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 Avis juridique important
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 52000PC0684
 Propuesta de decisión del Consejo relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera común /* COM/2000/0684 final - CNS 2000/0273 */
 Diario Oficial n° 062 E de 27/02/2001 p. 0276 - 0287
 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera común(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEl control de la pesca constituye un elemento crucial de la política pesquera común (PPC). Tal como atestiguan los debates celebrados en el Consejo y en el Parlamento Europeo, los avances en este tema son considerados unánimemente como una necesidad. La cuestión necesita un enfoque global, ya desarrollado por otra parte, y con respecto a la cual la presente propuesta constituye el apartado financiero.La responsabilidad de realizar los controles incumbe a los Estados miembros. Pero es necesaria una ayuda financiera que favorezca las actividades conjuntas entre Estados miembros, que dé un nuevo impulso y cree una dinámica innovadora en determinados ámbitos, y que evite que las posibles deficiencias de control en un Estado miembro repercutan en los esfuerzos de los demás, en particular en el ámbito de las numerosas pesquerías que dependen de varios Estados miembros. Esta ayuda debe, además, tener en cuenta los costes importantes derivados del control de la pesca, debido sobre todo a las intervenciones en el mar. El reconocimiento de esta situación se tradujo en dos Decisiones del Consejo que permitían la concesión de una ayuda comunitaria para los gastos de control de los Estados miembros: Decisión 89/631/CEE para el período 1991-1995 y Decisión 95/527/CE para el período 1996-2000. El análisis de estas Decisiones demuestra claramente que el programa de financiación ha tenido una repercusión muy positiva sobre los sistemas de control de los Estados miembros. Sin embargo, persiste la necesidad de una intervención financiera a escala comunitaria. Por lo tanto, es necesaria una nueva Decisión del Consejo.Pero la continuación no debería convertirse en una simple prórroga. El contexto ha evolucionado. Las necesidades y las prioridades ya no son las mismas. En el momento de su utilización, los dispositivos anteriores han demostrado la existencia de deficiencias que es necesario subsanar. Además, se está llevado a cabo una reflexión sobre la evolución general de la PPC, que la Comisión debe presentar al Consejo y al Parlamento Europeo antes de finales de 2002, por un lado, y sobre el reparto de las tareas de control entre las autoridades nacionales y las instancias comunitarias, por otro lado. Por lo tanto, es necesario dar una base a la continuación de las intervenciones comunitarias, sin prejuzgar las conclusiones de las reflexiones en curso y de las posibles reformas futuras, adaptando las intervenciones al contexto actual y mejorando su dispositivo. De esta triple constatación se derivan las líneas directrices del proyecto.1. El período de aplicación propuesto es de tres años y no más de cinco, como en las Decisiones anteriores. Esta circunstancia permite garantizar la continuidad de la medida, únicamente útil en ese período, y responder a las necesidades inmediatas, fijando al mismo tiempo un calendario coherente con los debates futuros.2. Se reajustan las prioridades y los importes.En virtud de las Decisiones anteriores, la partida de gastos más importante correspondía a los gastos de inversión vinculados a las intervenciones en el mar. Esta partida necesariamente seguirá siendo importante, pero menos con relación al pasado, porque las posibilidades para recuperar los posibles retrasos en la materia se han abierto ampliamente. La lógica general corresponderá de ahora en adelante a una política de renovación y de complemento, y ya no de primer equipamiento. Los gastos deberán concentrarse sobre todo en las solicitudes que revistan una importancia comunitaria preponderante o se destinen a compensar los desequilibrios persistentes.En lo que respecta al fomento de nuevas tecnologías, las intervenciones del presupuesto comunitario deberán seguir desempeñando una fuerte función de incitación a la innovación. Pero resulta conveniente distinguir entre las partidas. Con respecto a la informatización de los intercambios de datos entre administraciones nacionales, o con los servicios de la Comisión, deberá darse un impulso vigoroso para que las posibilidades ofrecidas por las redes informáticas se exploten lo más rápidamente posible. Otra aplicación esencial corresponde a la vigilancia de los buques de pesca por satélite (VMS: Vessel Monitoring Sytem). Con arreglo a la decisión anterior, un porcentaje de participación comunitaria superior al 50% era muy frecuente para esta partida, habida cuenta de la necesidad de crear rápidamente las bases de un sistema comunitario plenamente operativo. En general, se alcanzó el objetivo. Por este motivo, la posibilidad de intervenir con un porcentaje superior al 50% debe reservarse a las posibles ampliaciones del régimen de VMS.Por otra parte, el proyecto no prevé la prolongación de las intervenciones anteriormente previstas para los gastos de funcionamiento y cuyas justificaciones son obsoletas. Por el contrario, mantiene una posible participación en los gastos vinculados a la formación de los agentes encargados del control y a los intercambios de personal entre Estados miembros. Este ámbito está marcado por lagunas importantes y por una dimensión comunitaria evidente. Por lo tanto, debe ser reforzado. Además, está prevista una ayuda para los gastos vinculados a las intervenciones en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca. Desde hace varios años existe una intervención de este tipo en virtud de la NAFO. Una anterior Comunicación de la Comisión relativa a las ORP - "participación de la Comunidad Europea en las organizaciones regionales de pesca" (COM(1999) 613 de 8.12.1999)- recomendó la definición de una norma válida para todas las ORP. Esta norma limitaría las participaciones comunitarias a un período transitorio, con arreglo a la aplicación de las medidas, y a la dificultad que podrían encontrar los Estados miembros para aplicar rápidamente las nuevas disposiciones. La inclusión en el presente proyecto de disposiciones específicas a las ORP va en el sentido buscado de una aclaración de las bases jurídicas, sin prejuzgar otras soluciones a medio y largo plazo, habida cuenta de la limitación a tres años del período cubierto. El debate de fondo podrá llevarse a cabo durante este plazo de tiempo.La combinación de la reducción de la ayuda a algunos tipos de medida y del aumento de otras partidas hace necesario un ajuste del presupuesto, que fue por término medio de 41 millones de EUR anuales en el caso de la Decisión anterior. El importe anual previsto para los años 2001 a 2003 es de 35 millones de EUR.3. Aumentan las garantías de coherencia, congruencia y transparencia.El balance de la repercusión de las Decisiones financieras anteriores y del desarrollo de los controles en el marco de la PPC confirma la necesidad de aumentar las garantías en lo que se refiere a la congruencia y al buen uso de las ayudas comunitarias. Se han previsto una serie de disposiciones para incluir las decisiones anuales en un marco plurianual, para dar prioridad a los gastos más directamente vinculados a un problema comunitario, empezando por la adquisición de medios que se pondrán a disposición para intervenciones en virtud de las ORP, para favorecer la aplicación de un enfoque global, que incluya, en particular, la formación de personal. En lo que respecta a la transparencia, se proponen disposiciones que permitan valorar el destino, la utilización exacta y la repercusión de las intervenciones financieras comunitarias.Por consiguiente, la Comisión propone al Consejo que apruebe la presente propuesta lo antes posible.2000/0273 (CNS)Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera comúnEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 37,Vista la propuesta de la Comisión [1],[1] DO C [...] de [...], p. [...].Visto el dictamen del Parlamento Europeo [2],[2] DO C [...] de [...], p. [...].Considerando lo siguiente:(1) La política pesquera común, garante de la perdurabilidad de los recursos pesqueros y, por lo tanto, del empleo en esta actividad económica, sólo puede alcanzar sus objetivos mediante el respeto de sus normas y el control eficaz de las mismas.(2) Tales objetivos y normas se establecen, en primer lugar, en el Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura [3], y en el Reglamento (CEE) n° 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común [4].[3] DO L 389, de 31.12.1992, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1181/98 (DO L 164, de 9.6.1998, p. 1).[4] DO L 261, de 20.10.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2846/98 (DO L 358, de 31.12.1998, p. 5).(3) Al garantizar la aplicación del régimen de control de la política pesquera común, los Estados miembros cumplen una obligación de interés comunitario.(4) Para algunos los Estados miembros, la importancia de la tarea de control es particularmente elevada y, en algunos casos, puede conllevar una carga desproporcionada.(5) Por consiguiente, resulta apropiado disponer que la Comunidad participe financieramente en determinados gastos de control, de inspección o de vigilancia realizados por algunos Estados miembros.(6) Vista la repercusión globalmente positiva de la participación financiera comunitaria, en virtud de la Decisión 89/631/CEE del Consejo [5] para el período 1991-1995 y de la Decisión 95/527/CE del Consejo [6] para el período 1996-2000, resulta necesario dar continuidad a la misma, pero sin proceder a una simple renovación; por lo tanto, deben reducirse algunos gastos para permitir el fomento más activo de otros sectores.[5] DO L 364, de 14.12.1989, p. 64. Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 95/524/CE (DO L 301, de 14.12.1995, p. 35).[6] DO L 301, de 14.12.1995, p. 30.(7) Un período de tres años de 2001 a 2003 para la aplicación de la presente Decisión, permite inscribir la participación financiera de la Comunidad en una duración suficiente, sin prejuzgar las inflexiones de la política pesquera común que podrían decidirse con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 3760/92.(8) Los recursos financieros correspondientes se inscribirán como créditos anuales en el presupuesto general de las Comunidades Europeas.(9) La participación financiera de la Comunidad está supeditada a la exigencia de que el control ejercido por los Estados miembros beneficiarios alcance un nivel satisfactorio, tanto en el mar como en tierra.