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 Resolución de 27 de noviembre de 2018, la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se crea el registro para la inscripción de méritos con carácter permanente y se convoca el proceso extraordinario para la actualización, rebaremación y valoración de los méritos a los demandantes de empleo del Servicio de Salud del Principado de Asturias en las categorías estatutarias que se recogen en los anexos del pacto sobre contratación de personal temporal y sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
 Tras la negociación y aprobación en el ámbito de la Mesa General de negociación, de distintos apartados del Pacto sobre contratación del personal temporal y del pacto sobre promoción interna temporal de este Servicio de Salud, publicado por Resolución de la antigua Dirección Territorial del extinto Insalud en Asturias, de fecha 14 de noviembre de 2001, la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, dicta Resolución de 26 de noviembre de 2018, por la que se modifica el pacto sobre contratación temporal y sobre promoción interna temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 3-XII-2018), en la que se aborda la actualización de distintos artículos, así como apartados concretos de los anexos.
 Entre los artículos modificados, se da nueva redacción al artículo 7 del Pacto sobre contratación del personal temporal, que cambia radicalmente la forma de acreditación de los méritos y cuyo objetivo, es mejorar el sistema de actualización de estos, mediante la agilización del proceso de inscripción y baremación de los mismos, implementando un nuevo procedimiento que permita a los interesados registrarlos con carácter permanente, a medida que se vayan causando, para una vez verificados, sean incorporados a cada expediente. Este proceso, con carácter general, se llevará a efecto en los meses de abril y noviembre.
 En consonancia con la modificación del artículo reseñado, para llevar a efecto las previsiones contempladas en el mismo, se hace necesario en primer lugar, la convocatoria y apertura del procedimiento de registro de méritos con carácter permanente.
 En segundo lugar, dado que los últimos procesos de actualización se realizaron durante el año 2017 por sendas resoluciones de esta Dirección Gerencia de fecha 17 y 23 de enero de 2017 (BOPA 30-I- 2017), con la finalidad de hacer efectivas las modificaciones operadas en el pacto, con la máxima agilidad, se hace necesario convocar un procedimiento extraordinario para actualización y valoración de méritos de los demandantes de empleo del SESPA. Para ello, se abre un plazo excepcional de un mes para registrar y aportar la documentación relativa a los méritos causados hasta el 31 de octubre de 2018, de tal forma que una vez comprobados se incorporen a la puntuación de cada demandante ostenta en la correspondiente bolsa de empleo.
 Por otra parte, y dado que en la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de 26 de noviembre de 2018, se modifican diferentes apartados de los Anexos, limitando la puntuación relativa a “Otros Títulos” dentro del apartado 1, acotando el número de especialidades médicas, estableciendo nuevos límites absolutos por cursos de formación, otorgando una nueva puntuación por cada crédito, introduciendo un coeficiente corrector para los cursos, modificando la valoración de determinados servicios prestados para la categorías profesionales reguladas en los anexos III, IV y V del Pacto y modificando la valoración de las publicaciones y de sus límites máximos anuales y absolutos, se procede a la rebaremación de estos méritos con la finalidad de adaptar las bolsas de empleo a los nuevos baremos aprobados.
 Por todo lo expuesto, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, reguladora del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
 Primero.—Crear el registro para la inscripción de méritos con carácter permanente.
 Los méritos de los demandantes de empleo del Servicio de Salud del Principado de Asturias relativos a los apartados 2, 3 y 4 de los anexos podrán ser registrados a medida que se vayan causando en la web: https://ambepe.sespa.es/.
 La actualización de méritos se, producirá dos veces al año, con carácter general, en los meses de abril y noviembre. En cada una de las actualizaciones, se valorarán los méritos que hayan sido presentados por los interesados hasta dos meses antes a la que se produzca la actualización, de tal forma que para la actualización de abril, la presentación de méritos a baremar en la misma, finaliza el último día del mes de febrero y en la de noviembre concluye el 30 de septiembre del año en curso. Los méritos presentados después de la finalización de los plazos señalados, se incorporarán al proceso inmediatamente siguiente.
 Segundo.—Convocar un procedimiento extraordinario de actualización y valoración de méritos de los demandantes de empleo en las categorías estatutarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias que se recogen en todos los anexos del Pacto sobre contratación de personal temporal y aprobar las Bases que regirán la convocatoria.
 En este procedimiento extraordinario se baremarán los méritos presentados por los interesados en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y que se hubiesen obtenido hasta el 31 de octubre de 2018.
 Finalizado este procedimiento excepcional, los méritos se podrán ir registrando en la página web: https://ambepe.sespa.es/ y se actualizarán conforme a lo establecido en el apartado precente de esta Resolución y en el artículo 7 del Pacto sobre Contratación temporal y sobre la situación de promoción interna temporal del SESPA.
 Tercero.—Proceder a la rebaremación del apartado 1 A6)relativo a otros Títulos, del apartado 2 referente a los cursos de formación, del apartado 1. B) referente a formación especializada, del apartado 4 A) relativo a publicaciones y del apartado 3 de servicios prestados para la categorías profesionales reguladas en los anexos III, IV y V del Pacto y en los términos aprobados por la Resolucíón de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de 26 de noviembre de 2018, por la que se modifican diversos apartados y anexos del Pacto sobre Contratación temporal y sobre la situación de promoción interna temporal del SESPA.
 Cuarto.—Autorizar a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias para dictar cuantas instrucciones sean necesarias en orden al desarrollo del proceso dispuesto en la presente Resolución.
 Quinto.—La presente convocatoria se regirá por las siguientes
 1.1. Se convoca proceso de actualización, baremación y rebaremación de méritos que ha de establecer el orden de prioridad en la designación de candidatos para su nombramiento temporal en las Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para todas las categorías estatutarias relacionadas en los todos los anexos del Pacto sobre contratación de Personal Temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
 1.2. La presente convocatoria se regirá por estas bases y por el Pacto sobre contratación de personal temporal del Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
 1.3. Esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios de todas las Gerencias y de los Servicios Centrales del SESPA, así como en el portal corporativo de salud del Principado de Asturias.
 2.1. Podrán participar en esta convocatoria quienes figuren inscritos como demandantes de empleo ante el Servicio de Salud del Principado de Asturias y que se encuentren en cualesquiera de las situaciones previstas en el artículo 9 del Pacto sobre Contratación de Personal Temporal, excepto en situación de Baja Definitiva.
 2.2. También podrán participar los solicitantes inscritos en los listados de Promoción Interna Temporal Modalidad B).
 3.1. Se valorarán de oficio los méritos correspondientes a los períodos de servicios prestados en el Servicio de Salud del Principado de Asturias desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, con excepción de los prestados en sus Servicios Centrales. No obstante, será requisito indispensable la presentación del resto de los méritos que se desee sean actualizados y valorados en los términos que se señalan en estas Bases.
 3.2. Los méritos que no sean actualizados de oficio se relacionarán y acompañarán necesariamente en el modelo adjunto como anexo XIII de esta Resolución. A esos efectos, el modelo se encontrará disponible en “https://ambepe.sespa.es/” y, además, será facilitado en los Servicios Centrales del SESPA, así como en los Servicios de Personal de todas las Gerencias de las Áreas Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias.
 3.3. La presentación del anexo XIII y de la documentación acreditativa de los méritos relacionados en el mismo, se efectuará en el Registro de la Gerencia de Área señalada como preferente en la demanda de empleo. En caso de ser demandante de empleo en varias categorías y tener designadas como “preferentes”, varias Áreas Sanitarias, el interesado podrá presentarla en el Registro de cualquiera de ellas. Todo ello, sin perjuicio de su presentación en cualquiera de las oficinas y registros a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 Los méritos que podrán ser objeto baremación serán los referidos en cada uno de los apartados de los anexos del Pacto sobre contratación temporal del SESPA, y que se recogen en la presente Resolución (Anexos I al XII), esto es:
 1. Formación: para la adquisición de una determinada titulación académica y profesional (universitaria, especializada y demás méritos académicos).
 4. Otros méritos (publicaciones, ponencias y comunicaciones, proyectos de investigación, actividad docente universitaria y de especialistas en ciencias de la salud, servicios prestados en Administraciones Públicas con nombramiento en un puesto con funciones de ordenación y planificación, rotaciones en centros sanitarios de reconocido prestigio y superación de procesos selectivos).
 6.1. Respecto a los méritos relativos al apartado uno de los baremos, esto es, “formación” se valorarán todos los obtenidos y presentados hasta la finalización del plazo de presentación de la documentación cuando no hubieran sido objeto de valoración en el momento de causar alta como demandante de empleo o en las Resoluciones mensuales de modificación de puntuación.
 6.2. Los méritos recogidos en los apartados 2, 3 y 4 de los baremos, “servicios prestados, cursos y otros méritos”, serán los que, conforme a los baremos citados en la base anterior, se hubieran obtenido hasta el día 31 de octubre de 2018, siempre que no hubiesen sido objeto de valoración anterior.
 Junto con el modelo obrante como anexo XIII de esta Resolución, se deberá aportar:
 a) La documentación que acredite los méritos alegados y recogidos en cada uno de los apartados de los baremos específicos para cada categoría, adjuntos como anexos (del I al XII a esta convocatoria), y que no sean valorables de oficio.
 b) Informe impreso del registro de los cursos y otros méritos inscritos en la web https://ambepe.sespa.es, en los términos especificados en la Base Novena de esta convocatoria, que se imprimirá directamente desde la misma, y al que se adjuntará la documentación que acredite los cursos alegados y otros méritos registrados en la web.
 Octava.—Acreditación de méritos relativos a la formación –expediente académico– (apartado 1 de los baremos).
 8.1. Los méritos relativos a Formación (Expediente académico) que se aleguen serán acreditados mediante la presentación del documento original o fotocopia del título o certificación académica.
