type: caselaw

text:
C 84/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 6.4.2002
 a) ¿se oponen las normas del Reglamento (CEE) no 1785/81 nacionales que implican que un seguro suscrito con una
 del Consejo, de 30 de junio de 1981 (1), y/o del Regla- aseguradora establecida en Inglaterra, Alemania o Dinamarca
 mento (CEE) no 193/82 del Consejo, de 26 de enero y que cumple los requisitos establecidos en Suecia para que sea
 de 1982 (2), a que dicha autoridad disponga que tal considerado un seguro de pensiones complementario, salvo el
 transferencia o reasignación de cuotas sea onerosa y, por de que se haya suscrito con una aseguradora establecida en
 tanto, con obligación para la empresa o empresas que Suecia, sea considerado un seguro de capital con efectos en
 lleguen a ser destinatarias de satisfacer una contrapresta- materia de impuesto sobre la renta que, dependiendo de las
 ción económica? circunstancias de cada caso, pueden ser menos favorables que
 los efectos fiscales de un seguro de pensiones complementario?
 b) Aun en el caso de que la respuesta fuera negativa, ¿se
 oponen aquellas normas, sin embargo, a que el precio de
 la cuota a transferir y el reparto de la misma se decida
 mediante pública subasta?; ¿se oponen las repetidas
 normas a este mecanismo de la pública subasta incluso
 estando previsto que en la operación de reasignación de Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
 cuotas que se realice mediante tal procedimiento de lución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
 subasta se adoptarán las medidas oportunas para evitar Luxemburgo, de fecha 8 de noviembre de 2001, en el
 cualquier eventual repercusión negativa sobre los agricul- asunto entre Design Concept SA y Flanders Expo SA
 tores productores nacionales de remolacha azucarera?
 (Asunto C-438/01)
 c) ¿la interpretación de la normativa comunitaria es la
 misma y las respuestas deben serlo también tras el (2002/C 84/61)
 Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
 junio de 2001 (3), por el que, derogados los Reglamentos
 anteriores, se establece la organización común de merca-
 dos en el sector del azúcar? Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 resolución de la Cour de cassation del Gran Ducado de
 (1) Por el que se establece la organización común de mercados en el Luxemburgo, dictada el 8 de noviembre de 2001, en el asunto
 sector del azúcar DO L 177 de 1.7.1981, p. 4, EEE: Capı́tulo 3, entre Design Concept SA y Flanders Expo SA, y recibida en la
 Tomo 22 p. 80. Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2001.
 (2) Por el que se adoptan las normas generales relativas a las La Cour de cassation del Gran Ducado de Luxemburgo solicita
 transferencias de cuotas en el sector del azúcar DO L 21 de al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
 29.1.1982, p. 3, EEE: Capı́tulo 3, Tomo 24, p. 175. cuestión:
 (3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
 El artı́culo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388/CEE
 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en
 materia de armonización de las legislaciones de los Estados
 miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de
 negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso- Añadido (1): base imponible uniforme, en lo que respecta a las
 lución del Regeringsrätten, de fecha 23 de octubre de «prestaciones de publicidad», ¿se aplica a los servicios prestados
 2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola de modo indirecto al anunciante y facturados a un tercero que
 Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket los facturará a su vez a aquél, si el anunciante no produce un
 bien en cuyo precio esté incluido el coste de la prestación?
 (Asunto C-422/01)
 (1) DO L 145, p. 1.
 (2002/C 84/60)
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
 resolución del Regeringsrätten, dictada el 23 de octubre de lución del Bundesverwaltungsgericht, de fecha 18 de
 2001, en el asunto entre, por una parte, Skandia y Ola septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen-
 Ramstedt y, por otra, Riksskatteverket, y recibida en la Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu
 Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2001. El
 Regeringsrätten solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie (Asunto C-444/01)
 sobre las siguientes cuestiones:
 (2002/C 84/62)
 ¿Deben interpretarse las disposiciones de Derecho comunitario
 sobre libre circulación de personas, servicios y capitales, en
 especial el artı́culo 49 CE, en relación con el artı́culo 12 CE, en Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
 el sentido de que se oponen a la aplicación de normas fiscales sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 ---pagebreak--- 6.4.2002 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 84/37
 resolución del Bundesverwaltungsgericht, dictada el 18 de resolución del Giudice Unico del Tribunale de Biella, dictada el
 septiembre de 2001, en el asunto entre Stadt Villingen- 18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto Simoncello
 Schwenningen y Ophilia Akosua Owusu, y recibida en la y Piera Boerio, y Direzione Provinciale del Lavoro (Vencelli), y
 Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 2001. recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 19 de
 El Bundesverwaltungsgericht solicita al Tribunal de Justicia que noviembre de 2001. El Giudice Unico del Tribunale de Biella
 se pronuncie sobre las siguientes cuestiones: solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
 siguiente cuestión:
 1) La libertad de establecimiento (artı́culo 52 del Tratado
 CE) o la libre prestación de servicios (artı́culo 59 del Si son compatibles con los principios comunitarios enunciados
 Tratado CE), comprendı́a, en la situación jurı́dica aplicable en los artı́culos 39 CE, 43 CE y 86 CE (antiguos artı́culos 48,
 del 16 de mayo de 1997, el ejercicio por cuenta propia 52 y 90 del Tratado CE), el artı́culo 9 bis, apartado 2, de la Ley
 de la prostitución por parte de una nacional del Estado no 608, de 28 de noviembre de 1996, en donde se prevé la
 miembro A en el Estado miembro B? ¿Es relevante si, en obligación del empresario de comunicar la contratación de
 dicha fecha, la prostitución estaba considerada, con todo trabajador a la Sezione Circoscrizionale per l’impiego, ası́
 arreglo a la legislación nacional, como una actividad como el artı́culo 10 del Decreto Legislativo no 469, de 23 de
 contraria a las buenas costumbres o antisocial? diciembre de 1997, que se remite al artı́culo 9 bis de la Ley
 608/1996, en caso de actividades de mediación realizadas por
 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: entidades no autorizadas.
