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 52012PC0550
 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a los Estados miembros que son Partes Contratantes de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, de 21 de mayo de 1963 («Convención de Viena»), a ratificar el Protocolo por el que se modifica dicha Convención en interés de la Unión Europea, o a adherirse al mismo /* COM/2012/0550 final - 2012/0262 (NLE) */
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA
 1.1. Objeto de la propuesta
 Actualmente, el régimen de
 responsabilidad nuclear internacional se rige fundamentalmente por dos
 instrumentos: la «Convención de Viena» modificada por el Protocolo de 1997, y
 el «Convenio de París» sobre responsabilidad civil en materia de energía
 nuclear de 1960 que fue modificado mediante varios protocolos y completado por
 el Convenio de Bruselas de 31 de enero de 1963 (denominado en lo sucesivo
 «Convenio de Bruselas»). Ambos Convenios comparten básicamente principios
 esenciales similares. Sin embargo, algunos Estados miembros de la UE son Partes
 Contratantes del Convenio de París, y otros de la Convención de Viena.
 Los artículos 12 a 14 del Protocolo de
 1997 incluyen disposiciones sobre la competencia y sobre el reconocimiento y
 ejecución de sentencias relativas a la aplicación de la Convención de Viena.
 Estas normas afectan a disposiciones contenidas en el Derecho de la Unión
 Europea, en particular, en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de
 diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
 ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Por
 consiguiente, la Unión dispone de competencia exclusiva sobre las disposiciones
 contenidas en el Protocolo de 1997. Por tanto, los Estados miembros no pueden
 convertirse en Partes Contratantes del Protocolo de 1997 por lo que respecta a
 dichas disposiciones. De manera similar en relación con el Protocolo de 12 de
 febrero de 2004 por el que se modifica el Convenio de París, se adoptaron
 Decisiones del Consejo para autorizar a los Estados miembros a firmar y
 ratificar o adherirse al Protocolo en interés de la Unión. En este caso se
 sugiere una solución similar.
 La Comisión propone que el Consejo
 autorice a los Estados miembros que son Partes Contratantes de la Convención de
 21 de mayo de 1963 sobre Responsabilidad Civil por
 Daños Nucleares («Convención de Viena»), es decir,
 Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia (a
 posteriori) y Eslovaquia, a que ratifiquen o celebren, en interés de la Unión
 Europea, el Protocolo[1]
 de enmienda de la Convención, que se adoptó el 12 de septiembre de 1997 bajo
 los auspicios de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
 Por último, aunque sería preferible
 aplicar un único sistema de responsabilidad nuclear en la Unión Europea, es no
 obstante posible una flexibilidad, teniendo en cuenta que los sistemas
 establecidos en la Convención de Viena y en el Convenio de París son compatibles.
 1.2. Protocolo de enmienda de
 la Convención de Viena de 1963 sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
 La Convención de Viena se adoptó con el fin de garantizar una
 indemnización adecuada y equitativa a las víctimas de los daños causados por accidentes
 nucleares. Establece un régimen especial de responsabilidad civil en materia de
 energía nuclear sobre la base de los siguientes principios básicos: a)
 responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad sin culpa; b)
 responsabilidad exclusiva del operador de la instalación nuclear; c) limitación
 de la responsabilidad en importe o limitación de la responsabilidad cubierta
 por un seguro u otra garantía financiera; d) limitación de la responsabilidad
 en el tiempo.
 Protocolo de 1997
 La Convención de Viena fue modificada por
 el Protocolo de 1997 (que entró en vigor el 4 de octubre de 2003) con el fin de
 mejorar el sistema de indemnización por daños nucleares.
 Entre otras cosas, el Protocolo de 1997
 contiene una nueva definición de daños nucleares (ahora también aborda el
 concepto de daños ambientales y medidas preventivas), amplía el alcance
 geográfico de la Convención de Viena, amplía el periodo durante el cual puede
 demandarse por pérdida de vidas humanas y lesiones y eleva sustancialmente los
 límites mínimos de indemnización. También incluye nuevas disposiciones sobre
 competencia que tienen implicaciones en los casos en que se produce un
 accidente nuclear durante el transporte de material nuclear desde o hacia una
 instalación situada en el territorio de un Estado que sea Parte de la
 Convención de Viena.
 En virtud del artículo 19, apartado 1,
 del Protocolo de 1997, un Estado que sea parte en el Protocolo pero no lo sea
 en la Convención de Viena de 1963 estará obligado por las disposiciones de esa
 Convención enmendada por el Protocolo en relación con otros Estados Partes en
 la misma y, de no haber expresado ese Estado una intención diferente en el
 momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
 adhesión, estará obligado por las disposiciones de la Convención de Viena de
 1963 en relación con los Estados que sean únicamente partes en la misma.
 Protocolo común de 1988
 El 21 de septiembre de 1988 la
 Conferencia sobre la relación entre el Convenio de París y la Convención de
 Viena adoptó el Protocolo común relativo a la aplicación de la Convención de
 Viena y del Convenio de París («el Protocolo común de 1988»), ya que el
 Convenio de París, el Convenio de Bruselas y la Convención de Viena comparten
 los mismos principios. El objetivo fundamental era coordinar la aplicación de
 ambos.
 El Protocolo común de 1988 los vincula de
 dos maneras principales.
 En primer lugar, prevé la extensión mutua de la responsabilidad
 del operador en el marco de los sistemas de París y Viena (artículo II). Así
 pues, si se produce un accidente nuclear del que es responsable el operador
 tanto en el marco de la Convención de Viena como del Protocolo común, se
 considerará que el operador es responsable de conformidad con la Convención de
 Viena por los daños nucleares sufridos no sólo en el territorio de las Partes
 del mismo, sino también en el territorio de las Partes del Convenio de París y
 del Protocolo común. Por el contrario, si se produce un accidente del que es
 responsable un operador en virtud tanto del Convenio de París como del
 Protocolo común, se aplicará la reciprocidad.
 En segundo lugar, el Protocolo común de
 1988 pretende eliminar los conflictos que podrían surgir, especialmente en
 materia de transporte, de la aplicación simultánea del Convenio y la Convención
 (artículo III).
 El Protocolo común de 1988 fue firmado
 por cinco Estados miembros y entró en vigor para otros diecisiete tras la
 ratificación, adhesión, aprobación o aceptación.
 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS
 PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO
 Las enmiendas a la Convención de Viena
 contienen aspectos que son beneficiosos para las víctimas potenciales de un
 accidente nuclear, a saber, un aumento de los importes de la responsabilidad y
 una definición más amplia de los daños nucleares. Por tanto, en consonancia con
 las conclusiones de un estudio publicado en 2009 y un seminario celebrado en
 junio de 2010 en materia de responsabilidad nuclear[2], se reconoce, previa consulta a
 las partes interesadas, que las iniciativas en el ámbito de la responsabilidad
 civil nuclear no deberán obstaculizar la adhesión de los Estados miembros a
 cualquier convenio internacional que mejore la situación de las víctimas
 potenciales en la Unión Europea. La adhesión al Protocolo de 1997 es, pues,
 beneficiosa para mejorar la indemnización de las víctimas en la Unión Europea.
 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
 3.1. Estados miembros
 afectados
 Los siguientes nueve Estados miembros de
 la Unión Europea han ratificado o se han adherido a la Convención de Viena:
 Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia,
 Polonia y Rumanía. El Reino Unido y España han firmado pero no han ratificado
 la Convención (estos dos países se convirtieron en Partes Contratantes del
 Convenio de París). La Convención ha dejado de aplicarse a Eslovenia.
 El Protocolo de 1997 fue firmado por la
 República Checa, Hungría, Lituania y Italia (esta última es Parte Contratante
 del Convenio de París). El Protocolo fue ratificado por Rumanía y Letonia
 (antes de su adhesión a la UE), y por Polonia (después de la adhesión a la UE).
 La Decisión del Consejo debe por tanto
 dirigirse a los Estados miembros que son Partes Contratantes de la Convención
 de Viena, es decir, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania,
 Polonia (a posteriori) y Eslovaquia. Dado que Italia, el Reino Unido y España,
 si bien son signatarios de la Convención de Viena, son Partes Contratantes del
 Convenio de París que establece un sistema similar de responsabilidad nuclear,
 estos países no deberían estar cubiertos por la Decisión del Consejo.
 3.2. Reglamento (CE) no
 44/2001 del Consejo
 El Reglamento (CE) n° 44 /2001 del Consejo, de 22 de diciembre de
 2000[3], establece normas sobre
 competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en
 materia civil y mercantil. El Reglamento vincula a todos los Estados miembros
 (existen disposiciones especiales por lo que respecta a Dinamarca).
 Las reglas de competencia previstas por
 el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo son aplicables cuando el demandado
 está domiciliado en uno de los Estados miembros vinculados por el Reglamento.