 8.2. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se adjuntará junto con la copia del título, traducción jurada del mismo y credencial de reconocimiento de la titulación o documento de homologación o convalidación expedido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
 8.3. Dicha documentación deberá ser presentada junto con el modelo del anexo XIII.
 Novena.—Actualización y baremación de los cursos y otros méritos (apartados 2 y 4 de los baremos).
 9.1. Serán valorables los cursos y otros méritos que, conforme a los apartados 2 y 4 de los baremos, se hubieran obtenido hasta el 31 de octubre de 2018.
 9.2. La actualización o introducción de méritos por los demandantes de empleo relativos a los cursos y otros méritos que se hubieran realizado se efectuará, vía on-line, en la página Web “https://ambepe.sespa.es/” siguiendo las instrucciones descritas en el anexo XIV (cursos) y anexo XV (otros méritos) de esta convocatoria. Los otros méritos (apartado 4 de los Baremos), son los relativos a:
 – Ponencias y comunicaciones.
 – Servicios prestados en Administraciones Públicas con nombramiento en un puesto con funciones de ordenación y planificación.
 – Actividad docente universitaria.
 – Actividad docente en formación de especialistas en ciencias de la salud.
 – Rotaciones en centros sanitarios de reconocido prestigio.
 – Superación de Procesos Selectivos.
 9.3. El interesado registrará en los campos establecidos en dicha página todos los cursos y otros méritos que desee que le sean baremados.
 9.4. Los cursos y otros méritos que se registren podrán ser asignados a una o varias categorías, según proceda, de conformidad con el apartado 2 y 4 de los Baremos anexos a esta convocatoria.
 9.5. Tras proceder a la inscripción de los cursos y otros méritos en la web, de conformidad con las instrucciones recogidas en los anexos XIV y XV de esta convocatoria, el interesado dará por concluido el registro de los cursos y otros méritos y generará los informes correspondientes en las opciones “imprimir informe” e “imprimir anexo”. Se generarán tantos informes como Áreas preferentes tenga designadas el demandante. Así, si un demandante tiene demandas de empleo en varias categorías, la web detectará el Área preferente asignada en cada una de ellas y generará tantos informes impresos como Áreas diferentes. En cada uno de ellos aparecerá en el pie la Gerencia del Área donde deben ser presentados junto con el resto de documentación.
 9.6. Dicho informe, firmado por el demandante y al que se unirán las fotocopias de las acreditaciones de los cursos y otros méritos registrados, será presentado junto con el anexo XIII que se puede imprimir directamente en la https://ambepe.sespa.es/, así como con el resto de documentación, en la Gerencia del Área señalada como preferente.
 9.7. Los cursos y otros méritos registrados en la web por el demandante, serán revisados y validados de oficio por la Gerencia de Área señalada como preferente, en atención a la documentación presentada acreditativa de los mismos.
 9.8. La valoración de los cursos y otros méritos se realizará automáticamente en función de los criterios establecidos en los baremos anexos al Pacto y teniendo en cuenta las limitaciones de puntuación establecidas en los mismos.
 9.9. Los cursos en los que la acreditación no especifique su duración en número de horas, y establezcan días o créditos tendrán una valoración equivalente a:
 – 1 crédito............ 10 horas
 – 1 crédito ECTS... 25 horas
 – 1 mes................ 30 horas
 – 1 día.................. 3 horas
 9.10. Ante cualquier problema o incidencia que surja en relación al acceso a la página web, el demandante deberá:
 a) Si se trata de una incidencia en la operativa de la aplicación, llamar al Centro de Gestión de Servicios Informáticos del Principado de Asturias (CGSI), cuyo teléfono es el 985 10 93 00, indicando que se trata de una incidencia operativa sobre la aplicación web “ambepe”. Dicho servicio proporcionará un soporte operativo al demandante.
 b) Si tiene un problema con la contraseña deberá seguir las Instrucciones que se reflejan en el anexo XIV de esta Resolución.
 9.11. Los cursos y otros méritos deberán ser acreditados documentalmente. No obstante, se establecen los siguientes criterios especiales:
 9.11.1. Los méritos relativos a cursos, se acreditarán mediante certificado del curso en el que deberá constar identificación del destinatario del curso con nombre, apellidos y DNI, el organismo o entidad que convocó e impartió dicha actividad formativa, las fechas de realización, contenido del curso/programa formativo o categorías destinatarias y número de créditos y/o horas asignados.
 9.11.2. En el supuesto de cursos que deben ser acreditados por la Comisión Nacional o Autonómica de Formación Continuada, deberá constar el logotipo de la respectiva comisión.
 9.11.3. Serán válidos aquellos diplomas firmados digitalmente que se puedan referenciar a una web verificable o cotejable por el órgano de validación. En otro supuesto, deberá presentarse certificación firmada por el órgano que impartió la actividad formativa que contendrá toda la información exigida en este apartado.
 9.11.4. El órgano de validación se reserva el derecho de poder exigir al aspirante cualquier documentación complementaria y/o rechazar cualquier certificado en línea cuando existan dudas razonables sobre su autenticidad.
 9.11.5 Para las publicaciones registradas en el NCBI (Nacional Center of Biotechnology Information) http://www.pubmed.org se deberá presentar una copia impresa de la página web donde aparezcan las publicaciones, especificando las referencias de nombre usadas para su búsqueda.
 9.11.6. En el supuesto de libros/capítulos de libro editados en papel se deberá adjuntar copia de las hojas en que conste el título del libro, el título del capítulo, el autor, su ISBN y fecha de publicación.
 Décima.—Actualización y baremación de los servicios prestados (apartado 3 de los baremos).
 10.1. Los servicios que hubieran prestado los demandantes de empleo en los Centros o Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, con excepción de los prestados en los Servicios Centrales, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018 se acreditarán mediante certificación expedida de oficio por la Dirección Gerencia del SESPA sin necesidad de su presentación por parte del solicitante.
 10.2. No se certificarán de oficio y por lo tanto deberán ser acreditados por los solicitantes de la actualización y valoración de méritos:
 a) Los servicios prestados en los Servicios Centrales del SESPA.
 b) Los servicios prestados para el SESPA (o extinto Insalud) en Asturias en centros o Instituciones Sanitarias adscritas al mismo, no presentados en anteriores actualizaciones y previos al 1 de enero de 2017.
 c) Los servicios prestados en centros sanitarios de la Red Sanitaria Pública del Principado de Asturias. En este caso, los servicios prestados se computarán desde la fecha en que el centro haya pasado a integrarse en la Red Sanitaria Pública mediante la formalización de un Convenio Singular, Concierto, o cualquier otra forma de gestión integrada o compartida con el Servicio de Salud del Principado de Asturias.
 d) Los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias ajenas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, y que sean valorables según lo dispuesto en el apartado 3 de los anexos (del I al XII) de esta convocatoria.
 e) Los Servicios prestados para la Administración del Principado de Asturias.
 10.3. Estos servicios prestados deberán ser acreditados mediante certificación expedida por el órgano correspondiente de la Institución Sanitaria Pública, centro de carácter asistencial de la Administración del Principado de Asturias o centro sanitario de la Red Sanitaria Pública, que el demandante aportará junto con el anexo XIII. En el supuesto de servicios prestados en un centro hospitalario integrado en la Red Sanitaria Pública el certificado deberá hacer mención expresa a la fecha de formalización del correspondiente Convenio Singular a través del cual dicho centro se encuentra vinculado a la Red Sanitaria Pública, detallándose además, cuando se trate de un centro privado vinculado a la Red Sanitaria de Utilización Pública la actividad, proceso o prestación sanitaria concertada y el cometido profesional que desarrolla el demandante dentro de la misma. La falta de acreditación de estos extremos en los certificados supondrá la no baremación de los servicios prestados contenidos en los mismos.
 10.4. No se considerará tiempo computable el período en que se haya disfrutado permiso sin sueldo, ni el período de excedencia voluntaria. Asimismo, no podrán valorarse simultáneamente los períodos que se superpongan o los servicios prestados en puesto incompatibles entre sí, de conformidad con la normativa vigente a estos efectos.
 10.5. Los servicios prestados con nombramiento o contrato a tiempo parcial se valorarán como prestados a tiempo total o jornada completa.
 Undécima.—Requisitos que han de reunir los documentos acreditativos de méritos.
 11.1. Documentos originales.—No serán valorados los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.
 11.2. A efectos de valoración de la Formación Universitaria no se admitirán papeletas de examen, ni cualesquiera otros documentos distintos a la certificación académica personal.
 11.3. Los órganos de validación de los expedientes se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que expidan las certificaciones la veracidad del contenido de las mismas cuando a su juicio se considere necesario.
 11.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos acreditativos de méritos deberán ser redactados o traducidos al castellano por organismo oficial competente o por traductor jurado.
 Duodécima.—Consignación de datos falsos.
 La consignación de datos falsos o no acreditados en el registro de cursos, en el anexo XIII o en la documentación acreditativa de los méritos, supondrá que no serán tenidos en cuenta a la hora de su baremación, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en la que pueda incurrir.
 Decimotercera.—Rebaremación de méritos y coeficiente corrector.
 13.1. De conformidad con el apartado 1 de los anexos I al IX de esta Resolución, se rebaremarán de oficio las puntuaciones correspondientes a los Títulos de máster título propio, especialista y experto universitario, aplicando los límites máximos anuales y absolutos recogidos en los baremos.
 13.2. Se rebaremará el apartado 1 B).—formación especializada de los anexos II y IV, ambos inclusive, en el sentido de limitar a un máximo de 4 puntos por este factor.
 13.3. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de los baremos, se procederá a calcular las puntuaciones otorgadas por cada crédito de formación aplicando el nuevo valor del crédito y adaptando la puntuación a los nuevos límites anuales y absolutos relativos a los cursos de formación establecidos en los anexos (I-XII).