 ¿Tenı́a la nacional del Estado miembro A, con arreglo a
 la situación jurı́dica aplicable el 16 de mayo de 1997, un
 derecho de residencia en el Estado miembro B directa-
 mente derivado del artı́culo 8 A del Tratado CE?
 3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
 lución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, de
 ¿Tenı́a dicha nacional, con arreglo a la situación jurı́dica fecha 5 de noviembre de 2001, en el asunto entre DLD
 aplicable el 16 de mayo de 1997, un derecho de residencia Trading Company Import-Export, spol .s.r.o. y Republik
 sujeto a los requisitos establecidos en el artı́culo 1 de la Österreich
 Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de
 1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26), (Asunto C-447/01)
 a pesar de que, en dicha fecha, el Estado miembro B
 todavı́a no habı́a adaptado su Derecho interno a dicha
 (2002/C 84/64)
 Directiva?
 4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión:
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
 ¿Debı́a dicha nacional disponer, en la fecha de entrada en sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
 el paı́s, de medios de subsistencia suficientes y acreditarlo resolución del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, dic-
 ante las autoridades competentes, o es suficiente con que tada el 5 de noviembre de 2001, en el asunto entre DLD
 durante su estancia en el Estado miembro B no haya Trading Company Import-Export, spol .s.r.o. y Republik
 recurrido a la asistencia social? Österreich, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia
 el 20 de noviembre de 2001. El Landesgericht für Zivilrechtssa-
 chen solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la
 siguiente cuestión:
 1. ¿El comportamiento de los órganos públicos, tal como
 ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, y, en
 particular, la modificación a partir del 1 de enero de 1998
 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso- de la franquicia para viajeros procedentes de paı́ses
 lución del Giudice Unico del Tribunale di Biella, de fecha terceros establecida en el artı́culo 97a de la ZollR-DG en
 18 de octubre de 2001, en el asunto entre Roberto relación con el artı́culo 19a de la ZollR-DV a 75
 Simoncello y Piera Boerio contra Direzione Provinciale y 100 euros respectivamente, ası́ como la limitación
 del Lavoro (Vercelli) cuantitativa de la exención del impuesto sobre el volumen
 de negocios y del impuesto sobre el consumo de tabaco,
 infringe alguna norma del Derecho comunitario directa-
 (Asunto C-445/01) mente aplicable o una Directiva, y en caso afirmativo,
 cuál?
 (2002/C 84/63)
 2. En caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta:
 ¿La norma del Derecho comunitario directamente aplica-
 ble o la Directiva infringida de que se trata, puede crear
 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha derechos subjetivos en favor de la parte demandante del
 sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante litigio principal?


type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 Avis juridique important
 |
 51998PC0492
 Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp /* KOM/98/0492 slutlig - SYN 98/0270 */
 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 296 , 24/09/1998 s. 0010
 Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (98/C 296/06) KOM(1998) 492 slutlig - 98/0270(SYN)(Framlagt av kommissionen den 31 augusti 1998)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNINGmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105a.2 i detta,med beaktande av kommissionens förslag,med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,i enlighet med det förfarande som anges i artikel 189c i fördraget, i samarbete med Europaparlamentet, ochav följande skäl:(1) I artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 975/98 (1) anges de tekniska specifikationerna för de åtta valörer som ingår i den första serien av euromynt. Myntdirektörerna har, på grundval av förordning (EG) nr 975/98, utvecklat de mer ingående tekniska specifikationer som är nödvändiga för produktionen.(2) Varuautomatbranschen har granskat de nämnda ingående specifikationerna och har begärt att vikten för 50-centsmyntet skall ökas för att det skall skilja sig tydligare från övriga mynt och minska risken för bedrägeri. Den europeiska sammanslutningen för synskadade (European Blind Union) har efter att ha undersökt stickprov ur de första produktionsserierna framfört klagomål om att 50- och 10-centsmyntens kantutforming inte överensstämmer med kantutformningen på de provexemplar som sammanslutningen godkände under den samrådsprocess som föregick antagandet av förordning (EG) nr 975/98. I syfte att tillse att det nya myntsystemet godtas av användarna förefaller det önskvärt att tillmötesgå de krav som framförts av såväl varuautomatbranschen som den europeiska sammanslutningen för synskadade. För att tillmötesgå kraven från varuautomatbranschen är det nödvändigt att öka vikten för 50-centsmyntet från 7 till 7,8 gram. För att tillmötesgå kraven från den europeiska sammanslutningen för synskadade och undvika eventuella risker för feltolkningar i framtiden bör specifikationen för 50- och 10-centsmyntens kant ändras från "grov räffling" till "grovt vågmönster" i syfte att bättre återge den kantform som sammanslutningen ursprungligen godtog för dessa två mynt.(3) Det är väsentligt att begränsa ändringarna av de tekniska specifikationerna till vikten för 50-centsmyntet och till kanten för 10- och 50-centsmynten för att inte äventyra tidsplanen för produktionen samt införandet av euromynt den 1 januari 2002.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1 I artikel 1 i förordning (EG) nr 975/98 skall tabellen ändras på följande sätt:1. Fjärde raden skall ändras på följande sätt:a) I tredje kolumnen skall siffran "1,69" ersättas med siffran "1,88".b) I fjärde kolumnen skall siffran "7" ersättas med siffran "7,8".c) I åttonde kolumnen skall orden "grov räffling" ersättas med orden "grovt vågmönster".2. I sjätte raden åttonde kolumnen skall orden "grov räffling" ersättas med orden "grovt vågmönster".Artikel 2 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater, i enlighet med fördraget och med förbehåll för bestämmelserna i artikel 109k.1 och protokollen nr 11 och nr 12.(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.


type: wikipedia

text:
The Killers (bra: Os Assassinos) é um filme policial estadunidense de 1964, escrito por Gene L. Coon e dirigido por Don Siegel. Trata-se da segunda adaptação cinematográfica do conto homônimo de Ernest Hemingway. Foi estrelado por Lee Marvin, John Cassavetes, Angie Dickinson e Ronald Reagan em seu último papel no cinema.
 The Killers era para ser um dos primeiros telefilmes da NBC, mas a emissora o considerou violento demais para ser transmitido, então a Universal o lançou nos cinemas.
 Elenco
 Recepção
 The Killers detém uma classificação de 80% no Rotten Tomatoes com base em 25 críticas com uma média de 7,2/10. O consenso diz: "Embora não possa superar a versão clássica de 1946 de Robert Siodmak, a visão de Don Siegel sobre a história de Ernest Hemingway delimita seu próprio território violento e oferece uma reviravolta terrivelmente difícil de Lee Marvin".
 Filmes dos Estados Unidos de 1964
 Filmes policiais dos Estados Unidos
 Filmes de suspense dos Estados Unidos
 Filmes com trilha sonora de John Williams
 Filmes sobre assassinatos de aluguel
 Filmes baseados em obras de Ernest Hemingway
 Filmes dirigidos por Don Siegel
 Filmes ambientados em Miami
 Filmes ambientados em Los Angeles
 Filmes da Universal Pictures
 Filmes em língua inglesa
 Filmes baseados em contos


type: other

text:
9C_609/2009 (15.04.2010)
 9C_609/2009
 A.________, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
 recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2008.
 A.________ a travaillé comme poseur d'isolation pour le compte de l'entreprise X.________ Sàrl jusqu'au 23 février 2001. A partir de cette date et pour des raisons de santé, l'intéressé a travaillé comme administrateur de ladite société, dont il est l'un des deux associés-gérants. Le 8 avril 2002, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue de l'octroi d'une rente.
 Dans un rapport non daté mais réceptionné par l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 5 juin 2002, le docteur G.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une arthrose interarticulaire postérieure lombaire étagée et une discopathie L4-L5/L5-S1. Il a constaté que toute reprise d'activité physique augmentait les douleurs de manière importante, qu'une activité sédentaire exacerbait également les douleurs, obligeant l'assuré à changer souvent de position mais que ce dernier pouvait effectuer le travail administratif de son entreprise, lequel ne l'occupait qu'à 40 %.
 A la demande de l'office AI, le docteur U.________, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et maladies rhumatismales, a examiné l'assuré. Dans son rapport d'expertise du 29 novembre 2004, il a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques (discopathie L4-L5, trouble dégénératif), des cervicalgies chroniques (discopathie C5-C6), des dorsalgies chroniques d'étiologie indéterminée, des scapulalgies droites chroniques (arthrose acromio-claviculaire), un syndrome douloureux chronique et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Selon l'expert, ces affections ne réduisaient pas la capacité de travail de l'assuré dans son activité de directeur administratif, qui occupait 25 % de son temps, mais la diminuaient d'environ 50 % dans l'activité d'ouvrier pour laquelle un travail de force était exigé. L'expert a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de ports de charges de plus de 10-15kg, pas de longues positions assis-debout, pas de travail en porte-à-faux ni avec les bras au-dessus de 90°.
 Le docteur O.________, médecin auprès du Service médical régional de l'AI (SMR), a admis les conclusions de l'expert U.________ en précisant que, dans l'activité habituelle de l'assuré où se mêlaient des travaux de bureau et sur le terrain, l'exigibilité était entière avec une diminution de rendement de 50 %. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière dans la mesure où elle respectait les limitations fonctionnelles fixées par l'expert (cf. rapport du 4 février 2005).
 Dans un rapport du 27 juin 2005, le Service de réadaptation de l'office AI a admis une capacité de travail entière dans une activité adaptée et réduite de moitié dans l'activité habituelle. Considérant le souhait de l'assuré de poursuivre une activité d'administrateur à 35 % dans sa société, le Service de réadaptation a renoncé à proposer des mesures car celles-ci n'auraient certainement pas permis d'améliorer significativement la capacité de gain de l'assuré à moyen et long terme.
 Par courrier du 20 mars 2006, la société X.________ Sàrl a informé l'office AI que A.________ était occupé à raison de 30 à 40 % par l'activité d'administrateur et que ce pourcentage ne pouvait pas être augmenté.
 Par projet d'acceptation de rente du 13 novembre 2006, l'office AI a reconnu à A.________ un droit à un quart de rente avec un degré d'invalidité de 47 %, dès le 1er janvier 2002. Il a retenu que l'assuré était capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles et que celui-ci n'utilisait pas la totalité de sa capacité résiduelle de travail dans l'activité déployée pour son entreprise, raison pour laquelle le revenu d'invalide avait été calculé sur la base des données de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ce projet a été confirmé par décision du 15 novembre 2007.
 A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 29 décembre 2008.
 L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'octroi de trois-quarts de rente; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale, éventuellement à l'office AI, pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire.
 Est litigieuse la question du droit du recourant à une rente d'invalidité, particulièrement le taux de celle-ci.
 3.1 A l'instar de l'office AI, les juges cantonaux ont retenu, sur la base de l'expertise U.________ et de l'avis du docteur O.________, que la capacité de travail du recourant était de 50 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée.
 3.2 Le recourant conteste que les premiers juges aient pu se fonder sur l'avis de l'expert U.________, car il est en contradiction avec celui du docteur G.________, qui retient 65 % d'incapacité de travail, et celui du docteur I.________, médecin conseil de l'assurance perte de gain, qui est d'avis que la capacité de travail de l'assuré est de 50 % dans une activité légère. Selon lui, les juges n'ont pas expliqué pourquoi ils s'écartaient de ces avis médicaux.
 4.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid 1c p. 160 et les références).
 4.2 En l'espèce, l'expertise du docteur U.________, qui répond aux critères formels dégagés par la jurisprudence, a pleine valeur probante. Elle expose de façon convaincante les limitations fonctionnelles affectant l'assuré et les répercussions de celles-ci sur son activité d'administrateur et d'isoleur.
 Le recourant conteste les conclusions de cette expertise en se fondant sur les avis des docteurs I.________ et G.________. Le docteur I.________, médecin généraliste, fait état, dans ses rapports des 23 mai et 21 novembre 2002, de lombalgies aggravées à l'effort, qui empêchent le recourant d'exercer son activité de contremaître de chantier à plus de 50 %. Ce praticien laisse entendre qu'une reprise du travail dans l'activité habituelle est possible à 50 % dans la mesure où celle-ci est légère. La notion d'« activité légère » n'a pas été précisée par le docteur I.________ mais elle peut être rapprochée des limitations fonctionnelles décrites par l'expert. L'appréciation du docteur I.________ est donc identique à celle de l'expert. Le docteur G.________, médecin traitant, (rapports non datés), retient que le recourant peut uniquement exercer son activité d'administrateur au taux réduit de 35 % afin de lui permettre de se reposer. Cet avis médical est isolé. Le docteur G.________ est en effet le seul à nier toute capacité de travail résiduelle dans l'activité d'isoleur.
 Au vu de ces éléments, rien ne permet de dire que l'autorité cantonale a retenu de manière insoutenable, voire arbitraire, en se fondant sur les avis de l'expert et du docteur O.________, que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée et dans son activité habituelle si l'on tient compte d'une diminution de rendement de 50 % pour cette dernière. Ces constatations de fait lient donc le Tribunal fédéral.
 5.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références).
 5.2 Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références, spéc. p. 31 in fine).
 La juridiction cantonale a évalué l'invalidité du recourant en appliquant la méthode générale de comparaison des revenus. Elle a retenu comme salaire sans invalidité le revenu réalisé par le recourant en 2002, soit 97'500 fr. (cf. questionnaire d'employeur) et, après avoir admis que le recourant ne mettait pas totalement en valeur sa capacité résiduelle de travail dans l'activité exercée pour le compte de X.________ Sàrl, elle a calculé le salaire d'invalide en se référant aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'ESS 2002 (57'008 fr. 07), en tenant compte d'un abattement de 10 %, soit 51'307 fr. 26. Partant, elle a confirmé le taux d'invalidité de 47 % fixé dans la décision litigieuse.
 7.1 Le recourant conteste, d'abord, l'utilisation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Rappelant qu'il exerce au sein de l'entreprise X.________ Sàrl une activité quasi-indépendante même si, formellement, il a le statut d'un salarié, il demande que soit appliquée la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Dans ce contexte, il estime avoir respecté son l'obligation de réduire le dommage, un changement d'activité dans une profession plus adaptée à ses limitations fonctionnelles n'étant pas exigible de sa part, notamment au vu de son âge.
 7.2.1 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
 7.2.2 Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32; MARC HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 sv.).
 7.2.3 Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références).
 7.3 En l'espèce, si l'on suit le raisonnement du recourant, l'application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité conduirait à retenir un taux d'invalidité de 65 %. Ce taux résulterait du fait que le recourant ne pourrait travailler qu'à 35 % en tant qu'administrateur de son entreprise alors qu'auparavant il travaillait à 100 %, principalement dans la pose d'isolation et, accessoirement, dans des tâches administratives. Selon les constatations du tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.2), le recourant dispose en revanche d'une capacité résiduelle de travail entière dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (cf. consid. 4.2). C'est dire que son activité d'administrateur ne lui permet de mettre à contribution qu'une faible part de sa capacité résiduelle de travail et de gain. Du reste, rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que le recourant change d'activité professionnelle. Âgé de 47 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant était encore loin d'avoir atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (cf. arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2, 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un lieu proche de son domicile. Dans ces circonstances, un changement d'activité professionnelle est donc raisonnablement exigible, compte tenu de la diminution du dommage que l'on peut en attendre. On ajoutera que l'exigibilité d'une nouvelle activité professionnelle à temps partiel n'est pas incompatible avec la poursuite par le recourant de son activité (réduite) en tant qu'administrateur. Par conséquent, l'obligation de réduire le dommage incombant au recourant n'implique pas nécessairement la cessation de son activité quasi-indépendante.
 Il s'ensuit que les premiers juges ont appliqué à bon droit la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour évaluer l'invalidité du recourant, la méthode extraordinaire ne pouvant trouver à s'appliquer en cas de changement d'activité professionnelle de l'assuré.
 Le recourant conteste, en second lieu, les revenus avec et sans invalidité pris en compte par la juridiction cantonale.
 8.1 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).
 Les premiers juges ont pris en compte un revenu sans invalidité de 97'500 fr., lequel correspondait au dernier salaire réalisé par le recourant avant son atteinte à la santé, selon les renseignements fournis par l'employeur. Le recourant prétend qu'au vu de l'augmentation considérable du volume d'affaires de l'entreprise entre 2002 et 2006, la juridiction cantonale aurait dû prendre en compte un revenu sans invalidité de 110'000 fr. En l'espèce, il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'entreprise X.________ aurait augmenté le salaire du recourant de 97'500 à 110'000 fr. entre 2002 et 2006 en raison de l'augmentation de son volume d'affaires. En tout état de cause, l'amélioration de la capacité de gain du recourant ne saurait se confondre avec l'augmentation du bénéfice d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi d'autres circonstances étrangères à l'invalidité qui peuvent avoir influencé celui-ci durant la même période, comme par exemple l'accroissement de la clientèle.
 8.2.1 Pour fixer le revenu d'invalide du recourant, les premiers juges se sont fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS. En l'occurrence, ils ont pris comme salaire de référence celui auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2002, année de la naissance du droit à la rente, soit 4'557 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Adapté à l'horaire de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures dans les entreprises suisses en 2002 et réduit de 10 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant, le salaire hypothétique d'invalide du recourant fixé par la juridiction cantonale était de 51'307 fr. 26.
 Le recourant prétend que le revenu d'invalide ne peut être évalué sur la base de statistiques salariales, selon la jurisprudence, qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé. Or, dans la mesure où il exerçait une activité d'administrateur, c'est le revenu de cette activité que les premiers juges auraient dû prendre en compte au titre du revenu d'invalide.
 8.2.2 De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité adaptée normalement exigible - le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 75 consid. 3b p. 76, 117 V 18).
 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas repris d'activité lucrative raisonnablement exigible (cf. consid. 7.3) après la survenance de son atteinte à la santé (ATF 126 V 75 consid. 3 p. 76), les premiers juges étaient fondés à se référer aux données statistiques résultant de l'ESS pour déterminer le salaire d'invalide (activités simples et répétitives sans qualifications ou formation particulières).
 9.1 En dernier lieu, le recourant soulève le grief selon lequel l'autorité intimée ne pouvait pas, après avoir constaté que des mesures de réadaptation professionnelles ne permettraient pas d'améliorer sa capacité de gain, procéder malgré tout à une comparaison théorique des revenus en tenant compte d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
 9.2 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références).
 Selon les constatations des premiers juges, le recourant désirait poursuivre son activité d'administrateur à 35 % et ne souhaitait pas bénéficier de mesures professionnelles. Sur le plan objectif, des mesures professionnelles n'étaient pas envisageables en raison de la faible scolarisation du recourant et du fait qu'il ne maîtrisait pas bien le français. En outre, l'activité d'administrateur ne pouvait pas être augmentée au sein de l'entreprise X.________ et le recourant ne pouvait mettre en valeur ses compétences d'administrateur dans une autre entreprise car il s'était formé sur le tas et ce qu'il avait appris était directement lié au fonctionnement de l'entreprise X.________. Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la mise en oeuvre de mesures professionnelles n'était pas de nature à améliorer la capacité de gain du recourant. Dès lors que le recourant présente une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité légère adaptée à ses limitations, les premiers juges étaient fondés à se référer aux données statistiques pour calculer le revenu d'invalide (cf. consid. 8.2.2 supra). Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
 La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.66 al.1 LTF).


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Kirsi Katariina Piha (s. 14. lokakuuta 1967 Helsinki) on suomalainen viestintäkonsultti ja entinen poliitikko.
 Ura
 Piha on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
 Hän oli Helsingin kaupunginvaltuustossa vuosina 1992–1996 ja 2004−2008, kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1994–1996 ja 1999–2003 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 1996–1999. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa hän ei asettunut ehdolle. Nykyään hän on Ellun Kanat -viestintätoimiston perustaja ja omistaja.
 Vuonna 2003 Piha toimitti yhdessä Pauli Aalto-Setälän kanssa tv-ohjelmaa Vaarallinen risteys, jonka tarkoituksena oli haastatella kohuttuja julkisuuden henkilöitä ja käsitellä yhteiskunnan tabuja. Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa hän toimi Suomessa toiseksi eniten ääniä keränneen Alexander Stubbin kampanjapäällikkönä.
 Piha piti Helsingin Sanomille kirjallisuusaiheista Lukupiiri-blogia vuosina 2006–2011. Lisäksi hän toimi vuosina 2008–2010 ulkoministeri Alexander Stubbin perustamassa maabrändivaltuuskunnassa. Syyskuussa 2017 Piha voitti Kultasulka-palkinnon parhaasta markkinointi- tai viestintäalan teoksesta kirjallaan Rytmihäiriö.
 Vuoden 2021 kuntavaalit ja pormestariehdokkuus Helsingissä
 Ennen vuoden 2021 kuntavaaleja Piha asettui ja hänet valittiin Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä, mutta hän kuitenkin luopui ehdokkuudesta ennen vaaleja. Taustalla on Kokoomuksen sisäiset liberaalien ja konservatiivien ristiriidat. Blogi-tekstissään Piha ilmoitti, ettei kykene edustamaan pormestariehdokkaana kokoomuksen arvojen kirjoa.
 Piha julkaisi pormestariasiasta pamfletin, jossa hän selventää ratkaisunsa taustoja. Reaktiot pamflettiin ovat kahtalaiset. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa avausta ymmärretään: "on hyvä että hän avasi kokoomuksessa aikaansa odottaneen keskustelun", ja kehotetaan kokoomuksessa miettimään tilannetta, jossa vaalissa annettu ääni voi tuoda paikan vastakkaisia arvoja kannattavalle. Politiikantutkijat Johanna Vuorelma ja Ilkka Ruostetsaari suhtautuvat pamflettiin osin kriittisesti, sillä he kaipaavat Pihan määritelmää siitä, mitä oikeistopopulismi on. Piha liitti pamfletissaan käsitteen paitsi Atte Kalevaan ja Wille Rydmaniin, myös Antti Häkkäseen.
 Yksityiselämä
 Pihan ensimmäinen aviomies oli Jyrki Ahokas. Toinen liitto tv-yrittäjä Saku Tuomisen kanssa kesti lähes 20 vuotta, ja heillä on siitä yksi tytär.. Kolmannen kerran hän avioitui 19. maaliskuuta 2016, tuolloin mainostoimistojohtaja Marco Mäkisen kanssa. Piha toimitti yhdessä miehensä kanssa huhtikuussa 2016 Ellun kanojen julkaiseman kirjan Rakkaus – Mitä tapahtuu huomenna? ja luovuttivat sen tuoton HelsinkiMissiolle.
 Kirjat
 & Marco Mäkinen: Rakkaus – Mitä tapahtuu huomenna? Helsinki: Ellun kanat, 2016.
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 Vuonna 1967 syntyneet
 Elävät henkilöt


text:
Nr. L 8/ 14 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 11 . 1 . 84
 VERORDENING (EEG) Nr. 55/84 VAN DE COMMISSIE
 van 10 januari 1984
 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
 DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
 GEMEENSCHAPPEN, overeenkomstig de bijlage van deze verordening,
 Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
 Economische Gemeenschap,
 HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
 Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad VASTGESTELD :
 van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
 ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
 gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 606/82 (2), inzon Artikel 1
 derheid op artikel 16, lid 8,
 De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
 Overwegende dat de heffingen welke van toepassing nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor
 zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, ruwe suiker van de standaardkwaliteit en voor witte
 vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1789/83 (J), suiker vastgesteld in de bijlage.
 laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
 41 /84 0 ;
 Artikel 2
 Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
 (EEG) nr. 1789/83 neergelegde regelen en bepalingen Deze verordening treedt in werking op 11 januari
 op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, 1984.
 Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
 in elke Lid-Staat.
 Gedaan te Brussel, 10 januari 1984.
 Voor de Commissie
 Poul DALSAGER
 Lid van de Commissie
 (') PB nr. L 177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
 (2) PB nr. L 74 van 18 . 3. 1982, blz. 1 .
 0 PB nr. L 176 van 1 . 7. 1983, blz. 48.
 (<) PB nr. L 5 van 7. 1 . 1984, blz. 11 .
 BIJLAGE
 bij de verordening van de Commissie van 10 januari 1984 tot vaststelling van de invoer
 heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
 (Ecu/100 kg)
 Nr. van het
 gemeen Omschrijving Bedrag
 schappelijk der heffing
 douanetarief
 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :
 A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
 stoffen 39,04
 B. ruwe suiker 35,14 (')
 (') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de
 geïmporteerde ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing bere
 kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 .


text:
 17.2.2017
 IT
 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
 L 40/48
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/270 DELLA COMMISSIONE
 del 16 febbraio 2017
 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile
 (Testo rilevante ai fini del SEE)
 LA COMMISSIONE EUROPEA,
 visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,
 considerando quanto segue:
 (1)
 La direttiva 2010/38/UE della Commissione (2) fornisce ulteriori informazioni di conferma sulle stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile e sulle condizioni di macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nei cereali non superino i livelli naturali di fondo.
 (2)
 Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
 (3)
 Il notificante ha presentato informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi relativi al destino del fluoruro di solforile nell'atmosfera e ai residui di ione fluoruro nei prodotti di macinatura presenti nella macchina durante la fumigazione.
 (4)
 Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 4 giugno 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
 (5)
 La Commissione ha ritenuto che, in base alle informazioni supplementari fornite dal notificante, non è possibile escludere la possibilità che i livelli residui presenti nei prodotti di macinatura durante la fumigazione superino la concentrazione naturale di fondo di ione fluoruro o che non rispettino i livelli massimi di residuo pertinenti. Le condizioni di approvazione dovrebbero pertanto essere modificate per assicurare che i prodotti di macinatura presenti negli impianti trattati siano sempre conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La Commissione ha inoltre ritenuto che le informazioni trasmesse non dimostrano la stabilità del fluoruro di solforile nella troposfera; di conseguenza è necessario anche monitorarne ulteriormente le concentrazioni troposferiche finché non ne sia pienamente dimostrata la stabilità e fornire regolarmente, ogni cinque anni, informazioni al riguardo alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
 (6)
 Il fluoruro di solforile è inoltre approvato come sostanza attiva biocida a norma della direttiva 2009/84/CE della Commissione (6). In base alle stesse preoccupazioni circa il destino ambientale del fluoruro di solforile che sussistono per i suoi usi come pesticida sono state richieste ulteriori informazioni comprendenti un monitoraggio delle sue concentrazioni troposferiche. Le scadenze per la presentazione delle informazioni dovrebbero coincidere, al fine di evitare una duplicazione di lavoro e razionalizzare il processo di valutazione.
 (7)
 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
 (8)
 Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.
 (9)
 È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario a modificare o revocare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile non conformi alle condizioni di approvazione più rigide.
 (10)
 Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 (11)
 Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 Articolo 1
 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
 Articolo 2
 Misure transitorie
 In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile entro il 9 settembre 2017.
 Articolo 3
 Periodo di tolleranza
 Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.
 Articolo 4
 Entrata in vigore
 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017
 Per la Commissione
 Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER
 (1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
 (2) Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile (GU L 154 del 19.6.2010, pag. 21).
 (3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
 (4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
 (5) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
 (6) Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67).
 ALLEGATO
 Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 307, fluoruro di solforile, la colonna «disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:
 «PARTE A
 Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili nella misura in cui:
 a)
 tali strutture siano vuote; oppure
 b)
 se nell'impianto sottoposto a trattamento di fumigazione sono presenti prodotti alimentari o foraggeri, gli utilizzatori e gli operatori economici assicurino che siano immessi nella catena alimentare umana o animale solo i prodotti alimentari e foraggeri che rispettano i livelli massimi di residui per il fluoruro di solforile e di ione fluoruro stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); a tale scopo gli utilizzatori e gli operatori economici attuano integralmente misure equivalenti ai principi HACCP di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); in particolare gli utilizzatori identificano il punto critico al quale il controllo è essenziale al fine di prevenire il superamento dei livelli massimi di residui e stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci a tale punto critico.
 PARTE B
 Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 7 dicembre 2016.
 Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:
 —
 al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinatura durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che nella catena alimentare umana e animale siano immessi solo prodotti conformi agli attuali LMR;
 —
 al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi appropriati di protezione personale;
 —
 al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'appropriata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.
 Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.
 Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità i dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile ogni cinque anni a partire dal 30 giugno 2017. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera).