 Los demandados no domiciliados en un Estado miembro podrán ser llevados ante
 los tribunales de cada Estado miembro, de conformidad con las normas nacionales
 sobre competencia de dicho Estado, sin perjuicio de los artículos 22
 (competencia exclusiva) y 23 (cláusulas atributivas de competencia).
 La competencia se basa, en primer lugar,
 en el domicilio del demandado. Además, tratándose de materias delictuales o
 cuasidelictuales, una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser
 demandada en el Estado miembro donde se hubiera producido o pudiera producirse
 el hecho generador. La jurisprudencia del Tribunal entiende por lugar en que se
 hubiera producido el daño el lugar del acto que haya causado el hecho generador
 o el lugar donde se hubieran producido los daños. En lo relativo a cuestiones
 de seguros, el asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:
 a) ante los tribunales del Estado miembro donde esté domiciliado, o b) en el
 Estado miembro donde tuviere su domicilio el demandante, cuando se trate de
 acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario,
 o c) si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado miembro
 que entendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.
 Tratándose de seguros de responsabilidad, el asegurador podrá, además, ser
 demandado ante el tribunal del lugar en que se hubiera producido el daño, y
 también ante el tribunal que conociera de la acción de la persona perjudicada
 contra el asegurado, si la ley de este tribunal lo permite.
 El Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo
 establece que una resolución judicial dictada en un Estado miembro deberá ser
 reconocida y ejecutada en los otros sin que se requiera ningún procedimiento
 especial. Sin embargo, existe un número limitado de motivos para el no
 reconocimiento a fin de tener en cuenta consideraciones de orden público,
 respeto de los derechos de la defensa o existencia de resoluciones
 irreconciliables.
 3.3. Competencia de la Unión
 con respecto al Protocolo de 1997
 No existe una legislación de la Unión que
 rija la responsabilidad nuclear de terceros. El Reglamento (CE) n° 864/2007 del
 Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley
 aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), excluye de su ámbito
 de aplicación la responsabilidad nuclear.
 Sin embargo, el Protocolo de 1997
 contiene disposiciones que afectan al Reglamento (CE) no 44/2001 del
 Consejo. Contrariamente a los múltiples fueros de competencia disponibles en
 virtud del Reglamento, el artículo XI de la Convención de Viena, modificada por
 el Protocolo de 1997, establece, como norma general, la competencia exclusiva
 del Estado Parte en cuyo territorio se hubiere producido el accidente nuclear.
 En particular, el artículo XI de la
 Convención de Viena atribuye competencia exclusiva a los tribunales de la Parte
 Contratante en cuyo territorio haya tenido lugar el accidente nuclear, sobre
 las demandas de indemnización por los daños causados por el accidente. Cuando
 el accidente nuclear haya tenido lugar fuera del territorio de cualquiera de
 las Partes Contratantes, o cuando no sea posible determinar con certeza el
 lugar del accidente nuclear, los tribunales competentes para conocer de esas
 acciones serán los del Estado de la instalación del explotador responsable.
 El Protocolo de 1997 contempla
 adicionalmente la competencia exclusiva de los tribunales de la Parte
 Contratante costera en el caso de los accidentes nucleares ocurridos en su zona
 económica exclusiva. Esta competencia se concede a condición que el depositario
 del Convenio haya recibido notificación de tal zona antes del accidente
 nuclear.
 Por lo que se refiere a las normas sobre reconocimiento y
 ejecución, de conformidad con el artículo XII de la Convención de Viena,
 modificado por el Protocolo de 1997, la sentencia dictada por un tribunal al
 que corresponda la competencia y respecto de la cual no proceda ya ninguna
 forma ordinaria de revisión se beneficiará de disposiciones específicas
 relativas al reconocimiento y a la ejecución de sentencias. Con algunas
 excepciones[4],
 el artículo XII establece que la sentencia deberá ser reconocida en el
 territorio de todas las Partes Contratantes y tendrá fuerza ejecutoria como si
 se tratase de una sentencia dictada por un tribunal nacional. Una vez que se
 haya dictado la sentencia no podrá revisarse el litigio en cuanto al fondo.
 La Unión Europea tiene la competencia
 exclusiva sobre las disposiciones relativas a la competencia judicial, el
 reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales contenidas en el
 Protocolo de 1997, pues éstas afectan, según lo definido por la jurisprudencia
 del TJCE[5],
 a las normas correspondientes del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo. Por
 consiguiente, los Estados miembros ya no tienen la facultad de establecer
 excepciones a estas normas entre sí ni de contraer con Estados terceros
 obligaciones que afecten a dichas normas.
 3.4. Autorización de los Estados
 miembros
 Sin embargo, la Convención de Viena y el
 Protocolo de 1997 no tienen ninguna cláusula de organización económica regional
 que permita a la Unión Europea convertirse en Parte Contratante del Protocolo.
 Por consiguiente, la Unión Europea no está en condiciones de convertirse en
 Parte Contratante del Protocolo de 1997.
 El Protocolo de 1997, que mejora la
 protección de las víctimas en caso de accidente nuclear, es especialmente
 importante para la Unión Europea y sus Estados miembros. Con carácter excepcional,
 por tanto, está justificado que la Unión pueda ejercer sus competencias a
 través de sus Estados miembros que sean Partes de la Convención de Viena.
 Sin embargo, sin tener en cuenta los
 Estados miembros que ya son Partes Contratantes del Convenio de París
 modificado, cinco Estados miembros de la Unión Europea, a saber, Austria,
 Irlanda, Luxemburgo, Malta y Chipre, no son Partes ni del Convenio de París
 modificado ni de la Convención de Viena de 1963. Por tanto, se considera
 justificado objetivamente, con carácter excepcional, permitir que estos cinco
 Estados miembros no sean Partes del Protocolo de 1997 y, por tanto, sigan
 aplicando las normas del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo en el ámbito
 cubierto por la Convención de Viena y el Protocolo de 1997. Esta diferencia en
 la aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea se justifica
 teniendo en cuenta que:
 - el Protocolo de 1997 modifica una
 Convención de la que estos cinco Estados miembros no son Partes Contratantes;
 - el Reglamento (CE) no 44/2001 del
 Consejo no afecta a los Convenios en que los Estados miembros fueren partes.
 Como consecuencia, sólo los Estados
 miembros que actualmente son Partes de la Convención de Viena deben ratificar o
 adherirse al Protocolo de 1997 en interés de la Unión Europea. Polonia ratificó
 el Protocolo de 1997 después de su adhesión a la UE. La Decisión debe por lo
 tanto dirigirse a Polonia a posteriori. Letonia y Rumanía ya habían firmado y
 ratificado el Protocolo de 1997 con anterioridad a su adhesión a la Unión
 Europea.
 Por estas razones, la Comisión recomienda
 que el PE y el Consejo adopten la Decisión por la que se autoriza a los Estados
 miembros que son Partes de la Convención de Viena a ratificar, en interés de la
 Unión Europea, el Protocolo de 1997, o a adherirse al mismo.
 3.5. Reserva sobre las normas
 de reconocimiento y ejecución de las sentencias
 Por lo que se refiere a las normas sobre
 el reconocimiento y la ejecución de sentencias, establecidas en el artículo
 XII, modificado por el artículo 14 del Protocolo de 1997, es necesario
 garantizar la aplicación continuada de las normas pertinentes del Reglamento
 44/2001, ampliado a Dinamarca por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el
 Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
 ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil[6], o del Convenio de Lugano
 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 30 de octubre de 2007[7]. Limitar la aplicación del
 artículo XII de la Convención de Viena de este modo garantizaría la unidad en
 el espacio judicial de la Unión y la libre circulación de resoluciones dentro
 de la UE, sin tener repercusiones en la aplicación efectiva de la Convención, en
 su versión modificada por el Protocolo, ni repercusiones esenciales para los
 terceros países Partes de la misma.
 El Protocolo de 1997 no se pronuncia sobre la cuestión de las
 reservas admisibles. De conformidad con el artículo 19 de la Convención de
 Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, podría permitirse una reserva
 si fuera compatible con el «objeto y propósito» de la Convención, como en este
 caso.
 En conclusión, al adherirse al Protocolo
 de 1997, los Estados miembros deberán velar por la aplicación de las normas
 pertinentes de la UE sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones
 judiciales dictadas por el tribunal de otro Estado miembro (incluida Dinamarca)
 o por un tercer Estado vinculado por el Convenio de Lugano.