 13.4 Se rebaremarán los subapartados de servicios prestados para las categorías profesionales recogidas en los anexos III, IV y V del Pacto de Contrataciones de conformidad con la modificaciones aprobadas por Resolución de esta Dirección Gerencia de 26 de noviembre de 2018 (BOPA del 3-XII-2018).
 13.5. Se aplicará la nueva puntuación relativa a los libros dentro del apartado 4 de todos los baremos, conforme a la nueva asignación de puntuación contenida en el pacto, y conforme a los límites de puntuación tanto anuales como absolutos.
 13.6. Se procederá a aplicar una puntuación adicional en el apartado cursos, en los casos que proceda, calculada conforme al coeficiente corrector establecido en el apartado 2.2 de los anexos I al XII de esta Resolución.
 13.7. Una vez alcanzadas las puntuaciones máximas de cada uno de los apartados y/o subapartados ya no serán objeto de valoración los méritos presentados.
 Decimocuarta.—Resolución de la convocatoria.
 14.1.—Una vez efectuada la valoración y rebaremación de los méritos aportados, la persona titular de la Dirección Gerencia del SESPA dictará y publicará resolución con los listados provisionales de puntuación. Esta resolución se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del SESPA, en los de las distintas Áreas Sanitarias así como en la página web astursalud.es
 14.2. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución referida en el apartado anterior, para subsanar, en su caso los defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma, y corregir los posibles errores cometidos en las puntuaciones.
 14.3. El escrito instando la subsanación o reclamación se dirigirá a la Gerencia del Área designada como preferente por el interesado.
 14.4. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones y subsanaciones formuladas frente a los listados provisionales serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución que publique los listados definitivos. Los listados definitivos establecerán la prioridad en la designación de candidatos para la formalización de nombramientos temporales y entrarán en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación.
 14.5. La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SESPA, de las distintas Áreas Sanitarias y en la página web: astursalud.es
 14.6. Las puntuaciones definitivas podrán ser revisadas de oficio en cualquier momento, en función de la comprobación de la acreditación de los méritos alegados.
 Decimoquinta.—Recursos.
 Sin perjuicio de su revisión de oficio, esta convocatoria y cuantos actos dimanen de ella pueden ser objeto de recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 Ley 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, así como en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y así como en el artículo 35.1 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, sin perjuicio de los que, además, procedan en derecho.
 En Oviedo, a 27 de noviembre de 2018.—El Director Gerente.—Cód. 2018-12090.


type: other

text:
Klemencsics Andrea*
 Az Emberi Jogok Európai Bírósága által előidézett változások a magyar jogrendszerben
 Emberi Jogok Európai Bírósága – pilot judgment eljárás – közvetlen hatás –
 közvetett hatás – emberi jogok nemzetközi védelme
 Jelen tanulmány hipotézise, hogy az emberi jogok nemzeti védelmének alapjai az Európa Tanács tagállamai esetében nagymértékben a nemzetközi jogban, illetőleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB vagy Bíróság) ítélkezési gyakorlatában keresendőek. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE vagy Egyezmény) számos első generációs emberi jogot garantál, amelyet a tagállami alkotmányok lényegében azonos tartalommal építettek be jogrendszerükbe. Az Egyezmény és a Bíróság kivételes jelentőségét az adja, hogy az EJEE és az EJEB joggyakorlata ugyan formálisan csak az alperes államra és csak az egyes konkrét ügyben kötelezőek, de a „precedens jellegű” ítélkezési gyakorlatra1, illetőleg az európai konszenzus intézményére2 tekintettel a döntések hatásai jóval tovább terjednek.3
 A tanulmányban az EJEB magyar jogrendszerre kifejtett hatását vizsgálom meg részletesebben, és arra kívánok rámutatni, hogy bár az EJEB döntései nyomán a tagállamok nem kötelesek az Egyezménybe ütköző rendelkezést vagy hatóságaik által alkalmazott gyakorlatot megváltoztatni, ennek ellenére a tagállamok egyre inkább próbálják jogrendszerüket a döntéseknek megfeleltetni. Ezáltal az EJEB ítéleteinek közvetett hatása is egyre jobban érvényesül, tekintettel arra, hogy az államok próbálják elkerülni a további elmarasztalásokat,4 amelynek következtében a Bíróság egyre inkább közös európai mércévé kezd válni. Mint ahogy azt Baka András is megállapította, az „EJEB jogi kultúrát közvetít. A bíróság esetjoga európai jogi kincs, közös érték, egy korszak fejlődését, változását tükrözi, végigkövethetők rajta a főbb jogi vonulatok. Lehet bírálni az esetjogot, hogy lassan alakul, de ebben az esetben a lassúság, az állandóság, a kiszámíthatóság is érték, mert a Bíróság egy-egy döntésével nem szaladhat előre és nem maradhat nagyon le.”5
 1. Az EJEB döntési mechanizmusa és következményei
 Amennyiben az Egyezményt valamely részes állama megsérti, akkor az összes rendelkezésre álló hazai érdemi jogorvoslati lehetőség kimerítése után fordulhat a kérelmező az EJEB-hez. Amennyiben a Bíróság a kérelmet befogadja és a kérelmező számára kedvező döntés születik, az EJEB többféleképpen szolgáltathat elégtételt: számos esetben az államot kártérítés fizetésére kötelezi, azonban, ha a jogsértés kisebb súlyú (vagy a kérelmező maga sem kér pénzbeli elégtételt), az EJEB dönthet úgy is, hogy maga a jogsértés megállapítása is kellő elégtételül szolgál. Ugyanakkor a pernyertes panaszos az eljárással kapcsolatban felmerült és igazolt költségeinek megtérítését minden esetben követelheti az államtól, természetesen csak a Bíróság által elfogadott mértékben. Fontos megjegyezni, hogy a Bíróságnak nincs hatásköre a döntés kikényszerítésére és a nemzeti bírósági ítélet megsemmisítésére, azonban a döntés sosem marad következmények nélkül.6 Erre biztosítékot az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága jelent, amely az EJEB-döntés végrehajtásának felügyeletét végzi. A Miniszteri Bizottság hat hónapon belül napirendjére tűzi minden ítélet végrehajtásának az ellenőrzését, és mindegyikről rendszeres beszámolót kér a tagállamoktól. Ha az államok nem teljesítik az ítéletekből származó kötelezettségeiket, annak elsősorban diplomáciai és viszonylag szűk körű jogi, illetve nemzetközi jogi szankciói vannak.
 Azonban az EJEB-döntésnek az adott ország jogrendszerére közvetlen vagy közvetett hatása is lehet. Közvetlenül hat a döntés, amennyiben annak következményeként jogszabály vagy jogszabály bevett értelmezésének megváltoztatására kerül sor. Ezzel szemben közvetett hatásnak minősül, amennyiben a tagállami alkotmánybíróság vagy a bíróságok gyakorlatában jelenik meg az EJEB döntése, és ezen keresztül gyakorol tényleges hatást a jogrendszerre.7
 A továbbiakban a konkrét esetek kapcsán azt vizsgálom, hogy az EJEB döntései milyen közvetlen, illetőleg közvetett hatást idéztek elő a magyar jogrendszerben.
 A vizsgálat tárgyává kizárólag a 2014-ben hozott EJEB- és magyar alkotmánybírósági döntéseket teszem, azon okból kifolyólag, hogy ezen legfrissebb határozatok is kivétel nélkül egy 5–10 éves vitatott magyar szabályozásra való, pozitív vagy negatív irányba történő hazai jogalkotási reakciót mutatnak be, és alkalmasak lehetnek kellő következtetések levonására.
 2. Jogszabály-módosulást előidéző, ún. közvetlen hatások
 2.1. Gajcsi kontra Magyarország ügy8
 Az EJEB 2014. szeptember 24. napján hozott döntést Gajcsi László ügyében, melynek előzménye egy 2006-os, a magyar államot ugyancsak elmarasztaló ítélet9 volt, és melyben a kérelmező jogellenesen történő pszichiátriai intézetben való fogvatartását az EJEE 5. cikkével, azaz a szabadsághoz és biztonsághoz való joggal ellentétesnek ítélte meg a Bíróság. A strasbourgi döntés után a Kaposvári Bíróság 2008-ban visszaállította a kérelmező cselekvőképességét, azonban választójogát nem, amelynek eredményeként a 2010. április 11-én tartott országgyűlési választásokon nem tudott részt venni.
 Az EJEB a Kiss Alajos kontra Magyarország10 ügyet alapul véve döntött a kérelmező ügyében. A hivatkozott döntésben Kiss Alajost mániás depresszió miatt cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezték, amelynek következtében az Alkotmány 70. § (5) bekezdése alapján automatikusan elvesztette választójogát. Az EJEB döntésében kifejtette, hogy a magyar szabályozás nem tesz különbséget a cselekvőképességet kizáró és korlátozó gondnokság között, ezzel pedig a gondnokság alatt állóknak a választójogtól való mérlegelés nélküli megfosztása a választójogosult magyar népesség 0,75%-át érinti.11
 A döntés nyomán a jogalkotónak két lehetősége állt fent, hogy létrehozza az Egyezménnyel összhangban levő szabályozást: az első – és liberálisabb – megoldás szerint a gondnokság alatt állók automatikusan rendelkezhetnének választójoggal. A másik megoldás alapján a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állók választójoga minden esetben egyedi bírói mérlegelés tárgyát képezhetné.12
 Az Alaptörvény megalkotása során a magyar szabályozás reagált az EJEB döntésére, és az Alkotmány vitatott rendelkezését az alábbiak szerint változtatta meg: „Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.”13 Az új magyar szabályozás a cselekvőképesség fogalmát felváltotta a belátási képesség fogalmával, emellett eltörölte a választójog automatizált elvesztését és azt – a második lehetőséget választva – egyedi bírói döntés függvényévé tette, amivel egyben egy régóta tartó vita végére is pontot tett.14 Azonban említést érdemel, hogy a jelenlegi szabályozás sem kompatibilis az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2011)1415, 2011. november 16. napján közzétett ajánlásával, valamint a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (ismertebb nevén: Velencei Bizottság) állásfoglalásával, tekintettel arra, hogy mindkét fentebb hivatkozott dokumentum javasolja16 az államoknak a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező fogyatékos állampolgárok választójogára vonatkozó mindenféle korlátozás eltörlését. Ezenkívül az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (CRP) is több ízben felhívta Magyarországot17 az Alaptörvény rendelkezéseinek megváltoztatására, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás diszkriminatív a fogyatékos személyekkel szemben. Így az EJEB által kívánt átültetés – ami a fentiek szerint nem strasbourgi sajátosság, hanem a nemzetközi jog általános gyakorlatával is azonos – nem valósult meg, azonban az eddigi szabályozáshoz képest mindenképpen előrelépést jelent.
