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Ley 13/1992 de 1 de Jun (Recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras) | Iberley
 Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras. - Boletín Oficial del Estado de 02-06-1992
 Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 03 de Julio de 2011
 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993
 Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 132
 Fecha de Publicación: 02/06/1992
 La Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, consagró en nuestro ordenamiento jurídico el principio de suficiencia de recursos propios de los grupos de las entidades de depósito, estableciendo, además, para tales grupos un régimen obligatorio de consolidación de cuentas que permitiera calibrar su verdadera situación patrimonial. Posteriormente, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, autorizó al Gobierno, en su artículo 47.1, b), a extender el citado principio a toda clase de entidades de crédito, lo que aquél hizo mediante el Real Decreto 1044/1989, de 28 de agosto, sobre recursos propios de entidades de crédito distintas de las de depósito.
 La presente Ley da un nuevo paso y extiende el señalado principio de suficiencia de recursos propios sobre base consolidada a todos los grupos de entidades que ejerzan actividades de carácter financiero. Anima la Ley una clara intención homogeneizadora, de tal forma que unas mismas reglas generales sean aplicables a todos los tipos de entidades financieras. El especial régimen normativo al que están sujetas las entidades de crédito, las sociedades y agencias de valores y las entidades aseguradoras hacen, sin embargo, conveniente dictar disposiciones especiales para cada una de ellas, contenidas en los tres primeros capítulos de esta Ley, por los que se modifican el título II de la citada Ley 13/1985; la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado, respectivamente.
 La presente Ley incorpora a nuestro Derecho varios preceptos de las más recientes Directivas de las Comunidades Europeas relacionadas con la solvencia y la actividad de las entidades de crédito: La Directiva sobre Fondos Propios (89/299), la segunda Directiva Bancaria (89/646), y la Directiva sobre Coeficiente de Solvencia (89/647). Entre tales preceptos destaca por su importancia el relativo a las limitaciones de las llamadas «participaciones cualificadas» de entidades de crédito en empresas no financieras.
 La fiel transposición de la normativa comunitaria aplicable a los grupos consolidables de entidades de crédito ha exigido que la presente Ley no incluya en ellos a las entidades aseguradoras, criterio que se ha aplicado igualmente a los grupos consolidables de sociedades y agencias de valores. No obstante, ha parecido oportuno incorporar un último capítulo que permita vigilar especialmente el nivel efectivo de recursos propios y concentración de riesgos de aquellos grupos mixtos en cuyo seno existen entidades financieras o grupos que, de acuerdo con su normativa específica, no deban consolidar entre sí sus estados contables. Se consagra, pues, en ese capítulo una suerte de consolidación de alcance limitado que, persiguiendo objetivos similares a los de la técnica tradicional de supervisión sobre base plenamente consolidada, soslaya las graves dificultades de aplicar esta última a entidades, como las entidades aseguradoras y las demás entidades financieras, cuya actividad y riesgos son tan disímiles.
 La presente Ley coordina sus preceptos con los del Código de Comercio, evitando especialmente a las entidades financieras una superposición de obligaciones de consolidación que, además de gravosa, pudiera perturbar el cabal conocimiento por el público de la situación de los grupos financieros.
 El carácter eminentemente técnico de la materia regulada por la presente Ley ha aconsejado dejar al posterior desarrollo reglamentario la delimitación precisa de buena parte de sus preceptos, tarea en cuyo ejercicio el Gobierno podrá, a su vez, encomendar amplios cometidos al Ministro de Economía y Hacienda o, en su caso, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con el fin de evitar distorsiones en la competencia entre entidades financieras de distinto tipo, el número 3 de la disposición final segunda ordena al Gobierno y a los restantes órganos citados que, al efectuar dicho desarrollo reglamentario, mantengan criterios homogéneos para todos los tipos de entidades financieras, de forma que las reglas de solvencia atiendan más a la naturaleza objetiva de los riesgos inherentes a cada operación financiera que al tipo de entidad que la lleve a cabo. Asimismo, en dicho desarrollo reglamentario se deberá procurar que, en la medida de lo posible, las entidades financieras españolas no queden sujetas a un régimen de supervisión prudencial más oneroso que el que reciban la mayoría de las entidades financieras de otros Estados comunitarios con las que compitan en el mercado único. Ello no deberá suponer, sin embargo, la renuncia a aplicar a las entidades españolas requerimientos prudenciales más estrictos cuando las circunstancias lo justifiquen.
 Finalmente, la presente Ley introduce ciertas modificaciones en la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas: Así, la disposición adicional cuarta añade un nuevo párrafo a la disposición final primera de aquélla, con vistas a facilitar el control de las entidades financieras por sus organismos de supervisión, y la disposición adicional tercera modifica sus artículos 17 y 18, con el fin de flexibilizar y perfeccionar el régimen de sanciones aplicables a los auditores y sociedades de auditoría y, en particular, incluir entre tales sanciones las pecuniarias.
 Capítulo I. Disposiciones relativas a entidades de crédito y sus grupos
 El título segundo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, queda redactado del siguiente modo:
 «Título segundo. Coeficiente de solvencia y limitaciones a la actividad de las entidades de crédito por razones de solvencia.
 1. Los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito, deberán mantener en todo momento un volumen suficiente de recursos propios en relación con las inversiones realizadas y los riesgos asumidos. En especial, deberán mantener un coeficiente de solvencia igual o superior al porcentaje que reglamentariamente se determine. A estos efectos, el coeficiente de solvencia se define como la relación existente entre los recursos propios y la suma de los activos, las posiciones y las cuentas de orden sujetos a riesgo, ponderados con arreglo a los criterios previstos en el número siguiente.
 2. Reglamentariamente se determinarán las clases de riesgo que deban ser objeto de la cobertura citada en el número precedente, la ponderación de las diferentes inversiones, operaciones o posiciones, y los posibles recargos por concentración de riesgos.
 3. Por el mismo procedimiento se podrán imponer límites máximos a las inversiones en inmuebles u otros inmovilizados; a las acciones y participaciones; a los activos, pasivos o posiciones en moneda extranjera; a los riesgos que puedan contraerse con una misma persona, entidad o grupo económico; y, en general, a aquellas operaciones o posiciones que impliquen riesgos elevados para la solvencia de las entidades. Los límites podrán graduarse atendiendo a las características de los diferentes tipos de entidades de crédito.
 1. A los efectos del presente título, los recursos propios de las entidades de crédito y de los grupos consolidables de entidades de crédito comprenderán el capital social, el fondo fundacional, las reservas, los fondos y provisiones genéricos, los fondos de la obra benéfico-social de las cajas de ahorro y los de educación y promoción de las cooperativas de crédito, las financiaciones subordinadas y las demás partidas, exigibles o no, susceptibles de ser utilizadas en la cobertura de pérdidas.
 De estos recursos se deducirán las pérdidas, así como cualesquiera activos que puedan disminuir la efectividad de dichos recursos para la cobertura de pérdidas.
 2. Reglamentariamente se determinarán las partidas que integrarán los recursos propios y sus deducciones, pudiendo establecerse limitaciones o condiciones a aquellas que presenten una eficacia reducida para la cobertura de pérdidas.
 1. Para el cumplimiento del coeficiente de solvencia y, en su caso, de las limitaciones previstas en los artículos sexto y décimo de las entidades de crédito consolidarán sus estados contables con los de las demás entidades de crédito o entidades financieras que constituyan con ellas una unidad de decisión.
 2. A los efectos de esta Ley, para determinar si varias entidades constituyen una unidad de decisión se atenderá a los criterios previstos en el artículo 4. de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
 3. Se considerará que un grupo de entidades financieras constituye un grupo consolidable de entidades de crédito cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
 a) Que una entidad de crédito controle a las demás entidades.
 b) Que la entidad dominante sea una entidad cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades de crédito.
 c) Que una persona física, un grupo de personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto, o una entidad no consolidable con arreglo a la presente Ley, controle a varias entidades, todas ellas de crédito.
 Cuando una entidad de crédito susceptible de adherirse a un Fondo de Garantía de Depósitos quede integrada en un grupo de entidades financieras y, por razones excepcionales debidamente acreditadas con ocasión de la autorización de su constitución o toma de control, no se dé ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, en su caso, de la Dirección General de Seguros, podrá acordar que el grupo tenga la consideración de grupo consolidable de entidades de crédito y quede, por consiguiente, sometido a supervisión en base consolidada por el Banco de España.
 4. Reglamentariamente se determinarán los tipos de entidades financieras que deberán incluirse en el grupo consolidable de entidades de crédito a que se refiere el número anterior.
 En todo caso, formarán parte del grupo consolidable:
 a) Las entidades de Crédito.
 b) Las Sociedades y Agencias de Valores.
 c) Las Sociedades de Inversión Mobiliaria.
 d) Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, así como las Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones cuyo objeto exclusivo sea la administración y gestión de los mencionados fondos.
 e) Las Sociedades Gestoras de Cartera.
 f) Las Sociedades de Capital Riesgo y las Gestoras de Fondos de Capital Riesgo.
 g) Las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones.
 Asimismo formarán parte del grupo consolidable las sociedades instrumentales cuya actividad principal suponga la prolongación del negocio de alguna de las entidades incluidas en la consolidación, o incluya la prestación a éstas de servicios auxiliares.
 El Banco de España podrá autorizar la exclusión individual de una entidad de crédito o de una entidad financiera del grupo consolidable de entidades de crédito cuando se dé cualquiera de los supuestos previstos en el número 2 del artículo 43 del Código de Comercio, o cuando la inclusión de dicha entidad en la consolidación resulte inadecuada para el cumplimientol de los objetivos de la supervisión de dicho grupo.
 5. Las entidades aseguradoras no formarán parte en ningún caso de los grupos consolidables de entidades de crédito.
 6. Reglamentariamente podrá regularse la forma en que las reglas que esta Ley contempla sobre recursos propios y supervisión de los grupos consolidables de entidades de crédito deban ser aplicables a los subgrupos de entidades de crédito, entendiéndose por tales aquellos que, incluyendo entidades de tal naturaleza se integren, a su vez, en un grupo de mayor extensión.
 Asimismo, se podrá regular la forma en que las indicadas reglas se aplicarán a las entidades de crédito afiliadas a un organismo central, siempre que éste las controle, dirija, garantice sus obligaciones y se cumplan los demás requisitos que se prevean al efecto.
 De igual forma podrá regularse el modo de integración del subgrupo en el grupo, y la colaboración entre los organismos supervisores.
 7. Cuando existan entidades extranjeras susceptibles de integrarse en un grupo consolidable de entidades de crédito, reglamentariamente se regulará el alcance de la supervisión en base consolidada a cargo del Banco de España, atendiendo, entre otros criterios, al carácter comunitario o extracomunitario de las entidades, su naturaleza jurídica y grado de control.
 8. El deber de consolidación establecido en el artículo 42 del Código de Comercio se entenderá cumplido mediante la consolidación a que se refiere el presente artículo en aquellos grupos de sociedades cuya entidad dominante sea una entidad de crédito o una sociedad cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones en entidades de crédito.
 Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de consolidar entre sí que pueda existir para las filiales que no sean entidades financieras, en los casos que proceda de acuerdo con el señalado artículo 42 del Código de Comercio.
 1. La determinación de las normas de consolidación de cuentas de los grupos consolidables de entidades de crédito se llevará a cabo según el procedimiento que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Esta determinación se efectuará respetando los principios que sobre la presentación de las cuentas de los grupos de Sociedades se contienen en el Libro Primero del Código de Comercio y sus disposiciones de desarrollo, si bien podrán introducirse las adaptaciones de obligado cumplimiennto que resulten necesarias para los grupos de entidades de crédito.
 La obligación de formular y aprobar las cuentas y el informe de gestión consolidados, así como de proceder a su depósito, corresponderá a la entidad dominante; no obstante, en el caso contemplado en la letra c) del apartado 3 del artículo octavo anterior, la entidad obligada será designada por el Banco de España, entre las entidades de crédito del grupo.
 Las cuentas y el informe de gestión consolidados de los grupos de entidades de crédito deberán ser sometidos al control de auditores de cuentas en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y demás normativa aplicable. No obstante, el nombramiento de los auditores de cuentas corresponderá, en todo caso, a la entidad obligada a formular y aprobar dichas cuentas e informe conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.
 2. El Banco de España, así como las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, podrán requerir a las entidades sujetas a consolidación de un grupo consolidable de entidades de crédito cuanta información sea necesaria para verificar las consolidaciones efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de las entidades consolidadas; asimismo podrán, con igual objeto, inspeccionar sus libros, documentación y registros.
 Cuando de las relaciones económicas, financieras o gerenciales de una entidad de crédito con otras entidades quepa presumir la existencia de una relación de control en el sentido indicado, sin que las entidades hayan procedido a la consolidación de sus estados contables, el Banco de España, así como las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, podrán solicitar informaciones a esas entidades o inspeccionarlas, a los efectos de determinar la procedencia de la consolidación.
 3. El Banco de España, así como las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, podrán solicitar información de las personas físicas e inspeccionar a las entidades no financieras con las que exista una relación de control en el sentido establecido por el número 2 del artículo anterior, a efectos de determinar su incidencia en la situación jurídica, financiera y económica de las entidades de crédito y de sus grupos consolidables.
 4. Con independencia de la suficiencia de recursos propios a nivel consolidado, el Banco de España vigilará la situación individual de solvencia de cada una de las entidades de crédito que compongan los grupos definidos en la presente Ley.
 Cuando la especial situación de una entidad de crédito integrada en un grupo consolidable de entidades de crédito lo aconseje, así como en aquellos supuestos que reglamentariamente se determinen, podrá el Banco de España requerir el cumplimiento individual del coeficiente de solvencia a niveles inferiores o incluso iguales al establecido para las entidades de crédito no integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito. Asimismo, podrá el Banco de España tomar las medidas necesarias para asegurar una distribución adecuada de los recursos propios y riesgos entre las entidades que compongan el grupo consolidable.
 1. En los términos que se determinen reglamentariamente, se deducirán de los recursos propios del grupo consolidable de entidades de crédito, o de una entidad de crédito no perteneciente a un grupo consolidable, la mayor de las cuantías:
 a) El importe total de sus participaciones cualificadas en Empresas que no tengan el carácter de entidades de crédito, entidades aseguradoras o entidades financieras de otro tipo, o de sociedades instrumentales de las anteriores conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo octavo, en la parte en que dicho importe total exceda del 60 por 100 de los recursos propios de la entidad o grupo consolidable.
 b) El importe de las participaciones cualificadas en cada empresa o grupo de empresas que no tengan el carácter de entidades de crédito, entidades aseguradoras o entidades financieras de otro tipo, o de sociedades instrumentales de las anteriores, en la parte de cada participación que exceda del 15 por 100 de los recursos propios de la entidad o grupo consolidable.
 2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por participación cualificada la posesión, directa o indirecta, de al menos el 10 por 100 del capital o de los derechos de voto de una empresa, o la posibilidad de ejercer, en los términos que reglamentariamente se establezcan, una influencia notable en la gestión de una empresa de la cual se sea socio.
 3. No se incluirán en las reglas contenidas en el número uno anterior las participaciones que no revistan el carácter de inmovilizaciones financieras. Reglamentariamente se establecerán otras excepciones a dichas reglas en atención a la temporalidad en la posesión de las participaciones a causa de operaciones de asistencia financiera a empresas en crisis, aseguramiento y suscripción de emisiones de valores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena o a otras causas especiales que lo justifiquen de forma suficiente.
 1. Cuando una entidad de crédito o un grupo consolidable de entidades de crédito no alcancen los niveles mínimos de recursos propios establecidos, la entidad, o todas y cada una de las entidades consolidables, deberán destinar a la formación de reservas los porcentajes de sus beneficios o excedentes líquidos que reglamentariamente se establezcan, sometiendo a tal efecto su distribución a la previa autorización del Banco de España.
 La autorización se entenderá otorgada si transcurrido un mes desde la recepción por el Banco de España de la oportuna solicitud no se hubiera producido resolución expresa.
 2. Las entidades de crédito o los grupos consolidables de entidades de crédito que vulneren las limitaciones que se puedan establecer en virtud del número 3 del artículo sexto, adoptarán, en las condiciones que reglamentariamente se determine, las medidas necesarias para retornar al cumplimiento de las normas infringidas.
 3. La apertura de nuevas oficinas por las entidades de crédito que incurran en los supuestos de los números 1 y 2 anteriores quedará sometida a la previa autorización del Banco de España o, en su caso y previo informe favorable del Banco de España, a la de las Comunidades Autónomas competentes en la materia.
 4. Las cajas de ahorros deberán destinar a reservas, o a fondos de provisión no imputables a riesgos específicos, un 50 por 100, como mínimo, de sus excedentes líquidos. Este porcentaje podrá ser reducido por el Banco de España cuando los recursos propios superen en más de un tercio los mínimos establecidos.
 5. El Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España y previa consulta con las autoridades a quien competa la vigilancia de la obra benéfico-social de las cajas de ahorros, podrá autorizar, con carácter excepcional, la aplicación de porcentajes de dotación a reservas inferiores al que figura en el número 4 anterior, o a los que se establezcan en función del número 1 de este artículo, cuando la inversión o mantenimiento de obras sociales anteriormente autorizadas, propias o en colaboración, no pudiera ser atendida con el fondo para la obra benéfico-social que resultase de la aplicación de los números citados. En tal caso, esas cajas no podrán incluir en sus presupuestos inversiones en obras nuevas, propias o en colaboración.
 6. Lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores se entiende sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que en cada caso procedan según la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
 1. Cuando en un grupo consolidable de entidades de crédito existan otros tipos de entidades financieras sometidas a requerimientos específicos de recursos propios, el grupo deberá alcanzar, a efectos de suficiencia de tales recursos, la más alta de las magnitudes siguientes:
 a) La necesaria para alcanzar el porcentaje que se establezca conforme a lo previsto en el número 1 del artículo sexto.
 b) La suma de los requerimientos de recursos propios establecidos para cada clase de entidades integrantes del grupo, calculados de forma individual o subconsolidada, según sus normas específicas.
 2. El cumplimiento por el grupo de lo dispuesto en el número precedente no exonerará a las entidades financieras que no sean de crédito integradas en él de cumplir individualmente sus requerimientos de recursos propios. A tal efecto, dichas entidades serán supervisadas en base individual por el organismo que corresponda a su naturaleza.
 En el caso de las entidades de crédito integradas en el grupo consolidable, se estará a lo dispuesto en el número 4 del artículo noveno.
 3. Toda norma que se dicte en desarrollo de lo que esta Ley prevé y pueda afectar directamente a entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección General de Seguros se dictará previo informe de éstas.
 4. Siempre que en un grupo consolidable de entidades de crédito existan entidades sujetas a supervisión en base individual por organismo distinto del Banco de España, éste, en el ejercicio de las competencias que esta Ley le atribuye, deberá actuar de forma coordinada con el organismo supervisor que en cada caso corresponda. El Ministro de Economía y Hacienda podrá dictar las normas necesarias para asegurar la adecuada coordinación.
 Artículo decimotercero.
 1. Los requerimientos de recursos propios y los límites a la concentración de riesgos o a la posesión de participaciones cualificadas establecidos o previstos en este título no se aplicarán a las sucursales de entidades de crédito que tengan su sede central en otros Estados miembros de las Comunidades Europeas y estén sujetas a la supervisión prudencial de éstos.
 2. En los términos que reglamentariamente se determinen, tampoco serán exigibles las obligaciones que se establezcan con arreglo al presente título a las sucursales de las demás entidades de crédito extranjeras sujetas a requisitos equivalentes.»
 La disposición transitoria de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, pasará a tener la siguiente redacción:
 «Las entidades de crédito que el día 1 de enero de 1993 superen los porcentajes fijados en el número 1 del artículo décimo, dispondrán, a partir de esa fecha, de un plazo de diez años durante el cual no se aplicarán las deducciones previstas en dicho artículo.
 El Banco de España supervisará la evolución de los activos sometidos a los citados límites y podrá, durante el plazo señalado, prohibir a aquellas entidades de crédito acogidas a lo dispuesto en el párrafo precedente la elevación o ampliación de las señaladas participaciones cualificadas.»
 Se modifica el número 1 del artículo 16 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que pasará a tener la siguiente redacción:
 «Cuando las infracciones tipificadas en los artículos 4.o , apartado c) y 5.o , apartado h) se refieran a las cuentas y al informe de gestión consolidados con carácter obligatorio con arreglo al título II de la Ley 13/1985, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, se sancionará a la entidad obligada a formular y aprobar dichas cuentas e informe, y, si procede, a sus administradores y directivos.»
 Capítulo II. Disposiciones relativas a Sociedades y Agencias de Valores; Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores; Servicio de Compensación y Liquidación, y sus grupos
 Se introducen en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las siguientes modificaciones:
 1. El artículo 4 adoptará la siguiente redacción:
 A los efectos de esta Ley, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de decisión porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto.
 Se presumirá que existe en todo caso unidad de decisión cuando concurra alguno de los supuestos contemplados en el número 1 del artículo 42 del Código de Comercio, o cuando al menos la mitad más uno de los Consejeros de la dominada sean Consejeros o altos directivos de la dominante, o de otra dominada por ésta.
 A efecto de lo previsto en los párrafos anteriores, a los derechos de la dominante se añadirán los que posea a través de otras entidades dominadas o a través de personas que actúen por cuenta de la entidad dominante o de otras dominadas, o aquéllos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.»
 2. Se da la siguiente redacción al artículo 73:
 «Artículo 73
 1. Las Sociedades o Agencias de Valores, y los grupos consolidables de las mismas a que se refiere el artículo 86 de esta Ley, deberán mantener en todo momento un volumen de recursos propios proporcionado al de su actividad y gastos de estructura y a los riesgos asumidos.
 2. Reglamentariamente se procederá en relación con las Sociedades y Agencias de Valores a:
 a) Regular, en lo no previsto en esta Ley, las actividades enumeradas en el artículo 71, de acuerdo con los principios contenidos en el artículo 13 y los títulos III, IV y VII, a cuyo efecto podrá establecer las incompatibilidades que, con carácter excepcional, resulten aconsejables en el desarrollo de las diversas actividades contempladas en los artículos 70 y 71, o las especiales condiciones a que estará sujeto su simultáneo desarrollo.
 b) Establecer los límites mínimos de capital social previstos en el artículo 66, e), pudiendo fijar que un porcentaje de éste sea el nivel mínimo para los recursos propios de las Sociedades y Agencias de Valores.
 c) Regular sus formas de financiación distintas de la participación en su capital, pudiendo, en particular, limitar las modalidades y plazos en que podrán obtener recursos del público en forma de depósitos, préstamos, cesiones temporales de activos u otras operaciones análogas.
 d) Autorizar las operaciones por cuenta propia que excepcionalmente puedan realizar las Agencias de Valores.
 e) Regular los requisitos que deban reunir quienes actúen en el mercado como Apoderados de las Sociedades o Agencias de Valores, así como los apoderamientos que les sean conferidos.
 f) Establecer los niveles mínimos de recursos propios exigibles a las Sociedades y Agencias de Valores, las clases de riesgo objeto de cobertura, las ponderaciones aplicables a las diferentes posiciones en cada clase de riesgo, y los recargos por concentración de riesgos frente a una persona, entidad o grupo de entidades.
 g) Determinar los elementos que integren los recursos propios computables de las Sociedades y Agencias de Valores, y las deducciones que les afecten, pudiendo establecer limitaciones o condiciones a la inclusión de aquellos pasivos, exigibles o no, que presenten una eficacia reducida para la cobertura de pérdidas.
 h) Determinar los criterios y normas cuantitativas que limiten directa o indirectamente determinadas categorías de inversiones, operaciones o posiciones que impliquen riesgos elevados para la solvencia de las Sociedades o Agencias de Valores.