(10) Los Estados miembros beneficiarios deben evaluar los objetivos y la repercusión de sus gastos sobre sus programas de control, tanto anualmente como al final del período trienal (2001-2003),HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:Artículo 1Con arreglo a las condiciones enunciadas en la presente Decisión, la Comunidad podrá conceder una participación financiera a los programas de control establecidos por los Estados miembros para la ejecución de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera común, previstas por el Reglamento (CEE) n° 2847/93.Los programas de control especificarán los objetivos, los medios de control y los gastos previstos, en particular, en lo que respecta a las medidas contempladas en el apartado 2.Artículo 2La participación financiera prevista en el artículo 1 (en lo sucesivo, "participación financiera"), podrá otorgarse a determinados gastos previstos en los programas de control que tengan como objetivo contribuir a:a. la implantación de dispositivos y de redes informáticas necesarios para los intercambios de información vinculados al control;b. la experimentación y la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar el control de las actividades pesqueras;c. la formación de los agentes de los servicios de control;d. la implantación de nuevos esquemas de inspección y de observadores en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca (ORP), de las que la Comunidad Europea es parte contratante;e. la adquisición o modernización de equipos de inspección y control.En el caso de las letras a, b, d y e, únicamente se considerarán subvencionables los gastos por un importe superior a 13 200 euros.Artículo 3Se considerarán gastos subvencionables los gastos contemplados en el artículo 2 derivados de las obligaciones jurídicas y financieras contraídas por las autoridades competentes de los Estados miembros durante el período de aplicación de la presente Decisión, y que no se benefician de otras ayudas financieras comunitarias. El IVA no se considerará un gasto subvencionable.Los gastos serán subvencionables en la medida en que se utilicen realmente para la aplicación de los programas de control.Artículo 41. La participación financiera abarcará los gastos subvencionables realizados por los Estados miembros entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.2. La autoridad presupuestaria determinará los créditos disponibles para cada ejercicio. La participación financiera estará limitada a los créditos destinados a tal fin en el Presupuesto General de las Comunidades Europeas.3. Si los créditos disponibles en el Presupuesto General de las Comunidades Europeas no permiten una participación financiera de la Comunidad en todos los gastos subvencionables previstos por un Estado miembro, dicha participación se concederá de forma prioritaria a los gastos destinados a las medidas de control previstas por la normativa comunitaria.Artículo 51. La participación financiera en los gastos contemplados en la letra a) del artículo 2 cubrirá los gastos subvencionables destinados a la implantación de sistemas de registro, gestión y transmisión de datos relativos a los controles, incluidas las aplicaciones y los programas informáticos.2. La participación financiera no podrá superar, por Estado miembro y año, el 75% del importe de los gastos subvencionables.Artículo 61. La participación financiera en los gastos contemplados en la letra b) del artículo 2 cubrirá los gastos subvencionables destinados a la experimentación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar el control de las actividades pesqueras y de las actividades afines.2. La participación financiera no podrá superar, por Estado miembro y año, el 50% del importe de los gastos subvencionables.3. La Comisión podrá aprobar un porcentaje superior al previsto en el apartado 2 para permitir la participación financiera en los gastos subvencionables destinados, en caso necesario, a la ampliación del sistema VMS, previsto en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2847/93, a buques distintos a los contemplados en el apartado 2 del artículo 3 de dicho Reglamento, así como a tipos de informes distintos al informe de posición y a la implantación de cuadernos diarios de pesca electrónicos.Artículo 71. La participación financiera en los gastos contemplados en la letra c) del artículo 2 cubrirá, de acuerdo con las disposiciones que figuran en el anexo I, los gastos subvencionables destinados a la formación de los agentes nacionales adscritos a las actividades de control, sobre todo en otro Estado miembro distinto a aquél en el que están destinados, y derivados de la organización de seminarios y de cursos de formación de una duración mínima de una jornada, o de intercambios de agentes nacionales.2. La participación financiera no podrá superar, por Estado miembro y año, el 50% del importe de los gastos subvencionables.Artículo 81. La participación financiera en los gastos contemplados en la letra d) del artículo 2 cubrirá los gastos subvencionables destinados a introducir nuevos programas de inspección y de observadores, aprobados en el ámbito de las ORP de las que la Comunidad Europea es parte contratante, incluidos los gastos de funcionamiento.2. La participación financiera no podrá superar, por Estado miembro y año, el 50% del importe de los gastos subvencionables.Artículo 91. La participación financiera en los gastos contemplados en la letra e) del artículo 2 cubrirá los gastos de inversión destinados a la adquisición o modernización de buques o aeronaves realmente utilizados para garantizar el control, la inspección y la vigilancia de las actividades pesqueras.2. La participación financiera no podrá superar, por Estado miembro y año, el 30% del importe de los gastos subvencionables.3. Sin embargo, la Comisión podrá aprobar un porcentaje superior al previsto en el apartado 2, que podrá alcanzar como máximo el 50% del importe de los gastos subvencionables, en los casos siguientes:a) en favor de Estados miembros que deban controlar una Zona Económica Exclusiva o una plataforma continental amplias y demuestren que los medios disponibles a tal fin no permiten un control suficientemente eficaz, ob) en favor de Estados miembros que dediquen anualmente medios de control, durante el período 2001-2003, al control de la zona de regulación de una ORP de la que la Comunidad Europea es parte contratante y en la que faenen buques de pesca que enarbolen su pabellón. La Comisión, previa consulta a los Estados miembros correspondientes, aprobará las modalidades de esta disposición.Las disposiciones de aplicación de lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero serán adoptadas por la Comisión en consulta con los Estados miembros afectados.Artículo 10Podrá concederse una participación financiera específica de un porcentaje que no podrá superar, por Estado miembro y año, el 50% de los gastos subvencionables para el establecimiento de un sistema de evaluación de los gastos realizados para el control de la política pesquera común. Esta participación se destinará a los gastos subvencionables vinculados al establecimiento y funcionamiento de un sistema de evaluación, incluida la puesta a punto de una contabilidad analítica que permita a las autoridades competentes de los Estados miembros calcular el coste de las diferentes acciones de control realizadas.Artículo 11La asignación presupuestaria anual reservada para las acciones que se benefician de un porcentaje de participación financiera superior al 50% estará limitada al 20% de la dotación presupuestaria.Artículo 121. Los Estados miembros que deseen beneficiarse de una participación financiera presentarán a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 2001, un programa de previsiones de sus gastos anuales de los años 2001, 2002 y 2003, y por los cuales desean obtener una participación financiera, junto con un programa trienal que describa los controles que tienen previsto realizar durante el período de tres años.El programa de control deberá incluir los objetivos de las acciones de control y de inspección previstas, las medidas operativas previstas así como los resultados esperados, y cubrir todos los sectores de los cuales son responsables en virtud del control de la pesca.Los programas recibidos con posterioridad al 31 de marzo de 2001 únicamente se tendrán en cuenta en casos excepcionales, debidamente justificados por el Estado miembro en cuestión.2. Los programas incluirán la información a la que se hace referencia en los puntos 1 y 2 de la Parte A del anexo II.Artículo 13A la vista de la información facilitada por los Estados miembros, la Comisión decidirá, teniendo en cuenta los criterios que figuran en el punto 3 de la parte A del anexo II, antes del 30 de junio de cada año, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 3760/92:a) la admisibilidad de los gastos previstos para el ejercicio presupuestario en curso,b) el porcentaje de la participación financiera,c) las condiciones que puede llevar implícita la participación financiera.Artículo 141. Previa solicitud justificada de un Estado miembro, la Comisión podrá conceder anticipos que podrán alcanzar hasta el 50% de la participación financiera anual. Dicho anticipo se deducirá del importe definitivo de la participación financiera en los gastos subvencionables realmente efectuados.2. La obligación jurídica y financiera de los gastos de los Estados miembros se cumplirá en un período de un año a partir de la notificación de la Decisión a la que se hace referencia en el artículo 13. Los Estados miembros ejecutarán sus gastos previstos en un período de un año a partir de esa obligación jurídica y financiera. Si ésta no se ha realizado en el período previsto, se reembolsará sin demora cualquier anticipo que hubiera podido concederse.Artículo 15En caso de que un Estado miembro decida no realizar la totalidad o parte de los gastos subvencionables que han recibido una participación financiera, informará de ello sin demora a la Comisión, explicando las repercusiones de esta circunstancia sobre su programa de control.Artículo 161. Los Estados miembros presentarán sus solicitudes de reembolso de gastos antes del 31 de mayo del año siguiente a aquél en el que hayan sido efectuados.2. En el momento de presentar la solicitud de reembolso de gastos, los Estados miembros comprobarán y certificarán que los gastos han sido efectuados cumpliendo las condiciones establecidas en la presente Decisión, así como por las Directivas relativas a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios con arreglo a las disposiciones que figuran en el punto 4 de la parte A del anexo II.3. Si la solicitud presenta indicios de incumplimiento de las condiciones contempladas en el apartado 2, la Comisión realizará un examen detenido del caso, solicitando al Estado miembro que presente sus observaciones. Si el examen confirmare el incumplimiento de tales condiciones, la Comisión fijará un plazo para que el Estado miembro se ajuste a las mismas. Si transcurrido dicho plazo el Estado miembro no hubiere aplicado las recomendaciones, la Comisión podrá reducir, suspender o suprimir la participación financiera en el ámbito de actuación de que se trate. Todo importe indebidamente percibido y que dé lugar a su reintegro deberá ser devuelto a la Comisión. Estas cantidades se incrementarán con intereses de demora.4. Los Estados miembros conservarán todos los justificantes durante un período de tres años a partir de la fecha de reembolso de los gastos efectuado por la Comisión.Artículo 17Los Estados miembros presentarán a la Comisión el programa de gastos, las solicitudes de reembolso de los mismos y de abono de anticipos en euros. No se admitirán los programas de gastos que no estén expresados en euros. Los Estados miembros que no participen en la tercera fase de la unión económica y monetaria indicarán el tipo de conversión utilizado.Artículo 18Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información que ésta pueda solicitarles en cumplimiento de las tareas que le confiere la presente Decisión.Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda aquella información que le permita comprobar la utilización de los medios de control, inspección y vigilancia que se hayan beneficiado de una participación financiera en virtud de la presente Decisión. Mantendrán dicha información a disposición de la Comisión durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de reembolso de los gastos efectuado por la Comisión.Si la Comisión considerare que esos medios no se utilizan para los fines previstos o conforme a las condiciones definidas en la presente Decisión, informará de ello al Estado miembro interesado. Éste realizará una investigación administrativa en la que podrán participar funcionarios de la Comisión. El Estado miembro informará a la Comisión de la evolución y los resultados de esta investigación y le remitirá sin demora una copia del informe correspondiente, comunicándole los principales elementos considerados en la elaboración del mismo. Llegado el caso, la Comisión podrá decidir recuperar todo importe indebidamente pagado, incrementado con intereses de demora.Artículo 19La Comisión podrá realizar todas las comprobaciones que considere necesarias para garantizar el respeto de las condiciones y el cumplimiento de las tareas que la presente Decisión impone a los Estados miembros, quienes colaborarán con los funcionarios designados a tal efecto por la Comisión.Las disposiciones del párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento (CEE) n° 2847/93.Artículo 201. Antes del 30 de abril de cada año y de conformidad con el índice que figura en el anexo III, los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe de evaluación intermedia sobre los gastos subvencionables del año anterior y precisando los avances realizados con relación a las previsiones y la repercusión de los gastos sobre los programas de control, incluida la necesidad eventual de adaptar esos programas.2. A más tardar antes del 31 de mayo de 2004 y de conformidad con el índice que figura en el anexo III, los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe de evaluación global sobre la repercusión de la participación financiera en el conjunto del programa de control trienal.3. Las informaciones a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 deberán permitir a la Comisión garantizar una vigilancia adecuada de la utilización de la participación financiera.Artículo 21A partir de los datos facilitados por los Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de la presente Decisión, acompañado, en su caso, de propuestas pertinentes en cuanto al curso que deba darse a la misma.Artículo 22Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, elPor el ConsejoEl PresidenteANEXO IDISPOSICIONES RELATIVAS A LOS GASTOS DE FORMACIÓN DE LOS AGENTES ENCARGADOS DEL CONTROL1. Los gastos de organización de cursos y seminarios cubren, en particular, el alquiler de una sala, la compra o el alquiler del material pedagógico y el pago de los honorarios de los formadores, que no intervienen en calidad de agentes de una administración nacional o comunitaria, así como los gastos de viaje y estancia de los agentes nacionales participantes en los cursos y seminarios y los de los formadores.2. Los gastos de intercambios de agentes nacionales pueden cubrir, en particular, los gastos de viaje y estancia de los agentes nacionales en cuestión.3. Los gastos de viaje corresponden a un viaje de ida y vuelta entre el lugar de domicilio y el lugar de destino en transporte público.4. Los gastos de estancia cubren los gastos de alojamiento, las comidas y los desplazamientos locales.5. Los gastos de viaje y estancia se fijarán según las disposiciones de reembolso nacionales.ANEXO II Parte A1. El programa de gastos anuales, contemplado en el artículo 12, enumera los gastos previstos para los años 2001, 2002 y 2003 y detalla en particular:- el calendario de los gastos previstos,- las características, naturaleza, coste y objetivos de control de las nuevas tecnologías y de las redes informáticas,- la naturaleza, duración, número de participantes, coste y objetivos de las medidas de formación de los agentes encargados del control,- las características técnicas, coste, modo de pago previsto, objetivos de control y utilización prevista, incluida la fecha de entrada en servicio, de los equipos de inspección y de control.2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda la información pertinente sobre:- los objetivos perseguidos en el ámbito de los gastos que desean realizar,- los resultados esperados en función de los gastos que se van a realizar,- en el caso de los gastos consagrados a la adquisición o la modernización de buques y aeronaves, una estimación del tiempo durante el cual aquéllos se destinarán a la inspección y a la vigilancia de la pesca,- la utilización, en los años anteriores, de la participación financiera que le fue concedida en virtud de la Decisión 95/527/CE,- la mejora de la eficacia de los controles de pesca garantizados en el mar y en tierra por el Estado miembro en cuestión durante el período anterior a la solicitud y la mejora que debería derivarse del gasto previsto.Además, los Estados miembros enviarán a la Comisión los formularios, cuyos modelos figuran en la parte B, debidamente rellenados.3. En el momento de tomar una decisión sobre la participación financiera se tendrán en cuenta los criterios siguientes:- la importancia y la eficacia de los recursos humanos y materiales realmente asignados por el Estado miembro para el control de la pesca,- el grado de cooperación alcanzado en el control de la pesca entre ese Estado miembro, los demás Estados miembros y la Comisión,- la contribución del Estado miembro al control de la pesca y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los regímenes de inspección y de observadores, establecidos en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca de las que la Comunidad es parte contratante,- el esfuerzo de control desplegado por el Estado miembro con respecto a las actividades pesqueras de sus buques en alta mar,- la diversidad de las actividades de pesca ejercidas en la zona de pesca del Estado miembro,- la fiabilidad de las cifras de capturas comunicadas a la Comisión por el Estado miembro y la aptitud de este último a la hora de impedir la superación de sus cuotas,- el grado de ejecución alcanzado por el Estado miembro con respecto a los gastos subvencionables para los que se concedió una participación financiera de la Comunidad en virtud de la Decisión 95/527/CE del Consejo o en virtud de la presente Decisión,- la prevención, detección y persecución de las infracciones a la política pesquera común,- la presencia en la normativa nacional y la aplicación real de sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones y que desalienten eficazmente que se vuelvan a cometer nuevas infracciones de la misma naturaleza,- el cumplimiento de la obligación de comunicar a la Comisión los comportamientos que infringen gravemente las normas de la política pesquera común, tal como se establece en el Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo.4. Los cuestionarios sobre los contratos públicos, debidamente rellenados, deben hacer referencia a los avisos de adjudicación de contratos públicos publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Si los avisos no han sido publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el beneficiario certificará que los contratos públicos han sido adjudicados en cumplimiento de la normativa comunitaria.La Comisión podrá solicitar cualquier tipo de información que considere necesaria para valorar el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratos públicos.El reembolso estará supeditado a la presentación de los justificantes por duplicado. Los justificantes incluirán como mínimo los principales elementos del acuerdo entre el Estado miembro y el suministrador o los suministradores del servicio, así como las pruebas de pago correspondientes. Para poder ser reembolsados, los gastos individuales deberán incluirse en una factura recapitulativa que indique explícitamente, con relación a cada gasto, su finalidad, su relación con el programa propuesto y su importe neto sin IVA.Parte B1. Inventario de vehículos>SITIO PARA UN CUADRO>NotasNombre y descripción - Debe registrarse el nombre del vehículo, si procede. Si el vehículo no tiene un nombre, debe ofrecerse una sucinta descripción, por ejemplo, la marca y modelo. Si la autoridad posee más de un vehículo de la misma marca y modelo, se le asignará al vehículo un número. Cualquiera que sea el método utilizado para describir el vehículo, dicho método deberá utilizarse en todos los registros o correspondencia relacionada con el vehículoa. - Nombre de la autoridad competente/gubernamental que utiliza el vehículo.b. - Edad del vehículo, en años.c. - Presunta vida operativa del vehículo desde que es nuevo, en años.d. - Vida operativa que le queda al vehículo, en años (c - b).e. - Porcentaje del tiempo de explotación que el vehículo se utilizó en actividades de control.f. - Número total de buques < 10 m o vehículos terrestres utilizados por cada autoridad de control.g. - ETC (Equivalente a tiempo completo) (porcentaje del tiempo de explotación dedicado al control x 1). El valor del ETC debería ser inferior a 1.Total - La suma de todos los valores de ETC corresponde al número total real de vehículos comprometidos en actividades de control. El total no debería rebasar el número de vehículos utilizados en MCS.Buques < 10m - Número de buques < 10 m utilizados por cada autoridad de control.Vehículos terrestres - Número de vehículos terrestres utilizados por cada autoridad de control.2. Inventario del personal>SITIO PARA UN CUADRO>Notasa. - Nombre de la autoridad competente/gubernamental.b. - Tipo de tarea realizada por el personal de control.c. - Número de personas, en equivalente a tiempo completo, empleadas por cada autoridad de control, tanto inspectores marítimos como aéreos, inspectores terrestres y cualquier otro tipo de personal con base en tierra.d. - Porcentaje del tiempo total que emplean en tareas de control los inspectores marítimos y aéreos, inspectores terrestres y cualquier otro tipo de personal con base en tierra.e. - Número de funcionarios, en equivalente a tiempo completo, dedicados a actividades de control (d x c). No deberá rebasar el número de personas, en equivalente a tiempo completo, empleadas (c).3. Actividad del vehículo>SITIO PARA UN CUADRO>Notasa. - Nombre de la autoridad competente/gubernamental.b. - Tipo de vehículo utilizado para las tareas de control (buque < 10m, buque > 10m, avión, helicóptero).c. - Número total de aparatos utilizados para las tareas de control (de acuerdo con la hoja de cálculo de los vehículos).d. - Número de vehículos, en equivalente a tiempo completo, utilizados para las tareas de control (de acuerdo con la hoja de cálculo de los vehículos).e. - Número total de días pasados en el mar por todos los buques dedicados a tareas de control.f. - Número de días que cada buque pasó en el mar realizando tareas de control (c / b).g. - Número total de horas pasadas en el mar por todos los aviones y helicópteros dedicados a tareas de control.h. - Número de horas que cada aparato pasó en el mar realizando tareas de control (e / b).4. Presupuesto>SITIO PARA UN CUADRO>Notasa. - Nombre de la autoridad competente/gubernamental con obligaciones de control en el sector de la pesca.b. - Presupuesto total de cada autoridad con tareas de control en el sector de la pesca.c. - Presupuesto gastado en las actividades de control en el sector de la pesca por cada autoridad con tareas de control.c < o = b5. Inspecciones*>SITIO PARA UN CUADRO>Notasa. - Número de inspecciones realizadas por aire, por mar y desde tierra.a1. - Número de inspecciones visuales realizadas.a2. - Número de inspecciones de otro tipo