 2.2. Vajnai kontra Magyarország18, Vajnai és Horváth kontra Magyarország19
 és Noé, Vajnai és Bakó kontra Magyarország20 ügyek
 A döntések előzményét egy 2003 februárjában történt esemény szolgáltatta, amikor Vajnai Attila, a Munkáspárt akkori alelnöke Budapesten, a rendszerváltás során eltávolított Marx és Engels szobornál tartott beszéde során 5 cm széles, ötágú vörös csillagot viselt. A jelen lévő rendőr felszólítására a csillagot zakójáról eltávolította, azonban a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt eljárás indult ellene, amelynek eredményeként egy év felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélték. A fellebbezést követően a Fővárosi Bíróság (mai Fővárosi Törvényszék) előzetes döntéshozatal iránti kérelmével az Európai Unió Bíróságához fordult21, tekintettel arra, hogy számos, Magyarországon tiltott jelkép, így a vörös csillag is, más uniós országokban nem tartoznak tiltás hatálya alá. Az Európai Unió Bírósága azonban az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet elutasította, tekintettel arra, hogy az ügy eldöntése nem tartozik hatáskörébe.
 Vajnai ezután fordult az EJEB-hez, amely döntésében megállapította, hogy bár a kiszabott szankció a magyar jog által előírt volt, azonban a szólásszabadság és különösen a politikai véleménynyilvánítás alapvető fontosságú a demokratikus társadalmi berendezkedés működése szempontjából. A Bíróság továbbá azt is kifejtette, hogy a vörös csillag több jelentéssel bír, és több országban még ma is a Munkáspárt jelképe (Lettország, Szlovákia).
 A 2014. évi döntés alapjául szolgáló kérelmek hasonló tényálláson alapultak.22 Első esetben a kérelmet Vajnai Attila nyújtotta be, arra hivatkozással, hogy 2009. május 18. napján békés demonstráción vett részt, amely során kabátján ötágú vörös csillagot viselt. A rendezvényen jelen lévő rendőr felszólította a jelkép eltávolítására, amelyet el is koboztak. A kérelmező sérelmezte a rendőri intézkedést, ezért a Fővárosi Bírósághoz (mai Fővárosi Törvényszékhez) fordult, amely a kérelmet elutasította az eljárás időpontjában hatályos 1978. évi IV. törvénnyel kihirdetett Büntető Törvénykönyv (Btk.) 269/B. szakasza alapján. A fellebbezést követően a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) az elsőfokú döntést helybenhagyta, a már említett, 2008-as strasbourgi bírósági döntés ellenére, melyet a kormány később azzal indokolt, hogy a két ügy különböző, mivel a Btk. szerint továbbra is tilos a vörös csillag viselése, mely azonban az utóbbi esetben csupán eltávolításra került, egyéb intézkedést nem foganatosítottak Vajnai Attilával szemben.
 A második esetben, a Horváth és Vajnai ügyben a kérelmezőket elítélték 2003 és 2005 között megvalósított bűncselekmény miatt. Vajnai esetében ez vörös csillag viselését (rendezvényen, televízióban, bíróságon, ügyészségen), míg Horváth esetében sarló és kalapács jelkép viselését jelentette nyilvános rendezvények alkalmával. Vajnait 120 ezer forint pénzbüntetésre és 45 ezer forint eljárási költség megfizetésére ítélték, míg Horváthot egy év próbaidőre felfüggesztették.
 A harmadik ügyben, a Noé, Vajnai és Horváth kontra Magyarország ügyben a kérelmezőket elmarasztalta a magyar bíróság, tekintettel arra, hogy antikapitalista mikulás nevű tiltakozó rendezvényükön, zászlójukon és szórólapjaikon vörös csillagot használtak. A rendezvény célja az volt, hogy a fogyasztók figyelmét felhívja a szegénységre és a piacgazdaság hátrányaira. A jelen lévő rendőr azonban a rendezvény beszüntetésére kötelezte őket, majd a IV. kerületi rendőrkapitányságra előállították és ott kihallgatták őket.
 Az EJEB által vitatott magyar gyakorlatok kivétel nélkül az akkor hatályos Btk. rendelkezésein alapultak. Mialatt zajlott az EJEB előtti eljárás, az Alkotmánybíróság 4/2013. (II. 21.) számú határozatában kimondta, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. §-a Alaptörvény-ellenes, ezért 2013. április 30-ával megsemmisítette, amit az új Btk. vonatkozó rendelkezéseire is kiterjesztett.23 Az Alkotmánybíróság indoklásában kifejtette,24 hogy a jelenlegi szabályozás nem kellően világos és körülhatárolt, mivel a jelképhasználatot általában rendeli büntetni, jóllehet a célzatnak, az elkövetés módjának vagy a kiváltott eredménynek figyelembevétele, valamint az egyes szimbólumok esetében azok használatának módja és célja elengedhetetlen lehet.25 A 2012. C. törvény (új Btk.) 335. §-a az önkényuralmi jelképek használatáról már ennek megfelelően rögzíti, hogy abban az esetben valósul meg a bűncselekmény, ha az illető a jelképeket a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon terjeszti, használja vagy közszemlére teszi. Az EJEB marasztaló ítéletének központi érve a jelképek többértelműsége volt, amely azonban Magyarország esetében nem feltétlenül igaz.26 Így az alkotmánybírósági határozat igazi elméleti problémája az volt, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is kövesse a saját korábbi határozatában lefektetett megközelítést,27 melyet a Fratanoló és Vajnai ügy vizsgálata során az EJEB az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétesnek minősített.28 A strasbourgi esetek, bár nem válnak pro forma a belső jog részévé,29 azonban a 61/2011. (VII. 13.) AB határozat kimondta, hogy a pacta sunt servanda elve alapján az Alkotmánybíróságnak követnie kell a strasbourgi gyakorlatot, akkor is, ha ez a határozatokból közvetlenül nem következne.30 Így az EJEB a saját korábbi határozatához ragaszkodva gyakorlatilag kikényszerítette a magyar szabályozás megváltoztatását, amely az Egyezménynek való megfelelés érdekében az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát sértő fordulattal áthidalta az EJEB által megkövetelt véleménynyilvánítás szabadságának korlátok nélküliségét a többértelmű jelképek esetén. Így az EJEB által sérelmezett rendelkezést, vagyis az önkényuralmi jelképek mindenféle nyilvános ábrázolásának általános jelleggel történő büntetését megszüntette. Az ügy érdekessége, hogy nem csupán közvetlen, hanem (a későbbiekben tárgyalandó) közvetett hatása is volt az EJEB döntésének.
 2.3. Karácsony és mások kontra Magyarország ügy31
 A Vajnai-ügyhöz hasonlóan, jelen esetben is a kérelmezők véleménynyilvánítási szabadságuk korlátozását sérelmezték. Az ügy kérelmezői a magyar parlament egyik ellenzéki pártjának (Lehet Más a Politika) tagjai, akik molinók felmutatásával fejezték ki véleményüket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény – véleményük szerint rendkívüli gyorsasággal, megfelelő vizsgálat nélkül történő – elfogadása, valamint a trafiktörvény és földtörvény módosítása során. A házelnök az Országgyűlés munkájának megzavarása miatt 170 euró és 600 euró közötti pénzbírsággal sújtotta a kérelmezőket, tekintettel arra, hogy cselekményükkel megzavarták az Országgyűlés munkáját.
 A kérelmezők szerint a bírság kiszabása sértette az Egyezmény 10. cikke által biztosított véleménynyilvánítás szabadságát, a 13. cikk szerinti hatékony jogorvoslathoz való jogot és a 14. cikk szerinti diszkrimináció tilalmát, főként, hogy a bírság kizárólag a házelnök hatáskörében lett kiszabva. Habár az ügy kapcsán az Alkotmánybíróság a 3206/2013. (XI. 18.) és a 3207/2013. (XI. 18.) számú határozatában az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) vitatott rendelkezéseivel szembeni kifogást elutasította,32 azonban említést érdemel, hogy Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság akkori elnöke határozathoz csatolt különvéleményében a magyar szabályozás ugyanazon hiányosságaira mutat rá, mint a döntésében az EJEB.
 Az eljárás során az EJEB a hazai jogszabályok közül vizsgálata alá vonta az Alaptörvényt, az Ogytv.-t, továbbá az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, illetőleg az Európai Parlamentnek az eljárási szabályzatát. Az Európai Parlament eljárási szabályzatánál külön kiemelte, hogy a képviselők magatartását a kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, és tiszteletben kell tartaniuk a Parlament méltóságát, amely magába foglalja, hogy nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a Parlament munkáját sérti vagy akadályozza.33 A Bíróság megállapította, hogy a fentiek alapján bevett gyakorlat, hogy a parlamentek szankciókat alkalmaznak a szabályzatukat megsértő képviselőkkel szemben. Ennek magyarázata, hogy amíg a mentelmi jog intézménye a külső behatások ellen védi a parlament és tagjainak tekintélyét, addig az ily módon kiszabott szankciók a belső jogsértések ellen nyújtanak védelmet.34
 A Bíróság figyelembe vette a 10. cikk rendelkezését, majd az elérendő célt és úgy vélte, hogy bizonyos körülmények között lehetőség van a véleménynyilvánítás szabadságának ilyen jellegű korlátozására, azonban jelen beavatkozás nem tekinthető „szükségesnek egy demokratikus társadalomban” a 10. cikk (2) bekezdésére tekintettel, mivel az Országgyűlés elnöke enyhébb szankciókat nem alkalmazott (megrovás, figyelmeztetés).35 A Bíróság döntése értelmében így a kérelem a 10. cikk és 13. cikk tekintetében elfogadható, míg a többi rész tekintetében a kérelmet a Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította. Az EJEB így két ok miatt marasztalta el Magyarországot, egyrészt a megfelelő jogorvoslat hiánya, másrészt a fokozatosság hiánya, azaz egyből a legsúlyosabb büntetés alkalmazása miatt.
 Az Ogytv. számos rendelkezését az Országgyűlés már az EJEB döntésének megszületése előtt módosította a 2014. évi XIV. törvénnyel. A módosítás többek között hatályon kívül helyezte a 49. § (7)–(8) bekezdését, az 50. § (2a) bekezdését, illetőleg az 52. § (5) bekezdését, amely szerint a házelnök a magatartás tanúsításától számított öt napon belül jogosult a képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentésére, illetőleg képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztésére javaslatot tenni. Továbbá beiktatásra került a 38/A. §, amely szerint tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetés kizárólag a Házbizottság engedélyével lehetséges.
 Ez a módosítás azonban nincs összhangban az EJEB ítéletében megfogalmazott követelményekkel. Amint arra az Alkotmánybíróság 3206/2013. (XI. 18.) számú határozatához csatolt különvéleményében Paczolay Péter is rámutatott, jelen szabályozásból hiányzik a szankciók lépcsőzetessége,36 és álláspontja szerint emiatt az Ogytv. 52. § (2) bekezdés a) pontjának Alaptörvény-ellenességét kellett volna megállapítani azokban az esetekben, amelyekben a jogkövetkezmények alkalmazására a kifogásolható tartalmú megszólalást követően, de rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül került sor.37 Az EJEB határozatában38 a véleménynyilvánítás szabadsága megsértésének indokaként a Paczolay különvéleményében megállapított okokat hozza fel, melyre a jogszabály-módosítás továbbra sem ad megfelelő biztosítékokat. Paczolay a különvéleményében kihangsúlyozta, hogy jelen ügyben nincsen a véleményszabadsággal versengő másik alapjog, ezért az állami fellépés lehetőségének korlátozottnak kell lennie.39 Ezen megállapítás fényében a 38/A. § beiktatása az EJEB ítéletének szemszögéből nézve egyenesen a jogszabály kívánttal ellentétes irányba történő módosítását jelenti.
 3. A joggyakorlatra gyakorolt, ún. közvetett hatás
 Az EJEB-nek a magyar jogrendszerre gyakorolt közvetett hatása értelemszerűen kisebb mértékű, mint a közvetlen hatása. A közvetett hatás vizsgálatánál azonban célszerű szétválasztani az Alkotmánybíróságra, illetőleg az egyéb bírói fórumokra gyakorolt hatást.
 Az Alkotmánybíróság legelőször a 23/1990. (X. 31.) számú, a halálbüntetés eltörléséről szóló határozatában hivatkozott40 az EJEE-re. Az azóta tartó tendencia szerint az Alkotmánybíróság az összes döntésének mintegy 9-10 százalékában hivatkozott az Egyezményre és az EJEB gyakorlatára. Pontos számot azonban nehezen lehet megadni, tekintettel a váltakozó, illetőleg fel nem tüntetett hivatkozásokra.41 Szalai Anikó statisztikája szerint a 2011. évvel bezárólag az összes alkotmánybírósági döntés vizsgálata azt mutatja, hogy 117 alkalommal történt az AB határozatok indoklásában kifejezett utalás az EJEE-re, míg további 36 alkalommal a különvélemények utaltak az Egyezményre vagy az EJEB gyakorlatára.42
 Négyféle hivatkozásfajtát tudunk az Alkotmánybíróság gyakorlatában megkülönböztetni: első az összefoglaló hivatkozás43, amely konkrét aktus említése nélkül általában hivatkozik nemzetközi kötelezettségre, és benne az EJEB joggyakorlatára. Második a konstruktív érv44, amely az értelmezést egyedül, másik érv mellett alkotja, ennél gyengébb a kiegészítő konstruktív érv, amely másodlagosan több más érv mellett tölti be az alakító érv szerepét. Az utolsó az igazoló érv45, amely a kialakított értelmezést elősegíti-alátámasztja, azonban nem látszik kifejezetten a szerepe az érvelésben.46 Az Alkotmánybíróság gyakorlatában mind a négy típus megtalálható, de leginkább a konstruktív és igazoló érvek kapnak szerepet. Természetesen ezek során a leggyakrabban hivatkozott cikkek az EJEE 6. és 10. cikkei a vonatkozó joggyakorlattal együtt.47 A 6. cikk esetében ez nem meglepő, tekintettel arra, hogy Magyarország elmarasztalásainak legnagyobb részét a tisztességes eljáráshoz való jog valamely aspektusának sérelme teszi ki (az EJEB hivatalos statisztikái szerint 2014. december 31-ig összesen 267 alkalommal került sor a magyar állam elmarasztalására a 6. cikk sérelme miatt).
 Az EJEE 10. cikkére is többször hivatkozik az Alkotmánybíróság, melyben a fent említett 4/2013. (II. 21.) számú határozat hozott a legnagyobb változást, amikor is az Alkotmánybíróság a saját korábbi döntését megváltoztatva az EJEB megközelítését fogadta el, és megállapította a Büntető Törvénykönyv Alaptörvény-ellenességét. Azonban az EJEE egyéb cikkei is rendszeres hivatkozásul szolgálnak az Alkotmánybíróság döntéseiben.48 A legutóbbi, legnagyobb horderejű ügyek között a börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatos III/1292/2014. AB határozat és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos III/00833/2014. AB végzés szerepel, melyekben kivétel nélkül részletesen hivatkoznak az EJEB joggyakorlatára.
 A börtönök túlzsúfoltságával kapcsolatos III/1292/2014. AB határozat, melyet az Alkotmánybíróság a magyarországi fegyintézetek celláinak méretével kapcsolatban hozott, több szempontból is nagy érdeklődésre tarthatott számot. Az alapügyben három kártérítés iránti pert indítottak a Fővárosi Törvényszéken, melyben az eljáró bíró az ellentmondó szabályozás miatt alkotmánybírósági eljárást kezdeményezett.49 Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése Alaptörvény-ellenes és az EJEE 3. cikkével, a kínzás, az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmával és az erre vonatkozó EJEB-joggyakorlattal is ellentétes,50 mivel nem biztosítja a minimális 4 m2 mozgásteret a fogvatartottak számára, ezért 2015. március 31-i hatállyal megsemmisítette a szóban forgó rendeletet. A jogalkotó azonban nem várta meg a határidőt, és a rendeletet 2015. január 1-jével hatályon kívül helyezte, azonban a sérelmezett 3 m2 rendelkezést a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 121. § (1) bekezdése a korábbival azonos tartalommal vette át, így az Egyezmény-ellenes állapot véleményem szerint továbbra is fennáll.
 Ezt követően az EJEB 2015. március 10. napján51 elmarasztalta Magyarországot az EJEE 3. cikkének (kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma) megsértése miatt. Az elmarasztalás alapjául szolgált számos nemzetközi dokumentum, mint például a Foglyokkal való Bánásmód Általánosan Elfogadott Minimális Szabályai (1955), az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottsága (CPT) általános jelentéseinek kivonatai, illetőleg a 2013 áprilisában Magyarországról készített CPT-jelentés. Ez utóbbi jelentésében a CPT kihangsúlyozta a magyar börtönökben uralkodó túlzsúfoltság elleni cselekvés azonnali szükségességét, melyet az EJEB is megállapított a Szél-ügyben.52 A Szél-ügyben a strasbourgi bíróság kártérítést ítélt meg a kérelmező számára, melyet követően számos hasonló ügyben döntött hasonló módon a Bíróság, nyilvánvalóvá téve a strasbourgi ítélkezési gyakorlat következetességét,53 amely azonban, miként arra Szemesi Sándor is rámutat, korántsem mechanikus, pusztán az elítélt számára rendelkezésre álló férőhelyet vizsgáló, hanem a strasbourgi bíróság ítéleteinek meghozatala során az egyéb fegyintézeti körülményeket is értékeli.54
 Az EJEB 2015. március 10-i ítéletének súlyát jelzi, hogy jelen döntést az EJEB ún. pilot-eljárás keretében bírálta el.55 Ezt az eljárási formát a strasbourgi bíróság fejlesztette ki, az egyre nagyobb ügyhátralék csökkentése, ezek közül is elsősorban az ún. ismétlődő ügyek (repetitive cases) gyorsabb megoldása érdekében. Az új eljárásrend lényege, hogy a nemzeti jogoknak az Egyezménnyel ellentétes működését, azaz rendszerproblémáit képes orvosolni azáltal, hogy nem minden esetet vizsgál meg külön-külön, hanem az adott problémás ügycsoportok közül kiválaszt egyet vagy néhányat, és az eljárás lefolytatása alatt felfüggeszti vagy elhalasztja a többi hasonló ügy elbírálását. A Bíróság határozatában felhívja az érintett kormányt az Egyezmény rendelkezéseit sértő gyakorlatának beszüntetésére, és meghatározza a nemzeti törvények Egyezményhez való igazításához szükséges lépéseket.