 i) Establecer las condiciones en que se aplicarán las exigencias, criterios y normas referidas en los párrafos f), g) y h) precedentes a los grupos de entidades obligados a consolidar sus cuentas como consecuencia de lo dispuesto en el número 1 anterior y en el artículo 86 de la presente Ley.
 j) Establecer limitaciones a la distribución de beneficios de las Sociedades o Agencias de Valores, o de todas y cada una de las entidades integrantes de sus grupos consolidables contemplados en el artículo 86, cuando aquéllas o el grupo consolidable no alcancen los niveles mínimos de recursos propios exigidos, sometiendo a tal efecto dicha distribución a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ese supuesto y, también cuando se incumplan los límites que se puedan establecer de acuerdo con lo previsto en la letra h) anterior, las Sociedades y Agencias de Valores o los grupos consolidables de éstas adoptarán, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, las medidas necesarias para retornar al cumplimiento de las normas infringidas. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que en cada caso procedan.
 k) Determinar los criterios y normas que, con el fin de salvaguardar la liquidez de las Sociedades y Agencias de Valores, impongan el mantenimiento de volúmenes mínimos de inversión en determinadas categorías de activos líquidos y de bajo riesgo. En ningún caso podrá utilizarse esta facultad de forma que dé lugar a una obligación genérica de invertir en activos financieros cuya rentabilidad no responda a las condiciones de mercado.»
 3. Se añaden los números 3, 4 y 5 siguientes a la enumeración contenida en el artículo 84:
 «3. Las entidades que formen parte de los grupos consolidables de Sociedades o Agencias de Valores contemplados en el artículo 86 de esta Ley, a los solos efectos del cumplimiento a nivel consolidado de los requerimientos de recursos propios y de las limitaciones que se puedan establecer sobre las inversiones, operaciones o posiciones que impliquen riesgos elevados.
 4. Las entidades que forman parte de los grupos consolidables de los que sean dominantes las entidades a que se refieren las letras a) y b) del número 1 anterior, a los solos efectos del cumplimiento de la obligación de consolidar sus estados contables y de las limitaciones que se puedan establecer en relación con su actividad y equilibrio patrimonial.
 5. Las personas físicas y entidades no financieras mencionadas en el número 9 del artículo 86, a los solos efectos previstos en ese número.»
 La expresión «los dos números anteriores» contenida en la frase inicial del último párrafo del señalado artículo 84 quedará sustituida por «los dos primeros números anteriores».
 4. Se da la siguiente redacción al artículo 86:
 «Artículo 86
 1. Las cuentas e informes de gestión individuales y consolidados correspondientes a cada ejercicio de las entidades citadas en las letras a), b) y c) del número 1 del artículo 84 deberán ser aprobadas, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de aquél, por su correspondiente Junta general, previa realización de auditoría de cuentas.
 2. Sin perjuicio de lo establecido en el título III del libro I del Código de Comercio, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para, previo informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas establecer y modificar en relación con las entidades citadas en el número anterior las normas contables y los modelos a que se deben ajustar a sus estados financieros, así como los referidos al cumplimiento de los coeficientes que se establezcan, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a la Comisión o hacerse público con carácter general por las propias entidades. Esta facultad no tendrá más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de una misma categoría y semejantes para las diversas categorías.
 Asimismo, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para regular los registros y documentos que deben llevar las Sociedades y Agencias de Valores y demás entidades contempladas en el artículo 76 en relación con sus operaciones de mercado de valores.
 3. El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tendrán las mismas facultades previstas en el párrafo anterior en relación con los grupos consolidables de Sociedades o Agencias de Valores contemplados en el número siguiente y con los grupos consolidables cuya entidad matriz sea alguna de las citadas en las letras a) y b) del número 1 del artículo 84.
 4. Para el cumplimiento de los niveles mínimos de recursos propios y limitaciones exigibles en virtud del artículo 73 o, en su caso, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 bis, las Sociedades y Agencias de Valores consolidarán sus estados contables con los de las demás Sociedades y Agencias de Valores y entidades financieras que constituyan con ellas una unidad de decisión, según lo previsto en el artículo 4.
 Se considerará que un grupo de entidades financieras constituye un grupo consolidable de Sociedades y Agencias de Valores cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
 a) Que una Sociedad o Agencia de Valores controle a las demás entidades.
 b) Que la entidad dominante sea una entidad cuya actividad principal consista en tener participaciones en Sociedades y Agencias de Valores.
 c) Que una persona física, un grupo de personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto, o una entidad no consolidable con arreglo a la presente Ley, controle a varias entidades, todas ellas Sociedades o Agencias de Valores.
 La obligación de formular y aprobar las cuentas y el informe de gestión consolidados, así como de proceder a su depósito, corresponderá a la entidad dominante; no obstante, en el supuesto contemplado en la letra c) del presente apartado, la entidad obligada será designada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre las Sociedades y Agencias de Valores del grupo.
 Las cuentas y el informe de gestión consolidados de los grupos de Sociedades o Agencias de Valores deberán ser sometidos al control de auditores de cuentas conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio y demás normativa aplicable. No obstante, el nombramiento de auditores de cuentas corresponderá en todo caso a la entidad obligada a formular y aprobar dichas cuentas e informe conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.
 5. Reglamentariamente se determinarán los tipos de entidades financieras que deberán incluirse en el grupo consolidable de Sociedades y Agencias de Valores a que se refiere el número anterior.
 a) Las Sociedades o Agencias de Valores.
 b) Las entidades de crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del número 3 del artículo 8. de la Ley 13/1985.
 d) Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, así como las Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones, cuyo objeto exclusivo sea la administración y gestión de los citados fondos.
 e) Las Sociedades Gestoras de Carteras.
 f) Las Sociedades de Capital-Riesgo y las Sociedades Gestoras de Fondos de Capital-Riesgo.
 g) La entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones.
 Asimismo, formarán parte del grupo consolidable de Sociedades o Agencias de Valores las sociedades instrumentales cuya actividad principal suponga la prolongación del negocio de alguna de las entidades incluidas en la consolidación, o incluya la prestación a éstas de servicios auxiliares.
 La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá autorizar la exclusión individual de una entidad del grupo consolidable de Sociedades y Agencias de Valores cuando se dé cualquiera de los supuestos establecidos en el número 2 del artículo 43 del Código de Comercio, o cuando la inclusión de dicha entidad en la consolidación resulte inadecuada para el cumplimiento de los objetivos de la supervisión de dicho grupo.
 6. Las entidades aseguradoras no formarán parte en ningún caso de los grupos consolidables de Sociedades y Agencias de Valores.
 7. Reglamentariamente podrá regularse la forma en que las reglas que esta Ley contempla sobre recursos propios y supervisión de los grupos consolidables deberán ser aplicables a los subgrupos de Sociedades y Agencias de Valores entendiéndose por tales aquéllos que, incluyendo entidades de tal naturaleza, se integren, a su vez, en un grupo consolidable de mayor extensión.
 De igual forma podrá regularse el modo de integración del subgrupo en el grupo y la colaboración entre los organismos supervisores.
 8. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a las entidades sujetas a consolidación cuanta información sea necesaria para verificar las consolidaciones efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de las entidades consolidadas, así como podrá, con igual objeto, inspeccionar sus libros, documentación y registros.
 Cuando de las relaciones económicas, financieras o gerenciales de una Sociedad o Agencia de Valores con otras entidades quepa presumir la existencia de una relación de control en el sentido del presente artículo, sin que las entidades hayan procedido a la consolidación de sus cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información a esas entidades o inspeccionarlas, a los efectos de determinar la procedencia de la consolidación.
 9. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar información de las personas físicas e inspeccionar a las entidades no financieras con las que exista una relación de control conforme a lo previsto en el artículo 4. de la presente Ley, a efectos de determinar su incidencia en la situación jurídica, financiera y económica de las Sociedades y Agencias de Valores y de sus grupos consolidables.
 10. El cumplimiento por el grupo consolidable de lo dispuesto en los números precedentes no exonerará a las Sociedades o Agencias de Valores integradas en él de cumplir individualmente sus requerimientos de recursos propios.
