos de “lesa humanidad” cometidos a partir del mes de julio de 2002 , oportunidad de la entrada en vigencia del Estatuto de la Corte. Estos hechos fueron imputados a los nombrados por una ONG, Asociación civil venezolana denominada VIVE, financiada desde el exterior como lo publicita esta misma en su Pagina Web en Internet, ofreciendo cuentas bancarias situadas en el exterior, para recibir donaciones en dólares, asesoradas por abogados identificados como venezolanos, en el mismo medio de información citado, que proceden como mercenarios al servicio de intereses extranjeros. ¿Qué sé esta haciendo actualmente en la lucha empeñada en los frentes de batalla descritos? El punto de partida para cualquier acción está centrado en la afirmación de la soberanía del Estado Venezolano en sentido político y jurídico constitucional que la República Bolivariana de Venezuela ha transformado, de frase retórica mil veces atropellada vulnerada y renunciada en los últimos doscientos años, en principio cardinal de autodeterminación y de soberanía tangibles en nuestro desempeño cotidiano como Nación y Pueblo en el mundo internacional. A este respecto debemos citar el contenido de obligatorio acatamiento de la Sentencia 1942 de 15/07/2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hito histórico jurisprudencial que sirve de principio rector de las relaciones entre el ordenamiento positivo venezolano y el Derecho Internacional. Luego de una larga historia que se inicia con la Constitución de 1864, que subordinaba el Derecho Interno al Derecho Internacional, la evolución constitucional llega a su contrario, la supremacía absoluta del Derecho Interno frente al Derecho Internacional plasmada en las Constituciones de Cipriano Castro de 1901 y 1904 posición que abandona Juan Vicente Gómez. Las Constituciones de 1936,1947 y 1961 consagran silencio al respecto. La misma ausencia de principio ordenador de las relaciones entre el Derecho venezolano y el Derecho subsiste en la Constitución actual. Pero de su interpretación autentica derivada de la sentencia citada de la Sala Constitucional se infiere que la posición que asume nuestra Carta Fundamental consiste en la equiparación del Sistema Jurídico venezolano al Sistema Jurídico internacional, en el entendido que una norma jurídica internacional solo será obligatoria para Venezuela si ha sido incorporada al ordenamiento Jurídico venezolano y si no esta en contradicción con los dispositivos constitucionales. Por consiguiente, en primer lugar hemos colocado en su lugar, el obligatorio respeto, que el Derecho Internacional público debe a nuestra soberanía y al derecho interno venezolano en general, y en particular, en cuanto se refiere a los derechos humanos. Al respecto nuestra posición ha consistido en la necesaria subordinación de los tratados a la Constitución y su equiparación al rango de las leyes. Frente a los que pretenden sostener la supranacionalidad del régimen jurídico internacional de los derechos humanos hemos asumido en su más estricta y rigurosa constitucionalidad el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, en el entendido de que el único poder jurídico y político supraconstitucional aceptado por nuestro país es el Poder Constituyente es decir la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que resulta compatible con la naturaleza misma de la sociedad internacional actual. La misma e idéntica, estructuralmente hablando, desde la fecha de su aparición como categoría histórica en los siglos XIV y XV, es decir, una sociedad de Estado iguales y soberanos que solo comprometen su soberanía en el caso de la integración, pero con fines superiores.
 En segundo lugar sostenemos que tanto la O.E.A., como la Organización de Naciones Unidas como los Sistemas Jurídicos que la rigen no son supranacionales son, por el contrario simples organizaciones intergubernamentales de carácter asociativo concebidas entre Estados soberanos tal como lo establecen sus propios tratados constitutivos. Por lo tanto, los órganos que son parte de estas organizaciones, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen forzosamente la misma naturaleza asociativa de la Organización a la cual pertenecen; lo que quiere decir que no pueden ningún caso ser instancias supraordenadas a los Estados y a sus instituciones y órganos nacionales o estatales. De lo dicho se deriva que, todas las decisiones de estos órganos que en su contenido violenten, el orden jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden tener aplicación en Venezuela. Su carácter no obligatorio se infiere de la propia Convención Americana, en el caso particular de las Medidas Cautelares.