 A Bíróság így először az adott tagállamot hívja fel a tömeges jogsértés megszüntetésére, és csak ennek hiányában kezdi meg a többi ügy vizsgálatát. Az eljárásnak több gyenge pontja van, többek között a tömeges jogsértések közül az esetek kiválasztásának véletlenszerűsége, illetőleg az Egyezmény-ellenes szabályozás megállapítását követően az adott kormány együttműködési hajlandóságának hiánya a nemzeti szabályozás megváltoztatására.56
 Ezen ügy érdekességét adja, hogy az EJEB nem Magyarország esetében élt először a piloteljárással a börtönök túlzsúfoltsága miatt, ugyanis a Torreggiani-ügyben57 Olaszországot is ugyanezen eljárás keretében marasztalta el az olasz börtönök túlzsúfoltsága miatt, mely a strasbourgi bíróság szerint ugyancsak egy strukturális jellegű probléma eredménye.58
 A többi hazai bírói fórum határozatait áttekintve azt láthatjuk, hogy azok egyre többet hivatkoznak az EJEB gyakorlatára, ami inkább elvi szintű utalásnak tűnik a határozatban, mintsem tényleges hivatkozásnak, tekintettel arra, hogy leggyakrabban a „figyelemmel az EJEB és a Legfelsőbb Bíróság, majd a Kúria joggyakorlatára” szófordulat szerepel ezekben az ítéletekben.59 Elenyésző mértékben azonban tényleges hivatkozási alapul is szolgálnak az EJEE cikkei és az EJEB joggyakorlata a magyar bíróságok számára, mint például a Fejér Megyei Bíróság 25.P.22.432/2008/61. számú határozata esetében, melyben az EJEE 6. cikkének elemzéséhez a Bock kontra Németország esetet vette alapul a bíróság a döntésének meghozatala során.60 Mindezek ellenére megállapítható, hogy a magyar ítélkezési gyakorlatban elsődleges hivatkozási alapként az EJEE gyakorlatával szinte soha nem találkozunk, legfeljebb az ítélet indoklásában vagy elvi szinten láthatunk rá utalást.61
 A magyar bíróságok így a fentebb ismertetett hivatkozások közül leginkább az összefoglaló és az igazoló érvek típusát alkalmazzák, tehát az „érdemi” hivatkozások fajtáit szinte teljes mértékben nélkülözik, amelynek indoka talán a bírói szervezet nemzetközi normák mindennapi alkalmazásától való idegenkedése.
 Ezáltal azon kettősség alakult ki a hazai judikatúrában, hogy az Alkotmánybíróság nyitottságával szemben – amely az európai mérce és gondolkodás (EJEE szövegének és EJEB joggyakorlatának) átvételében nyilvánul meg – a magyar bírói kar távolságtartásának és zártságának lehetünk tanúi. Ebből következik, hogy a strasbourgi bíróság Magyarországon majdnem kizárólag csak az Alkotmánybíróságon keresztül gyakorol közvetett hatást a magyar jogrendszerre.
 A kiválogatott esetek és a magyar joggyakorlat vizsgálata alapján kíséreltem meg az Emberi Jogok Európai Bírósága részéről a magyar jogrendszerre kifejtett közvetlen és közvetett hatásoknak a – korántsem teljes – bemutatását. Az alábbi táblázat érzékelteti a 2014. évben Magyarországgal szemben hozott elmarasztaló döntések belső jogi következményeit (a tisztességes eljáráshoz való jogot tartalmazó 6. cikk megsértésének 24 esetét kivéve).
 EJEB-döntés
 (kérelem száma)
 Belső jogi eljárás
 (kizárólag
 AB határozatok)
 az EJEB-eljárást
 Ungváry és
 10. cikk sérelme
 (64520/10)
 5. cikk sérelme
 (68435/10)
 (33592/11)
 (62631/11)
 Magyar keresztény mennonita egyház és mások
 9. cikk sérelme
 (70945/11)
 az EJEB-döntés előtt megszületett a módosítás
 2013. CXXXIII.
 3. cikk sérelme
 (73593/10)
 2014. évi LXXII. törvény 93–162. §
 3013/2015. (I. 27.) AB végzés
 6. és 10. cikk sérelme
 (20261/12)
 3076/2013. (III. 27.) AB határozat
 Amuruba
 (8167/07)
 és mások,
 Szél és mások
 (42461/13)
 3206/2013. (XI. 18.) és 3207/2013. (XI. 18.)
 (6061/ 10)
 14/2000. (V. 12.) AB határozat
 2012. C törvény
 4/2013. (II. 21.)
 (62924/10)
 Alaptörvény XXIII. cikk 6. bekezdése
 (73571/10)
 8. cikk sérelme
 (14447/11)
 (5493/13)
 A fenti táblázatból megállapítható, hogy elmarasztalás esetén a leggyakoribb, hogy kártérítés megfizetésére kötelezik hazánkat, amely azonban további jogszabályváltozást nem idéz elő. Ennek indokaként többféle magyarázat adható, elsőként, hogy legtöbbször a 6. cikk miatt kerül hazánk elmarasztalásra, amely leginkább a bíróságok leterheltségében keresendő, amelynek orvoslására az eljárásjog olyan mértékű átstrukturálása jelentene megoldást, amelyre a magyar jogalkotó még nem áll készen (hosszabb távon viszont a jelenleg is zajló új polgári perrendtartás és büntetőeljárási törvény kodifikációja megoldást jelenthet). A második nagyobb csoport esetében az ügyek egyedi jogsértések62 formájában kerültek a strasbourgi bíróság elé, amely nem kívánja meg a magyar jogrendszer érdemi módosítását.
 A harmadik csoportba azokat az eseteket lehet sorolni, amelyek a magyar jogrendszer rendszerszintű63 problémájából erednek. Ezen utóbbi típusnál azonban rendkívül kiszámíthatatlan, hogy mikor idéz elő változást a jogrendszerben, mivel politikai, jogi és társadalmi környezet mellett az elmarasztalás várható mértéke és a várható esetek száma is befolyásolja azt. Így ez az időintervallum néhol többéves folyamattá duzzad, néhol pedig még az EJEB-döntés meghozatala előtt orvoslásra kerül a hiba.
 Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyar jogrendszerre az EJEB közvetlen és egyúttal közvetett hatást is fokozatosan, egyre nagyobb mértékben fejt ki, amely időigényes folyamat, azonban ez a hatás gyakorlatilag nem vehető észre a magyar bírói gyakorlatban. Remélhetőleg belátható időn belül a döntések hatásai immáron a hazai bírósági ítéletekben is érezhetőek lesznek, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletei teljes mértékben érvényesülhessenek a magyar jogrendszerben.
 Indisputably, the European Court of Human Rights (ECtHR) has an effect on national legal systems. In this study I examine the type of this effect in the Hungarian legal system through the case law of the year 2014, and as an outcome, I would like to demonstrate that the ECtHR has both direct and indirect impacts on the national legislation in Hungary. As a result of the judgments’ direct impact, changes are made in the national legislation, meanwhile the indirect impact can only be detected in the decisions of the Hungarian Constitutional Court or domestic courts. Obviously, the direct impact is the most significant and most noticeable, however, the significance of indirect impact has been gradually increasing in the recent period. Based on this idea, I would like to point out that both effects are present in the Hungarian legislation, and seem to show an increasing trend, although the judicial bodies mean an exception in this practice. Nonetheless, according to the European practice, the judicial bodies will most likely refer to the international norm and the case law of the ECHR in the near future.
 1 * Dr. Klemencsics Andrea migrációs szakreferens, Belügyminisztérium Határigazgatási és Nemzetközi Szerződés-előkészítő Osztály; PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Nemzetközi Közjogi Tanszék, andrea.klemencsics@gmail.com.
 1 Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma, az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. CompLex, Budapest, 2009, 124.
 2 Polgári Eszter: Az európai konszenzus: elmélet és gyakorlat. Collega, 2007/2–3, 59–63.
 3 Pákozdi Csaba: A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. PhD-értekezés, Miskolc, 2006, 219.
 4 Pákozdi: i. m., 201–202.
 5 Baka András: Irányt mutatunk, de nem avatkozunk be durván a nemzeti jogokba. Fundamentum, 2000/4, 39.
 6 Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai – magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. Századvég, Budapest, 2009, 107.
 7 Koltay: i. m., 113–114.
 8 Gajcsi kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 23-i ítélet (ügyszám: 92924/10).
 9 Gajcsi kontra Magyarország ügy, 2006. október 3-i ítélet (ügyszám: 34503/03).
 10 Kiss Alajos kontra Magyarország ügy, 2010. május 20-i ítélet (ügyszám: 38832/06).
 11 Kiss Alajos kontra Magyarország ügy, 2010. május 20-i ítélet (ügyszám: 38832/06), 39. pont.
 12 Bodnár Eszter: A Kiss Alajos ügy. Jogesetek Magyarázata, 2011/1, 70–71.
 13 Alaptörvény, XXIII. cikk (6) bekezdés.
 14 Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójogának vizsgálata az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kiss v. Magyarország ügyben meghozott ítélete alapján. Közjogi Szemle, 2010/4, 31–44.
 15 Recommendation CM/Rec(2011)14 of the Committee of Ministers to Member States on the Participation of Persons with Disabilities in Political and Public Life, Appendix.
 16 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission): Revised Interpretative Declaration to the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities in Elections. Study No. 584/2010. A Velencei Bizottság tanulmányában kifejti, hogy az európai választójog alapvető elve az egyetemes választójog, és ebben a vonatkozásban pedig a fogyatékossággal élő embereket nem érheti hátrányos megkülönböztetés. Ezzel a megállapítással a Velencei Bizottság is egyértelművé teszi, hogy nem tartja elfogadhatónak a gondnokság alá helyezett állampolgárok választójogának korlátozását.
 17 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Communication No. 4/2011, View of 9 September 2013.
 18 Vajnai kontra Magyarország No. 4. ügy, 2014. szeptember 23-i ítélet (ügyszám: 6061/10).
 19 Horváth és Vajnai kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 23-i ítélet (ügyszám: 55795/11, 55798/11).
 20 Noé, Vajnai és Bakó kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 23-i ítélet (ügyszám: 24515/09, 24539/09, 24611/09).
 21 C-328/04. sz., Vajnai Attila elleni büntetőeljárás ügy, 2005. október 6-i végzés (ECLI:EU:C:2005:596).
 22 Ugyancsak említést érdemel a Fratanoló kontra Magyarország ügyben 2011. november 3-án meghozott ítélet (ügyszám: 29459/10), melyben az EJEB ugyancsak elmarasztalta Magyarországot. Az Országgyűlés azonban az 58/2012. (VII. 10.) OGY határozatban elvi éllel mondta ki, hogy a marasztaló ítélettel nem ért egyet, tekintettel Magyarország történelmi múltjára és alkotmányos berendezkedésére amellyel megfelelő módon került megalkotásra a magyar büntető törvénykönyvben szereplő tényállás. Az Országgyűlés ezen túlmenően azt is rögzítette, hogy a tényállás alkalmazása miatt meghozott vagy esetlegesen meghozandó ítéletek alapján az államot terhelő fizetési kötelezettség összegével a pártok központi költségvetési támogatásának a csökkentését tartja szükségesnek, mellyel egyértelműen kifejezte, hogy a Btk. módosítását semmilyen körülmények között nem tartja sem szükségesnek, sem indokolhatónak.
 23 4/2013. (II. 21.) AB határozat, ABH 2013, 128, különösen a 48–50. pontok. Az Alkotmánybíróság rámutat az EJEB azon érvelésére, amely a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat változását idézte elő: eszerint a szimbólumnak többes jelentése van, amelyek részletes vizsgálata esetén lehet csak megállapítani, hogy mely jelentéssel összefüggő kijelentések tartoznak az Egyezmény 10. cikkének védelme alá, amelyek még tolerálhatók egy demokratikus társadalomban.
 24 Kovács Péter: International Law in the Recent Jurisprudence of the Hungarian Constitutional Court: Opening of a New Tendency? In: Seibert-Fohr, Anja–Villiger, Mark. E.: Judgments of the European Court of Human Rights – Effets and Implementation. Ashgate, 2015, 261–262.
 25 4/2013 (II. 21.) AB határozat, ABH 2013, 128, 62. pont.
 26 Koltay András: A Vajnai ügy. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a vörös csillag viselésének büntethetőségéről. Jogesetek Magyarázata, 2010/1, 74.
 27 A 14/2000. (V. 12.) AB határozattal az Alkotmánybíróság a 269/B. § alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítésére beadott indítványokat elutasította. ABH 2000, 83.
 28 Kovács Péter: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletére való hivatkozás újabb formulái és technikái a magyar Alkotmánybíróság, valamint néhány más európai alkotmánybíróság mai gyakorlatában. Alkotmánybírósági Szemle, 2013/2, 77.
 29 Molnár Tamás: A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe. Dialóg–Campus, Budapest–Pécs, 2013, 182–184.
 30 14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83.
 31 Karácsony és mások kontra Magyarország ügy (ügyszám: 42461/13. és 44357/13.) Az ügyben a Nagykamara ítélete a tanulmány kéziratának lezárásáig (2015. szeptember 30.) nem került meghozatalra.
 32 „[25] A képviselői szólásszabadság tekintetében az Alkotmánybíróság szerint különbséget kell tenni a véleménynyilvánítás szabadsága és a véleménynyilvánítás megjelenítésének formája, módja között. A véleménynyilvánítás szabadsága – alkotmányos alapjogként – fokozott védelmet élvez, azt csak az emberi méltósághoz, a becsülethez és a jó hírnévhez való jogok védelme, valamint a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltósága – mint külső korlátok – korlátozhatják. Más a helyzet azonban a vélemény külső megjelenítésének formájával, módjával kapcsolatban. Erre nézve ugyanis az Országgyűlésnek jogában áll olyan (ön)korlátozó rendelkezéseket alkotni, amelyek garantálhatják a testület méltóságát és zavartalan működését. Ezek a szabályok gyakorlatilag olyan »tűrési határt« vonnak meg, amelyen belül maradva még biztosítható az érdemi testületi működés.”
 33 Európai Parlament Eljárási Szabályzat, különösen a 165–166. cikkek.
 34 Karácsony és mások kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 16-i ítélet (ügyszám: 42461/13), 18. és 44. pontok.
 35 Karácsony és mások kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 16-i ítélet (ügyszám: 42461/13), 88. pont.
 36 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat, ABH 2013, 2395, 92. pont.
 37 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat, ABH 2013, 2395, 117. pont.
 38 Karácsony és mások kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 16-i ítélet (ügyszám: 42461/13), 88. pont.
 39 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat, ABH 2013, 2395, 105. pont.
 40 23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 4. pont.
 41 Szalai Anikó: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének megjelenése a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. Kül-Világ, 2010/4, 15.
 42 Blutman László–Csatlós Erzsébet–Schiffner Imola: A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. HVG-ORAC, Budapest, 2014, 408.
 43 36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 241 és 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177.
 44 34/2004. (IX. 28.) AB határozat, ABH 2004, 490.
 45 47/2009. (IV. 21.) AB határozat, ABH 2009, 341.
 46 Blutman–Csatlós–Schiffner: i. m., 435–437.
 47 Blutman–Csatlós–Schiffner: i. m., 409.
 48 A leggyakrabban a 8. (magán- és családi élethez való jog), 5. (szabadsághoz és biztonsághoz való jog) és 2. cikk (élethez való jog) képezi a hivatkozás tárgyát a fent említett cikkeket követően.
 49 Az első kérelmező Baracskán egy 30 m2 alapterületű cellában töltötte büntetését 16 másik társával együtt, így csupán 1,76 m2 mozgástér jutott egy főre. A második kérelmező a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körülményeit sérelmezte. Elmondása szerint a 9 m2-es, szellőzés nélküli, a lakótértől mindössze egy függönnyel elválasztott wc-s cellán négyen osztoztak, amely alapján 2,25 m2 jutott egy-egy rabra. A harmadik kérelmező, Tóth Gábor három büntetés-végrehajtási intézet körülményeit is kifogásolta: elsőként a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben előzetes letartóztatása idején négyen osztoztak egy 10 m2 alapterületű cellán, így csak 2,5 m2 jutott minden egyes fogvatartottnak. A másik két büntetés-végrehajtási intézetben hasonló körülmények mellett éltek a rabok, azonban ott még a wc és a cella megfelelő elszeparálása sem történt meg. Pesti Lászlóra Márianosztrán 2,86 m2, Fakó Attilára a pálhalmai börtönben 1,5 m2 és 2,2 m2 közötti tér, míg Kapczár Gáborra a szegedi fegyház és börtönben
 2,67 m2 jutott.
 50 III/1292/2014. (X. 28.) AB határozat, ABH 2014, 916, 3. pont.
 51 Varga és mások kontra Magyarország ügy, 2015. március 10-i ítélet (ügyszám: 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13).
 52 Szél kontra Magyarország ügy, 2011. június 7-i ítélet (ügyszám: 30221/06).
 53 Becánics Adrienn: Az elítéltekkel való bánásmód kérdései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyekre. Jogtudományi Közlöny, 2013/9, 416.
 54 Szemesi Sándor: Sok (jó) ember kis helyen? A magyar fegyintézetek zsúfoltságával kapcsolatos kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Büntetőjogi Szemle, 2014/2, 88. 3 m2 cellaméret alatt biztosra vehető az állam elmarasztalása, míg 3 és 4 m2 között pedig az ügy összes körülményét figyelembe véve dönt az EJEB az állam elmarasztalásáról [a továbbiakban: Szemesi (2014)].
 55 Bővebben lásd Szemesi Sándor: Repetitive Cases before the Strasbourg Court: The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights. In: Láncos Petra Lea–Varga Réka–Molnár Tamás–Szabó Marcel (eds.): Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven Publishing, The Hague, 2015, 243–258, illetve Szemesi Sándor: Az emberi jogok európai őrének új fegyvere: a pilot judgment eljárás a strasbourgi bíróság gyakorlatában. Jog–Állam–Politika, 2013/4, 47–63.
 56 Szemesi Sándor: Egy lehetséges válasz a szisztematikus jogsértésekre: A pilot judgment eljárás az Emberi Jogok Európai Bíróságának a gyakorlatában. In: Stipta István (szerk.): Collegium Doctorum Konferencia. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012, 2–4.
 57 Torreggiani és mások kontra Olaszország ügy, 2013. január 8-i ítélet (ügyszám: 43517/09, 35315/10, 37818/10, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09).
 58 Szemesi (2014): i. m., 86.
 59 Győri Ítélőtábla, Bf.99/2013/17.
 60 Fejér Megyei Bíróság, 25.P.22.432/2008/61, Fővárosi Törvényszék 136.G.43.307/2014/7, Székesfehérvári Törvényszék 25.P. 21.867/2011/15.