 11. Cuando existan entidades extranjeras susceptibles de integrarse en un grupo consolidable de Sociedades o Agencias de Valores, reglamentariamente se regulará el alcance de la supervisión en base consolidada a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, atendiendo, entre otros criterios, al carácter comunitario o extracomunitario de las entidades, su naturaleza jurídica y grado de control.
 12. El deber de consolidación establecido en el artículo 42 del Código de Comercio se entenderá cumplido mediante la consolidación a que se refieren los números anteriores por aquellos grupos de sociedades cuya entidad dominante sea una Sociedad o Agencia de Valores, o por aquellos otros que tengan como dominante una sociedad cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones en Sociedades y Agencias de Valores. Dicho deber se entenderá cumplido, asimismo, para los grupos de los organismos rectores de los mercados secundarios oficiales y del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores».
 Ello se entiende sin perjuicio de la obligación de consolidar entre sí que pueda existir para las filiales que no sean entidades financieras, en los casos que proceda de acuerdo con el señalado artículo 42 del Código de Comercio.»
 5. Se añade un artículo 86 bis, con la siguiente redacción:
 «Artículo 86 bis
 1. Cuando en un grupo consolidable de Sociedades o Agencias de Valores existan otros tipos de entidades sometidas a requerimientos específicos de recursos propios, el grupo deberá alcanzar, a efectos de suficiencia de tales recursos, la más alta de las magnitudes siguientes:
 a) La necesaria para alcanzar los niveles mínimos que se establezcan conforme a lo previsto en la letra f) del número 2 del artículo 73.
 b) La suma de los requerimientos de recursos propios establecidos para cada clase de entidades integrantes del grupo, calculados de forma individual o subconsolidada según sus normas específicas.
 2. El cumplimiento por el grupo de lo dispuesto en el número precedente no exonerará a las entidades financieras integradas en él, cualquiera que sea su naturaleza, de cumplir individualmente sus requerimientos de recursos propios. A tal efecto, dichas entidades serán supervisadas en base individual por el organismo que corresponda a su naturaleza.
 3. Toda norma que se dicte en desarrollo de lo que esta Ley prevé y que pueda afectar a entidades financieras sujetas a la supervisión del Banco de España o de la Dirección General de Seguros se dictará previo informe de estos organismos.
 4. Siempre que en un grupo consolidable de Sociedades y Agencias de Valores existiesen entidades sujetas a supervisión en base individual por organismo distinto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ésta, en el ejercicio de las competencias que la presente Ley le atribuye sobre dichas entidades, deberá actuar de forma coordinada con el organismo supervisor que en cada caso corresponda. El Ministro de Economía y Hacienda podrá dictar las normas necesarias para asegurar la adecuada coordinación.
 5. El Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a propuesta del Banco de España, podrá acordar que un grupo de Sociedades y Agencias de Valores en el que se integren una o más entidades de crédito susceptibles de adherirse a un Fondo de Garantía de Depósitos tenga la consideración de grupo consolidable de entidades de crédito y quede, por consiguiente, sometido a supervisión en base consolidada por el Banco de España.»
 6. Se da nueva redacción a las letras e), k) y m) del artículo 99:
 «e) El incumplimiento de la obligación de consolidación recogida en el artículo 86 de esta Ley, así como el carecer las sociedades citadas en dicho artículo de la contabilidad y registros legalmente exigidos, llevarlos con vicios o irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad o del grupo, o no contabilizar las operaciones que realicen o en que medien.
 k) La reducción de los recursos propios de las Sociedades y Agencias de Valores y de sus grupos a nivel inferior al 80 por 100 del mínimo exigible, permaneciendo en esta situación durante seis meses, al menos, consecutivos.
 m) El incumplimiento por parte de las entidades a las que se refieren los artículos 35 y 86 de la Ley de la obligación de someter sus cuentas e informes de gestión individuales y consolidados a auditoría de cuentas.»
 7. Se añade un segundo párrafo al artículo 99:
 «Cuando las infracciones contempladas en las letras e), k) y m) del párrafo anterior se produzcan con referencia a los grupos consolidables de Sociedades o Agencias de Valores, o a los grupos consolidables de los que sean dominantes las entidades a las que se refieren las letras a) y b) del número 1 del artículo 84, se considerará responsable a la entidad obligada a formular y aprobar las cuentas y el informe de gestión consolidados.»
 8. Se da nueva redacción a las letras c), g) y h) del artículo 100:
 «c) El incumplimiento por las entidades comprendidas en el artículo 86 de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones, formulación de cuentas o sobre el modo en que deban llevarse los libros y registros oficiales, así como de las normas sobre consolidación.
 g) La inobservancia por las Sociedades y Agencias de Valores y por sus grupos de las normas a que se refiere el artículo 73, cuando no constituya infracción muy grave de acuerdo con el artículo anterior.
 h) La reducción de los recursos propios de las Sociedades y Agencias de Valores y de sus grupos a nivel inferior al 80 por 100 del mínimo exigible, permaneciendo en esta situación durante un período de tiempo superior a dos meses pero inferior a seis.»
 9. Se añade un segundo párrafo al artículo 100:
 «Cuando las infracciones contempladas en las letras c), g) y h) del párrafo anterior se produzcan con referencia a los grupos consolidables de Sociedades o Agencias de Valores, o a los grupos consolidables de los que sean dominantes las entidades a las que se refieren las letras a) y b) del número 1 del artículo 84, se considerará responsable a la entidad obligada a formular y aprobar las cuentas y el informe de gestión consolidados.»
 Capítulo III. Disposiciones relativas a las entidades de seguros y sus grupos
 Modificación realizada (5 (se deroga)) por LEY 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. (BOE de 09-11-1995) en vigor desde 10-11-1995
 Texto Original. Publicado el 02-06-1992 en vigor desde 01-01-1993
 10/11/1995 (Vigente)
 01/01/1993 (Versión Original)
 Capítulo IV. Disposiciones relativas a otros grupos consolidables de entidades financieras
 24/04/2005 (Vigente)
 Modificación realizada (6 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Modificación realizada (7 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Modificación realizada (8 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Modificación realizada (9 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Modificación realizada (10 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Capítulo V. Reglas especiales de vigilancia aplicables a los grupos mixtos no consolidables
 Artículo undécimo
 Modificación realizada (11 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Artículo duodécimo
 Modificación realizada (12 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Modificación realizada (13 (se deroga)) por LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. (BOE de 23-04-2005) en vigor desde 24-04-2005
 Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, con el texto siguiente:
 «Disposición adicional tercera. Sin perjuicio de lo establecido en el título III del libro I del Código de Comercio, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para, a propuesta de la Dirección General de Seguros, previo informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, establecer y modificar las normas de contabilidad, criterios de valoración y los modelos de las cuentas anuales de las entidades gestoras y de los fondos de pensiones, disponiendo la frecuencia y el detalle de información que dichas entidades habrán de facilitar a la Administración.»
 Se añade el siguiente párrafo al número 1 del artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las entidades de Crédito:
 «Para el establecimiento y modificación de las señaladas normas y modelos, con la excepción de los estados contables reservados, será preceptivo el informe previo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas».
 Modificación realizada (D.A. 3a (se deroga)) por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas. (BOE de 02-07-2011) en vigor desde 03-07-2011
 03/07/2011 (Vigente)
 Modificación realizada (D.A. 4a (se deroga)) por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas. (BOE de 02-07-2011) en vigor desde 03-07-2011
 D.A. 5a
 Se modifica la disposición transitoria primera de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, que queda redactada en la forma que a continuación se indica:
 «Las Cooperativas de Crédito deberán adaptar sus Estatutos a lo establecido en esta Ley antes del 31 de diciembre de 1993, sin perjuicio de cumplir las normas imperativas de la misma y de que reglamentariamente puedan establecerse otras fechas para alcanzar los recursos propios exigibles según la normativa prudencial, que considerará especialmente el supuesto de Cooperativas de Crédito de ámbito local y domiciliadas en municipios con menos de 100.000 habitantes.»
 La presente Ley tendrá carácter básico conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1, 11.a y 13.a de la Constitución.
 1. El Consejo de Ministros dictará las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley cuya aprobación no se haya encomendado expresamente al Ministro de Economía y Hacienda.