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Il Santa Chiara di Trento seleziona un responsabile tecnico - Teatro e Critica
 Home Comunicati Il Santa Chiara di Trento seleziona un responsabile tecnico
 Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento cerca un reponsabile tecnico, selezioni aperte fino al 12 dicembre 2017
 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA
 In esecuzione della determinazione del Consiglio di amministrazione del Centro Servizi Culturali
 S. Chiara, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, n. 2/343/2017 di data
 26/10/2017 è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione del
 Responsabile Tecnico, livello contrattuale 1° CCNL Teatri Stabili, secondo le modalità del
 I compiti che saranno svolti dal Responsabile Tecnico sono i seguenti: supervisione e coordinamento del personale tecnico del Centro avvalendosi della
 collaborazione dei Capi Tecnici di settore (elettricisti e macchinisti); supervisione generale degli aspetti tecnici delle attività di produzione ed allestimento degli
 spettacoli; verifica della compatibilità tecnica di tutte le attività e delle operazioni di palcoscenico necessarie per gli allestimenti degli spettacoli che si svolgeranno negli spazi teatrali in uso al Centro e per ogni altro spazio eventualmente individuato per l’allestimento degli spettacoli nell’arco di vigenza del contratto; supervisione e coordinamento delle attività di verifica della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti delle strutture in uso al Centro e, verifica del rispetto della normativa vigente in materia di agibilità e messa a norma dei luoghi di spettacolo, nonché di
 tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro ed antincendio; verifica ed individuazione di eventuali carenze di tipo scenotecnico delle strutture teatrali, e
 degli altri luoghi utilizzati, necessari alla realizzazione e all’allestimento degli eventi
 organizzati dall’Ente, oltre che di tutte le integrazioni e innovazioni delle attrezzature in uso
 e/o di proprietà dell’Ente; rivestire il ruolo di Coordinatore per la progettazione, per l’esecuzione e Responsabile dei
 lavori, laddove ricorrente, in materia di sicurezza e salute (ex art. 98 D.Lgs. 81/2008); supporto tecnico alla predisposizione di contratti d’appalto.
 Art.3 Requisiti
 Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono possedere alla data di presentazione delle domande i seguenti requisiti:
 a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; i cittadini di tali altri stati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria superiore in ambito tecnico, ovvero diploma di laurea in ingegneria o architettura; d) non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico; e) non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; f) non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità
 non sanabile; g) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso altre Pubbliche Amministrazioni per incapacità o persistente insufficiente rendimento; h) esperienza almeno biennale nel periodo 2012/2017 nella direzione tecnica di strutture
 teatrali ovvero in strutture che svolgono attività di pubblico spettacolo (istituzioni, Enti
 Pubblici, organizzazioni di spettacolo, Festival, ecc.); i) costituirà titolo di merito il possesso di un diploma di laurea in ingegneria o architettura; j) costituirà titolo di merito l’iscrizione all’Albo professionale di una delle professioni tecniche; k) costituirà titolo di merito essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del
 D.Lgs. 81/2008 necessari per l’incarico di Coordinatore della progettazione.
 Art.4 Istanza di partecipazione
 L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente secondo lo schema dell’allegato
 A e dovrà obbligatoriamente essere corredata dal documento d’identità in corso di validità del richiedente.
 All’istanza di partecipazione i candidati dovranno allegare obbligatoriamente il proprio
 curriculum formativo/professionale redatto in formato europeo, approvato dalla decisione del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2004, e con l’attestazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) dalla quale risulti che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
 Il candidato potrà, inoltre, allegare le certificazioni in copia conforme all’originale che ritiene opportuno presentare a comprova della propria capacità tecnica.
 Il Centro si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dai candidati e le certificazioni presentate in copia conforme all’originale. Le dichiarazioni false comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione e l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
 L’accertamento della mancanza dei requisiti per l’ammissione comporta, in qualsiasi momento,
 l’esclusione dalla selezione o l’annullamento dell’eventuale aggiudicazione, con diritto per il
 Centro di rivalsa nei confronti del candidato.
 Le firme in calce ai documenti e la copia del documento d’identità non devono essere autenticati.
 Art.5 Modalità di presentazione delle istanze
 I candidati dovranno presentare le istanze di partecipazione e la documentazione a corredo in busta chiusa in modo tale da garantirne l’integrità.
 I plichi dovranno riportare all’esterno la seguente dicitura: “Selezione pubblica per la figura del Responsabile Tecnico del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento” .
 I plichi dovranno essere recapitati entro e non oltre le ore 12:00 del 12 dicembre 2017 , a
 mano o a mezzo posta o corriere o altro incaricato all’ufficio protocollo presso la
 Segreteria di Direzione del Centro in Via Santa Croce n.67 a Trento oppure a mezzo PEC
 all’indirizzo centrosantachiara@pec.it .
 Il Centro non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi dovuti ad errata interpretazione del presente avviso da parte dei candidati.
 Copia integrale del presente avviso e il fac-simile dell’istanza di partecipazione saranno
 pubblicati sul sito istituzionale del Centro, sul sito della Provincia Autonoma di Trento e su quello dell’Agenzia del Lavoro di Trento; uno stralcio contenente le principali indicazioni ed il rimando alla pubblicazione sul sito istituzionale del Centro sarà pubblicato sui due principali quotidiani locali.
 Art.6 Modalità di valutazione delle istanze
 Le istanze saranno valutate da un’apposita commissione costituita dopo la data di scadenza per la presentazione delle stesse, che provvederà a redigere un verbale con tutte le operazioni relative alla selezione.
 La commissione accerterà dapprima i requisiti di partecipazione di ogni candidato e procederà quindi ad invitare tutti i candidati a sostenere un colloquio durante il quale procederà all’analisi dei curricula e delle certificazioni presentate a comprova della preparazione tecnica dai candidati. Qualora il numero dei candidati fosse superiore a 10 sarà effettuata una preselezione di base curriculare per individuare i migliori 10 profili.
 I colloqui saranno in seduta pubblica, le date, da individuarsi nella settimana dal 18 al 22
 dicembre, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della Provincia.
 Al termine dei colloqui la Commissione presenterà al Consiglio di Amministrazione dell’Ente il verbale dell’intera procedura e l’elenco dei 3 migliori concorrenti con la graduatoria di merito; il vincitore sarà deliberato dallo stesso C.d.A.
 Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno a mezzo posta elettronica o, in caso di
 impedimento, attraverso uno dei recapiti dichiarati dal candidato.
 Art.7 Trattamento economico e giuridico
 Il rapporto di lavoro sarà regolato dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Teatri
 Stabili ed il lavoratore sarà inquadrato al Livello 1° A e sarà a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di proroga.