 61 Szalai: i. m., 17.
 62 Idesorolható például: Matúz kontra Magyarország ügy, 2014. október 21-i ítélet (ügyszám: 73571/10), Császy kontra Magyarország ügy, 2014. október 21-i ítélet (ügyszám: 14447/11), Cavani kontra Magyarország ügy, 2014. október 28-i ítélet (ügyszám: 5493/13), Amuruba kontra Magyarország ügy, 2014. július 22-i ítélet (ügyszám: 8167/07).
 63 Idesorolható például: Hunvald kontra Magyarország ügy, 2013. december 10-i ítélet (ügyszám: 68435/10), Nagy Gábor kontra Magyarország ügy, 2014. február 11-i ítélet (ügyszám: 33529/11), Gál kontra Magyarország ügy, 2014. március 11-i ítélet (ügyszám: 62631/11), Gajcsi kontra Magyarország ügy, 2014. szeptember 23-i ítélet (ügyszám: 62924/10).


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 21.9.2015
 RO
 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 C 311/39
 Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 13 iulie 2015 – Cepsa Quimica, S.A./Administración del Estado
 (Cauza C-371/15)
 (2015/C 311/43)
 Limba de procedură: spaniola
 Instanța de trimitere
 Tribunal Supremo
 Părțile din procedura principală
 Reclamantă: Cepsa Quimica, S.A.
 Pârâtă: Administración del Estado
 Întrebările preliminare
 1)
 Decizia 2013/448/UE (1) este contrară articolului 296 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale (2) prin aceea că factorul de corecție a fost stabilit prin intermediul unui mecanism care, încălcând obligația de motivare, nu permite operatorilor de instalații afectați să ia cunoștință de informațiile, calculele și criteriile avute în vedere pentru adoptarea acestuia?
 2)
 Prin modul în care stabilește plafonul pentru emisiile provenite din industrie și factorul de corecție transsectorial, prevăzute la articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE (3) și la articolul 15 din Decizia 2011/278/UE (4), Decizia 2013/448/UE încalcă articolul 10a alineatul (1) și articolul 23 alineatul (3) din Directiva din 2003, menționată anterior, întrucât nu a fost întocmită în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută de Decizia 1999/468/CE (5)?
 3)
 Având în vedere că Decizia 2013/448/UE și/sau articolul 15 din Decizia 2011/278/UE creează o asimetrie între:
 —
 baza de calcul prevăzută la articolul 10a alineatul (5) literele (a) și (b) din [Directiva 2003/87/CE], prin faptul că nu include emisiile provenite din producerea de energie electrică prin arderea gazelor reziduale și prin cogenerarea de energie termică în instalațiile menționate în anexa I la directiva respectivă, și
 —
 criteriile stabilite la articolul 10a alineatele (1) și (4) din aceeași directivă în vederea alocării de cote cu titlu gratuit, care, în schimb, include această categorie de emisii:
 a)
 Decizia 2013/448/UE și/sau articolul 15 din Decizia 2011/278/UE încalcă articolul 10a alineatul (5) coroborat cu articolul 3 litera (u) și cu articolul 10a alineatul (1) al treilea paragraf in fine din Directiva 2003/87/CE, ca urmare a faptului că prevăd că emisiile produse prin arderea gazelor reziduale sau prin generarea de energie termică în instalațiile care produc energie electrică, menționate în anexa I la directiva respectivă, sunt considerate, în orice caz, emisii ale „producătorilor de energie electrică” în vederea stabilirii plafonului pentru emisiile industriale și, prin urmare, trebuie excluse din acest calcul?
 b)
 Chiar și în cazul unui răspuns negativ la întrebarea anterioară, Decizia 2013/448/UE și/sau articolul 15 din Decizia 2011/278/UE încalcă articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE și/sau obiectivele acesteia ca urmare a faptului că exclud din baza de calcul a plafonului pentru emisiile industriale, prevăzut de dispoziția respectivă, emisiile provenite din producerea de energie electrică prin arderea gazelor reziduale și prin cogenerare termică în instalațiile menționate în anexa I la directiva respectivă, pentru care, cu toate acestea, se pot aloca cote de emisie cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatele (1)-(4) din aceeași directivă?
 4)
 Decizia 2013/448/UE a Comisiei și, eventual, Decizia 2011/278/UE, pe care o pune în aplicare prima decizie menționată, sunt contrare articolului 10a alineatul (12) din directivă, întrucât extind factorul de corecție transsectorial la sectoarele prevăzute de Decizia 2010/2/UE (6) (în prezent, Decizia 2014/746/UE (7)) a Comisiei ca sectoare expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și, prin urmare, reduc cotele alocate cu titlu gratuit?
 5)
 Decizia [2013/448/UE] încalcă articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE, deoarece Comisia Europeană, atunci când a stabilit emisiile verificate înregistrate în perioada 2005-2007, la care fac referire literele (a) și (b) ale alineatului respectiv:
 a)
 nu a luat în considerare emisiile care nu figurau în Registrul comunitar independent privind tranzacțiile, deși era vorba despre emisii a căror înregistrare nu era obligatorie în perioada avută în vedere;
 b)
 a extrapolat, în măsura posibilului, valorile relevante ale emisiilor, începând cu emisiile verificate ulterior anului 2008, prin aplicarea factorului de 1,74 % în sens invers;
 c)
 a exclus toate emisiile provenite de la instalații închise înainte de 30 iunie 2011?
 (1) Decizia 2013/448/UE a Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 240, p. 27).
 (2) JO 2000, C 364, p. 1.
 (3) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).
 (4) Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE (JO L 130, p. 1).
 (5) Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, p. 23, Ediție specială, 1/vol. 02, p. 159).
 (6) Decizia 2010/2/UE a Comisiei din 24 decembrie 2009 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei liste a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (JO L 1, p. 10).
 (7) JO L 308, p. 114.


type: wikipedia

text:
Jakov Baltić (Bukovica kod Travnika, 30. ožujka 1813. – Ovčarevo, 5. siječnja 1887.), hrvatski ljetopisac
 Osnovnu školu pohađao je u Gučoj Gori, filozofiju i bogosloviju studirao u Mađarskoj. Bio dušobrižnik Hrvata u carigradskoj bolnici i predstavnik franjevaca Bosne Srebrene kod Porte.
 Djela:
 "Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754. – 1882." (1991.),
 "Turska slovnica", "Život Marijana Šunjića" (uništeni rukopisi).
 Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
 Bosanskohercegovački franjevci


type: contracts

text:
 23.10.2008
 EN
 Official Journal of the European Union
 L 280/16
 DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE
 No 82/2008
 of 4 July 2008
 amending Annex XI (Telecommunication services) to the EEA Agreement
 THE EEA JOINT COMMITTEE,
 Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, and in particular Article 98 thereof,
 Whereas:
 (1)
 Annex XI to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 67/2008 of 6 June 2008 (1).
 (2)
 Commission Decision 2008/60/EC of 21 December 2007 amending Decision 2003/548/EC as regards the deletion of specific types of leased line from the Minimum Set of Leased Lines (2) is to be incorporated into the Agreement,
 HAS DECIDED AS FOLLOWS:
 Article 1
 The following shall be added in point 5cn (Commission Decision 2003/548/EC) of Annex XI to the Agreement:
 ‘, as amended by:
 —
 32008 D 0060: Commission Decision 2008/60/EC of 21 December 2007 (OJ L 15, 18.1.2008, p. 32).’
 Article 2
 The text of Decision 2008/60/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
 Article 3
 This Decision shall enter into force on 5 July 2008, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee (3).
 Article 4
 This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union.
 Done at Brussels, 4 July 2008.
 For the EEA Joint Committee
 The President
 H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
 (1) OJ L 257, 25.9.2008, p. 30.
 (2) OJ L 15, 18.1.2008, p. 32.
 (3) No constitutional requirements indicated.


text:
 Avis juridique important
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 21999D0175
 Decision of the EEA Joint Committee No 175/1999 of 17 December 1999 amending Annexes XI (Telecommunication services and XIV (Competition) to the EEA Agreement
 Official Journal L 074 , 15/03/2001 P. 0001 - 0002
 Decision of the EEA Joint CommitteeNo 175/1999of 17 December 1999amending Annexes XI (Telecommunication services and XIV (Competition) to the EEA AgreementTHE EEA JOINT COMMITTEE,Having regard to the Agreement on the European Economic Area, as adjusted by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as "the Agreement", and in particular Article 98 thereof,Whereas:(1) Annexes XI and XIV to the Agreement were amended by Decision No 106/97 of the EEA Joint Committee of 17 December 1997(1).(2) Commission Directive 1999/64/EC of 23 June 1999 amending Directive 90/388/EEC in order to ensure that telecommunications networks and cable TV networks owned by a single operator are separate legal entities(2) is to be incorporated into the Agreement,HAS DECIDED AS FOLLOWS:Article 1The following indent shall be added in point 3 (Commission Directive 90/388/EEC) of Annex XI to the Agreement:"- 399 L 0064: Commission Directive 1999/64/EC of 23 June 1999 (OJ L 175, 10.7.1999, p. 39)."Article 2The following indent shall be added in point 13 (Commission Directive 90/388/EEC) of Annex XIV to the Agreement before the adaptations:"- 399 L 0064: Commission Directive 1999/64/EC of 23 June 1999 (OJ L 175, 10.7.1999, p. 39)."Article 3The texts of Directive 1999/64/EC in the Icelandic and Norwegian languages, which are annexed to the respective language versions of this Decision, are authentic.Article 4This Decision shall enter into force on 18 December 1999, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee.Article 5This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Communities.Done at Brussels, 17 December 1999.For the EEA Joint CommitteeThe PresidentN. v. Liechtenstein(1) OJ L 193, 9.7.1998, p. 69.(2) OJ L 175, 10.7.1999, p. 39.