realizadas, por ejemplo: abordaje del buque, control del diario de navegación, etc.b. - Número de infracciones detectadas.Tipo de inspección - Número de inspecciones realizadas en el mar, desde el aire y en el puerto.Nacionalidad del buque inspeccionado - Número de inspecciones de buques nacionales, buques de otro Estado miembro y buques de terceros países.Zona CIEM inspeccionada (por mar) - Número de inspecciones llevadas a cabo en cada una de las zonas CIEM por los buques de vigilancia.Zona CIEM inspeccionada (por aire) - Número de inspecciones llevadas a cabo en cada una de las zonas CIEM por los aviones y helicópteros de vigilancia.6. Esfuerzo / Características físicasESTADO MIEMBRO: // FECHA:// NúmeroLongitud de la costa (Km) //Dimensión de la ZEE (Km2) //Número de puertos de desembarque //Tamaño de la flota //buques < 10m //buques > 10m //Total //Desembarques por nacionalidad del buque // ToneladasBuques nacionales //Buques de otro Estado miembro //Buques de terceros países //Total //Desembarques por zona CIEM (buques nacionales) // ToneladasII //III //Iva //Ivb //V //Via //Vib //VIIa //VIIb-k //VIII //IX //X //Med //Otros //Total //NotasTamaño de la flota - Número de buques nacionales desglosados por tamaño (< 10 m y > 10 m).Desembarques por nacionalidad del buque - Desembarques en el propio Estado por buques nacionales, buques de otro Estado miembro y buques de terceros países, en toneladas.Desembarques por zona CIEM (buques nacionales) - Desembarques en el propio Estado por buques nacionales por zona de captura.ANEXO III CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓNObjetivos del programa.Medios empleados.Gastos reales.Resultados del programa.Repercusión del programa.Rentabilidad de los gastos.Efecto de la participación financiera de la Comunidad.FICHA DE FINANCIACIÓN1. Denominación de la medidaParticipación financiera de la Comunidad en las operaciones de control, inspección y vigilancia.2. Líneas presupuestariasB2-9013. Fundamento jurídicoArtículo 37 del Tratado.4. Descripción de la medida4.1 Objetivo generalDesde la implantación de la PPC se planteó la cuestión de la solidaridad financiera para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en materia de control. Este apoyo comunitario se reguló mediante la Decisión 89/631/CEE, que abarca el período de 1991 a 1995 con un importe de 110 millones de euros, y la Decisión 95/527/CE, que abarca el período de 1996 a 2000 con un importe de 205 millones de euros.Dado que la aplicación de estas decisiones ha tenido una repercusión globalmente muy positiva, resulta necesario dar continuidad a la Decisión 95/527/CE.Sin embargo, la continuación de la medida no debería coincidir con una reconducción idéntica. Deberían reducirse algunos gastos para permitir el fomento más activo de otros sectores. Se propone por lo tanto disminuir el apoyo financiero comunitario destinado a los medios pesados de control (buques, aeronaves) y pasar de una lógica de equipamiento de base a una lógica de renovación y modernización. Como consecuencia de esta disminución, podrían asignarse créditos más elevados a otras medidas, tales como:- las redes informáticas;- las nuevas tecnologías (distintas de las redes informáticas);- la formación profesional de los agentes encargados del control;- el control de la pesca en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca.4.2 Período cubierto por la medida y disposiciones previstas para su renovaciónUne reducción del período de aplicación de la nueva Decisión con relación a los programas anteriores se justifica por la necesidad de no prejuzgar el análisis sobre la evolución general de la PPC que la Comisión debe presentar al Consejo y al Parlamento Europeo antes de finales de 2002. Por lo tanto, se prevé un período de aplicación trienal (2001-2003).5. Clasificación del gasto o del ingreso5.1 GNO5.2 CD5.3 No se prevén ingresos6. Naturaleza del gasto o del ingreso- Subvención para la cofinanciación con otras fuentes del sector público o privado.Subvención en forma de reembolso. Posibilidad de conceder anticipos.7. Incidencia financiera7.1 Método de cálculo del coste total de la operación (relación entre los costes individuales y el coste total)La participación financiera en los gastos aprobados por los Estados miembros en materia de control de la pesca se refiere a:- la promoción de la implantación de los dispositivos y las redes informáticas necesarios para los intercambios de información relacionados con el control. La participación financiera puede alcanzar, como máximo, el 75%;- la experimentación y la implantación de nuevas tecnologías para mejorar el control de las actividades pesqueras. La participación financiera queda limitada al 50% (hasta ahora podía ser superior al 50%), debido a que los gastos destinados a la puesta en marcha del sistema VMS han sido cubiertos principalmente por la Decisión 95/527/CE. Sin embargo, resulta necesario prever un porcentaje de participación comunitaria más elevado en el caso de que se extiendan los controles por satélite, reduciendo el umbral de longitud aplicable (en estos momentos 24 metros en total) o incluyendo otros parámetros (velocidad de los buques), incluido el cuaderno diario de pesca electrónico;- la formación profesional de los agentes nacionales adscritos a las actividades de control. Una participación financiera que puede alcanzar, como máximo, el 50% está prevista para los gastos de formación, en particular en un Estado miembro distinto de aquél en el que estén destinados;- la implantación de nuevos sistemas de inspección y de observadores en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca. La participación financiera puede limitarse a un máximo del 50%;- la adquisición o la modernización del equipo de inspección y control. La participación financiera a partir de ahora se limita a un máximo del 30% (en virtud de la Decisión 95/527/CE el porcentaje de participación oscilaba entre el 35% y el 50%), ya que la Comunidad, al haber contribuido, durante el período 1996-2000, principalmente a la financiación de los medios de control en el mar, las necesidades de los Estados miembros relativas a estos medios pesados se consideran ampliamente colmadas. Sin embargo, es necesario ofrecer una cierta prima a los Estados miembros que tienen una carga particular debido a la zona que deben patrullar o que adscriben, durante un determinado período del año, medios de inspección al control de la zona de regulación de las organizaciones regionales de pesca en las cuales están interesados y en las cuales la Comunidad es parte contratante.Además, se prevé una participación financiera específica, limitada a un máximo del 50%, para que los Estados miembros pongan en marcha un sistema de evaluación de gastos realizados para el control de la pesca.7.2 Desglose por elementos de la medidaCE en millones de euros (precios corrientes)>SITIO PARA UN CUADRO>El desglose de los gastos no puede anticiparse con más precisión ya que la iniciativa de las solicitudes es competencia de los Estados miembros. No obstante, sería conveniente conceder prioridad a las redes informáticas y a las restantes nuevas tecnologías.7.3 Gastos operativos de estudios, expertos, etc., incluidos en la parte B del presupuestoLa naturaleza de la línea presupuestaria excluye los gastos operativos de esa índole.7.4 Calendario créditos de compromiso/créditos de pagoCE en millones de euros>SITIO PARA UN CUADRO>8. Disposiciones antifraude previstasLa presente medida prevé que la Comisión adopte cada año una decisión relativa a la contribución comunitaria a los gastos realizados por los Estados miembros. En primer lugar se realizará una evaluación previa de las propuestas presentadas por los Estados miembros. La Comisión determinará la subvencionabilidad de las solicitudes basándose en el programa provisional de los Estados miembros relativo al conjunto de sus gastos para los años 2001, 2002 y 2003. Cada año y tras una consulta entre los servicios, el Comité de gestión de la pesca y la acuicultura estudiará las propuestas aceptadas. A continuación, la Comisión tomará una decisión acerca de la concesión de una ayuda comunitaria y de su cuantía.Los pagos relativos a esta contribución comunitaria se efectuarán previa presentación de las facturas, ya pagadas, relativas a los gastos subvencionables efectivamente realizados, y tras la presentación del "cuestionario de contratos públicos" debidamente rellenado.Para que se haga un uso óptimo de las ayudas concedidas con cargo al presupuesto comunitario, los Estados miembros deberán, además, garantizar la eficacia general de los regímenes de control y sanción que apliquen y asegurar una total transparencia.Es preciso subrayar la aportación de las visitas de inspección de funcionarios de la Comisión a los Estados miembros. Gracias a ellas es posible cerciorarse de la conformidad de los equipos con los documentos administrativos obligatoriamente transmitidos a la Comisión por las administraciones de los Estados miembros y de la utilización real de todos los gastos cofinanciados por la Comunidad. Durante todo el período cubierto por la medida se realizarán visitas de inspección en varios Estados miembros.Estos procedimientos permitirán a la Comisión evaluar la aplicación real de la Decisión que sucede a la Decisión 95/527/CE.9. Elementos de análisis coste-eficacia9.1 Objetivos específicos y cuantificables, población destinataria- Objetivos específicos: relación con el objetivo general.- Establecer los dispositivos y las redes informáticas necesarios para los intercambios de información relativa al control;- Fomentar las nuevas tecnologías (distintas de las redes informáticas);- Favorecer la formación de los agentes encargados del control;- Contribuir a la implantación de nuevos sistemas de inspección y de observadores en el ámbito de las ORP;- Dotar a los servicios de inspección de equipos eficaces y modernos.- Población destinataria: distinguir eventualmente por objetivos e indicar los beneficiarios finales de la intervención presupuestaria de la Comunidad y los intermediarios utilizados.Los beneficiarios directos son las administraciones nacionales encargadas del control de la pesca. Pero todos los agentes económicos vinculados al ejercicio de la pesca y de las actividades afines, a menudo situados en regiones donde otras posibilidades económicas son limitadas, se beneficiarán de un control eficaz de la pesca. La importancia de esta medida supera incluso el ámbito del sector pesquero. La repercusión ecológica de la pesca incorrecta afecta a toda la Unión, así como las consecuencias diplomáticas negativas de las carencias del sistema de control de la pesca en aguas internacionales o de terceros países.9.2 Justificación de la medida- Necesidad de la intervención presupuestaria comunitaria, con respecto, en particular, al principio de subsidiariedad.La solución de las carencias del sistema de control de la pesca implica una actuación política, reglamentaria y presupuestaria por parte de la Comunidad. No debe faltar ninguno de estos tres componentes ya que, en cualquier caso, están vinculados entre sí. Ya se han realizado progresos en materia de disposiciones reglamentarias, esencialmente por iniciativa de la Comisión. Las decisiones políticas correspondientes tienen consecuencias financieras ineludibles para la Comunidad.El control de la pesca es esencialmente un problema comunitario, debido a la existencia de una política pesquera común y al hecho de que las migraciones de los peces hacen que la pesca de los distintos Estados miembros sea interdependiente. Los análisis costes/beneficios del control no pueden limitarse a un Estado miembro. Por tanto, es necesaria una solidaridad financiera comunitaria y la línea presupuestaria que permite participar en los gastos realizados por los Estados miembros constituye la expresión y el instrumento de la misma.