 En el ejercicio de esa potestad podrá el Consejo de Ministros, especialmente en lo relativo a la determinación de los coeficientes de solvencia, porcentajes de ponderación o límites de riesgos, o partidas contables y sus deducciones que deban considerarse recursos propios limitarse a establecer criterios generales, límites máximos o mínimos, o intervalos de variación.
 2. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el adecuado ejercicio de las competencias que les atribuye esta Ley, podrán dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución de las disposiciones aprobadas por el Consejo de Ministros o por el Ministro de Economía y Hacienda, siempre que, además, dichas normas les habiliten de modo expreso para ello.
 3. Al efectuarse el desarrollo reglamentario de la presente Ley se coordinarán adecuadamente las disposiciones aplicables a los distintos tipos de entidades financieras, de forma que los requerimientos de recursos propios y las eventuales limitaciones de operaciones respondan a criterios que sean homogéneos para todos los tipos de entidades financieras y atiendan esencialmente a la naturaleza objetiva de los riesgos inherentes a tales operaciones.
 1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1993, con excepción de su capítulo V, que lo hará el 1 de enero de 1994.
 2. El deber de consolidación en ella previsto será aplicable a cuantos estados contables deban presentarse a partir del 1 de enero de 1993.
 3. En el plazo de tres meses, a contar desde la completa publicación de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, aprobará las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
 Queda derogada la disposición adicional tercera de la Ley 13/1985, de 25 de mayo.
 Madrid, 1 de junio de 1992.
 Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas.
 LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervision de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.
 Fecha: 2005-04-24
 Fecha: 1995-11-10
 Fecha Publicación: 1988-07-15
 Entrada en Vigor: 1994-01-01
 Entrada en Vigor: 1993-01-01
 Fecha Publicación: 1988-07-29
 Articulo 73
 Articulo 84
 Articulo 86
 Artículo 86 bis
 Articulo 100
 LEY 26/1988, DE 29 DE JULIO, SOBRE DISCIPLINA E INTERVENCION DE LAS ENTIDADES DE CREDITO.
 Fecha Publicación: 1988-07-30
 Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
 Fecha Publicación: 1989-05-31
 LEY 13/1985, DE 25 DE MAYO, DE COEFICIENTES DE INVERSION, RECURSOS PROPIOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS.
 Fecha Publicación: 1985-05-28
 TÍTULO SEGUNDO. Coeficiente de solvencia y limitaciones a la actividad de las entidades de crédito por razones de solvencia
 Artículo décimo tercero
 Entrada en Vigor: 1933-01-01
 03/07/2011 Redacción Vigente
 desde 24/04/2005 hasta 03/07/2011
 desde 10/11/1995 hasta 24/04/2005
 desde 01/01/1993 hasta 10/11/1995


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
5.9.98 IT Gazzetta ufficiale delle ComunitaÁ europee C 278/15
 che tali disposizioni, le quali elencano in maniera limi- diti a cui si deve procedere in una causa relativa alla
 tata le possibili assicurazioni malattie, non permettono paritaÁ di trattamento vada effettuata come valutazione
 di coprire l'insieme delle possibili situazioni e sono globale di tutti gli elementi, insieme considerati,
 dunque troppo restrittive. oppure come comparazione punto per punto, esatta-
 mente come avviene nelle cause relative alla paritaÁ di
 Ð Incorretta trasposizione di tre direttive relativamente retribuzione.
 al controllo del mantenimento di una assicurazione
 malattia: Per risolvere la questione, si può constatare che lo
 schema di trasformazione/la convenzione di cui si
 Se eÁ vero che ai sensi dell'art. 3 delle direttive 90/364/ tratta nella presente causa, se considerato(a) unitaria-
 CEE e 90/365/CEE e ai sensi dell'art. 4 della direttiva mente e nel suo insieme, non presenta aspetti di discri-
 93/96/CEE, può essere messo fine al diritto di sog- minazione fondata sul sesso neÂ in relazione ai suoi
 giorno allorcheÂ la persona interessata non risponda pi effetti neÂ in relazione ai suoi obiettivi.
 alle condizioni, in particolare allorcheÂ non risponda
 pi alle condizioni dell'assicurazione malattia, tale Si può poi anche constatare che lo schema di trasfor-
 disposizione non può essere intesa nel senso di permet- mazione/la convenzione contiene disposizioni che,
 tere, alle autoritaÁ competenti per il rilascio di carte di prese isolatamente, hanno un effetto discriminatorio in
 soggiorno, di svolgere un controllo attivo e perma- base al sesso, giaccheÂ si osserva che l'effetto di alcune
 nente sulla situazione del beneficiario delle direttive di tali disposizioni riguarda soprattutto i medici spe-
 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Un altro cialisti di sesso femminile mentre l'effetto di talune
 approccio sarebbe non solamente contrario a tali diret- altre riguarda soprattutto i medici specialisti di sesso
 tive, ma pi in particolare ai principi dell'art. 8A del maschile.
 Trattato CE.
 2) In caso di soluzione positiva della prima questione, si
 (1) Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa chiede di chiarire se considerazioni relative, rispettiva-
 al diritto di soggiorno (GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26). mente, alla stabilitaÁ dei bilanci, ai risparmi e alla pia-
 (2) Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa nificazione possano rappresentare scopi obiettivi e neu-
 al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati trali tali da giustificare che un numero proporzional-
 che hanno cessato la propria attivitaÁ professionale (GU L 180 mente maggiore di donne che di uomini sia colpito
 del 13.7.1990, pag. 28). dalle singole disposizioni sopra menzionate.
 (3) Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa
 al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317 del
 18.12.1993, pag. 59). 3) Se il corrispettivo dell'avviamento che l'attrice
 potrebbe ricevere per la cessione dell'ambulatorio al
 momento del suo ritiro dalla professione per ragioni
 d'etaÁ (l'attrice eÁ nata nel 1939) possa essere equiparato
 alle somme accantonate a fini pensionistici per un sala-
 riato.
 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'éstre
 Landret, on ordinanza 4 giugno 1998, nella causa dott.ssa 4) In caso di soluzione positiva della terza questione, si
 Birgitte Jùrgensen contro Forening af Speciallñger e chiede di chiarire quale rilevanza abbia per la solu-
 Sygesikringens Forhandlingsudvalg zione della prima questione il fatto che una parte del
 pregiudizio subito a causa della disposizione in que-
 (Causa C-226/98) stione eÁ costituito da un minore corrispettivo per
 (98/C 278/24) l'avviamento in caso di cessione dell'ambulatorio, e
 quindi da una minore disponibilitaÁ finanziaria per il
 pensionamento, ove si consideri che, nella sentenza
 Con ordinanza 4 giugno 1998, pervenuta nella cancelleria C-297/93 (3) (Rita Grau-Hupka, punto 27), la Corte di
 della Corte di giustizia il 24 giugno 1998, nella causa giustizia ha dichiarato che gli Stati membri non sono
 dott. ssa Birgitte Jùrgensen contro Forening af Speciallñ- tenuti ad accordare vantaggi in materia di assicura-
 ger e Sygesikringens Forhandlingsudvalg, l'éstre Landret zione contro la vecchiaia alle persone che hanno alle-
 ha sottoposto alla Corte di giustizia delle ComunitaÁ euro- vato i propri figli ovvero a prevedere diritti a presta-
 pee le seguenti questioni pregiudiziali: zioni a seguito di periodi di interruzione dell'attivitaÁ
 per allevare i figli.