 2012/0262 (NLE)
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 por la que se autoriza a los Estados
 miembros que son Partes Contratantes de la Convención de Viena sobre
 Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, de 21 de mayo de 1963 («Convención
 de Viena»), a ratificar el Protocolo por el que se modifica dicha Convención en
 interés de la Unión Europea, o a adherirse al mismo
 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la
 Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 2, en relación
 con su artículo 218, apartado 6, letra a),
 Vista la propuesta de la Comisión
 Europea,
 Vista la aprobación del Parlamento
 Europeo,
 Considerando lo siguiente:
 (1) El Protocolo de 12 de
 septiembre de 1997 de enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad
 Civil por Daños Nucleares, de 21 de mayo de 1963, (denominado en lo sucesivo la
 «Convención de Viena») se negoció con vistas a mejorar la indemnización de las
 víctimas de los daños causados por accidentes nucleares.
 (2) La Unión Europea tiene
 competencia exclusiva con respecto a los artículos XI y XII consolidados de la
 Convención de Viena, en la medida en que estas disposiciones afectan a las
 normas establecidas en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de
 diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
 ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[8]. Los Estados miembros mantienen
 su competencia en las áreas cubiertas por el Protocolo de 1997 que no afectan
 al Derecho de la Unión Europea. Dado el objeto y la finalidad del Protocolo de
 1997, la aceptación de las disposiciones del Protocolo que son competencia de
 la Unión Europea no pueden disociarse de las disposiciones que entran dentro de
 la competencia de los Estados miembros.
 (3) El Protocolo de 1997 es
 especialmente importante, en interés de la Unión Europea y de sus Estados
 miembros, ya que permite mejorar la indemnización por los daños causados por
 accidentes nucleares.
 (4) La Convención de Viena y
 su Protocolo de 1997 no están abiertos a la participación de organizaciones
 regionales. Como consecuencia de ello, la Unión Europea no está en condiciones
 de firmar o ratificar el Protocolo. En estas circunstancias, está justificado,
 con carácter excepcional, que los Estados miembros ratifiquen o celebren el Protocolo
 de 1997 en interés de la Unión Europea.
 (5) Sin embargo, cinco
 Estados miembros de la Unión Europea, a saber, Austria, Irlanda, Luxemburgo,
 Chipre y Malta no son Partes de la Convención de Viena. Dado que el Protocolo
 de 1997 modifica la Convención de Viena y que el Reglamento (CE)
 no 44/2001 del Consejo autoriza a los Estados miembros que estén
 vinculados por dicha Convención a seguir aplicando las normas sobre competencia
 previstas en el mismo, está objetivamente justificado que la presente Decisión
 se dirija únicamente a los Estados miembros que son Partes Contratantes de la
 Convención de Viena y que se permita, con carácter excepcional, que estos cinco
 Estados miembros no sean Partes del Protocolo de 1997.
 (6) Los Estados miembros que
 son Partes en la Convención de Viena deben, por tanto, ratificar o suscribir el
 Protocolo de 1997 en interés de la Unión Europea, sin perjuicio de las
 condiciones establecidas en la presente Decisión. La presente Decisión se
 dirige a Polonia a posteriori, dado que ratificó el Protocolo en 2010.
 (7) Por tanto, en lo que se
 refiere a la Unión Europea, las disposiciones del Protocolo de 1997 se
 aplicarán únicamente por los Estados miembros que actualmente son Partes
 Contratantes de la Convención de Viena.
 (8) Los Estados miembros
 deberán finalizar, en un plazo razonable, sus procedimientos de ratificación o
 de adhesión al Protocolo de 1997, en interés de la UE. Los Estados miembros
 deberán intercambiar información sobre el estado de sus procedimientos de
 ratificación o de adhesión a fin de preparar el depósito de sus instrumentos de
 ratificación o de adhesión al Protocolo de 1997.
 (9) Las normas sobre
 reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales previstas en el artículo
 XII de la Convención de Viena, modificadas por el artículo 14 del Protocolo de
 1997, no deberían tener prioridad sobre las normas correspondientes
 establecidas en el Reglamento (CE) n° 44/2001, tal como fue ampliado a
 Dinamarca por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca
 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, o en el Convenio de
 Lugano relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 30 de octubre de 2007.
 Por consiguiente, al ratificar o adherirse al Protocolo de 1997, los
 Estados miembros deberán realizar la declaración, con el fin de garantizar la
 continuidad de la aplicación de las normas de la UE pertinentes.
 (10) De conformidad con los
 artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anexo
 al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
 Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda
 vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación,
 HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
 Artículo 1
 1.
 Sin perjuicio de las competencias de la Unión
 Europea, los Estados miembros que actualmente son Partes de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, de 21 de mayo de 1963, deberán ratificar el Protocolo de 1997 o
 adherirse al mismo, en interés de la Unión Europea.
 2.
 El texto del Protocolo de 1997 se adjunta a la
 presente Decisión.
 3.
 En la presente Decisión, por «Estado miembro»
 se entenderá todos los Estados miembros que actualmente son Partes Contratantes
 de la Convención de Viena.
 Artículo 2
 1.
 Los Estados miembros tomarán las medidas
 necesarias para depositar sus instrumentos de ratificación o de adhesión al
 Protocolo de 1997 ante el Director General del Organismo Internacional de la
 Energía Atómica de manera simultánea y dentro de un plazo razonable y, a ser
 posible, antes del 31 de diciembre de 2014.
 4.
 Los Estados miembros comunicarán al Consejo y
 a la Comisión, antes del [...], la fecha prevista para la conclusión de sus
 procedimientos de ratificación o de adhesión.
 5.
 Los Estados miembros procurarán intercambiar
 información sobre el estado de sus procedimientos de ratificación y adhesión.
 Artículo 3
 Al ratificar o adherirse al Protocolo de
 1997, los Estados miembros harán la siguiente declaración:
 «Las resoluciones judiciales en asuntos
 regulados por el Protocolo de 1997, que sean pronunciadas por un tribunal de un
 Estado miembro de la UE, Parte Contratante del Protocolo, serán reconocidas y
 ejecutadas en otros Estados miembros de la UE que sean Partes Contratantes del
 Protocolo, de conformidad con las normas correspondientes de la Unión Europea
 en la materia.
 Las resoluciones judiciales en asuntos
 regulados por el Protocolo de 1997, que sean pronunciadas por un tribunal del
 Reino de Dinamarca, serán reconocidas y ejecutadas en otros Estados miembros de
 la UE que sean Partes Contratantes del Protocolo, de conformidad con el Acuerdo
 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia
 judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y
 mercantil.
 Las resoluciones judiciales en asuntos
 regulados por el Protocolo de 1997, que sean pronunciadas por un tribunal de un
 tercer Estado vinculado por el Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007
 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
 resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se reconocerán y
 ejecutarán en los demás Estados miembros de la UE que sean Partes Contratantes
 del Protocolo, de conformidad con dicho Convenio.»
 Artículo 4
 La presente Decisión entrará en vigor el
 día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
 Artículo 5
 Los
 destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros de conformidad
 con los Tratados.
 Hecho en Bruselas, el
 Por
 el Consejo
 El
 Presidente
 ANEXO
 Protocolo de enmienda de la
 Convención de Viena de 1963 sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
 LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE
 PROTOCOLO,
 CONSIDERANDO la conveniencia de enmendar la
 Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 21 de
 mayo de 1963 con el fin de ampliar el ámbito de aplicación, aumentar el importe
 de la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear y mejorar los
 medios para garantizar una indemnización adecuada y equitativa,
 HAN ACORDADO lo siguiente:
 Artículo 1
 La Convención enmendada por las
 disposiciones del presente Protocolo es la Convención de Viena sobre
 Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 21 de mayo de 1963, en adelante
 denominada la «Convención de Viena de 1963».
 Artículo 2
 El artículo I de la Convención de Viena de
 1963 se enmienda de la manera siguiente:
 1. El apartado j) del
 párrafo 1 enmiéndase de forma que rece así:
 a)
 se suprime la palabra «y» al final del inciso
 ii) y se añade dicha palabra al final del inciso iii).
 b)
 Añádese un inciso iv) del siguiente tenor:
 iv)
 las demás instalaciones en las que haya combustible nuclear o productos o
 desechos radiactivos según cada cierto tiempo determine la Junta de
 Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica;
 2. El apartado k) del
 párrafo 1 reemplázase por el texto siguiente:
 k) Por «daños nucleares» se entenderá:
 i) la pérdida de vidas humanas o las lesiones
 corporales;
 ii) los daños o perjuicios materiales;
 y cada uno de los daños que se indican a
 continuación en la medida determinada por la legislación del tribunal
 competente;
 iii) la pérdida económica derivada de la
 pérdida o los daños a que se hace referencia en los apartados i) y ii), en la
 medida en que no esté incluida en esos apartados, si la sufriere una persona
 con derecho a entablar una demanda con respecto a dicha pérdida o daños;
 iv) el costo de las medidas para rehabilitar
 el medio ambiente deteriorado, a menos que el deterioro sea insignificante,
 siempre que esas medidas realmente se hayan adoptado o hayan de adoptarse, y en
 la medida en que no esté incluido en el apartado ii);
 v) el lucro cesante derivado del interés
 económico en algún uso o goce del medio ambiente que se produzca como resultado
 de un deterioro significativo del medio ambiente, y en la medida en que no esté
 incluido en el apartado ii);
 vi) los costos de las medidas preventivas y
 otros daños y perjuicios causados por esas medidas;
 vii) cualquier otra pérdida económica que no
 sea una pérdida causada por el deterioro del medio ambiente, si ello estuviese
 autorizado por la legislación general sobre responsabilidad civil del tribunal
 competente,
 en el caso de los apartados i) a iv) y vii)
 supra, en la medida en que los daños y perjuicios se produzcan como resultado
 de la radiación ionizante emitida por cualquier fuente de radiación dentro de
 una instalación nuclear, o emitida por combustible nuclear o productos o
 desechos radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de los
 materiales nucleares que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a
 ella, sea que se deriven de las propiedades de esa materia, o de la combinación
 de propiedades radiactivas con propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades
 peligrosas de esa materia.
 3. El apartado l) del
 párrafo 1 reemplázase por el siguiente texto:
 l) Por «incidente nuclear» se entenderá
 cualquier hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan causado
 daños nucleares o que, solamente con respecto a las medidas preventivas, hayan
 creado una amenaza grave e inminente de causar tales daños.
 4. Después del apartado l)
 del párrafo 1 añádense cuatro apartados nuevos, m), n), o) y p), que rezan así:
 m) Por «medidas de rehabilitación» se entenderá
 cualquier medida razonable que haya sido aprobada por las autoridades
 competentes del Estado donde se hayan adoptado las medidas y que tengan por
 objeto rehabilitar o restaurar componentes del medio ambiente dañados o
 destruidos o introducir en el medio ambiente, cuando ello sea razonable, el
 equivalente de esos componentes. La legislación del Estado en que se hayan
 sufrido los daños determinará a quién ha de corresponder la facultad de adoptar
 dichas medidas.
 n) Por «medidas preventivas» se entenderá cualquier medida razonable adoptada
 por cualquier persona después de ocurrido un incidente nuclear a fin de
 prevenir o minimizar los daños a que se hace referencia en los apartados i) a
 v) o vii) del párrafo k), lo que estará sujeto a la aprobación de las
 autoridades competentes exigida por la ley del Estado donde se hayan adoptado
 las medidas.
 o) Por «medidas razonables» se entenderá las medidas que, en virtud de la
 legislación del tribunal competente, se juzgue que sean apropiadas y
 proporcionadas, habida cuenta de las circunstancias, como por ejemplo:
 i) la naturaleza y magnitud de los daños
 sufridos o, en el caso de medidas preventivas, la naturaleza y magnitud del
 riesgo de que se produzcan tales daños;
 ii) en qué medida, en el momento en que sean
 adoptadas, existe la posibilidad de que dichas medidas sean eficaces;
 iii) los conocimientos científicos y técnicos
 pertinentes.
 p) Por «derecho especial de giro», en
 adelante denominado DEG, se entenderá la unidad de cuenta definida por el Fondo
 Monetario Internacional y utilizada por éste para sus propias operaciones y
 transacciones.
 5. El párrafo 2 se
 reemplaza por el texto siguiente:
 2. El Estado de la instalación podrá
 excluir del ámbito de la presente Convención cualquier instalación nuclear o cantidad
 pequeña de materiales nucleares siempre que lo permita la reducida importancia
 de los peligros inherentes a tal decisión y siempre que:
 a) en lo que se refiere a instalaciones
 nucleares, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía
 Atómica haya determinado los criterios para esa exclusión y que dicha exclusión
 por parte de un Estado de la instalación se ajuste a tales criterios; y
 b) en lo que se refiere a cantidades
 pequeñas de materiales nucleares, los límites máximos para la exclusión de
 tales cantidades hayan sido determinados por la Junta de Gobernadores del
 Organismo Internacional de Energía Atómica y que dicha exclusión por parte de
 un Estado de la instalación no exceda de los referidos límites.
 Los
 criterios para la exclusión de instalaciones nucleares y los límites máximos
 para la exclusión de cantidades pequeñas de materiales nucleares serán
 revisados periódicamente por la Junta de Gobernadores.
 Artículo 3
 A continuación del artículo I de la
 Convención de Viena de 1963 añádense los siguientes dos artículos I A y I B
 nuevos:
 Artículo I A
 1. La presente Convención
 se aplicará a los daños nucleares independientemente del lugar donde se hayan
 sufrido.
 2. La legislación del
 Estado de la instalación podrá, no obstante, excluir de la aplicación de la
 presente Convención los daños sufridos:
 c)
 en el territorio de un Estado no Contratante;
 d)
 en cualesquiera zonas marítimas establecidas
 por un Estado no Contratante de acuerdo con el Derecho internacional del mar.
 3. Una exclusión con arreglo
 al párrafo 2 del presente artículo solo podrá aplicarse con respecto a un
 Estado no Contratante que en el momento del incidente:
 a)
 posea una instalación nuclear en su territorio
 o en cualesquiera zonas marítimas que haya establecido de acuerdo con el Derecho
 internacional del mar;
 b)
 no conceda beneficios recíprocos equivalentes.
 4. Las exclusiones con
 arreglo al párrafo 2 del presente artículo no afectarán a los derechos a que se
 hace referencia en el apartado a) del párrafo 2 del artículo IX y las exclusiones
 con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del presente artículo no se extenderán
 a los daños a bordo o a un navío o aeronave.
 Artículo I B
 La presente Convención no se aplicará a las
 instalaciones nucleares utilizadas con fines no pacíficos.
 Artículo 4
 El artículo II de la Convención de Viena de
 1963 se enmienda de la manera siguiente:
 1. Al final del apartado a)
 del párrafo 3 añádese el siguiente texto:
 2. El Estado de la
 instalación podrá limitar la cuantía de los fondos públicos aportados por cada
 incidente a la diferencia, si la hubiere, entre las cuantías estipuladas en el
 presente artículo y la cuantía determinada de conformidad con el párrafo 1 del
 artículo V.
 3. Al final del párrafo 4
 añádese el texto siguiente:
 El Estado de la instalación podrá limitar
 la cuantía de los fondos públicos aportados con arreglo al apartado a) del
 párrafo 3 del presente artículo.
 4. El párrafo 6 se
 reemplaza por el siguiente texto:
 6. Ninguna persona será responsable de
 las pérdidas o daños que no sean daños nucleares de conformidad con lo
 dispuesto en el apartado k) del párrafo 1 del artículo I pero que hubieran
 podido ser determinados como daños nucleares de conformidad con las
 disposiciones de dicho párrafo.
 Artículo 5
 A continuación de la primera oración del
 artículo III de la Convención de Viena de 1963 añádese el texto siguiente:
 Sin embargo, el Estado de la instalación
 podrá eliminar esta obligación con relación al transporte que se realice
 íntegramente dentro de su propio territorio.
 Artículo 6
 El artículo IV de la Convención de Viena de
 1963 se enmienda de la siguiente manera:
 1. El párrafo 3 se
 sustituye por el texto siguiente:
 3.
 Con arreglo a la presente Convención no engendrarán responsabilidad alguna para
 el explotador los daños nucleares que, según él demuestre, se deban
 directamente a conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección.
 2. El párrafo 5 se
 reemplaza por el texto siguiente:
 5. El explotador no será responsable con
 arreglo a la presente Convención por los daños nucleares causados:
 a)
 a la instalación nuclear propiamente dicha y a
 cualquier otra instalación nuclear, incluida una instalación nuclear en
 construcción, en el emplazamiento en que esa instalación esté situada;
 b)
 a los bienes situados en el mismo
 emplazamiento que se utilicen o se vayan a utilizar en relación con cualquiera
 de dichas instalaciones.
 3. El párrafo 6 se
 reemplaza por el texto siguiente:
 6. La indemnización por daños causados al
 medio de transporte en el que al producirse el incidente nuclear se hallasen
 los materiales nucleares que hubiesen intervenido en él no tendrá por efecto
 reducir la responsabilidad del explotador respecto de otros daños a una cuantía
 inferior a 150 millones de DEG, o cualquier cuantía superior establecida por la
 legislación de una Parte Contratante o una cuantía determinada con arreglo al
 apartado c) del párrafo 1 del artículo V.
 4. El párrafo 7 se reemplaza por el
 siguiente texto:
 7. Ninguna de las disposiciones de la
 presente Convención afectará a la responsabilidad de una persona física que por
 acto u omisión dolosa haya causado un daño nuclear que de conformidad con lo
 dispuesto en los párrafos 3 o 5 del presente artículo no impone responsabilidad
 alguna al explotador con arreglo a la presente Convención.