- Elección de las modalidades de intervención.* Ventajas en relación con las medidas alternativas (ventajas comparativas),* análisis de medidas similares eventualmente aplicadas a escala comunitaria o nacional,* efectos derivados y multiplicadores esperados.El presupuesto necesario para implantar un control eficaz es bajo en relación con el peso económico de la pesca y en comparación con las pérdidas causadas por el fraude. También lo es si se compara con los gastos realizados al respecto por otros países.Con respecto a los gastos en materia de control, la parte procedente del presupuesto comunitario debe seguir siendo reducida en relación con la aportada por los Estados miembros, pero las intervenciones comunitarias son fundamentales para conseguir avances.Se calcula que el coste total del control de la pesca en la Comunidad asciende a 300 millones de EUR al año, de los cuales, grosso modo, un tercio se dedica a inversiones y los dos tercios restantes a gastos de funcionamiento y de explotación. Las ayudas financieras comunitarias necesarias para la implantación de un control eficaz son escasas con relación al peso económico de la pesca; también son escasas con relación a los gastos realizados al respecto por otros países. Durante el período 1996-2000, las solicitudes de una contribución financiera por parte de los Estados miembros superaron ampliamente los créditos disponibles.Sin embargo, a la vista de la utilización relativamente escasa de la participación financiera comunitaria por parte de los Estados miembros, durante el período 1996-2000, parece oportuno disminuir los créditos para esta medida de 41 millones de EUR a 35 millones de EUR por año como media, con el fin de alcanzar una utilización de créditos más elevada que en el pasado.Por otro lado, los Estados miembros deberán adecuarse en el futuro a las evoluciones tecnológicas y modernizar e invertir en las herramientas de control. Además, existen necesidades crecientes en el sector de los servicios, en particular para mejorar la formación y los mecanismos de cooperación en materia de control entre Estados miembros.- Principales factores de incertidumbre para los resultados específicos de la medida.El primer riesgo corresponde a las posibles dificultades de los Estados miembros para cumplir sus compromisos en materia de cofinanciación y para adoptar las demás disposiciones (organización, personal, sanciones, etc.).Los presupuestos de funcionamiento, personal, organización administrativa y sanciones son cuestiones que competen, salvo excepciones, a los Estados miembros. Si éstos no adoptan las disposiciones necesarias, las ayudas comunitarias no lograrán los objetivos perseguidos. Por muy bien equipados de material que estén, los servicios nacionales seguirán siendo ineficaces.9.3 Seguimiento y evaluación de la medida- Indicadores de eficacia* indicadores de rendimiento (medida de las actividades desplegadas),* indicadores de impacto según los objetivos perseguidos.La principal dificultad estriba en que los servicios que participan en el control de las actividades de pesca suelen tener múltiples atribuciones, por lo que es necesario distribuir los costes. El ejemplo más claro lo constituye las intervenciones en el mar. Cuando están implicadas las fuerzas armadas, incluso si su misión se centra en el control de la pesca, pueden entrar en juego otros aspectos, como la asistencia en el mar o la afirmación de la presencia de la fuerza pública.Cualesquiera que sean las dificultades, la cuantía de los gastos necesarios para un control eficaz es tal que deben adoptarse disposiciones contables para permitir su cuantificación.Los primeros indicadores posibles corresponden a la medida de los medios empleados: número de jornadas a bordo de los buques de control o de horas de vuelo de los aviones, número de inspecciones en el mar o en tierra. Estas cifras representan indicadores de actividades y no una medición de la eficacia.El segundo nivel de análisis corresponde al número de presuntas infracciones registrado, completado con las eventuales sanciones aplicadas. Estos datos, junto con los indicadores de actividades anteriormente citados, son indispensables para apreciar el rigor de los controles y las sanciones.En lo que respecta a la política de conservación de los recursos, la eficacia real del control de la PPC debe ser similar a las dos preocupaciones principales fundamentales que son, por un lado, la limitación de los porcentajes de explotación y, por otro, la protección de los juveniles. Para cada población deben compararse las capturas reales y las capturas autorizadas y cuantificarse la importancia de las capturas de menor tamaño. Paradójicamente, esta tarea resulta más fácil desde el punto de vista técnico que la demostración de infracciones individuales con fundamentos legalmente aceptables. Pero en términos de control, la posibilidad de cuantificar el fraude no sólo permite disponer inmediatamente de indicadores concisos de eficacia, sino también orientar el trabajo de los inspectores hacia los problemas más importantes. De este modo, se puede racionalizar la distribución de las inspecciones, para que los medios destinados tanto a la prevención y a la disuasión como a recabar las pruebas necesarias para aplicar las sanciones se concentren en los problemas más graves. Esta racionalización permitiría una mejora directa de la eficacia de los controles y, además, contribuiría en gran medida a reforzar la credibilidad de los mismos ante los profesionales que a menudo están bien informados sobre situaciones de fraudes importantes y reiterados.- Modalidades y periodicidad de la evaluación previstaResulta necesario obtener de los Estados miembros beneficiarios mayores garantías en materia de eficacia y de transparencia. Por esta razón está prevista:- la presentación a la Comisión del programa provisional de los Estados miembros relativo al conjunto de sus gastos para los años 2001, 2002 y 2003, en lugar de los programas anuales;- la evaluación previa, intermedia y posterior de los Estados miembros de los objetivos y de la repercusión de sus gastos sobre sus programas de control, incluida la posibilidad de una ayuda financiera para la implantación de un sistema de evaluación;- la ejecución por los Estados miembros de los programas en un período máximo de un año, a partir del compromiso jurídico y financiero de los gastos, que se realizará en un período máximo de un año tras la publicación de la Decisión anual en el DO;- la posibilidad de que la Comisión recupere los fondos indebidamente utilizados por los Estados miembros.10. Gastos administrativos (parte a de la sección iii del presupuesto general)La movilización efectiva de los recursos administrativos necesarios será fruto de la decisión anual de la Comisión relativa a la asignación de los recursos, y teniendo en cuenta en particular los efectivos e importes suplementarios concedidos por la autoridad presupuestaria.10.1 Incidencia sobre el número de empleos>SITIO PARA UN CUADRO>10.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos(en euros)>SITIO PARA UN CUADRO>Los importes corresponden al coste total de los empleos para la duración total de la acción.10.3 Otros gastos de funcionamiento derivados de la acción, en particular gastos de reuniones de comités y grupos de expertos(en euros)>SITIO PARA UN CUADRO>


type: legislation

text:
 Svarīgs juridisks paziņojums
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 52007PC0383
 [pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |Briselē, 5.7.2007COM(2007) 383 galīgā redakcija2007/0132 (CNS)PriekšlikumsPADOMES REGULApar pasākumiem, kuri Komisijai jāveic 2008.–2013. gadā, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku(iesniegusi Komisija)PASKAIDROJUMA RAKSTSEiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2066/2003/EK attiecas arī uz izmēģinājuma projektu par attālās izpētes pielietojuma iespējām lauksaimniecības tirgu uzraudzībā laika posmā no 2003. līdz 2007. gadam. Šajā laikposmā uzkrātā pieredze ļāva agrometeoroloģiskajai sistēmai, ko izmanto ražas prognozēšanai un lauku un kultūraugu stāvokļa kontrolei, uzsākt reālu darbību. Turklāt izrādījās, ka attālā izpēte atbilst kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pārvaldības vajadzībām un ka identificēto vajadzību apmierināšanai nevar izmantot statistikā un lauksaimniecisko prognožu veidošanā pielietotās tradicionālās sistēmas.Tāpēc jāparedz minēto lietojumdarbību turpināšana, piešķirot tām finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) līdzekļiem.2007/0132 (CNS)PriekšlikumsPADOMES REGULApar pasākumiem, kuri Komisijai jāveic 2008.–2013. gadā, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politikuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punkta trešo daļu,ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[2],tā kā:(1) Saskaņā ar Līguma 33. pantu kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) jo īpaši jāņem vērā lauksaimniecības īpatnības, ko rada šīs nozares sociālā struktūra un dažādu lauksaimniecisko reģionu strukturālās un dabas apstākļu atšķirības. Šajā kontekstā un jo īpaši kopīgo tirgus organizāciju (KTO) pārvaldības vajadzībām ir vajadzīgi dati par lauku un kultūraugu stāvokli. Attālā izpēte, ja vien tā aptver visas uz lauksaimniecības tirgu pārvaldību attiecošās jomas, ļauj iegūt daļu no šim nolūkam vajadzīgajiem datiem.(2) Pieredze, kas uzkrāta 2004.–2007. gadā, piemērojot grozīto Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija Lēmumu Nr. 1445/2000/EK par uzmērīšanas no gaisa un attālās izpētes piemērošanu lauksaimniecības statistikā no 1999. gada līdz 2003. gadam[3], kā arī un pirms tā pieņemtos lēmumus[4], ļāva agrometeoroloģiskajai sistēmai, ko izmanto ražas prognozēšanai un lauku un kultūraugu stāvokļa kontrolei, uzsākt reālu darbību, tapt pilnveidotai un pierādīt savu efektivitāti.(3) Šādā veidā atklājies, ka attālā izpēte atbilst KLP pārvaldības vajadzībām un ka identificēto vajadzību apmierināšanai nevar izmantot statistikā un lauksaimniecisko prognožu veidošanā pielietotās tradicionālās sistēmas. Turklāt tā ir ļāvusi palielināt novērojumu veikšanas precizitāti, objektivitāti, ātrumu un biežumu un pilnveidot lauksaimniecisko prognožu modeļus, jo īpaši izveidojot reģionālus modeļus. Visbeidzot, tā ir ļāvusi izstrādāt specifiskus un papildu pielietojumus lauksaimniecības statistisko datu struktūras izveidei un datu vākšanai un ietaupīt daļu no lauksaimniecības izdevumu uzraudzībai un kontrolei paredzētajiem līdzekļiem. Tāpēc ir lietderīgi turpināt šo pielietojumu izmantošanu, paredzot tiem finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) līdzekļiem par laika posmu no 2008. līdz 2013. gadam saskaņā ar 3. panta 2. punkta e) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu[5].(4) Tomēr ir jāpielāgo un jāpārgrupē sīki izstrādātie īstenošanas noteikumi par pasākumiem, kuri Komisijai jāveic saskaņā ar KLP, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, un jānodala šajā sistēmā veiktās lietojumdarbības no darbībām, kuru izpēte un izstrāde vēl nav pabeigta. Attiecībā uz pēdējām minētajām darbībām pētniecības un attīstības pamatprogrammā ir jāparedz atsevišķi noteikumi.