 Venezuela en su calidad de miembro de la Organización de las Naciones Unidas y como Estado parte de diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, esta obligada legalmente a observar lo dispuesto en :
 · Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( 10-05-78)
 · Protocolo Facultativo de Derechos Civiles y Políticos ( 10-05-78) · Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( 10-05-78)
 · Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la Pena de Muerte (22-02-93)
 · Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial ( 10-10-67)
 · Declaración sobre Artículo 14 sobre la Convención Internacional para la Eliminación del Racismo y al Discriminación Racial ( Depositado 29-09-2003)
 · Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (28-01-83)
 · Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes (3-10-89)
 · Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2-05-83)
 · Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 6.10..1999. (13-05-2002).
 · Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (31-05-83)
 · Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ( 12-07-60)
 · Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (29-07-91)
 · Convención sobre los Derechos del Niño (13-03-90)
 · Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativa a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de niños en la Pornografía. Ratificado por Venezuela el 05-05-2002
 · Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados (Depositado el 23-09-2003)
 · Convenio de Ginebra I del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña ( 13-02-56)
 · Convenio de Ginebra II del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (13-02-56)
 · Convenio de Ginebra III del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (13-02-56)
 · Convenio de Ginebra IV del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (13-02-56)
 · Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) (23-7-98). Contiene las disposiciones de los convenios de Ginebra aplicables en caso de conflicto armado internacional. También se incorporan ciertas reglas acerca de los métodos y de los medios para la conducción del las hostilidades.
 · Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las Victimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) (23-07-98). Se refiere a las reglas aplicables en caso de conflicto armado no internacional.
 · Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (2-07-96)
 · Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional. Entró en Vigencia en Julio de 2002. Ratificado por Venezuela el 07 de junio de 2000
 No obstante Venezuela, no ha suscrito algunos tratados sobre la materia auspiciados por las Naciones Unidas. Estos Son:
 · Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias, adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas el 18-12-1990
 · Convención relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951. Venezuela no suscribió esta Convención, pero es parte del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967.
 · Convención para Reducir los Casos Apartidas de 1961
 · Convención sobre el Estatuto de los apartidas de 1954
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas de estructura tripartita, cuyos órganos normativos están formados por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, tiene como objeto mejorar las condiciones de trabajo y de vida mediante la adopción de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo.
 Entre los derechos humanos que interesan de manera especial a la OIT están: La libertad sindical, el derecho de no ser sometido a trabajo forzoso y el derecho de no ser víctima de discriminación en el empleo y la ocupación.
 A continuación se especifican los Convenios de la OIT ratificados por Venezuela:
 · Convenio núm. 1 sobre las horas de trabajo (industria), ( 20-11-1944)
 · Convenio núm. 2 sobre el desempleo, (20-11-1944)
 · Convenio núm. 3 sobre la protección de la maternidad, (20-11-1944)
 · Convenio núm. 6 sobre el trabajo nocturno de los menores. (industria) ( 1-03-1933)
 · Convenio núm. 11 sobre el derecho de asociación (agricultura), (20-11-1944)
 · Convenio núm. 13 sobre la cerusa (pintura) , (28-04-1933)
 · Convenio núm. 14 sobre el descanso semanal (industria), (20-11-1944)
 · Convenio núm. 19 sobre la igualdad de trato (accidentes de trabajo), (20-11-1944)
 · Convenio núm. 21 sobre la inspección de los emigrantes (20-11-1944)
 · Convenio núm. 22 sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar (20-11-1944)
 · Convenio núm. 26 sobre los métodos para la fijación de salarios (20-11-1944) · Convenio núm. 27 sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco (17-19-1932)
 · Convenio núm. 29 sobre el trabajo de paro forzoso (20-11-1944)
 · Convenio núm. 41 (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres) (20-11-1944)
 · Convenio núm. 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres) ( 20-11-1944)
 · Convenio núm. 80 sobre la revisión de los artículos finales (13-09-1948)
 · Convenio núm. 81 sobre la inspección del trabajo (21-07-1967)
 · Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación (20-09-1982)
 · Convenio núm. 88 sobre el servicio del empleo (16-11-1964)
 · Convenio núm. 95 sobre la protección del salario ( 10-08-1982)
 · Convenio núm. 97 sobre los trabajadores migrantes ( revisado) ( 9-06-1983)
 · Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (19-12-1968)
 · Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración (10-08-1982)
 · Convenio núm. 102 sobre la seguridad social (noema mínima) (5-11-1982) Venezuela ha aceptado las partes II, III, V, VI, y VIII-X. La parte VI ya no es aplicable en razón de la ratificación del Convenio núm. 121. en virtud de la ratificación del Convenio núm. 128 y de conformidad con su articulo 45, ciertas partes del presente Convenio cesan de aplicarse. La parte III ya no es aplicable en virtud de la ratificación del Convenio núm. 130.
 · Convenio núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso (16-11-1964)
 · Convenio núm. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semi-tribales en los países independientes, adoptado en 1957. Ratificado por Venezuela en 1982, según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.235 de fecha 3 de agosto de 1983. Sin embargo, su texto no obliga a Venezuela internacionalmente ya que no se hizo el depósito del instrumento de ratificación de conformidad con el artículo 31 del citado Convenio.
 · Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación ) (03-06-1971)
 · Convenio núm. 116 sobre la revisión de los artículos finales (16.11.1964)
 · Convenio núm. 117 sobre política social ( normas y objetivos básicos) (06-09-1983)
 · Convenio núm. 118 sobre la igualdad de trato ( seguridad social) (05-11-1982) Venezuela ha aceptado las ramas a) –g) · Convenio núm. 120 sobre la higiene (comercio y oficinas) (03-06-1971) · Convenio núm. 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (10-08-1982)
 · Convenio núm. 122 sobre la política del empleo (10-08-1982) · Convenio núm. 127 sobre el peso máximo (1-02-1984) · Convenio núm. 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1-12-1983). Venezuela ha aceptado todas las partes. En virtud del párrafo1 del artículo 4 del Convenio, el Gobierno se acoge a las excepciones temporales que figuran en los artículos 9, párrafo 2; 13, párrafo 2; 16, párrafo 2; 22, párrafo 2. El gobierno declara acogerse igualmente a la exclusión temporal prevista en el párrafo 1 del artículo 38 del Convenio.
 · Convenio núm. 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad (10-08-1982)
 · Convenio núm. 138 sobre la edad mínima ( 15-07-1987) · Convenio núm. 139 sobre el cáncer profesional ( 05-07-1983) · Convenio núm. 140 Sobre la licencia pagada de estudios (06-09-1983)
 · Convenio núm. 141 Sobre las organizaciones de trabajadores rurales ( 05-07-1983)
 · Convenio núm. 142 sobre el desarrollo de los recursos humanos (08-10-1984)
 · Convenio núm. 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) (17-08-1983)
 · Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita (14-12-1989)
 · Convenio núm. 149 sobre el personal de enfermería ( 17.08.1983) · Convenio núm. 150 sobre la administración del trabajo (17.08.1983)
 · Convenio núm. 153 sobre duración del trabajo y periodos de descanso (transporte por carretera) (05-07-1983) · Convenio núm. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (27.11.1984)
 · Convenio núm. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo (06.05.1985)
 · Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, adoptado en junio de 1989. Ratificado por Venezuela el 22-05-2002. De conformidad con el artículo 38, párrafo 3,. El referido instrumento internacional entrara en vigor el día 22 de mayo de 2003.
 El propósito de la UNESCO es el de contribuir a la paz ya la seguridad mediante la promoción de la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura con miras a propiciar el respeto de la justicia, de la ley, de los derecho humanos y las libertades fundamentales. Su ámbito de competencia abarca los derecho relativos a la educación, la ciencia ( incluidas las ciencias sociales), la cultura y la comunicación, que incluye la libertad de opinión, de expresión y de prensa. En el ejercicio de sus competencias en la esfera de los derechos humanos incumbe a la UNESCO examinar casos individuales y específicos relativos a violaciones de los derechos humanos, así como asuntos relativos a violaciones masivas, sistemáticas o flagrantes de derechos humanos que son consecuencia de una política contraria a los derechos humanos practicada de derecho o de hecho por un Estado.
 · Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza (16-12-68)
 EL Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos tiene su fuente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos órganos de protección son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el mas antiguo de los órganos de protección y entre sus atribuciones más importantes se encuentra la de examinar casos o situaciones de violación de los derechos humanos. El artículo 44 de la Convención Americana, los artículos 19.a y 19.b del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el artículo 26.1 del Reglamento de la CIDH consagran su competencia general para recibir y tramitar las peticiones que le sean dirigidas por cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en algún Estado americano, referente a presuntas violaciones de derechos humanos legalmente reconocidos en la Convención o en la Declaración Americana de los Deberes u Derechos del Hombre.
 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la institución judicial del Sistema Interamericano. Sólo los Estados partes de la Convención pueden introducir un caso ante ella, siempre y cuando se haya agotado previamente el procedimiento ante la Comisión. Asimismo, el Estado demandado debe haber reconocido, por una declaración, la competencia de la referida Corte. El Régimen Jurídico interamericano del cual es parte nuestro país esta conformado por los siguientes instrumentos: · Convención americana sobre Derechos Humanos (9-08-77)
 · Declaración de aceptación de la competencia y poder jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (24-06-81)
 · Protocolo a la Convenció Americana sobre Derechos Humanos relativo ala Abolición de al Pena de Muerte, adoptado en junio de 1990. (6-10-93)
 · Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (26-08-91)
 · Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas · (10-01-99)
 · Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” (03-02-95)
 · Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (17-11-88), el cual entro en vigor en noviembre de 1999 como consecuencia de la ratificación de Costa Rica. Fue suscrito por Venezuela el 27 de enero de 1989. Actualmente, este instrumento está bajo consulta de los entes nacionales competentes, a efectos de ser enviado a la Asamblea Nacional para la consideración correspondiente.
 · Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad, firmada durante el 29° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 1999 en Ciudad de Guatemala.
 En resumen los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos, ratificados, y en consecuencia, en vigor para la República Bolivariana de Venezuela alcanzan hoy día a 80. Unos corresponden a la ONU, otros a la O.E.A. y otros a la OIT.
 En la necesidad de utilizar nuestros recursos disponibles las políticas que la República Bolivariana de Venezuela ante la ofensiva que se dirige hacia nuestras instituciones por parte del poder imperial y sus acólitos son: en primer lugar una adecuada defensa ante los organismos de la OEA y de la ONU para neutralizar los efectos de las denuncias. A tal fin debemos estar al día en el cumplimiento de las disposiciones sustantivas y procésales obligatorias que contienen los instrumentos internacionales a los cuales estamos atados; y utilizarlas en todo cuanto nos favorezcan. En segundo lugar debemos revertir la condición de quienes nos acusan convirtiéndolos de denunciantes en acusados. Esto significa hacer hincapié en la conducta sistemática de los medios privados de comunicación, en violación de los derechos colectivos o de segunda generación del pueblo venezolano. Para este fin debemos utilizar todos los recursos jurídicos que nos concede el Derecho Interno e Internacional. En tercer lugar debemos poner en practica la divulgación masiva en el mundo exterior, Estados y organizaciones internacionales de los logros, éxitos o avances que en materia de derechos humanos va obteniendo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.