 Il trattamento economico lordo ed omnicomprensivo sarà adeguato alla posizione ed alle
 conoscenze del candidato designato.
 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si comunica che il
 responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Centro e che i dati saranno trattati
 unicamente per l’espletamento della selezione di cui al presente avviso.
 Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la modifica, l’aggiornamento e la
 cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme
 legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e alle norme di Legge.
 Il Centro si riserva il diritto di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a suo
 insindacabile giudizio in ogni stadio della procedura.
 Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e
 donne come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. N. 165/2201 e dal D.Lgs. 198/2006.
 Info e documenti allegati
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type: contracts

text:
 7.9.2006
 ET
 Euroopa Liidu Teataja
 L 245/40
 EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 70/2006,
 2. juuni 2006,
 millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa (statistika)
 EMP ÜHISKOMITEE,
 võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,
 ning arvestades järgmist:
 (1)
 Lepingu XXI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 28. aprilli 2006. aasta otsusega nr 52/2006. (1)
 (2)
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1552/2005 ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.
 (3)
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1553/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.
 (4)
 Komisjoni 20. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1722/2005 eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.
 (5)
 Komisjoni 25. mai 2005. aasta soovitus KOM(2005) 217 siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta. (5) tuleb inkorporeerida lepingusse,
 ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:
 Artikkel 1
 Lepingu XXI lisa muudetakse järgmiselt.
 1.
 Punkti 18p (komisjoni määrus (EÜ) nr 13/2005) järele lisatakse järgmine alapunkt:
 “18q.
 32005 R 1552: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 7. september 2005, ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 1).
 Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:
 Käesolevat määrust ei kohaldata Islandi ja Liechtensteini suhtes.”
 2.
 Punkti 18i (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EÜ) nr 1177/2003) lisatakse järgmine tekst:
 “, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:
 —
 32005 R 1553: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1553/2005, 7. september 2005 (ELT L 255, 30.9.2005, lk 6).”
 3.
 Punkti 19t (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005) järele lisatakse järgmine punkt:
 “19u.
 32005 R 1722: komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks (ELT L 276, 21.10.2005, lk 5).”
 4.
 Punkti 17b (komisjoni määrus (EÜ) nr 831/2002) järele lisatakse järgmine tekst:
 “ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED VÕTAVAD ARVESSE
 Lepinguosalised võtavad arvesse järgmist õigusakti:
 17c.
 52005 PC 0217: komisjoni soovitus KOM(2005) 217, 25. mai 2005, siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta (ELT C 172, 12.7.2005, lk 22).”
 Artikkel 2
 Määruse (EÜ) nr 1552/2005 norrakeelne tekst, määruste (EÜ) nr 1553/2005, 1722/2005 ja soovituse KOM(2005) 217 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.
 Artikkel 3
 Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (6)
 Artikkel 4
 Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.
 Brüssel, 2. juuni 2006.
 EMP ühiskomitee nimel
 eesistuja
 R. WRIGHT
 (1) ELT L 175, 29.6.2006, lk 103.
 (2) ELT L 255, 30.9.2005, lk 1.
 (3) ELT L 255, 30.9.2005, lk 6.
 (4) ELT L 276, 21.10.2005, lk 5.
 (5) ELT C 172, 12.7.2005, lk 22.
 (6) Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


text:
 Avis juridique important
 |
 22003D0028
 Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 28/2003 vom 14. März 2003 zur Änderung des Anhangs I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens
 Amtsblatt Nr. L 137 vom 05/06/2003 S. 0019 - 0020
 Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesNr. 28/2003vom 14. März 2003zur Änderung des Anhangs I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-AbkommensDER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS -gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, insbesondere auf Artikel 98,in Erwägung nachstehender Gründe:(1) Anhang I des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 157/2002 vom 6. Dezember 2002(1) geändert.(2) Die Entscheidung 2002/551/EG der Kommission vom 9. Juli 2002 zur Aufhebung der Entscheidung 2000/721/EG über die Einführung der Impfung in Ergänzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Gefluegelpest in Italien und über spezifische Verbringungsbeschränkungen(2) ist in das Abkommen aufzunehmen.(3) Die Entscheidung 2002/552/EG der Kommission vom 9. Juli 2002 über Handelsbeschränkungen in Zusammenhang mit der Gefluegelpestimpfung in Italien(3) ist in das Abkommen aufzunehmen.(4) Dieser Beschluss gilt nicht für Island und Liechtenstein -BESCHLIESST:Artikel 1Anhang I Kapitel I Teil 3.2 des Abkommens wird wie folgt geändert:1. Der Wortlaut von Nummer 15 (Entscheidung 2000/721/EG der Kommission) wird gestrichen.2. Nach Nummer 23 (Entscheidung 2002/106/EG der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt:"24. 32002 D 0551: Entscheidung 2002/551/EG der Kommission vom 9. Juli 2002 zur Aufhebung der Entscheidung 2000/721/EG über die Einführung der Impfung in Ergänzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Gefluegelpest in Italien und über spezifische Verbringungsbeschränkungen (ABl. L 180 vom 10.7.2002, S. 22).25. 32002 D 0552: Entscheidung 2002/552/EG der Kommission vom 9. Juli 2002 über Handelsbeschränkungen in Zusammenhang mit der Gefluegelpestimpfung in Italien (ABl. L 180 vom 10.7.2002, S. 24).".Artikel 2Der Wortlaut der Entscheidungen 2002/551/EG und 2002/552/EG in norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.Artikel 3Dieser Beschluss tritt am 15. März 2003 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen(4).Artikel 4Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht.Brüssel, den 14. März 2003Für den Gemeinsamen EWR-AusschussDer VorsitzendeP. Westerlund(1) ABl. L 38 vom 13.2.2003, S. 3.(2) ABl. L 180 vom 10.7.2002, S. 22.(3) ABl. L 180 vom 10.7.2002, S. 24.(4) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.