(5) Turklāt jāparedz, ka veikto pasākumu rezultātā iegūtie un Komisijas rīcībā esošie dati un aptuvenie novērtējumi jādara pieejami dalībvalstīm un ka ar termiņa vidusposma ziņojuma un noslēguma ziņojuma palīdzību Eiropas Parlaments un Padome jāinformē par veikto attālās izpētes pasākumu īstenošanas gaitu un par Komisijai atvēlēto līdzekļu izmantojumu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu turpināt šos pasākumus arī pēc šajā regulā noteiktā termiņa beigām,IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants1. Sešus gadus, sākot no 2008. gada 1. janvāra, pasākumus, kurus Komisija veic, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 2. punkta e) apakšpunktam var finansēt no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda līdzekļiem, ja minētie pasākumi Komisijai ļauj:a) pārvaldīt lauksaimniecības tirgus;b) nodrošināt lauksaimniecības zemju agroekonomisko uzraudzību un kultūraugu stāvokļa uzraudzību, lai varētu veikt atbilstīgos novērtējumus, jo īpaši attiecībā uz ražību un lauksaimniecības produkciju;c) veicināt piekļuvi b) apakšpunktā minētajai informācijai;d) nodrošināt agrometeoroloģiskās sistēmas tehnoloģisko uzraudzību.2. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi ir šādi:a) kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu (jo īpaši satelītnovērošanas un meteoroloģisko datu) vākšana vai iegāde;b) teritorijas plānojuma datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes izveide;c) specifiskas, ar klimatiskajiem apstākļiem saistītas izpētes veikšana;d) agrometeoroloģisko un ekonometrisko modeļu atjaunināšana.Vajadzības gadījumā šos pasākumus veic ciešā sadarbībā ar valsts laboratorijām un organizācijām.2. pantsInformāciju un novērtējumus, kas iegūti, īstenojot 1. panta 1. punktā minētos pasākumus, Komisija elektroniskā veidā dara pieejamus dalībvalstīm.3. pantsSīki izstrādātus noteikumus par šīs regulas piemērošanu un jo īpaši par šajā regulā minētās informācijas un novērtējumu pieejamības nodrošināšanu pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 41. panta 3. punktā minēto procedūru.4. pantsVēlākais 2010. gada 31. jūlijā un 2013. gada 31. jūlijā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, kā izdevies īstenot attālās izpētes pasākumus un kā izmantoti atbilstīgi šai regulai atvēlētie finanšu resursi, vajadzības gadījumā otrajam ziņojumam pievienojot priekšlikumu turpināt šos pasākumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku.5. pantsŠī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.To piemēro no 2008. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.Briselē, [...]Padomes vārdā —priekšsēdētājsFINANŠU PĀRSKATS |1. | BUDŽETA POZĪCIJA 05 08 03 – Lauksaimniecības pārskatu sistēmas pārstrukturēšana | APROPRIĀCIJAS (2007. gads): 1,78 miljoni EUR saistību apropriācijās 4,03 miljoni EUR maksājumu apropriācijās |2. | PASĀKUMA NOSAUKUMS Padomes regula par pasākumiem, kas Komisijai jāveic 2008.–2013. gadā, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas, kas izstrādātas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku |3. | JURIDISKAIS PAMATS Līguma 37. pants |4. | PASĀKUMA MĒRĶI Iegūt līdzekļus lauksaimniecības tirgu pārvaldīšanai, nodrošināt lauksaimniecības zemju agroekonomisko uzraudzību un kultūraugu stāvokļa uzraudzību, lai varētu veikt attiecīgos novērtējumus, jo īpaši attiecībā uz ražību un lauksaimniecības produkciju, un nodrošināt agrometeoroloģiskās sistēmas tehnoloģisko uzraudzību |5. | FINANSIĀLĀS SEKAS | KĀRTĒJAIS FINANŠU GADS (2007) (miljonos EUR) | NĀKAMAIS FINANŠU GADS (2008) (miljonos EUR) | FINANŠU GADS (2009) (miljonos EUR) |5.0. | IZDEVUMI, KO SEDZ – NO EK BUDŽETA (KOMPENSĀCIJAS/ INTERVENCES PASĀKUMI) – VALSTS IESTĀDES – CITI | – | SA 1,90 MA 1,14 | SA 1,46 MA 1,64 |5.1. | IEŅĒMUMI – EK PAŠU RESURSI (ATSKAITĪJUMI/MUITAS NODOKĻI) – VALSTS | – | – | – |2010 | 2011 | 2012 | 2013 |5.0.1. | PAREDZAMIE IZDEVUMI | SA 1,46 MA 1,46 | SA 1,46 MA 1,46 | SA 1,46 MA 1,46 | SA 1,46 MA 2,04 |5.1.1. | PAREDZAMIE IEŅĒMUMI | – | – | – | – |5.2. | APRĒĶINA METODE – |6.0. | VAI IESPĒJAMS PASĀKUMU FINANSĒT NO APROPRIĀCIJĀM, KAS PAREDZĒTAS ATTIECĪGAJĀ ŠĀGADA BUDŽETA NODAĻĀ? | JĀ NĒ |6.1. | VAI IESPĒJAMS PASĀKUMU FINANSĒT, PĀRVIRZOT LĪDZEKĻUS NO VIENAS ŠĀGADA BUDŽETA NODAĻAS UZ CITU? | JĀ NĒ |6.2. | VAI IR JĀPAREDZ PAPILDU BUDŽETS? | JĀ NĒ |6.3. | VAI JĀPAREDZ APROPRIĀCIJAS TURPMĀKO GADU BUDŽETĀ? | JĀ NĒ |PIEZĪMES. Pašreizējā situācijā nav papildu administratīvo izmaksu. |[1] OV C [..], [..], [..]. lpp.[2] OV C [..], [..], [..]. lpp.[3] OV L 163, 4.7.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 786/2004/EK (OV L 138, 30.4.2004., 7. lpp.).[4] Konkrēti Padomes Lēmums 88/503/EEK (OV L 273, 5.10.1988., 12. lpp.).[5] OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 378/2007 (OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.).


type: other

text:
531188/I
 Sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.161.2018.3.IF
 Istota interpretacji: Obowiązki płatnika związane z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe.
 Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe (pytanie Nr 6) – jest prawidłowe.
 W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe (pytanie Nr 6).
 Spółka (dalej: „Sprzedawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. W związku z tym by pozyskać nowych klientów a w przyszłości ich utrzymać Spółka przygotowuje różnego rodzaju oferty dla klientów. Jedną z ofert kierowanych do klientów jest oferta sprzedaży premiowej (dalej „Oferta”). Oferta ta dedykowana jest dla klientów, którzy w okresie obowiązywania Oferty promocyjnej posiadają lub zawrą ze Spółką Umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla klientów indywidualnych. Oferta promocyjna zawiera wysokość oraz warunki stosowania cen za energię elektryczną oraz stawek opłat handlowych przez określony okres czasu.
 Ofertę promocyjną stosuje się w rozliczeniach z klientami, dokonującymi zakupu energii na własny użytek. Klient, w ramach Oferty promocyjnej, będzie miał możliwość skorzystania z jednej lub kilku dodatkowych usług odpłatnych zaproponowanych przez Sprzedawcę, w przypadku ich obowiązywania w okresie korzystania przez klienta z Oferty promocyjnej. Zasady korzystania z wybranej usługi dodatkowej oraz zasady płatności za wybraną usługę dodatkową, w tym cena, zostaną określone odrębnie, w regulaminie każdej usługi. Dodatkowe usługi odpłatne będą realizowane także po zakończeniu Oferty promocyjnej. Jedną z dodatkowych odpłatnych usług jest np. „usługa pomocy elektryka”.
 W ramach niniejszej Oferty promocyjnej klient otrzymuje gwarancję niezmienności cen za energię elektryczną w ciągu określonego czasu od daty rozpoczęcia sprzedaży. Po upływie okresu gwarancji ceny klient będzie rozliczany za zakupioną energię według cen i stawek opłat z grupy taryfowej określonej w umowie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Sprzedawcy, o ile nie zostanie przedstawiona przez Sprzedawcę i przyjęta przez klienta nowa oferta promocyjna.
 W przypadku rozwiązania Umowy przez klienta lub w przypadku uniemożliwienia realizacji świadczenia usługi przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie klienta w okresie obowiązywania gwarancji cen, klient będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości sumy opłat handlowych, pozostających do zapłaty w ramach Oferty promocyjnej. Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie w wypadku zgłoszenia obiektywnie uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 Klient, który skorzysta z Oferty promocyjnej upoważniony będzie do odbioru karty podarunkowej w określonej w regulaminie Oferty promocyjnej. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Spółki, klient będzie wybierał rodzaj karty podarunkowej w ramach danej Oferty. Karty podarunkowe zostaną przekazane klientowi listownie lub w punkcie usługowo-sprzedażowym po pozytywnym zakończenia procesu zmiany sprzedawcy. W przypadku uzyskaniu negatywnej weryfikacji w procesie zmiany sprzedawcy, klient nie otrzyma karty podarunkowej. W przypadku rozwiązania Umowy przez klienta, klient będzie zobowiązany zwrócić równowartość rynkową karty podarunkowej, którą otrzymał.
 Karty podarunkowe zostaną nabyte przez Spółkę od podmiotów, które dystrybuują karty typu pre-paid. Karty podarunkowe będą wystawione na okaziciela i umożliwiają dokonywanie zakupów towarów lub usług w wybranych punktach usługowo-sprzedażowych.
 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, karty podarunkowe wydawane klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Oferty promocyjnej (sprzedaży premiowej) podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, jednorazowa wartość nagród, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, należy rozumieć jako wartość każdej odrębnie otrzymanej ilości kart podarunkowych związanych z przyjęciem (wyborem) Oferty promocyjnej przez klienta w danym momencie?
 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, karty podarunkowe, których jednorazowa wartość nie przekracza 2.000 zł, wydawane klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Oferty promocyjnej podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, karty podarunkowe, których jednorazowa wartość przekracza 2.000 zł, wydawane klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Oferty promocyjnej nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Spółka jest płatnikiem podatku PIT z tytułu przekazania kart podarunkowych, wydawanych klientom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Oferty promocyjnej, które nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Spółka nie jest płatnikiem podatku PIT z tytułu przekazania kart podarunkowych, niezależnie od ich wartości, wydawanych klientom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach Oferty promocyjnej?
 Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 6. W odniesieniu do pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
 Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest m.in. „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, za „pozarolniczą działalność gospodarczą” uznaje się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 ustawy o PIT.
 Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT. Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek PIT według zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o PIT.
 W przypadku gdyby klientem Spółki w ramach Oferty promocyjnej byłyby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, występujące w Ofercie promocyjnej jako przedsiębiorcy, to przychód z tego tytułu będzie stanowił dla nich przychód ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W takim przypadku przychód z tytułu otrzymania karty podarunkowej podległby opodatkowaniu według tych samych zasad co przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Brak jest bowiem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” ww. nagród, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.
 W takim przypadku art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT nakłada na podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej obowiązek samoopodatkowania uzyskiwanych przez nich dochodów.
 Nie ma przy tym zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, zakładający 10% zryczałtowany podatek PIT z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową.
 Zatem, zdaniem Spółki, nie będzie ona płatnikiem podatku PIT z tytułu kart podarunkowych, niezależnie od ich wartości, wydawanych uczestnikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach Oferty promocyjnej. Na Spółce nie będzie ciążył również obowiązek wystawiania informacji PIT-8C.