 Artículo 7
 1. El texto del artículo V
 de la Convención de Viena de 1963 se reemplaza por el siguiente:
 1. El Estado de la instalación podrá
 limitar la responsabilidad del explotador por cada incidente nuclear a:
 a)
 no menos de 300 millones de DEG;
 b)
 no menos de 150 millones de DEG siempre que
 por encima de ese importe y hasta 300 millones de DEG, como mínimo, dicho
 Estado aporte fondos públicos para indemnizar los daños nucleares;
 c)
 por un máximo de 15 años a contar de la fecha
 de entrada en vigor del presente Protocolo, hasta un importe transitorio de no
 menos de 100 millones de DEG con respecto a un incidente nuclear ocurrido en
 ese período. Podrá estipularse un importe inferior a 100 millones de DEG, a
 condición de que el Estado haya de aportar fondos públicos para indemnizar los
 daños nucleares entre ese importe inferior y 100 millones de DEG.
 2. Sin perjuicio del
 párrafo 1 del presente artículo, el Estado de la instalación, teniendo en
 cuenta la índole de la instalación nuclear o de las sustancias nucleares de que
 se trate y las posibles consecuencias de un incidente originado en ellas, podrá
 estipular un importe menor de la responsabilidad del explotador, siempre que el
 importe así estipulado en ningún caso sea inferior a 5 millones de DEG y
 siempre que el Estado de la instalación garantice la aportación de fondos
 públicos hasta el importe determinado con arreglo al párrafo 1.
 3. Los importes estipulados
 por el Estado de la instalación del explotador responsable de conformidad con
 los párrafos 1 y 2 del presente artículo y el párrafo 6 del artículo IV se
 aplicarán independientemente del lugar en que haya ocurrido el incidente
 nuclear.
 2. A continuación del artículo V, añádense
 los siguientes artículos V A, V B, V C y V D nuevos:
 Artículo V A
 1. Los intereses y costas
 concedidos por un tribunal en virtud de una acción de indemnización de daños
 nucleares se pagarán además de las cantidades a que se hace referencia en el
 artículo V.
 2. Las cantidades
 mencionadas en el artículo V y en el párrafo 6 del artículo IV podrán
 redondearse al convertirlas en moneda nacional.
 Artículo V B
 Cada Parte Contratante velará por que las
 personas víctimas de daños puedan invocar sus derechos de indemnización sin
 tener que iniciar distintos juicios según el origen de los fondos aportados
 para dicha indemnización.
 Artículo V C
 1. Si fuesen competentes
 los tribunales de una Parte Contratante distinta del Estado de la instalación,
 los fondos públicos requeridos de conformidad con los apartados b) y c) del
 párrafo 1 del artículo V y con el párrafo 1 del artículo VII, así como los
 intereses y costas concedidos por un tribunal, podrán ser aportados por la
 Parte Contratante mencionada en primer lugar. El Estado de la instalación
 reembolsará a la otra Parte Contratante todas las sumas que haya pagado por ese
 concepto. Estas dos Partes Contratantes convendrán el procedimiento de
 reembolso.
 2. Si fuesen competentes
 los tribunales de una Parte Contratante distinta del Estado de la instalación,
 la Parte Contratante cuyos tribunales sean competentes tomará todas las medidas
 necesarias para permitir al Estado de la instalación intervenir en los juicios
 y participar en cualquier solución relativa a la indemnización.
 Artículo V D
 1. El Director General del
 Organismo Internacional de Energía Atómica convocará una reunión de las Partes
 Contratantes a fin de modificar el importe máximo de la responsabilidad a que
 se refiere el artículo V cuando un tercio de las Partes Contratantes exprese
 tal deseo.
 2. Las modificaciones se
 aprobarán por una mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes presentes y
 votantes, siempre que por lo menos la mitad de las Partes Contratantes esté
 presente en el momento de la votación.
 3. Al actuar con respecto a
 una propuesta de modificación de los importes máximos, la reunión de las Partes
 Contratantes tendrá en cuenta, entre otras cosas, el riesgo de daños derivados
 de un incidente nuclear, los cambios de los valores monetarios y la capacidad
 del mercado de seguros.
 4. a) Toda enmienda
 aprobada de acuerdo con el párrafo 2 del presente artículo será notificada por
 el Director General del OIEA a todas las Partes Contratantes para su
 aceptación. La enmienda se tendrá por aceptada al término de un plazo de 18
 meses contado a partir de su notificación, siempre que un tercio, por lo menos,
 de las Partes Contratantes en el momento en que la reunión haya aprobado la
 enmienda hubiesen comunicado al Director General del OIEA su aceptación de
 dicha enmienda. Una enmienda aceptada de acuerdo con este párrafo entrará en
 vigor a los 12 meses de su aceptación para las Partes Contratantes que la hayan
 aceptado.
 b) Si transcurrido un plazo de 18 meses a
 partir de la fecha en que haya sido notificada con miras a su aceptación, una
 enmienda no hubiese sido aceptada de acuerdo con el apartado a), se la
 considerará rechazada.
 5. Para cada Parte
 Contratante que acepte una enmienda después de que haya sido aceptada pero
 todavía no haya entrado en vigor o después de su entrada en vigor de acuerdo
 con el párrafo 4 del presente artículo, la enmienda entrará en vigor a los 12
 meses de su aceptación por esa Parte Contratante.
 6. Un Estado que pase a ser
 parte en la presente Convención después de que una enmienda haya entrado en
 vigor de acuerdo con el párrafo 4 del presente artículo y a menos que ese
 Estado exprese otro propósito:
 a)
 será considerado Parte en la presente
 Convención en su forma enmendada;
 b)
 será considerado Parte en la Convención no
 enmendada en relación con cualquier Estado Parte que no esté obligado por la
 enmienda.
 Artículo 8
 El artículo VI de la Convención de Viena de
 1963 se enmienda de la manera siguiente:
 1. El párrafo 1 reemplázase
 por el texto siguiente:
 a)
 El derecho a reclamar una indemnización en
 virtud de la presente Convención se extinguirá si no se entablare la
 correspondiente acción:
 i) con respecto a la pérdida de vidas o lesiones
 corporales, dentro de un plazo de treinta años contado a partir de la fecha del
 incidente nuclear;
 ii) con respecto a cualquier otro daño,
 dentro de un plazo de diez años contado a partir de la fecha del incidente
 nuclear.
 b)
 Sin embargo, si según la legislación del
 Estado de la instalación, la responsabilidad del explotador estuviera cubierta
 durante un plazo mayor por un seguro u otra garantía financiera que incluya
 fondos públicos, la legislación del tribunal competente podrá disponer que el
 derecho a reclamar una indemnización al explotador solo se extinguirá después
 de ese plazo mayor, que no podrá exceder del plazo en que la responsabilidad
 del explotador esté cubierta según la legislación del Estado de la instalación.
 c)
 Las acciones de indemnización con respecto a
 la pérdida de vidas o lesiones corporales o, en virtud de una ampliación del
 plazo efectuada de acuerdo con el apartado b) del presente párrafo, con
 respecto a otros daños que se entablen después de transcurrido el plazo de diez
 años contado a partir de la fecha del incidente nuclear no afectarán en caso
 alguno a los derechos de indemnización, estipulados por la presente Convención,
 de las personas que hayan entablado una acción en contra del explotador antes
 de la expiración de ese plazo.
 2. Suprímese el párrafo 2.
 3. El párrafo 3 reemplázase
 por el siguiente texto:
 3.
 El derecho a reclamar una indemnización en virtud de la presente Convención
 estará sujeto a prescripción o extinción, de conformidad con la legislación del
 tribunal competente, si no se entablare una acción dentro de tres años a contar
 desde la fecha en que la persona víctima de los daños haya tenido conocimiento
 o debería razonablemente haber tenido conocimiento de los daños y de la
 identidad del explotador responsable de los daños, siempre que no hayan vencido
 los plazos establecidos de conformidad con los apartados a) y b) del párrafo 1
 del presente artículo.
 Artículo 9
 El artículo VII se enmienda de la manera
 siguiente:
 1. Al final del párrafo 1
 añádense las dos oraciones siguientes y el párrafo enmendado pasa a ser
 apartado a) de dicho párrafo:
 Cuando la responsabilidad del explotador
 sea ilimitada, el Estado de la instalación podrá estipular un importe máximo de
 la garantía financiera del explotador responsable, siempre que ese importe no
 sea inferior a 300 millones de DEG. El Estado de la instalación garantizará el
 pago correspondiente a las demandas de indemnización de daños nucleares que se
 hayan entablado contra el explotador en la medida en que el producto de la
 garantía financiera sea insuficiente para satisfacer dichas demandas, pero sin
 rebasar el importe de la garantía financiera que haya de darse de conformidad
 con este párrafo.
 2. Al párrafo 1 agrégase el
 siguiente apartado b) nuevo:
 b) Sin perjuicio del apartado a) del
 presente párrafo cuando la responsabilidad del explotador sea ilimitada, el
 Estado de la instalación, habida cuenta de la naturaleza de la instalación
 nuclear o de las sustancias nucleares presentes y de las posibles consecuencias
 de un incidente allí originado, podrá estipular un importe inferior para la
 garantía financiera del explotador, siempre que en ningún caso el importe así
 estipulado sea inferior a 5 millones de DEG y a condición de que el Estado de
 la instalación garantice el pago de las demandas de indemnización de daños
 nucleares que se hayan entablado contra el explotador mediante el suministro de
 los fondos necesarios en la medida en que el producto del seguro u otra
 garantía financiera sea insuficiente para satisfacer dichas demandas, y hasta
 el límite establecido en virtud del apartado a) del presente párrafo.
 3. En el párrafo 3
 intercálanse las palabras «o en los apartados b) y c) del párrafo 1 del
 artículo V» después de las palabras «del presente artículo».
 Artículo 10
 El artículo VIII de la Convención de Viena
 de 1963 se enmienda de la manera siguiente:
 1. El texto del artículo
 VIII pasa a ser el párrafo 1 de dicho artículo.
 2. Añádese un párrafo 2
 nuevo del siguiente tenor:
 2. Sin perjuicio de la aplicación de la
 regla del apartado c) del párrafo 1 del artículo VI, en los casos en que
 respecto de las demandas entabladas contra el explotador los daños que hayan de
 indemnizarse con arreglo a la presente Convención rebasen, o sea probable que
 rebasen, el importe máximo aportado de conformidad con el párrafo 1 del
 artículo V, en la distribución de la indemnización se dará prioridad a las
 demandas relativas a la pérdida de vidas o lesiones corporales.
 Artículo 11
 Al final del artículo X de la Convención de
 Viena de 1963 añádese una nueva oración:
 El derecho de repetición estipulado en este
 artículo podrá ampliarse también en beneficio del Estado de la instalación en
 la medida en que haya aportado fondos públicos de conformidad con la presente
 Convención.
 Artículo 12
 El artículo XI de la Convención de Viena de
 1963 se enmienda de la manera siguiente:
 1. Añádase un párrafo 1 bis
 nuevo del siguiente tenor:
 1bis. Cuando un incidente nuclear
 ocurriere dentro del área de la zona económica exclusiva de una Parte
 Contratante o, si dicha zona no ha sido establecida, en un área que no exceda
 de los límites de una zona económica exclusiva, si dicha Parte la hubiese
 establecido, la competencia en lo que se refiere a las acciones relativas a
 daños nucleares provenientes de dicho incidente nuclear, para los fines de la
 presente Convención, solo recaerá en los tribunales de esa Parte. La oración
 anterior se aplicará si dicha Parte Contratante ha notificado al depositario
 sobre dicha área antes del incidente nuclear. Nada de lo dispuesto en el
 presente párrafo se interpretará como que permite el ejercicio de competencia
 de una manera que sea contraria al derecho internacional del mar, incluida la
 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
 2. Sustitúyase el párrafo 2
 por el texto siguiente:
 2. Cuando un incidente nuclear no ocurre
 dentro del territorio de una Parte Contratante, o dentro de un área notificada
 de conformidad con el párrafo 1 bis, o cuando el lugar del incidente nuclear no
 pueda determinarse con certeza, la competencia en lo que se refiere a esas
 acciones recaerá en los tribunales del Estado de la instalación del explotador
 responsable.
 3. En el párrafo 3, primera
 línea, y en el apartado b), después de «1», intercálase «1 bis».
 4. Añádese el siguiente
 párrafo 4 nuevo:
 4.
 La Parte Contratante cuyos tribunales sean competentes garantizará que la
 competencia para conocer de un incidente nuclear determinado recaiga únicamente
 en uno solo de sus tribunales.
 Artículo 13
 A continuación del artículo XI añádese un
 artículo XI A nuevo del tenor siguiente:
 Artículo XI A
 La Parte Contratante cuyos tribunales sean
 competentes garantizará que en relación con las acciones de indemnización de
 daños nucleares:
 a)
 cualquier Estado pueda entablar una acción en
 representación de personas que hayan sufrido daños nucleares, que sean
 nacionales de ese Estado o tengan domicilio o residencia en su territorio, y
 que hayan dado su consentimiento para ello;
 b)
 cualquier persona pueda entablar una acción
 para hacer valer derechos emanados de la presente Convención que haya adquirido
 por subrogación o traspaso.
 Artículo 14
 El texto del artículo XII de la Convención
 de Viena de 1963 se reemplaza por el texto siguiente:
 Artículo XII
 1. La sentencia dictada por
 un tribunal de una Parte Contratante al que corresponda la competencia y
 respecto de la cual no proceda ya ninguna forma ordinaria de revisión será
 reconocida a menos que:
 a)
 la sentencia se haya obtenido mediante fraude;
 b)
 no se le haya dado a la parte contra la que se
 dicte la sentencia la posibilidad de presentar su caso en condiciones
 equitativas;
 c)
 la sentencia sea contraria al orden público de
 la Parte Contratante en la que se gestione su reconocimiento o no se ajuste a
 las normas fundamentales de la justicia.
 2. Toda sentencia
 definitiva que sea reconocida de conformidad con el párrafo 1 del presente
 artículo tendrá fuerza ejecutoria, una vez trasladada para su ejecución en
 conformidad con las formalidades exigidas por la legislación de la Parte
 Contratante en la que se gestione la ejecución, como si se tratase de una
 sentencia dictada por un tribunal de esa Parte Contratante. Los méritos de una
 demanda con respecto a la cual se haya pronunciado la sentencia no podrán ser
 objeto de nuevo proceso.
 Artículo 15
 El artículo XIII de la Convención de Viena
 de 1963 se enmienda de la manera siguiente:
 1. El texto del artículo
 XIII pasa a ser párrafo 1 de ese artículo.
 2. Añádese el siguiente
 párrafo 2 nuevo:
 2.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, en la
 medida en que la indemnización por daños nucleares exceda de 150 millones de
 DEG, la legislación del Estado de la instalación podrá excluir de las
 disposiciones de esta Convención los daños nucleares sufridos en el territorio
 o en una zona marítima, establecida de conformidad con el Derecho internacional
 del mar, de otro Estado que en el momento del incidente tenga una instalación
 nuclear en dicho territorio, en la medida en que éste no conceda beneficios
 recíprocos de un importe equivalente.
 Artículo 16
 El artículo XVIII de la Convención de Viena
 de 1963 se reemplaza por el texto siguiente:
 La presente Convención no afectará a los
 derechos y obligaciones que tenga una Parte Contratante con arreglo a las
 normas generales del Derecho internacional público.
 Artículo 17
 A continuación del artículo XX de la
 Convención de Viena de 1963 añádese el siguiente artículo XX A nuevo:
 Artículo XX A
 1. 1. En caso de una
 controversia entre Partes Contratantes con respecto a la interpretación o
 aplicación de la presente Convención, las partes de la controversia se consultarán
 con miras a su solución mediante negociaciones o cualquier otro medio pacífico
 para resolver controversias que estimen aceptable.
 2. 2. En caso de que una
 controversia de la naturaleza a que hace referencia el párrafo 1 del presente
 artículo no pudiese resolverse dentro de seis meses contados desde la petición
 de la celebración de consultas formulada conforme al párrafo 1 del presente
 artículo, a petición de cualquiera de las partes de esa controversia se la
 someterá a arbitraje o se la remitirá a la Corte Internacional de Justicia para
 que decida. Una vez sometida una controversia a arbitraje, si dentro de seis
 meses contados a partir de la fecha de la petición las partes de la
 controversia no lograsen ponerse de acuerdo sobre la organización del
 arbitraje, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte
 Internacional de Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas la
 designación de uno o más árbitros. En caso de conflicto entre las peticiones de
 las partes de la controversia, tendrá prioridad la petición dirigida al
 Secretario General de las Naciones Unidas.
 3. 3. Al ratificar, aceptar
 o aprobar la presente Convención o al adherirse a ella, todo Estado podrá
 declarar que no se considera obligado por uno cualquiera o por ninguno de los
 dos procedimientos estipulados para la solución de controversias en el párrafo
 2 del presente artículo. Las demás Partes Contratantes no estarán obligadas por
 un procedimiento de solución de controversias estipulado en el párrafo 2 del
 presente artículo con relación a una Parte Contratante respecto de la cual esté
 en vigor tal declaración.
 4. 4. Toda Parte
 Contratante que haya formulado una declaración con arreglo al párrafo 3 del
 presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al
 Depositario.
 Artículo 18
 1. Suprímense los artículos
 XX a XXV, los párrafos 2, 3 y el número de párrafo «1.» del artículo XXVI, y
 los artículos XXVII y XXIX de la Convención de Viena de 1963.
 2. Entre las Partes en el
 presente Protocolo, la Convención de Viena de 1963 y el presente Protocolo se
 entenderán e interpretarán en conjunto como un solo instrumento que podrá ser
 denominado la Convención de Viena de 1997 sobre Responsabilidad Civil por Daños
 Nucleares.
 Artículo 19
 1. Un Estado que sea parte
 en el presente Protocolo pero no lo sea en la Convención de Viena de 1963
 estará obligado por las disposiciones de esa Convención enmendada por el
 presente Protocolo en relación con otros Estados Partes en la misma y, de no
 haber expresado ese Estado una intención diferente en el momento de depositar
 uno de los instrumentos a que hace referencia el artículo 20, estará obligado
 por las disposiciones de la Convención de Viena de 1963 en relación con los
 Estados que sean únicamente partes en la misma.
 2. Las disposiciones del
 presente Protocolo no afectarán a las obligaciones de un Estado que sea parte
 en la Convención de Viena de 1963 y en el presente Protocolo con respecto a un
 Estado que sea parte en la Convención de Viena de 1963 pero no lo sea en el presente
 Protocolo.
 Artículo 20
 1. 1. El presente Protocolo
 se abrirá a la firma de todos los Estados en la Sede del Organismo
 Internacional de Energía Atómica, en Viena, del 29 de septiembre de 1997 hasta
 su entrada en vigor.
 2. 2. El presente Protocolo
 está sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que lo
 hayan firmado.
 3. 3. Cualquier Estado que
 no haya firmado el presente Protocolo podrá adherirse a él después de su
 entrada en vigor.
 4. 4. Los instrumentos de
 ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del
 Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien será el
 Depositario del presente Protocolo.
 Artículo 21
 1. El presente Protocolo
 entrará en vigor tres meses después de la fecha en que se haya depositado el
 quinto instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
 2. Para cada uno de los
 Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el presente Protocolo o se adhieran
 al mismo después de la fecha de depósito del quinto instrumento de
 ratificación, aceptación o aprobación, el presente Protocolo entrará en vigor
 tres meses después de la fecha en que dicho Estado haya depositado el
 correspondiente instrumento.
 Artículo 22
 1. 1. Cada una de las
 Partes Contratantes podrá denunciar el presente Protocolo mediante notificación
 escrita al Depositario.
 2. 2. La denuncia surtirá
 efecto un año después de la fecha en que el Depositario haya recibido la
 notificación.
 3. 3. Entre las Partes en
 el presente Protocolo, la denuncia por cualquiera de ellas de la Convención de
 Viena de 1963 con arreglo a su artículo XXVI no se interpretará en modo alguno
 como una denuncia de la Convención de Viena de 1963 enmendada por el presente
 Protocolo.
 4. 4. Sin perjuicio de la
 denuncia del presente Protocolo por una Parte Contratante en virtud del
 presente artículo, las disposiciones del presente Protocolo seguirán
 aplicándose a todos los daños nucleares causados por un incidente nuclear que
 ocurra antes de que haya surtido efecto dicha denuncia.
 Artículo 23
 El Depositario notificará con prontitud a
 los Estados Partes y a todos los demás Estados:
 a)
 1. cada firma del presente Protocolo;
 b)
 2. cada depósito de un instrumento de
 ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
 c)
 3. la entrada en vigor del presente Protocolo;
 d)
 4. cualquier notificación recibida de
 conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 bis del artículo XI;
 e)
 5. las peticiones para convocar una
 conferencia de revisión que se hayan recibido de conformidad con lo dispuesto
 en el artículo XXVI de la Convención de Viena de 1963 y una reunión de las
 Partes Contratantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo V D de la
 Convención de Viena de 1963 enmendada por el presente Protocolo;
 f)
 6. las notificaciones de denuncias que se
 hayan recibido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 y otras
 notificaciones pertinentes relativas al presente Protocolo.
 Artículo 24
 1. El original del presente
 Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
 igualmente auténticos, quedará depositado en poder del Depositario.
 2. El Organismo
 Internacional de Energía Atómica establecerá el texto unificado de la
 Convención de Viena de 1963 enmendada por el presente Protocolo en los idiomas
 árabe, chino, español, francés, inglés y ruso según lo dispuesto en el Anexo
 del presente Protocolo.
 3. El Depositario entregará
 a todos los Estados copias auténticas certificadas del presente Protocolo
 juntamente con el texto unificado de la Convención de Viena de 1963 enmendada
 por el presente Protocolo.
 EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes,
 debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Protocolo.
 Hecho en Viena, a los doce días de
 septiembre de mil novecientos noventa y siete.
 [1] . DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
 [2] http://ec.europa.eu/energy/nuclear/studies/nuclear_en.ht
 [3] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
 [4] El reconocimiento únicamente podrá denegarse cuando: a)
 la sentencia se haya obtenido mediante fraude; b) no se le haya dado a la parte
 contra la que se dicte la sentencia la posibilidad de presentar su causa en
 condiciones equitativas; o c) la sentencia sea contraria al orden público de la
 Parte Contratante en la que se gestione su reconocimiento, o no se ajuste a las
 normas fundamentales de la justicia
 [5] TJCE, asunto 22/70 («AETR»), Rec. 1971, p. 263
 [6] DO L 299 de 16.11.2005, p. 62
 [7] DO L 339 de 12.12.2007, p. 3.
 [8] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1


type: contracts

jurisdiction: EU

text:
 Avis juridique important
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 22001D0280
 2001/280/EG: Besluit nr. 2/2001 van de Associatieraad EU-Litouwen van 22 februari 2001 tot goedkeuring van de voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder iii), en artikel 64, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds
 Publicatieblad Nr. L 098 van 07/04/2001 blz. 0019 - 0022
 Besluit nr. 2/2001 van de Associatieraad EU-Litouwenvan 22 februari 2001tot goedkeuring van de voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder iii), en artikel 64, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds(2001/280/EG)DE ASSOCIATIERAAD,Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, inzonderheid op artikel 64, lid 3,Overwegende hetgeen volgt:(1) De Associatieraad, dient overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de Europaovereenkomst, uiterlijk op 31 december 1997 de nodige voorschriften voor de uitvoering van de leden 1 en 2 van genoemd artikel vast te stellen.(2) Het begrip "overheidssteun", als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder iii), van de Europaovereenkomst, overeenkomstig artikel 64, lid 2, van de Europaovereenkomst, dient te worden beoordeeld op grond van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de regels van artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en omvat derhalve alle, in welke vorm dan ook, door de overheid of met overheidsmiddelen verleende steunmaatregelen die de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen door bevoordeling van bepaalde ondernemingen of van de productie van bepaalde goederen, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Litouwen beïnvloedt (overheidssteun).(3) De Republiek Litouwen zal een nationale instelling of instantie belasten met de uitoefening van toezicht op het gebied van overheidssteun.(4) Deze toezichthoudende instantie zal de taak hebben de huidige en toekomstige steunprogramma's in de Republiek Litouwen te analyseren en zal advies uitbrengen over de verenigbaarheid daarvan met artikel 64, lid 1, onder iii), en artikel 64, lid 2, van de Europaovereenkomst.(5) De Republiek Litouwen zal de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat de toezichthoudende instantie tijdig over alle relevante informatie beschikt van andere overheidsdiensten op centraal, regionaal en plaatselijk niveau.(6) De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal de toezichthoudende instantie, in het kader van de relevante communautaire programma's, bijstaan door de verstrekking van documentatie, door opleiding, studiebezoeken en andere relevante technische bijstand,BESLUIT:Artikel 1De voorschriften voor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder iii), en artikel 64, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, worden goedgekeurd.Artikel 2Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op de goedkeuring van de voorschriften.Gedaan te Brussel, 22 februari 2001.Voor de AssociatieraadDe voorzitterΑ. ValionisVOORSCHRIFTENvoor de uitvoering van de bepalingen inzake overheidssteun, als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder iii), en artikel 64, lid 2, en vastgesteld overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijdsTOEZICHT OP OVERHEIDSSTEUN DOOR TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIESArtikel 1Toezicht op overheidssteun door toezichthoudende instantiesOvereenkomstig de geldende procedurele voorschriften in de Europese Gemeenschap ("de Gemeenschap") en de Republiek Litouwen, wordt op de verlening van overheidssteun toezicht uitgeoefend door de bevoegde nationale instanties in de Gemeenschap en de Republiek Litouwen en wordt door hen gecontroleerd of de steun verenigbaar is met de Europaovereenkomst. De toezichthoudende instantie in de Gemeenschap is de Commissie van de Europese Gemeenschappen ("de Commissie") en in de Republiek Litouwen het Staatsbureau mededinging en consumentenbescherming.RICHTSNOEREN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLENArtikel 2Criteria voor de verenigbaarheid1. De verenigbaarheid van afzonderlijke gevallen van steunverlening en van steunprogramma's met de Europaovereenkomst, als bedoeld in artikel 1, wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat wil zeggen het huidige en toekomstige afgeleide recht, kaders, richtsnoeren en andere in de Gemeenschap geldende administratieve besluiten, alsmede de jurisprudentie van het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en elk eventueel besluit van de Associatieraad overeenkomstig artikel 4, lid 3.Indien de steun of de steunprogramma's bestemd zijn voor producten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, is de eerste zin van dit lid geheel van toepassing, echter met dien verstande dat de verenigbaarheid niet wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, maar aan de hand van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen inzake overheidssteun, vervat in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.2. De toezichthoudende instantie van de Republiek Litouwen wordt op de hoogte gesteld van alle besluiten die verband houden met de goedkeuring, intrekking of wijziging van de in lid 1 bedoelde communautaire criteria voor de verenigbaarheid, voorzover deze niet gepubliceerd worden, maar specifiek onder de aandacht worden gebracht van alle lidstaten.3. Indien de Republiek Litouwen niet binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de officiële informatie over de wijzigingen bezwaar aantekent daartegen, krijgen deze de status van criteria voor de verenigbaarheid als bedoeld in lid 1. Indien de wijzigingen stuiten op bezwaren van de Republiek Litouwen, wordt, met het oog op de harmonisatie van de wetgeving, als bedoeld in de Europaovereenkomst, overleg gepleegd overeenkomstig de in de artikelen 7 en 8 van deze uitvoeringsbepalingen vervatte voorschriften.4. Dezelfde beginselen zijn van toepassing bij andere belangrijke wijzigingen van het Gemeenschapsbeleid op het gebied van overheidssteun.Artikel 3De minimis-regelSteunprogramma's of afzonderlijke gevallen waarin steun wordt verleend, die geen exportsteun omvatten en de in de Gemeenschap van toepassing zijnde drempelwaarde voor de minimis-steun niet overschrijden(1), worden geacht slechts een verwaarloosbaar effect te hebben op de mededinging en de handel tussen de partijen en worden derhalve niet in het kader van deze bepalingen behandeld. Dit artikel is niet van toepassing op industrieën die vallen onder het EGKS-Verdrag, op scheepsbouw, op vervoer of op steun aan uitgaven in verband met landbouw of visserij.Artikel 4Ontheffingen1. Overeenkomstig artikel 64, lid 4, onder a), van de Europaovereenkomst, wordt de Republiek Litouwen beschouwd als een regio gelijk aan de in artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag bedoelde streken van de Gemeenschap.2. De toezichthoudende instanties beoordelen gezamenlijk de maxima van de steun en de specifieke regionale dekking van streken in de Republiek Litouwen die in aanmerking komen voor nationale regionale steun. Zij dienen een gezamenlijk voorstel in bij het Associatiecomité, dat daartoe een besluit neemt.3. De toezichthoudende instanties kunnen zo nodig op verzoek van Litouwen gezamenlijk de problemen evalueren die voortvloeien uit de toepassing van het acquis communautaire op het gebied van overheidssteun van Litouwen tijdens de voltooiing van zijn overgang naar de markteconomie. De evaluatie van die problemen mag geen betrekking hebben op de sectoren landbouw, visserij, kolen en staal, en evenmin op de gevoelige sectoren (automobielsector, synthetische vezels en scheepsbouw) waarvoor specifieke communautaire regelingen bestaan. De toezichthoudende instanties dienen in voorkomend geval een gezamenlijk voorstel in bij de Associatieraad, die een besluit kan vaststellen.PROCEDURES VOOR OVERLEG EN OPLOSSEN VAN PROBLEMENArtikel 5Onderzoek van bepaalde steunmaatregelen1. Indien het totaalbedrag van een steunprogramma of een afzonderlijk geval van steunverlening meer dan 3 miljoen EUR bedraagt, ongeacht of dat programma of geval onder een communautair kader of communautaire richtsnoeren valt, kan de betrokken toezichthoudende instantie deze voor nader onderzoek voorleggen aan de Subcommissie mededingingsbeleid en overheidssteun. De subcommissie kan verslag uitbrengen aan het Associatiecomité, dat besluiten kan nemen of aanbevelingen kan doen ten aanzien van de verenigbaarheid van het steunprogramma of de steunverlening met de Europaovereenkomst en deze bepalingen.2. Het doel van dergelijke besluiten of aanbevelingen is in de eerste plaats het voorkomen van handelsbeschermende maatregelen als gevolg van de steun in kwestie.3. Het Associatiecomité kan besluiten de onderzoeksmogelijkheden, zoals bedoeld in dit artikel, verder uit te breiden.Artikel 6Verzoek om informatieIndien de toezichthoudende instantie van een der partijen concludeert dat een steunprogramma of een afzonderlijk geval van steunverlening aanmerkelijke belangen van die partij schendt, kan het de verantwoordelijke instantie om nadere informatie verzoeken. Beide toezichthoudende instanties trachten elkaar zo veel mogelijk op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen die van praktisch belang kunnen zijn voor de andere partij.Artikel 7Overleg en internationale hoffelijkheid1. Indien de Commissie of de toezichthoudende instantie van de Republiek Litouwen van oordeel is dat de verlening van overheidssteun op het grondgebied waarvoor de andere instantie verantwoordelijk is, aanmerkelijke belangen van de door haar vertegenwoordigde partij schendt, kan zij verzoeken om overleg met de andere instantie en voorts deze instantie verzoeken passende procedures te initiëren, teneinde een en ander te verhelpen. Dit doet geen afbreuk aan het recht van beide partijen om krachtens hun geldende wetgeving maatregelen te nemen, en beperkt niet de beslissingsvrijheid van de instantie waaraan het verzoek is gericht in het kader van de Europaovereenkomst.2. De toezichthoudende instantie waaraan het verzoek is gericht, neemt de standpunten en het feitenmateriaal van de verzoekende instantie, met name de vermeende schadelijke gevolgen voor de aanmerkelijke belangen van de verzoekende partij, in zorgvuldige en welwillende overweging.3. Onverminderd hun rechten en verplichtingen, streven de toezichthoudende instanties die bij overleg krachtens dit artikel betrokken zijn ernaar, binnen drie maanden een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden in het licht van de respectieve aanmerkelijke belangen.Artikel 8Oplossen van problemen1. Indien het overleg uit hoofde van artikel 7 niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, dient binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van een der partijen overleg plaats te vinden binnen de Subcommissie mededingingsbeleid en overheidssteun, ingesteld in het kader van de Europaovereenkomst.2. Indien dit overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, of na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, kan de kwestie worden voorgelegd aan het Associatiecomité, dat passende aanbevelingen kan doen voor het bereiken van een regeling.3. Deze procedures doen geen afbreuk aan het recht van beide partijen om maatregelen te nemen op grond van artikel 64, lid 6, van de Europaovereenkomst. Handelsinstrumenten mogen echter alleen in het uiterste geval worden gebruikt.Artikel 9Geheimhouding en vertrouwelijkheid van gegevens1. Wat artikel 64, lid 7, van de Europaovereenkomst betreft, is geen van de toezichthoudende instanties verplicht de andere instantie informatie te verstrekken, indien het verstrekken van die informatie aan de verzoekende instantie verboden is volgens de wet van de instantie die in het bezit is van de informatie.2. Elke toezichthoudende instantie verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de haar door de andere instantie verstrekte gegevens te respecteren.TRANSPARANTIEArtikel 10Overzicht1. De Commissie verleent de Republiek Litouwen, in het kader van de relevante communautaire programma's, bijstand bij het opstellen en in een later stadium bijwerken van een overzicht van de programma's en afzonderlijke gevallen van steunverlening, op dezelfde basis als in de Gemeenschap, zulks om transparantie te waarborgen en deze voortdurend te verbeteren.2. De Commissie verstrekt de Republiek Litouwen periodiek informatie over soortgelijke documentatie in verband met de lidstaten van de Gemeenschap.Artikel 11Wederzijdse informatieverstrekkingBeide partijen nemen de nodige maatregelen met het oog op transparantie op het gebied van overheidssteun, door relevante publicaties te verspreiden en op regelmatige en wederzijdse basis informatie uit te wisselen over het beleid ten aanzien van overheidssteun.DIVERSENArtikel 12Administratieve bijstand (talen)De Commissie en de toezichthoudende instantie van de Republiek Litouwen treffen de nodige praktische regelingen voor wederzijdse bijstand of enige andere passende oplossing, met name betreffende vertalingen.(1) De in de Gemeenschap van toepassing zijnde drempelwaarde voor de minimis-steun bedraagt thans 100000 EUR per onderneming over een periode van drie jaar (zie de mededeling van de Commissie inzake de minimis-steun (PB C 68 van 6.3.1996, blz. 9)).