 1) Si chiede alla Corte di giustizia di chiarire se, in una
 causa relativa alla paritaÁ di trattamento, l'accerta- (1) Direttiva relativa all'attuazione del principio della paritaÁ di
 mento dell'esistenza di una discriminazione indiretta trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso
 debba essere effettuato con riferimento alla direttiva al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
 del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207 (1), ed alla diret- condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40).
 tiva 11 dicembre 1986, 86/613 (2). (2) Direttiva relativa all'applicazione del principio della paritaÁ di
 trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attivitaÁ
 autonoma, ivi comprese le attivitaÁ nel settore agricolo, e rela-
 Qualora si parta dalla constatazione che, conforme- tiva altresì alla tutela della maternitaÁ (GU L 359 del
 mente alla giurisprudenza costante della Corte di giu- 19.12.1986, pag. 56).
 stizia, nelle cause relative alla paritaÁ di retribuzione (3) Racc. 1994, pag. I-5535.
 occorre intraprendere una comparazione punto per
 punto, si chiede di chiarire se la comparazione dei red-


type: contracts

text:
 15.12.2016
 HR
 Službeni list Europske unije
 L 341/34
 ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a
 br. 145/2015
 od 11. lipnja 2015.
 o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2016/2180]
 ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,
 uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,
 budući da:
 (1)
 Uredba Komisije (EU) 2015/391 оd 9. ožujka 2015. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na razvoj i zdravlje djece (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
 (2)
 Uredba Komisije (EU) 2015/403 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vrsta Ephedra i Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
 (3)
 Uredba Komisije (EU) 2015/414 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu (6 S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina koja se upotrebljava u proizvodnji dodataka prehrani (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
 (4)
 Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je navedeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.
 (5)
 Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,
 DONIO JE OVU ODLUKU:
 Članak 1.
 Poglavlje XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:
 1.
 U točki 54.zzi (Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:
 „—
 32015 R 0414: Uredbom Komisije (EU) 2015/414 od 12. ožujka 2015. (SL L 68, 13.3.2015., str. 26.).”
 2.
 U točki 54.zzzu (Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:
 „—
 32015 R 0403: Uredbom Komisije (EU) 2015/403 od 11. ožujka 2015. (SL L 67, 12.3.2015., str. 4.).”
 3.
 Nakon točke 94. (Uredba Komisije (EU) br. 1229/2014) umeće se sljedeća točka:
 „95.
 32015 R 0391: Uredba Komisije (EU) 2015/391 оd 9. ožujka 2015. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na razvoj i zdravlje djece (SL L 65, 10.3.2015., str. 15.).”
 Članak 2.
 Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) 2015/391, (EU) 2015/403 i (EU) 2015/414 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.
 Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu 12. lipnja 2015. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (*1)
 Članak 4.
 Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.
 Sastavljeno u Bruxellesu 11. lipnja 2015.
 Za Zajednički odbor EGP-a
 Predsjednik
 Gianluca GRIPPA
 (1) SL L 65, 10.3.2015., str. 15.
 (2) SL L 67, 12.3.2015., str. 4.
 (3) SL L 68, 13.3.2015., str. 26.
 (*1) Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


text:
 15.12.2014
 HU
 Az Európai Unió Hivatalos Lapja
 C 448/15
 A Högsta domstolen (Svédország) által 2014. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén kontra Riksåklagaren
 (C-472/14. sz. ügy)
 (2014/C 448/19)
 Az eljárás nyelve: svéd
 A kérdést előterjesztő bíróság
 Högsta domstolen (Svédország)
 Az alapeljárás felei
 Felperesek: Canadian Oil Company Sweden AB és Anders Rantén
 Alperes: Riksåklagaren
 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
 1)
 Ellentétes-e a REACH (1) szabályaival, ha az üzleti tevékenysége keretében – a REACH szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó – vegyipari terméket Svédországba behozó személynek ezt a terméket a svéd jogszabályoknak megfelelően be kell jelentenie a Kemikalieinspektionenhez a svéd terméknyilvántartásba való bejegyzés céljából?
 2)
 Amennyiben az első kérdésre adandó válasz nemleges, a svéd bejelentési kötelezettség ellentétes-e az EUMSZ 34. cikkel, az EUMSZ 36. cikkben foglalt kivételekre tekintettel?
 (1) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 1. o.).


text:
 30.10.2014
 DE
 Amtsblatt der Europäischen Union
 L 310/7
 BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
 Nr. 66/2014
 vom 16. Mai 2014
 zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens
 DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —
 gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Artikel 98,
 in Erwägung nachstehender Gründe:
 (1)
 Der Durchführungsbeschluss 2013/709/EU der Kommission vom 2. Dezember 2013 über die Zulassung eines Laboratoriums in den Vereinigten Staaten von Amerika für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (1) ist in das Abkommen aufzunehmen.
 (2)
 Dieser Beschluss betrifft Rechtsvorschriften in Bezug auf andere lebende Tiere als Fische und Tiere der Aquakultur. Nach Absatz 2 des Einleitenden Teils von Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens gelten Rechtsvorschriften mit diesem Gegenstand nicht für Island. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Island.
 (3)
 Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein.
 (4)
 Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —
 HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
 Artikel 1
 In Anhang I Kapitel I Teil 4.2 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54a (Durchführungsbeschluss 2012/304/EU der Kommission) folgende Nummer angefügt:
 „54b.
 32013 D 0709: Durchführungsbeschluss 2013/709/EU der Kommission vom 2. Dezember 2013 über die Zulassung eines Laboratoriums in den Vereinigten Staaten von Amerika für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen (ABl. L 323 vom 4.12.2013, S. 34)
 Dieser Rechtsakt gilt nicht für Island.“
 Artikel 2
 Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses 2013/709/EU in norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.
 Artikel 3
 Dieser Beschluss tritt am 17. Mai 2014 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens vorliegen (2).
 Artikel 4
 Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht.
 Geschehen zu Brüssel am 16. Mai 2014.
 Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
 Der Präsident
 Gianluca GRIPPA
 (1) ABl. L 323 vom 4.12.2013, S. 34.
 (2) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.


text:
 8.12.2012
 LT
 Europos Sąjungos oficialusis leidinys
 C 379/7
 2012 m. spalio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd prieš Sportradar GmbH, Sportradar AG
 (Byla C-173/11) (1)
 (Direktyva 96/9/EB - Duomenų bazių teisinė apsauga - 7 straipsnis - Sui generis teisė - Duomenų apie vykstančias futbolo čempionato rungtynes bazė - „Panaudojimo“ sąvoka - Panaudojimo vietos nustatymas)
 2012/C 379/12
 Proceso kalba: anglų
 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
 Šalys pagrindinėje byloje
 Ieškovės: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd
 Atsakovės: Sportradar GmbH, Sportradar AG
 Dalykas
 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (OL L 77, p. 20, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 459), ypač jos 7 straipsnio, aiškinimas — Duomenų bazės kūrėjo teisė neleisti išgauti ir (arba) panaudoti bazės turinio dalies — „Perkėlimo (išgavimo)“ ir „panaudojimo“ sąvokos (direktyvos 7 straipsnio 2 dalis) — Duomenų bazė, kurioje yra informacija apie vykstančias futbolo varžybas („Football Live“)
 Rezoliucinė dalis
 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad asmens vykdomas duomenų, kuriuos prieš tai jis parsisiuntė iš sui generis teisinės apsaugos objektu pagal tą pačią direktyvą esančios duomenų bazės, persiuntimas naudojant valstybėje narėje A esančią interneto tarnybinę stotį, į kito asmens, esančio valstybėje narėje B, kompiuterį šiam paprašius, tam, kad juos būtų galima saugoti šio kompiuterio atmintyje ir atvaizduoti ekrane, yra minėtų duomenų „perkėlimas“ arba „panaudojimas“, kurį įvykdė duomenis persiuntęs asmuo. Šis veiksmas laikytinas įvykusiu valstybėje narėje B, jei yra įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad jis atspindi jo vykdytojo ketinimą priskirti šioje valstybėje narėje esančius visuomenės narius prie savo tikslinės auditorijos, o tai turi nustatyti nacionalinis teismas.
 (1) OL C 194, 2011 7 2.


type: wikipedia

text:
La chiesa della Santissima Annunziata, sconsacrata e completamente trasformata, si trova nel territorio comunale di Grosseto, nella località di Montepescali.
 Storia
 La chiesa fu costruita nel corso del Trecento fuori dalle mura, di fronte alla torre del Belvedere.
 Nel corso dei secoli, l'edificio religioso, che originariamente ospitava i riti funebri, fu progressivamente dismesso ed abbandonato per cause ancora incerte; a seguito della definitiva sconsacrazione, fu ristrutturato ed adibito ad abitazioni private.
 Descrizione
 La chiesa della Santissima Annunziata a Montepescali si presentava originariamente in stile gotico a pianta rettangolare, quasi certamente a navata unica, sotto la quale si trovavano la cripta e la camera mortuaria dove venivano esposte le salme dei deceduti prima della celebrazione del funerale.
 La trasformazione in edificio abitativo ha modificato completamente l'aspetto originario sopra descritto, pur potendo identificare con facilità il fabbricato dove sorgeva.
 Bibliografia
 Marcella Parisi (a cura di), Grosseto dentro e fuori porta. L'emozione e il pensiero (Associazione Archeologica Maremmana e Comune di Grosseto), C&P Adver Effigi Siena, 2001;
 Carlo Citter, Guida agli edifici sacri della Maremma, Nuova Immagine Editrice Siena, 2002.
 Voci correlate
 Grosseto
 Montepescali
 Chiese di Grosseto
 Montepescali
 Architetture di Grosseto scomparse
 Annunziata (Montepescali)
 Montepescali


text:
 6.10.2007
 MT
 Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea
 C 235/3
 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta' Lulju 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus — Il-Finlandja) — Oy AA
 (Kawża C-231/05) (1)
 (Libertà ta' stabbiliment - Artikoli 43 KE, 56 KE u 58 KE - Leġiżlazzjoni fiskali dwar it-taxxa tad-dħul - Tnaqqis, għal kumpannija, ta' somom imħallsa bħala għajnuna finanzjarja fi ħdan il-gruppi - Obbligu, għal kumpannija benefiċjarja ta' l-għajnuna, li jkollha wkoll l-uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istat Membru kkonċernat)
 (2007/C 235/05)
 Lingwa tal-kawża: il-Finlandiż
 Qorti tar-rinviju
 Korkein hallinto-oikeus
 Partijiet fil-kawża prinċipali
 Rikorrenti: Oy AA
 Suġġett
 Talba għal deċiżjoni preliminari — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazzjoni ta' l-Artikoli 43, 56 u 58 KE — Leġiżlazzjoni fiskali dwar it-taxxa fuq id-dħul — Possibbiltà ta' tnaqqis minn kumpannija tas-somom imħallsa bħala għajnuna finanzjarja fi ħdan il-gruppi bil-kundizzjoni li l-kumpannija li tirċievi l-għajnuna jkollha hija wkoll l-uffiċċju reġistrat tagħha fl-Istat Membru kkonċernat.
 Dispożittiv
 L-Artikolu 43 KE ma jipprekludix sistema stabbilita mil-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru, bħal dik in kwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi li kumpannija sussidjarja, residenti f'dan l-Istat Membru, tista' tnaqqas mid-dħul taxxabbli tagħha għajnuna finanzjarja fi ħdan il-gruppi mogħtija minnha favur il-kumpannija parent tagħha biss meta din ta' l-aħħar ikollha l-uffiċċju reġistrat tagħha f'dan l-istess Stat Membru.
 (1) ĠU C 193, 6.8.2005.


text:
 Avis juridique important
 |
 21994A0625(02)
 Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja
 Virallinen lehti nro L 158 , 25/06/1994 s. 0022 - 0023 Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0096 Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0096
 EUROOPAN FARMAKOPEAN LAATIMISTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN LISÄPÖYTÄKIRJA Johdanto EUROOPAN NEUVOSTON JÄSENVALTIOT, jotka ovat 22 päivänä heinäkuuta 1964 allekirjoitetun ja Euroopan neuvoston sosiaali- ja terveysalan osittaissopimuksen puitteissa tehdyn Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") osapuolia ja jotkaottavat huomioon yleissopimuksen ja erityisesti sen 1 artiklan määräykset;ottavat huomioon, että Euroopan talousyhteisö on hyväksynyt sääntöjä erityisesti direktiivien muodossa, jotka koskevat yleissopimuksen käsittelemiä asioita ja että se on toimivaltainen tällä alueella;ottavat sen vuoksi huomioon, että yleissopimuksen 1 artiklan toteuttamiseksi Euroopan talousyhteisön on välttämätöntä voida tulla yleissopimuksen osapuoleksi;ovat sitä mieltä, että siinä tarkoituksessa on välttämätöntä muuttaa eräitä yleissopimuksen määräyksiä,OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:1 artiklaYleissopimuksen 3 artiklassa ja 5 artiklan 1 kappaleessa esiintyvä termi "kansallisista valtuuskunnista" korvataan sanalla "valtuuskunnista".2 artiklaYleissopimuksen 5 artiklan 3 kappale korvataan seuraavalla tekstillä:"3. Komissio valitsee jäsenistönsä keskuudesta puheenjohtajan valtuuskuntien kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä salaisella äänestyksellä. Puheenjohtajan toimikausi ja hänen uudelleenvalintansa edellytykset määritellään komission työjärjestyksessä. Puheenjohtaja ei saa toimikautensa aikana kuulua mihinkään valtuuskuntaan."3 artiklaYleissopimuksen 7 artikla korvataan seuraavalla tekstillä:"1. Kullakin kansallisella valtuuskunnalla on yksi ääni.2. Komission päätökset kaikista teknisistä asioista, mukaan luettuna 6 artiklassa mainittujen monografioiden valmistelujärjestys, tehdään äänestävien kansallisten valtuuskuntien yksimielisellä päätöksellä ja komission jäsenyyteen oikeutettujen kansallisten valtuuskuntien ääntenenemmistöllä.3. Kaikki muut komission päätökset tehdään annettujen äänten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Siitä lähtien, kun yleissopimus on tullut voimaan Euroopan talousyhteisön osalta, jälkimmäisen valtuuskunta äänestää jäsenvaltioidensa valtuuskuntien sijaan näistä päätöksistä. Sen äänimäärä vastaa sen jäsenvaltioiden valtuuskuntien lukua.Jos kuitenkin jollain sopimuspuolella yksin on vaadittu enemmistö, sopimuspuolet ryhtyvät neuvottelemaan uudelleen äänestystavasta aikaisintaan viiden vuoden kuluttua lisäpöytäkirjan voimaantulosta, joka osoitettu Euroopan neuvoston pääsihteerille."4 artiklaYleissopimuksen 10 artiklaan lisätään seuraava teksti sen 3 kappaleeksi:"3. Ehdoista, jotka liittyvät Euroopan talousyhteisön osallistumiseen rahoitukseen, määrätään sopimuspuolten välisellä sopimuksella."5 artikla1. Yleissopimuksen 12 artiklaan lisätään uusi 3 kappale, joka kuuluu seuraavasti:"3. Euroopan talousyhteisö voi liittyä tähän yleissopimukseen."2. Yleissopimuksen 12 artiklan aiempi 3 kappale numeroidaan uudelleen saman artiklan 4 kappaleeksi.6 artiklaYleissopimuksen 13 artiklaan lisätään uusi 4 kappale, joka kuuluu seuraavasti:"4. Edellä olevia 1, 2 ja 3 kappaleita sovelletaan soveltuvin osin Euroopan talousyhteisöön."7 artikla1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen tai liittyneet siihen ja jotka voivat ilmaista suostuvansa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä:a) allekirjoittamalla ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta, taib) allekirjoittamalla ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifiointi tai hyväksyminen.2. Euroopan neuvoston jäsenvaltio ei saa allekirjoittaa ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa, jollei se jo ole tai samanaikaisesti tule yleissopimuksen osapuoleksi.3. Valtio, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen ja joka on liittynyt yleissopimukseen, voi liittyä myös tähän lisäpöytäkirjaan.4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.8 artiklaTämä lisäpöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona kaikki yleissopimuksen osapuolet ovat 7 artiklan määräysten mukaisesti ilmaisseet suostuvansa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä.9 artiklaEuroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille ja muille yleissopimuksen sopimusvaltioille sekä Euroopan talousyhteisölle:a) allekirjoittamisista;b) ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;c) tämän lisäpöytäkirjan 8 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;d) muista tähän lisäpöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 1989 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, muille yleissopimuksen sopimusvaltioille ja Euroopan talousyhteisölle.