text:
 Avis juridique important
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 31998L0055
 Richtlinie 98/55/EG des Rates vom 17. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie 93/75/EWG über Mindestanforderungen an Schiffe, die Seehäfen der Gemeinschaft anlaufen oder aus ihnen auslaufen und gefährliche oder umweltschädliche Güter befördern
 Amtsblatt Nr. L 215 vom 01/08/1998 S. 0065 - 0070
 RICHTLINIE 98/55/EG DES RATES vom 17. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie 93/75/EWG über Mindestanforderungen an Schiffe, die Seehäfen der Gemeinschaft anlaufen oder aus ihnen auslaufen und gefährliche oder umweltschädliche Güter befördern DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 84 Absatz 2,auf Vorschlag der Kommission (1),nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),gemäß dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags (3),in Erwägung nachstehender Gründe:Die Richtlinie 93/75/EWG (4) enthält keinen ausdrücklichen Verweis auf Vorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe auf See gemäß der Entschließung A.748(18) der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (IMO) über den Code von Sicherheitsvorschriften für die Beförderung von bestrahlten Kernbrennstoffen, Plutonium und stark radioaktiven Abfällen in Fässern an Bord von Schiffen (INF-Code).Bei der Beförderung von bestrahlten Kernbrennstoffen, Plutonium und stark radioaktiven Abfällen müssen die Sicherheit im Seeverkehr und die Verhütung der Meeresverschmutzung verbessert werden.Aus Gründen der Klarheit ist es von wesentlicher Bedeutung, daß der INF-Code in die Liste der in Artikel 2 der Richtlinie genannten internationalen Übereinkommen, Codes und Entschließungen aufgenommen wird. Dies wird den zuständigen Behörden zweckdienliche Informationen über die Art der beförderten radioaktiven Stoffe und den Lagerort dieser Stoffe an Bord von Schiffen liefern und so dazu beitragen, Unfälle mit Schiffen, die solche Stoffe befördern, zu verhüten und die Unfallgefahr auf ein Mindestmaß zu begrenzen.Die Mitteilung der INF-Klasse des Schiffs, die unter Bezugnahme auf die Gesamtmenge an radioaktiven Stoffen erfolgt, die an Bord befördert werden darf, wird den jeweils zuständigen Behörden detailliertere Informationen liefern und damit dazu beitragen, daß die Maßnahmen bei einem Unfall oder einem Störfall auf See, bei dem radioaktive Stoffe betroffen sind, verbessert werden können.Es sollte möglich sein, die Anhänge I und II der Richtlinie 93/75/EWG im Wege eines vereinfachten Verfahrens entsprechend den Entwicklungen des internationalen Rechts, insbesondere den Änderungen internationaler Übereinkommen, Codes und Entschließungen, die nicht in Artikel 2 der Richtlinie aufgeführt und nach Erlaß der Richtlinie in Kraft getreten sind, zu ändern. Diese Änderungen sollten jedoch weder eine Ausdehnung des Geltungsbereichs dieser Richtlinie noch eine Änderung der in der Richtlinie festgelegten Meldeerfordernisse und insbesondere keine Ausdehnung der von der Richtlinie festgelegten Meldeerfordernisse auf Schiffe im Transitverkehr bewirken. Das Verfahren nach Artikel 12 der Richtlinie dürfte für solche Anpassungen am besten geeignet sein. Artikel 11 sollte zu diesem Zweck ergänzt werden.Ferner ist der Inhalt der Anhänge I und II der Richtlinie 93/75/EWG entsprechend den Änderungen der internationalen Übereinkommen, Codes und Entschließungen, die nicht in Artikel 2 jener Richtlinie aufgeführt und nach Erlaß der Richtlinie in Kraft getreten sind, zu ändern -HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:Artikel 1 Die Richtlinie 93/75/EWG wird wie folgt geändert:1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:- Buchstabe c) erhält folgende Fassung:"'gefährliche Güter' Güter gemäß dem IMGD-Code, einschließlich der im INF-Code genannten radioaktiven Stoffe, Güter gemäß Kapitel 17 des IBC-Code und Güter gemäß Kapitel 19 des IGC-Code;".- Folgender Buchstabe wird eingefügt:"i) 'INF-Code' der IMO-Code von Sicherheitsvorschriften für die Beförderung von bestrahlten Kernbrennstoffen, Plutonium und stark radioaktiven Abfällen in Fässern an Bord von Schiffen in der am 1. Januar 1998 gültigen Fassung;".- Die Buchstaben i), j) und k) werden zu j), k) und l).2. Artikel 11 wird wie folgt geändert:- Im ersten Gedankenstrich werden die Buchstaben "e), f), g), h) und i)" durch "e), f), g), h), i) und j)" ersetzt.- Folgender Gedankenstrich wird hinzugefügt:"- die Anhänge dieser Richtlinie entsprechend späteren in Kraft getretenen Änderungen an internationalen Übereinkommen, Codes und Entschließungen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs und des Schutzes der Meeresumwelt zu ändern, ohne ihren Geltungsbereich auszudehnen."3. Die Anhänge I und II werden durch den Anhang dieser Richtlinie ersetzt.Artikel 2 (1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis 31. Dezember 1998 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.Artikel 3 Diese Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.Artikel 4 Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.Geschehen zu Brüssel am 17. Juli 1998.Im Namen des RatesDer PräsidentW. RUTTENSTORFER(1) ABl. C 334 vom 8. 11. 1996, S. 11,und ABl. C 264 vom 30. 8. 1997, S. 4.(2) ABl. C 133 vom 28. 4. 1997, S. 7.(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 24. April 1997 (ABl. C 150 vom 19. 5. 1997, S. 31), gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 11. Dezember 1997 (ABl. C 23 vom 23. 1. 1998, S. 6) und Beschluß des Europäischen Parlaments vom 11. März 1998 (ABl. C 104 vom 6. 4. 1998).(4) ABl. L 247 vom 5. 10. 1993, S. 19. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/34/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 17. 6. 1997, S. 40).ANHANG "ANHANG IAngaben zu Schiffen, die gefährliche oder umweltschädliche Güter befördern(Artikel 5)1. Name und Unterscheidungssignal des Schiffes sowie gegebenenfalls die IMO-Kennummer.2. Land der Registrierung des Schiffes.3. Länge und Tiefgang des Schiffes.4. Bestimmungshafen.5. Voraussichtliche Ankunftszeit im Bestimmungshafen oder an der Lotsenstation, je nach Vorschrift der zuständigen Behörde.6. Voraussichtliche Auslaufzeit.7. Geplante Route.8. Korrekte technische Bezeichnungen der gefährlichen oder umweltschädlichen Güter, entsprechende Nummer der Vereinten Nationen (UN-Nr.), soweit vorhanden, IMO-Gefahrenklassen gemäß dem IMDG-, dem IBC- und dem IGC-Code sowie gegebenenfalls die Schiffsklasse nach dem INF-Code, Mengen dieser Güter und jeweilige Lage im Schiff und, soweit die Güter in beweglichen Tanks oder Containern enthalten sind, Kodierung dieser Behälter.9. Bestätigung, daß sich eine Aufstellung oder ein Manifest mit einem detaillierten Verzeichnis der geladenen gefährlichen oder umweltschädlichen Güter und ihrer jeweiligen Lage im Schiff oder ein entsprechender Stauplan an Bord befindet.10. Zahl der an Bord befindlichen Besatzungsmitglieder.ANHANG IIPRÜFLISTE FÜR SCHIFFE (Artikel 6 Absatz 3, Artikel 8 und Anhang III) >ANFANG EINES SCHAUBILD>A. Angaben zum SchiffSchiffsname:Eigentümer:Baujahr:Flagge:BRZ:Heimathafen:Länge:Unterscheidungssignal (Rufzeichen):IMO-Kennummer (gegebenenfalls):Klassifikationsgesellschaft:Seegebiete, die das Schiff laut Zeugnis befahren darf:Klassenzeichen:Schiff:Maschinenanlage:Antriebsanlage:Leistung:Schiffsmakler:Tiefgang:vorn:Mitte:achtern:Volumen/Masse der gefährlichen oder umweltschädlichen Ladung:B. SicherheitseinrichtungenUneingeschränkt betriebsbereitJa / NeinMängel1. Bau und technische AusrüstungHaupt- und HilfsmaschinenHauptruderanlageHilfsruderanlageAnkergeschirrFest eingebaute FeuerlöscheinrichtungInertgas-System (gegebenenfalls)Uneingeschränkt betriebsbereitJa / NeinMängel2. Nautische AusrüstungVerfügbare ManövrierdatenErste RadaranlageZweite RadaranlageKreiselkompaßanlageMagnet-RegelkompaßPeilfunkgerätEcholotAndere elektronische Hilfsmittel zur StandortbestimmungFahrmeßanlage (log)- Fahrt durch das Wasser- Fahrt über Grund3. FunkausrüstungTelegrafiefunkausrüstungSprechfunkausrüstungGMDSS-FunkausrüstungFunkausrüstung für ÜberlebensfahrzeugeC. DokumenteGültige Zeugnisse/Dokumente an BordJa / NeinBemerkungenInternationaler Meßbrief (1969)Sicherheitszeugnis für FahrgastschiffeSicherheitszeugnis für FrachtschiffeBau-Sicherheitszeugnis für FrachtschiffeAusrüstungs-Sicherheitszeugnis für FrachtschiffeFunk-Sicherheitszeugnis für FrachtschiffeTelegrafiefunk-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe (1)Sprechfunk-Sicherheitszeugnis für Frachtschiffe (1)Ausnahmezeugnis (SOLAS)Internationales FreibordzeugnisInternationales Freibord-AusnahmezeugnisKlassenzeugnisNachweis der Versicherung oder einer anderen finanziellen Sicherheit für die zivilrechtliche Haftung bei ÖlverschmutzungsschädenBescheinigung über die Erfuellung besonderer Vorschriften für Schiffe, die gefährliche Güter befördern (SOLAS)(1) Diese Dokumente sind nur bei Schiffen erforderlich, die vor dem 1. Februar 1995 gebaut wurden.>ENDE EINES SCHAUBILD>"


type: caselaw

text:
 15.2.2014
 ES
 Diario Oficial de la Unión Europea
 C 45/35
 Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2013 — Real Express/OAMI — MIP Metro (real)
 (Asunto T-580/13)
 2014/C 45/61
 Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
 Partes
 Demandante: Real Express Srl (Bucarest, Rumanía) (representante: C. Anitoae, abogado)
 Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
 Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Alemania)
 Pretensiones
 La parte demandante solicita al Tribunal General que:
 —
 Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 16 de septiembre de 2013 en el asunto R 1519/2012-4.
 —
 Condene a la demandante y a la coadyuvante a cargar con las costas del procedimiento.
 Motivos y principales alegaciones
 Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
 Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa en azul y rojo que contiene el elemento denominativo «real» para productos y servicios de las clases 3 y 35 — Solicitud de registro de marca comunitaria no9 512 609
 Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: La demandante
 Marca o signo invocado: Las marcas rumanas nos38 089 y 80 065
 Resolución de la División de Oposición: Desestimó la oposición en su totalidad
 Resolución de la Sala de Recurso: Desestimó el recurso
 Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.


text:
Zasady prawidłowej reprezentacji w spółce komandytowej – wybrane zagadnienia przygotowane przez Primo Lege
 Zasady prawidłowej reprezentacji w spółce komandytowej – wybrane zagadnienia
 Spółka komandytowa jest na chwilę obecną bardzo popularną formą wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Jest to zasługą zarówno zasad odpowiedzialności, jak również korzystnego, jednokrotnego opodatkowania. Rozwiązaniem często stosowanym przez przedsiębiorców jest wykorzystanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusza w spółce komandytowej. Ma ono na celu ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników. Takie rozwiązanie, o ile jest korzystne z punktu widzenia kalkulacji ryzyka, przysparzało i przysparza niestety wielu problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w kontekście prawidłowej reprezentacji spółki.
 W niniejszym artykule omówimy dwa najczęściej występujące problemy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej.
 Zawarcie umowy pomiędzy członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem w spółce komandytowej a spółką komandytową.
 Mając na uwadze, iż jak wyżej wskazano, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często jest wykorzystywana jako komplementariusz spółki komandytowej, to właśnie ona reprezentuje spółkę komandytową w relacjach zewnętrznych.
 Zgodnie z art. 210 § Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w umowie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Regulacja zawarta w wyżej przywołanym przepisie ma przede wszystkim charakter gwarancyjny dla wspólników, ograniczający swobodną możliwość zawierania umów przez członków zarządu z samą spółką. Naruszenie powyższych zasad reprezentacji skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej, zatem kwestią niezwykle istotną jest wyżej wymieniona zasada, naruszenie której może powodować bardzo poważne konsekwencje prawne i podatkowe.
 Omawiany przepis dotyczy jednak relacji członków zarządu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, co jednak w sytuacji zawierania umów pomiędzy członkiem zarządu spółki z o.o. a samą spółką komandytową albo w sytuacji gdy członek zarządu spółki z o.o. jest zarówno komandytariuszem spółki komandytowej i w imieniu własnym zawiera umowę ze spółką komandytową?
 W orzecznictwie i doktrynie pojawiały się rozbieżne stanowiska, które zostały jednoznacznie rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2015 r. (sygn. III CSK 12/15,) w którym to wyroku, Sąd Najwyższy uznał, że brak jest argumentów prawnych, które wymagałyby konieczności stosowania art. 210 KSH do umów zawieranych przez członków zarządów spółek z o.o., będących komplementariuszami spółek komandytowych. Sąd Najwyższy w szczególności zwrócił uwagę, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do stosowania tego przepisu w drodze analogii, bowiem jest to przepis szczególny, który należy interpretować ściśle.
 Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, iż regulacja zawarta w art. 210 § 1 KSH dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a brak jest w Kodeksie Spółek Handlowych generalnego upoważnienia do tego, aby przepisy regulujące jedną ze spółek można było odpowiednio stosować do innej spółki (z wyłączeniem regulacji zawartej w art. 103 § 1 KSH odnoszącej się do spółek osobowych),
 Sąd wskazał, iż art. 210 § 1 KSH ma zapobiegać temu, aby po obu stronach czynności prawnej, w której stroną jest spółka z o.o. nie uczestniczyła ta sama osoba lub ściśle z nią współdziałający pozostali członkowie zarządu takiej spółki. W umowie pomiędzy spółką komandytową a członkiem zarządu jej komplementariusza nie mamy do czynienia z taką sytuacją.
 Mając na uwadze powyższe przyjąć należy, że brak jest podstaw do zastosowania regulacji zawartej w art. 210 § 1 KSH do umów zawieranych pomiędzy członkiem zarządu komplementariusza, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialności a spółką komandytową.
 Powyższe orzeczenie zawiera właściwą interpretację przepisów KSH i na chwilę obecną jest podstawą do budowania ugruntowanej linii orzeczniczej w tym względzie.
 Zmiana umowy spółki komandytowej, w sytuacji gdy funkcję komplementariusza pełni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Wraz z tempem rozwoju przedsiębiorstwa oraz zmianą regulacji prawnych lub koniecznością dostosowania umowy spółki do faktycznych potrzeb jej lub wspólników należy dokonać zmiany umowy spółki. KSH ogranicza się w tej kwestii co do zasady do art. 9 KSH, który stanowi, iż zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Na potrzeby niniejszego artykułu należy przyjąć założenie, że umowa spółki nie zawiera w tym względzie szczególnych regulacji, pozostaje to bowiem bez większego znaczenia na problematykę omawianego zagadnienia.
 Jak wskazano w pierwszej części artykułu, spółka z o.o. bardzo często występuje jako komplementariusz w spółce komandytowej. Pytanie zatem brzmi: kto ma reprezentować tą spółkę podczas zmiany umowy spółki komandytowej, w sytuacji gdy członkowie zarządu spółki z o.o. są jednocześnie komandytariuszami w spółce komandytowej? Odpowiedź wydawałaby się prosta, zwłaszcza mając na uwadze przytoczony w części pierwszej wyrok Sądu Najwyższego, z którego wynika, iż art. 210 KSH ma wyłącznie zastosowanie w sytuacji zawierania umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką z o.o. Przenosząc to na grunt niniejszych rozważań, należałoby uznać, iż
 - w sytuacji, w której członek zarządu spółki z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej zawiera umowę z tą spółką komandytową, regulacja art. 210 KSH nie ma zastosowania ponieważ stronami umowy są członek zarządu i spółka komandytowa, a nie członek zarządu i spółka z o.o. – jak wynika z literalnej, ścisłej i systemowej wykładni art. 210 KSH,
 - w sytuacji, w której członek zarządu spółki z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej zawiera umowę ze spółką z o.o. – komplementariuszem – należy stosować reguły z art. 210 KSH.
 Poza wszelkim sporem pozostaje fakt, iż umowa spółki mieści się w szeroko rozumianym katalogu umów, jako zgodnych oświadczeń woli składanych przez strony. Art. 210 KSH nakazuje stosowanie jego regulacji właśnie w sytuacji zawierania pomiędzy członkami zarządu a spółką z o.o.
 W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej stronami umowy (umowy spółki) są: komandytariusze, najczęściej występujący jako osoby fizyczne, działający w imieniu własnym oraz komplementariusz, często występujący jako spółka z o.o., działająca zgodnie ze swoimi zasadami reprezentacji, a zatem najczęściej przez zarząd spółki. Jeżeli komandytariusze pełnią w spółce z o.o., będącej komplementariuszem funkcje członków zarządu, nie ulega wątpliwości, iż zawarcie umowy spółki komandytowej w omawianej sytuacji jest zawarciem umowy przez spółkę z o.o. z członkami jej zarządu. Takie stanowisko w gruncie rzeczy pozostawało poza przedmiotem sporu.
 Problem pojawił się w przypadku dokonywania zmian w umowach spółki komandytowej. Zarówno wybrane sądy rejestrowe, jak i część środowiska prawniczego oraz notarialnego stało na stanowisku, iż regulacja art. 210 KSH powinna mieć zastosowanie wyłącznie do zawarcia umowy spółki, nie zaś do jej późniejszych zmian. Na poparcie takiego stanowiska powoływano literalną wykładnię art. 210 KSH (zwrot „w umowie”, zamiast „w umowie lub jej zmianach”) oraz fakt, iż zmiany umowy spółki mają często charakter organizacyjny.
 Z powyższą argumentacją nie sposób zgodzić się zarówno z uwagi na zasady prawidłowej interpretacji przepisów prawa, jak również gwarancyjny charakter przepisu art. 210 KSH. Zgodnie z podstawowymi zasadami prawa cywilnego, zmiana umowy (nie tylko umowy spółki ale jakiejkolwiek umowy) to również umowa. Do zmiany umowy dochodzi bowiem w analogiczny sposób jak do jej zawarcia – na skutek zgodnego oświadczenia woli stron. Rolą przepisu art. 210 KSH, jak wskazano powyżej, jest ochrona interesu wspólników przed swobodą w dowolnym zawieraniu umów przez członków zarządu z samą spółką. Skoro zatem dla zawarcia pierwotnej umowy spółki komandytowej należy stosować ograniczenia wynikające z art. 210 KSH, powinno się je również stosować do jej zmiany. W innej sytuacji mogłoby dochodzić do sytuacji, w której pełnomocnik spółki lub członek rady nadzorczej zawarłby umowę o treści odpowiadającej woli wspólników a następnie członek zarządu, bez wiedzy wspólników mógłby ją dowolnie zmieniać – taka sytuacja zgodnie z intencją ustawodawcy jest niedopuszczalna.
 Spór został rozstrzygnięty na skutek uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r. (sygn. III CZP 42/18), wywołanej na skutek udzielenia odpowiedzi na przedstawione przez Sąd Okręgowy w Łodzi pytanie prawne o treści:
 „Czy dla zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś jednym z komandytariuszy członek zarządu tej spółki, prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w trybie art. 210 § 1 k.s.h., czy też przez zarząd spółki?”
 Sprawa dotyczyła spółki komandytowej, w której komandytariusze spółki pełnili również funkcje członków zarządu w spółce z o.o., będącej komplementariuszem.
 W odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z art. 210 § 1 KSH w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 210 KSH ma zastosowanie w przedstawionej sytuacji, w której dochodzi do zmiany umowy istniejącej spółki komandytowej. Przepis ten ma bowiem na celu ochronę interesów spółki, a także zapobieganie kolizji interesów, które są prawdopodobne, w sytuacji kiedy członek zarządu jest obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikiem innej spółki osobowej prawa handlowego.
 Sąd Najwyższy rozstrzygnął zatem spór pomiędzy spółkami a sądami rejestrowymi, które odmawiały rejestracji zmian, w sytuacji gdy spółka działała z zastosowaniem regulacji z art. 210 KSH i wskazał jednoznacznie jak należy dokonywać takich zmian. Pozostaje jednak pytanie co z dokonanymi, na wezwanie sądów rejestrowych, zmianami bez zastosowania powyższych regulacji? Zmiany bowiem zostały skutecznie wpisane do rejestru i wywołują skutki prawne, czy aby jednak nie są dotknięte sankcją nieważności? I jak do niniejszej sprawy ma się kognicja sądu rejestrowego? Na to pytanie, na chwilę obecną nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi ale należy dokładnie przeanalizować zmiany, które zostały dokonane w tym trybie i indywidualnie ocenić ryzyko, wynikające z dokonania czynności niezgodnie z zasadami reprezentacji.
 Autor: radca prawny Paweł Kulesza, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege.